Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son desconcertantes. En un discurso esta semana, se lamentó porque los casos del conflicto en el país se encuentran fragmentados, porque no hay competencia para juzgar a todos los actores involucrados y dejó entre líneas una idea que ya había propuesto: la necesidad de un tribunal de cierre. En una movida aún más extraña, propuso ir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar que el Estado colombiano no quiere implementar lo acordado con las extintas FARC. ¿El Gobierno, entonces, va a denunciar al Gobierno? ¿O el problema en la falta de ejecución no ha sido reconocido por la Casa de Nariño, a pesar de las múltiples críticas que excombatientes y organizaciones de la sociedad civil le han hecho?
Según el presidente Petro, está considerando ir a la ONU para advertir que “el Estado de Colombia no quiere cumplir el Acuerdo de Paz que firmó”. También dijo que “si vamos a la práctica, ya siete años del Acuerdo de Paz, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad” y que “la verdad se fragmenta porque si cojo un hecho como El Aro, en donde hay civiles ordenando la masacre, paramilitares haciéndola y militares cuidándola, entonces los militares que estuvieron en convivencia con paramilitares en la masacre van a la JEP, los paramilitares van a Justicia y Paz y los civiles a justicia ordinaria”. Ya en marzo había escrito en su cuenta de X que “debe existir un solo tribunal de cierre de la verdad”, mientras que su Ministerio de Justicia está en conversaciones para presentar una reforma a la justicia sobre la que todavía no hay certezas, pero sí especulaciones.
Las declaraciones del presidente Petro no ocurren en un vacío. Ya el excanciller Álvaro Leyva había, también frente a la ONU, expresado su descontento con el trabajo que viene adelantando la JEP. En su momento señaló que estaba “cercenando la verdad”. El exsecretariado de las FARC se ha quejado públicamente del tribunal de paz por estar llevando investigaciones integrales sobre todos los casos, y el mismo Salvatore Mancuso afirmó que quizás era necesaria una ley de punto final. Todo en nombre de la “verdad” a la que el mandatario de los colombianos alude. No deja de ser sorprendente que haya tantas voces buscando deslegitimar lo que viene haciendo la JEP y ni siquiera ha llegado el momento de presentación de todos sus resultados.
Roberto Vidal, presidente de la JEP, aseguró en Caracol Radio que es difícil comprender al mandatario. “Cuando el Gobierno con sus delegados ha ido a organismos internacionales como el Consejo de Seguridad a hacer denuncias sobre el Estado colombiano es como una autodenuncia. La comunidad internacional dice: ‘¿Cómo así que el jefe de Estado, que es el responsable, viene a denunciarse a sí mismo?’”. Tiene razón. ¿Por qué el Gobierno no ha cumplido con lo pactado? ¿Por qué sus cifras de ejecución de compromisos siguen siendo lamentables? ¿Por qué usar un espacio internacional para atacar la labor de la JEP? ¿Y qué tiene de malo que se adelanten investigaciones sobre los ex-FARC y las fuerzas militares? ¿No hemos, acaso, descubierto mucha verdad en estos años de justicia transicional? Lo dijo Vidal: “La Jurisdicción efectivamente constituye un tribunal de cierre para los actores para los que fue creada”. Queda, entonces, el mal sabor de boca de no entender para dónde apuntan tantas críticas, cada vez más frecuentes.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.