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Usando la seguridad ciudadana como bandera, el Gobierno sacó adelante un polémico proyecto en tiempo récord. La ley de seguridad ciudadana no duró siquiera un mes en su trámite en el Congreso. El mensaje de urgencia del Gobierno y la convocatoria a sesiones extraordinarias hicieron lo suyo y permitieron que un proyecto de grandes reformas y artículos polémicos pasara por el Legislativo sin las discusiones de fondo necesarias.
Aunque se supone que en el último año legislativo no se tramitan este tipo de proyectos, ante el temor de perder votos en las siguientes elecciones, la aplanadora que ha tenido Iván Duque en el Congreso estuvo bien aceitada. Poco importó que desde distintos sectores se hablara de la inconveniencia política de sacar el proyecto en la antesala electoral y que expertos prendieran las alarmas frente a algunos puntos.
Como antesala a las críticas, Gina Cabarcas, del Laboratorio de Justicia y Política Criminal, señala que la próxima ley no responde a la tarea del Gobierno de responder de manera más estratégica al tema de seguridad. “: La ley aprobada sufre de los mismos defectos que hace 10 años diagnosticó la Comisión Asesora de Política Criminal y ha reiterado la Corte Constitucional y el mismo Consejo Superior de Política Criminal múltiples veces: propone como medidas de política criminal más penas, más delitos y más cárcel. Además, va en contravía de los mismos esfuerzos que ya está haciendo el Gobierno y la Policía por tener una política criminal más estratégica, con la reciente aprobación del Plan Nacional de Política Criminal que explícitamente propone racionalizar los delitos y las penas, así como con la apuesta de un proceso de transformación de la policía que ha promovido el diálogo y que pretende renovar su compromiso de servicio y protección a la ciudadanía”, dijo la experta.
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Las banderas rojas
Abogados, expertos en seguridad y organizaciones sociales que hacen seguimiento al accionar de la Policía concuerdan en que el proyecto tenía unas implicaciones muy importantes como para darle un trámite en tan corto tiempo. “Es muy grave. No se debatió. En un mes aprobaron esto y restringe los derechos y libertades”, comentó a este diario el abogado penalista Francisco Bernate. Sobre este último punto también habló Jean Carlo Mejía, docente y asesor en temas de seguridad, quien opina que, más allá de la discusión política, que está ideologizada, el problema principal de este proyecto reside en que en cuanto a “derechos humanos y garantismos va a generar múltiples demandas ante la Corte y jurídicamente va en contra del procedente del mismo tribunal internacional”, aseguró el experto.
En consideración de Mejía, hay varios puntos que van directamente en contra de las garantías de los implicados, por lo que incluso podría llevar a que Colombia enfrente procesos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para él, mientras que el legislador está actuando a través del apasionamiento político, tanto la Corte Constitucional como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actuarían de una forma técnica, tumbando varios de los puntos.
Y es que varios de los consultados señalan que, más allá de tratar de responder a la inseguridad que hay en las calles, el proyecto encierra una dura respuesta del Ejecutivo a las movilizaciones sociales de abril de este año. Tanto, que este proyecto podría funcionar como un intento de criminalizar la protesta.
“Políticamente, la finalidad del proyecto es inadecuada porque es en respuesta a la protesta. En vez de hacer un proyecto para acoger los reclamos, lo que buscan es mayor persecución a la protesta. Es inusual que a más reclamos sociales son mayores las restricciones”, expresó Santiago Trespalacios, abogado y docente en Derecho Penal. Él y otros de los consultados señalaron que varios de los puntos están diseñados de forma reaccionaria a lo que se vivió durante las movilizaciones.
Por ejemplo, los agravantes por usar máscara o capuchas o cuando se generen “afectaciones a la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, a la administración de justicia, al sistema de transporte público masivo, instalaciones militares o de Policía”.
Otro de los puntos en el que se ha generado cuestionamientos, que está relacionado con las movilizaciones, es el de los traslados preventivos. Aunque se supone que en el papel se exigen más requisitos y garantías, abogados y expertos en el tema dicen que en la práctica podría ser todo lo contrario. “Vemos con mucha preocupación que este proyecto, en vez de restringir el uso de esta figura, le otorga mayores capacidades a los agentes de Policía para realizar el traslado sin que medie ningún tipo de conversación o negociación con la persona trasladada. En este artículo, puntualmente, es tan alta la discrecionalidad que si un policía considera que alguien está deambulando bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva o de alcohol, el agente puede llevárselo sin agotar los recursos previos. Es una herramienta extremadamente poderosa que se presta para la arbitrariedad y la violación de derechos”, comentó Alejandro Lanz, de la organización Temblores.
En este mismo sentido, el abogado Trespalacios destacó que durante las movilizaciones se ofreció a defender a los marchantes de forma gratuita y así pudo observar la forma irregular en la que se estaría aplicando esta figura. “Se utiliza el traslado por protección como pena breve para que escarmiente. Incluso solo por grabar los trasladaban. Los dejan retenidos en calabozos. Eso no es traslado por protección en cuanto a lo que hace la Policía de trasladar a los que incomoden al establecimiento”, explicó el legista. Añadió que lo más llamativo del proyecto es que no se entre a poner más restricciones a esta figura, sino que se termine dando carta blanca a las autoridades para que la apliquen a discrecionalidad, sobre todo debido a que uno de los parágrafos señala que hay condiciones en las que “se podrá ejecutar este medio de policía sin que sea necesario agotar la mediación policial”.
Los expertos consultados también hablaron sobre el enfoque de mejorar la seguridad ciudadana ante el incremento en la criminalidad. Todos ellos, sin excepción, coincidieron en que el proyecto desnuda una vieja tendencia del Estado colombiano de punitivismo y populismo punitivo.
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“Claramente el aumento de penas, en el contexto de las protestas sociales, va a generar más costos alrededor de las sanciones. La evidencia ha mostrado que el aumento en las penas no disminuye la tasa de criminalidad, ni las acciones violentas o punibles. Esto solo nos lleva a un proyecto de ley que busca de alguna forma enfrascarse dentro del populismo punitivo”, comentó Mariana Aguirre Rivillas, investigadora del Centro de Estudio de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes.
No solo sería esta ley la que evidencia esta tendencia, sino que desde hace más de diez años se vendría aplicando esta fórmula: penas más altas y menos beneficios para contrarrestar el delito. Un ejemplo de esta práctica no solo sería este proyecto, sino el acto legislativo que por algunos meses incluyó en la Constitución la cadena perpetua para castigar las violaciones y homicidios de menores de edad.
Además de dar un diagnóstico parecido, tanto los abogados como el experto en seguridad llegaron a una misma conclusión. “El incremento de la pena no disuade”, explicó Jean Carlo Mejía, y añadió: “Las cárceles en Latinoamérica son universidades del crimen y aquí lo venden como solución. Se vende el sistema penal como una venganza”.
En este punto, el abogado Santiago Trespalacios complementó diciendo que el presunto delincuente “no le teme a la pena sino a la efectividad. Lo que les atemoriza es la posibilidad de ir a la cárcel”. Además, explicó que tanto al aumentar las penas como al crear nuevos delitos lo único que hacen es “hacen colapsar el sistema de justicia”.
Opinó que parte del problema viene de la política criminal que se está aplicando: “Nuestro legislador debe aplicar la política criminal seria y no reaccionaria”.
La razón para decir esto es que, a pesar de que el código tiene dos clases de punibles, delitos y contravenciones, la estrategia ha pasado por únicamente ampliar el catalogo de delitos y “no hay desarrollo de las contravenciones”. Frente al proyecto, este destacó los puntos en los que se busca castigar y tipificar como delito el porte de arma blanca. Este destacó que entonces por simplemente portar un cuchillo se le estarían aplicando inhabilidades de por vida a una persona, como el derecho a ser elegidos para cargos de elección popular.
A la imposibilidad del Congreso de dar un debate serio y sobre el resultado de la Ley de Seguridad Ciudadana, Cabarcas agregó: “La ley deja el sinsabor de no profundizar en qué alternativas de política criminal más razonables podrían aplicarse para mejorar la seguridad ciudadana en Colombia, que sean más efectivas y no tan costosas para los recursos de investigación y judicialización del país·.
Los consultados también entraron a analizar el aumento de penas cuando las agresiones o el homicidio sean en contra de un miembro de la fuerza pública. En el caso de Francisco Bernate, este destacó que se aumentó la pena máxima a sesenta años, pero esta medida “carece de estudio y un debate”. Aseguró que la pena era lo suficientemente alta en cincuenta años de prisión, y eso sin que hubiera concurso de otros delitos. “En general, es una disposición que pretende enfrentar la delincuencia y los paros, y no ataca los problemas en su raíz”. Sobre este punto, Mejía señaló que “el aumento de penas de ataques a la fuerza pública es un mensaje punitivista y maximalista, que va a generar más rechazo a esta. Estas soluciones no cambian nada. La receta pasa por la generación de confianza”.
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En el análisis técnico, Mariana Aguirre concluye de la mano de las cifra: “el porte de armas en el proyecto de ley y la legítima defensa privilegiada me parece preocupante porque hay estudios en EE. UU. que muestran que el porte de armas autorizado ha aumentado los homicidios entre el 10 y 30%. Entonces una mayor flexibilización en el porte aumenta la violencia, al igual que las tasas de homicidios. Lo que es muy alarmante en este momento, dada la coyuntura social y económica que se vive a raíz de la pandemia del COVID-19″.
¿Populismo para las elecciones?
Esa es la pregunta que, para muchos, queda en el aire después de que el Congreso aprobara el proyecto del Gobierno denominado de “seguridad ciudadana”. Llamamos a expertos para analizar la nueva ley, pero varios de ellos, que pidieron no ser citados, expresaron que aún no pueden emitir conceptos porque este tipo de iniciativas, que toman por lo menos seis meses en ser debatidas, entró de un tirón y los congresistas lo aprobaron muy rápido: tuvo un mes de discusión una ley que contiene 69 artículos y generó la desaprobación total de la oposición, por considerar varios de ellos inconstitucionales.
Algunos de los expertos reiteraron que ni siquiera han podido digerir el documento para dar una lectura a profundidad sobre por qué se tramitó en la antesala de las elecciones un proyecto que para parte de la población es impopular y, por ende, podría restar votos.
Sin embargo, Jorge Iván Cuervo, profesor e investigador de la Facultad de Gobierno de la Universidad Externado, y Lina Guisao Crespo, analista política, coincidieron en que el Ejecutivo y el Legislativo se atrevieron a tramitarlo en el último año antes de renovar el Congreso porque surtirá réditos electorales para aquellos parlamentarios que lo acompañaron.
El proyecto, rechazado por criminalizar la protesta social, salió adelante, pero, a juicio de Cuervo y Guisao, deja de lado y contraría las consideraciones y recomendaciones de los organismos judiciales e internacionales sobre cómo manejar las manifestaciones. “Hay una sentencia de la Corte Suprema que le da recomendaciones al Gobierno sobre cómo enfrentar la protesta. Está el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la misión de verificación que hicieron en su momento, el informe independiente solicitado por Claudia López y organizado por Naciones Unidas, además de eso el informe de la Oficina de la Alta Comisionado para los Derechos Humanos, y al Gobierno no le importa”, resaltó Cuervo.
Agregó, por un lado, que escuchar recomendaciones de los organismos internacionales es pieza fundamental de la política exterior de las naciones y tiene que ver con el “principio de buena fe” de los gobiernos en relación con sus obligaciones internacionales. Entonces, resistirlas manda también un mensaje de cara a esas organizaciones: “No solo viola la Constitución, sino que muestra que el gobierno de Duque no se tomó en serio esas observaciones”, comentó.
Y, por otro lado, recalcó que esta ley es el resultado político de cómo el presidente lee las manifestaciones en su período y, en especial, las de este último año. “Hay un contraste con Chile, que también vivió un estallido social duro. Allá, la respuesta del sistema político fue una nueva Constituyente y un candidato de izquierda, que viene de las protestas, elegido. En Colombia, en contraste, no hay una sola reforma institucional significativa, y, eso sí, represión y una ley de estas que responde a los sectores de Bogotá, Medellín y Cali, de clase media alta, que tuvieron miedo de las marchas. Le están hablando a ese electorado al que le pesa el tema de seguridad en las elecciones. Los congresistas que aprobaron la ley van a ir a sus regiones a mostrarla”, indicó.
Lina Guisao reforzó esta idea: “Sacaron este proyecto adelante en año electoral porque existe una gran porción de gente que piensa así. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta ley la construyó la institucionalidad, pero es una norma de seguridad ciudadana sin la ciudadanía. Es, más bien, una ley de la clase de seguridad que facilita la imputación de cargos a personas que estén en contra del establecimiento. No favorece a la ciudadanía en general, sino a la parte de la población que coincide con el concepto de la legítima defensa y cree que cualquier persona que es manifestante es delincuente y, por ende, hay que proteger el Estado y los bienes. Están apelando a esas personas más conservadoras y de derecha”.
Guisao insistió en que este “pupitrazo” no fue un hecho aislado sino más bien algo recurrente por parte del Congreso. “Lo metieron en esta época del año para que la opinión pública no lo baje. Pero puede pasar que la Corte Constitucional lo tumbe”.
Para la analista, la ley se da sin hacer primero una reforma judicial que la respalde y, en cambio, le da más dientes a la fuerza pública. “El proyecto busca que entre colombianos nos asesinemos, en el marco de una excandidatura como la de María Fernanda Cabal, quien admite el porte de armas para la legítima defensa. Esta ley responde a este pensamiento y es un discurso que crece en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en Brasil y creo que lo están usando como trampolín político para decir que sí piensan en la seguridad, así la ley sea imposible constitucionalmente”, dijo.
Eso sí, concluyó que las cifras no respaldan la gestión en seguridad y que a la gente del común no le importa que haya masacres ni guerra en lugares como el Catatumbo, sino que no se les roben el iPhone o la billetera. “Como esto conecta con la emoción de la rabia en las ciudades, es efectivo en la medida de los intereses, pero no es ético”.