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Por presunto prevaricato por acción y omisión será denunciado ante las autoridades judiciales el exfiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez. Así lo anunciaron los senadores de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, y del Polo Democrático, Iván Cepeda, al término del debate que organizaron durante este miércoles en la Comisión Segunda de la corporación, relacionado con la garantía de no extradición. En términos generales, los congresistas manifestaron que Martínez habría incurrido, principalmente, en los delitos de fraude a resolución procesal y presunto ocultamiento de pruebas.
(Lea: Caso “Santrich” y garantía de no extradición llegan al Congreso)
Los argumentos de Cepeda y Sanguino fueron tomados del reciente fallo de la Jurisdicción Especial de Paz que se negó a enviar en extradición al exlíder guerrillero, ‘Jesús Santrich’, y por el contrario, remitir el caso por el presunto delito de narcotráfico a la Corte Suprema de Justicia. En tal sentido, señalaron los congresistas, Martínez habría cometido varias ilegalidades durante el proceso de investigación al exguerrillero, quien ha sido señalado de orquestar un plan para enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos con el apoyo del cartel de Sinaloa.
“La Fiscalía no prestó asistencia judicial para la actuación de los testigos cooperantes con reserva de identidad, a instancias de la orientación y control de las autoridades norteamericanas o, por lo menos, no se cuenta en el expediente con el soporte respectivo de ello, a pesar de haber sido expresamente pedido”, recogieron los congresistas de la decisión de la JEP para exponer durante el debate, al que fue citado el ministro de Justicia encargado Juan Francisco Espinosa. Agregaron, además, que la propia justicia transicional advirtió de un “atentado a la soberanía nacional” tales actuaciones.
“Otra de las irregularidades que evidencia la providencia es la utilización de agentes provocadores encubiertos. Acogiéndose a la sentencia C-176 de la Corte Constitucional, la JEP resalta que “no podrá el Estado inducir a las personas a cometer conductas ilícitas para las cuales ellas mismas no estaban predispuestas”. En Colombia, este mecanismo se justifica para comprobar la comisión de ilícitos y no como un medio para estimular la realización de estos, como al parecer sucedió con Santrich”, añadieron los legisladores, al recordar el video que se hizo público en los medios de comunicación tan pronto la JEP concedió la garantía de no extradición al exlíder de las Farc.
En el mismo sentido, los legisladores reclamaron durante el debate en el Capitolio que la Fiscalía no ha allegado las pruebas que había dicho tener en su poder y que demostrarían la conducta delictiva de Santrich. Así, trajeron una vez más a colación la decisión de la JEP en la que incluyeron el interrogante sobre por qué si la Fiscalía tenía el material probatorio enviado por Estados Unidos, país que solicitó en extradición a Santrich, no las hizo llegar a la Sección de Revisión de la JEP. “Cabe afirmar que el fiscal, Néstor Humberto Martínez, podría haber incurrido en el delito de ocultamiento de pruebas tipificado en el artículo 292 del Código Penal, por la potísima razón de que, conociendo el supuesto material probatorio no lo entregó a la JEP y en cambio prefirió chantajearla con la advertencia de que podría revelarlo después de la decisión que se tomaría sobre la garantía de no extradición”, dijeron los legisladores.
Lo anterior, en referencia a las declaraciones que entregó Martínez a medios de comunicación antes de que se conociera el fallo de Santrich, y que fueron recogidas en el mismo así: (…) Lo anterior, sin dejar, de lado la advertencia expuesta por el Fiscal en entrevista, según la cual una vez la JEP produzca su concepto, el país conocerá las grabaciones y se podrá establecer si es cierta o no la ‘falacia’ que se trató de un montaje, contexto del que no se logra descifrar si es que existen más registros de audios, o sí se refería a los que fueron puestos a disposición de esta Sección”.
Finalmente, sobre las operaciones del llamado entrampamiento, afirmaron que lo que se buscaba con dicha práctica era golpear no solo la Jurisdicción de Paz sino el Acuerdo de Paz en sí mismo y “generar la sensación en la opinión pública de la perpetración de un delito por parte de magistrados de la justicia transicional. También buscaron lesionar los derechos de las víctimas y el derecho a la verdad en particular”, concluyeron los congresistas en el debate de la Comisión Segunda del Senado.