Así han sido los últimos 50 años de luchas LGBT en Colombia

En la madrugada neoyorquina del 28 de junio de 1969 algo cambió. Las personas gais y trans que acababan de ser removidas de un bar, el Stonewall Inn, estaban cansadas. Llevaban demasiados años siendo tratadas como enfermas, como inmorales, como ciudadanas de segunda clase que podían ser perseguidas y maltratadas por la Policía. Ahora que esa misma Policía había llegado de sorpresa a su punto de encuentro, a su refugio, a su espacio de diversión y desinhibición y las había expulsado de él, no estaban dispuestas a bajar la cabeza e irse en silencio. Esa vez, por primera vez, protestaron.

Son muchas las historias sobre Stonewall y es difícil describir a ciencia cierta lo que ocurrió, quién atacó a quién primero, exactamente cuántas víctimas hubo. Pero su historia es el eco de lo que pasaba en tantos otros bares en tantas otras partes de Estados Unidos y del mundo: la fuerza pública cazando homosexuales. Solo que, en esta ocasión, la respuesta de los estigmatizados fue el orgullo, la resistencia.

Fue una inspiración que se propagó como fuego. Stonewall se convirtió en el mito fundacional, en el grito de un movimiento incipiente que tomó mucha fuerza. Después de aquella madrugada, las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) vieron que había una opción distinta al clóset. En los 50 años que siguieron, gracias a la lucha y la resistencia y a no bajar la cabeza, el sistema legal estadounidense cambió para incluirlas. Al mismo tiempo, el mundo siguió el impulso.

En Colombia, la historia de los derechos LGBT es en parte una lucha constante por entender otra forma de ser y de amar. Por muchos años, el Estado condenó, reprimió y negó la posibilidad de que dos personas del mismo sexo pudieran amarse, besarse en público, casarse, tener hijos y en general vivir de forma libre. ¿Cómo llegamos aquí? Han sido cinco décadas repletas de acontecimientos.

Los 70: entre el delito y la enfermedad

La homosexualidad en los años 70 era clandestina. Tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo era considerado un delito que se conocía como “acceso carnal homosexual”. Las relaciones homosexuales eran consideradas un atentado contra la moral pública. Por ejemplo, el Estatuto Docente (Decreto 2277 de 1979) señalaba la homosexualidad como una falta disciplinaria. La medicina también consideraba las relaciones homoeróticas como una enfermedad mental, sujetas a tratamiento y rehabilitación para encontrar una supuesta cura.

En este contexto tan hostil, algunos hombres se atrevieron a hacer pública su sexualidad. En 1976, en Colombia nació el grupo Movimiento de Liberación Homosexual, liderado por León Zuleta y Manuel Velandia en Medellín. Se trata de un hito histórico, pues es el primer colectivo abiertamente gay que se conoce. “Yo era homosexual, pero no conocía a nadie más, poco a poco me di cuenta de que no era el único”, cuenta Velandia.

Los 80: primera marcha del orgullo en Colombia

En los años 80 se hicieron dos grandes avances a nivel social y legal. En 1980 se eliminó el delito de acceso carnal homosexual del Código Penal, que había sido penalizado desde 1936. Eso tuvo un efecto simbólico enorme en la vida de muchas personas, pues era la posibilidad de salir a la calle y —en teoría— no ser perseguidos por la Policía, aunque por supuesto eso no fue así de fácil, porque el estigma social seguía siendo altísimo.

Manuel Velandia recuerda que en los bares había un bombillo rojo para avisar que la Policía estaba cerca: “lo que hacíamos era cambiar de pareja, bailar con las lesbianas y esperar que se fueran. Aunque a veces la Policía nos sacaba del bar y nos dejaban lejos, sin zapatos o sin ropa, en especial a las mujeres trans, que siempre han sufrido mayor abuso policial y violencia”.

Pese a lo anterior, Colombia fue pionera en la despenalización, pues en algunos países de América Latina su eliminación ha sido reciente. Por ejemplo, en Chile se eliminó el delito de sodomía en 1999. Y todavía existen alrededor de 65 países que consideran la sodomía o las relaciones sexuales homosexuales como delito.

El otro momento histórico se dio en 1982, pues se registra en Bogotá la primera marcha del orgullo LGBT en Colombia. Según Velandia, eran alrededor de 30 personas que marcharon por la carrera Séptima desde la plaza de toros hasta la plazuela de las Nieves. En ese momento, la marcha se hizo gracias al apoyo de grupos sindicales. El único registro es una foto, donde se ve un letrero que dice: “28 de junio, día internacional homosexual, sí a la vida”. Velandia recuerda otras consignas como: “Madre, si tú amas a tu hombre, deja que yo ame al mío” y “Ni delincuentes, ni antisociales, simplemente homosexuales”.

Los 90: las primeras tutelas por discriminación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó el homosexualismo como enfermedad mental. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) ya había eliminado en 1973 la homosexualidad del Manual de diagnóstico de los trastornos mentales (DSM), la biblia de los diagnósticos médicos, y desde entonces varias organizaciones de la sociedad civil promovieron el cambio a nivel mundial. La decisión de la OMS se dio por fin el 17 de mayo de 1990, fecha que pasó a conocerse como el Día Mundial Contra la Homofobia.

Con la Constitución de 1991 se abrió la posibilidad de presentar acciones de tutela frente a situaciones de discriminación y la población LGBT empezó hacer uso de este recurso judicial.

El primer caso se dio en 1993, cuando Pamela, una mujer trans, solicitó el cambio de nombre en su cédula y la Corte Constitucional lo reconoció como parte de sus derechos fundamentales.

Años más tarde, en 1997, Germán Rincón Perfetti demandó el Estatuto Docente, que seguía considerando la homosexualidad como una falta disciplinaria. Se realizó la primera audiencia pública en el alto tribunal sobre personas LGBT. La Corte resolvió que en efecto es un trato discriminatorio y que va en contra de los derechos fundamentales. Eso significa, según Rincón, “que pueden tener maestros gais o lesbianas en los colegios, gústele a quien le guste, y sin duda fue un revuelo a nivel nacional”.

Además, Rincón señala que en los 90 “usted puede ser, pero no ejercer. No se podía tener pareja con derechos”. El reconocimiento de ser gay o lesbiana era a nivel individual, pues cuando se pidió que se reconocieran los derechos de las parejas homosexuales en ese momento (como la afiliación en salud), la Corte dijo que no.

También en los 90 nacieron varios grupos LGBT, especialmente en las universidades y en espacios comunitarios alrededor del centro cultural Santa Teresita, en Bogotá. Existieron varios grupos de mujeres: el Grupo de Mujeres Lesbianas, Sol y Triángulo Negro son los primeros, que se reunieron para compartir experiencias en Bogotá, recuerda Marcela Sánchez, de Colombia Diversa.

La marcha del orgullo en Bogotá se suspendió por 13 años y se volvió a realizar en 1996, con la consigna “Por los derechos sexuales de homosexuales y lesbianas en Colombia”. En ese momento fue en la ciclovía. “Esa vez usamos una bandera de arcoíris de 16 metros de larga y para convocar dejamos volantes en bares y lugares de encuentro”, recuerda Velandia.

Después de ese año, las marchas se empezaron a realizar en las principales ciudades de Colombia. En Medellín se registró la primera marcha en 1997, en Bucaramanga en el 2002, en Santa Marta en 2005, en Cali en el año 2006 y en Cartagena desde el año 2009. Las marchas en las regiones son más difíciles por la falta de apoyo local, incluso a veces hay más gente mirando que marchando, aunque eso ha ido cambiando en los últimos años, señala Wilson Castañeda, de Caribe Afirmativo.

La década de las parejas del mismo sexo: 2007-2017

En esta década se puso en marcha una ambiciosa estrategia legal que terminaría convirtiendo a Colombia en uno de los países con más derechos reconocidos para las personas LGBT.

Con la creación de la organización Colombia Diversa, se presentaron diversas demandas ante la Corte Constitucional en alianza con Dejusticia y el Grupo de Interés Público de la Universidad de los Andes. En total, fueron más de 50 leyes discriminatorias las que se cuestionaron y se empezó con la unión marital de hecho en el 2007. Mauricio Albarracín, activista e investigador de Dejusticia, cuenta que “había algo de optimismo, pues pedíamos avanzar un poco ante injusticias que eran evidentes. Por ejemplo: una pareja de lesbianas llevaba 20 años juntas, si una fallecía, la otra se quedaba sin herencia y a veces la desalojaban de la casa”.

El éxito fue rotundo y desencadenó una serie de decisiones que cambiaron el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT en Colombia. Los debates más complejos fueron en torno al matrimonio y la adopción. Sobre el primero, la Corte tomó en el 2011 una decisión histórica al reconocer que las familias pueden estar conformadas por dos hombres o dos mujeres, y le dio un plazo de dos años al Congreso de la República para legislar sobre el tema. Cuando se venció el plazo inicial, varias parejas del mismo sexo empezaron a casarse ante notarios y jueces. Eso desencadenó una persecución por parte de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.

A muchas parejas les tocó viajar a pueblos lejanos para casarse y hacer ceremonias rápidas para que no fuera anulado el matrimonio. “Fue una experiencia que nos devolvió al pasado, como si fuera un delito. Querían avergonzarnos como si estuviéramos haciendo algo ilegal, cuando paradójicamente el matrimonio es la celebración pública del amor”, señala Marcela Sánchez.

Las primeras parejas que se casaron vivieron una gran incertidumbre legal. “Nosotras nos casamos, ese mismo día presentaron una tutela en contra, pero al final sentimos que el matrimonio era la excusa para lograr la igualdad, y así fue”, dicen Adriana González y Marcela Rojas, primera pareja legalmente casada. Finalmente, todo terminó con una audiencia en la Corte Constitucional en el 2016, que reconoció el matrimonio igualitario.

La adopción por parte de parejas del mismo sexo también fue un proceso extenso y extenuante, y se dio gracias al caso de Ana y Verónica, dos mujeres lesbianas de Medellín que tienen dos hijos y querían su reconocimiento en el registro civil. “El caso permitió que la justicia entendiera que las personas del mismo sexo tenemos hijos y familias y que la desprotección legal hace mucho daño”, dice Albarracín. La Corte, en fallos del 2015 y 2016, terminó reconociendo que las personas LGBT pueden adoptar, ya sea solas o en pareja.

En estos diez años, entonces, por lo menos en la ley, las parejas del mismo sexo pasaron de ser discriminadas a compartir muchos de los derechos que las parejas heterosexuales han tenido por décadas.

Al mismo tiempo que esto ocurría en los tribunales, se daban varias luchas en el ámbito social. Wilson Castañeda recuerda que “empezamos a hacer activismo por nuestros derechos en medio de la guerra. Eso no ha sido fácil a nivel regional, pues nos ha costado muchas vidas, violencia y desplazamientos forzados”.

En el 2003 se presentaron varios candidatos LGBT a cargos de elección popular. Sebastián Romero fue el primer edil en Bogotá con una agenda a favor de los derechos de las personas LGBT. En el 2014, Angélica Lozano y Claudia López fueron, respectivamente, la primera representante a la Cámara y la primera senadora abiertamente lesbianas. Pero el ámbito político todavía es de difícil acceso.

Lozano cuenta que “el 90 % de los insultos y críticas que recibo en internet son relacionados con mi orientación sexual. Hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que digo o propongo, pero siempre apelan a mi sexualidad. Eso demuestra que somos una sociedad con muchos prejuicios”. El Congreso sigue en total inacción frente a cualquier proyecto que implique los derechos de las personas LGBT.

La deuda con las personas trans

Las personas trans (travestis, transexuales y transgénero) han tenido y siguen teniendo la parte más compleja de la lucha. Dado que el estigma social contra ellas permanece en muchos colombianos, hay múltiples obstáculos para acceder al sistema educativo, a trabajos dignos, vivienda y servicios de salud básicos. Además se enfrentan a discusiones médicas y legales muy complejas, plagadas del desconocimiento de los funcionarios del Estado colombiano. En toda América Latina, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la esperanza de vida promedio de mujeres trans es de 35 años”.

Hay, no obstante, recientes e importantes triunfos jurídicos. Desde el 2015 las personas trans tienen el derecho a cambiar su sexo en el documento de identidad sin mayores obstáculos, o sin tener que presentar un certificado médico que las diagnostique con “disforia de género”. El año pasado, la Corte Constitucional extendió ese derecho para las personas trans menores de edad.

¿Qué falta?

La lucha por la igualdad no ha terminado. Las cifras de violencia hacia personas LGBT son alarmantes; cada año se reportan alrededor de 110 casos de homicidios por prejuicio relacionado con la orientación sexual o la identidad de género, según Colombia Diversa. Además, no hay políticas públicas a favor de las personas LGBT a nivel nacional y pocos gobiernos locales se atreven a hablar del tema.

Los activistas LGBT coinciden en que se necesita una transformación cultural en Colombia para acabar con la discriminación. Como dice la activista LGBT Elizabeth Castillo: “no queremos depender del sistema judicial para que nuestros derechos existan o sean reconocidos”.

* Parte de Las Igualadas de El Espectador.

lasigualadasoficial@gmail.com

@LasIgualadas

En la madrugada neoyorquina del 28 de junio de 1969 algo cambió. Las personas gais y trans que acababan de ser removidas de un bar, el Stonewall Inn, estaban cansadas. Llevaban demasiados años siendo tratadas como enfermas, como inmorales, como ciudadanas de segunda clase que podían ser perseguidas y maltratadas por la Policía. Ahora que esa misma Policía había llegado de sorpresa a su punto de encuentro, a su refugio, a su espacio de diversión y desinhibición y las había expulsado de él, no estaban dispuestas a bajar la cabeza e irse en silencio. Esa vez, por primera vez, protestaron.

Son muchas las historias sobre Stonewall y es difícil describir a ciencia cierta lo que ocurrió, quién atacó a quién primero, exactamente cuántas víctimas hubo. Pero su historia es el eco de lo que pasaba en tantos otros bares en tantas otras partes de Estados Unidos y del mundo: la fuerza pública cazando homosexuales. Solo que, en esta ocasión, la respuesta de los estigmatizados fue el orgullo, la resistencia.

Fue una inspiración que se propagó como fuego. Stonewall se convirtió en el mito fundacional, en el grito de un movimiento incipiente que tomó mucha fuerza. Después de aquella madrugada, las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) vieron que había una opción distinta al clóset. En los 50 años que siguieron, gracias a la lucha y la resistencia y a no bajar la cabeza, el sistema legal estadounidense cambió para incluirlas. Al mismo tiempo, el mundo siguió el impulso.

En Colombia, la historia de los derechos LGBT es en parte una lucha constante por entender otra forma de ser y de amar. Por muchos años, el Estado condenó, reprimió y negó la posibilidad de que dos personas del mismo sexo pudieran amarse, besarse en público, casarse, tener hijos y en general vivir de forma libre. ¿Cómo llegamos aquí? Han sido cinco décadas repletas de acontecimientos.

Los 70: entre el delito y la enfermedad

La homosexualidad en los años 70 era clandestina. Tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo era considerado un delito que se conocía como “acceso carnal homosexual”. Las relaciones homosexuales eran consideradas un atentado contra la moral pública. Por ejemplo, el Estatuto Docente (Decreto 2277 de 1979) señalaba la homosexualidad como una falta disciplinaria. La medicina también consideraba las relaciones homoeróticas como una enfermedad mental, sujetas a tratamiento y rehabilitación para encontrar una supuesta cura.

En este contexto tan hostil, algunos hombres se atrevieron a hacer pública su sexualidad. En 1976, en Colombia nació el grupo Movimiento de Liberación Homosexual, liderado por León Zuleta y Manuel Velandia en Medellín. Se trata de un hito histórico, pues es el primer colectivo abiertamente gay que se conoce. “Yo era homosexual, pero no conocía a nadie más, poco a poco me di cuenta de que no era el único”, cuenta Velandia.

Los 80: primera marcha del orgullo en Colombia

En los años 80 se hicieron dos grandes avances a nivel social y legal. En 1980 se eliminó el delito de acceso carnal homosexual del Código Penal, que había sido penalizado desde 1936. Eso tuvo un efecto simbólico enorme en la vida de muchas personas, pues era la posibilidad de salir a la calle y —en teoría— no ser perseguidos por la Policía, aunque por supuesto eso no fue así de fácil, porque el estigma social seguía siendo altísimo.

Manuel Velandia recuerda que en los bares había un bombillo rojo para avisar que la Policía estaba cerca: “lo que hacíamos era cambiar de pareja, bailar con las lesbianas y esperar que se fueran. Aunque a veces la Policía nos sacaba del bar y nos dejaban lejos, sin zapatos o sin ropa, en especial a las mujeres trans, que siempre han sufrido mayor abuso policial y violencia”.

Pese a lo anterior, Colombia fue pionera en la despenalización, pues en algunos países de América Latina su eliminación ha sido reciente. Por ejemplo, en Chile se eliminó el delito de sodomía en 1999. Y todavía existen alrededor de 65 países que consideran la sodomía o las relaciones sexuales homosexuales como delito.

El otro momento histórico se dio en 1982, pues se registra en Bogotá la primera marcha del orgullo LGBT en Colombia. Según Velandia, eran alrededor de 30 personas que marcharon por la carrera Séptima desde la plaza de toros hasta la plazuela de las Nieves. En ese momento, la marcha se hizo gracias al apoyo de grupos sindicales. El único registro es una foto, donde se ve un letrero que dice: “28 de junio, día internacional homosexual, sí a la vida”. Velandia recuerda otras consignas como: “Madre, si tú amas a tu hombre, deja que yo ame al mío” y “Ni delincuentes, ni antisociales, simplemente homosexuales”.

Los 90: las primeras tutelas por discriminación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó el homosexualismo como enfermedad mental. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) ya había eliminado en 1973 la homosexualidad del Manual de diagnóstico de los trastornos mentales (DSM), la biblia de los diagnósticos médicos, y desde entonces varias organizaciones de la sociedad civil promovieron el cambio a nivel mundial. La decisión de la OMS se dio por fin el 17 de mayo de 1990, fecha que pasó a conocerse como el Día Mundial Contra la Homofobia.

Con la Constitución de 1991 se abrió la posibilidad de presentar acciones de tutela frente a situaciones de discriminación y la población LGBT empezó hacer uso de este recurso judicial.

El primer caso se dio en 1993, cuando Pamela, una mujer trans, solicitó el cambio de nombre en su cédula y la Corte Constitucional lo reconoció como parte de sus derechos fundamentales.

Años más tarde, en 1997, Germán Rincón Perfetti demandó el Estatuto Docente, que seguía considerando la homosexualidad como una falta disciplinaria. Se realizó la primera audiencia pública en el alto tribunal sobre personas LGBT. La Corte resolvió que en efecto es un trato discriminatorio y que va en contra de los derechos fundamentales. Eso significa, según Rincón, “que pueden tener maestros gais o lesbianas en los colegios, gústele a quien le guste, y sin duda fue un revuelo a nivel nacional”.

Además, Rincón señala que en los 90 “usted puede ser, pero no ejercer. No se podía tener pareja con derechos”. El reconocimiento de ser gay o lesbiana era a nivel individual, pues cuando se pidió que se reconocieran los derechos de las parejas homosexuales en ese momento (como la afiliación en salud), la Corte dijo que no.

También en los 90 nacieron varios grupos LGBT, especialmente en las universidades y en espacios comunitarios alrededor del centro cultural Santa Teresita, en Bogotá. Existieron varios grupos de mujeres: el Grupo de Mujeres Lesbianas, Sol y Triángulo Negro son los primeros, que se reunieron para compartir experiencias en Bogotá, recuerda Marcela Sánchez, de Colombia Diversa.

La marcha del orgullo en Bogotá se suspendió por 13 años y se volvió a realizar en 1996, con la consigna “Por los derechos sexuales de homosexuales y lesbianas en Colombia”. En ese momento fue en la ciclovía. “Esa vez usamos una bandera de arcoíris de 16 metros de larga y para convocar dejamos volantes en bares y lugares de encuentro”, recuerda Velandia.

Después de ese año, las marchas se empezaron a realizar en las principales ciudades de Colombia. En Medellín se registró la primera marcha en 1997, en Bucaramanga en el 2002, en Santa Marta en 2005, en Cali en el año 2006 y en Cartagena desde el año 2009. Las marchas en las regiones son más difíciles por la falta de apoyo local, incluso a veces hay más gente mirando que marchando, aunque eso ha ido cambiando en los últimos años, señala Wilson Castañeda, de Caribe Afirmativo.

La década de las parejas del mismo sexo: 2007-2017

En esta década se puso en marcha una ambiciosa estrategia legal que terminaría convirtiendo a Colombia en uno de los países con más derechos reconocidos para las personas LGBT.

Con la creación de la organización Colombia Diversa, se presentaron diversas demandas ante la Corte Constitucional en alianza con Dejusticia y el Grupo de Interés Público de la Universidad de los Andes. En total, fueron más de 50 leyes discriminatorias las que se cuestionaron y se empezó con la unión marital de hecho en el 2007. Mauricio Albarracín, activista e investigador de Dejusticia, cuenta que “había algo de optimismo, pues pedíamos avanzar un poco ante injusticias que eran evidentes. Por ejemplo: una pareja de lesbianas llevaba 20 años juntas, si una fallecía, la otra se quedaba sin herencia y a veces la desalojaban de la casa”.

El éxito fue rotundo y desencadenó una serie de decisiones que cambiaron el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT en Colombia. Los debates más complejos fueron en torno al matrimonio y la adopción. Sobre el primero, la Corte tomó en el 2011 una decisión histórica al reconocer que las familias pueden estar conformadas por dos hombres o dos mujeres, y le dio un plazo de dos años al Congreso de la República para legislar sobre el tema. Cuando se venció el plazo inicial, varias parejas del mismo sexo empezaron a casarse ante notarios y jueces. Eso desencadenó una persecución por parte de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.

A muchas parejas les tocó viajar a pueblos lejanos para casarse y hacer ceremonias rápidas para que no fuera anulado el matrimonio. “Fue una experiencia que nos devolvió al pasado, como si fuera un delito. Querían avergonzarnos como si estuviéramos haciendo algo ilegal, cuando paradójicamente el matrimonio es la celebración pública del amor”, señala Marcela Sánchez.

Las primeras parejas que se casaron vivieron una gran incertidumbre legal. “Nosotras nos casamos, ese mismo día presentaron una tutela en contra, pero al final sentimos que el matrimonio era la excusa para lograr la igualdad, y así fue”, dicen Adriana González y Marcela Rojas, primera pareja legalmente casada. Finalmente, todo terminó con una audiencia en la Corte Constitucional en el 2016, que reconoció el matrimonio igualitario.

La adopción por parte de parejas del mismo sexo también fue un proceso extenso y extenuante, y se dio gracias al caso de Ana y Verónica, dos mujeres lesbianas de Medellín que tienen dos hijos y querían su reconocimiento en el registro civil. “El caso permitió que la justicia entendiera que las personas del mismo sexo tenemos hijos y familias y que la desprotección legal hace mucho daño”, dice Albarracín. La Corte, en fallos del 2015 y 2016, terminó reconociendo que las personas LGBT pueden adoptar, ya sea solas o en pareja.

En estos diez años, entonces, por lo menos en la ley, las parejas del mismo sexo pasaron de ser discriminadas a compartir muchos de los derechos que las parejas heterosexuales han tenido por décadas.

Al mismo tiempo que esto ocurría en los tribunales, se daban varias luchas en el ámbito social. Wilson Castañeda recuerda que “empezamos a hacer activismo por nuestros derechos en medio de la guerra. Eso no ha sido fácil a nivel regional, pues nos ha costado muchas vidas, violencia y desplazamientos forzados”.

En el 2003 se presentaron varios candidatos LGBT a cargos de elección popular. Sebastián Romero fue el primer edil en Bogotá con una agenda a favor de los derechos de las personas LGBT. En el 2014, Angélica Lozano y Claudia López fueron, respectivamente, la primera representante a la Cámara y la primera senadora abiertamente lesbianas. Pero el ámbito político todavía es de difícil acceso.

Lozano cuenta que “el 90 % de los insultos y críticas que recibo en internet son relacionados con mi orientación sexual. Hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que digo o propongo, pero siempre apelan a mi sexualidad. Eso demuestra que somos una sociedad con muchos prejuicios”. El Congreso sigue en total inacción frente a cualquier proyecto que implique los derechos de las personas LGBT.

La deuda con las personas trans

Las personas trans (travestis, transexuales y transgénero) han tenido y siguen teniendo la parte más compleja de la lucha. Dado que el estigma social contra ellas permanece en muchos colombianos, hay múltiples obstáculos para acceder al sistema educativo, a trabajos dignos, vivienda y servicios de salud básicos. Además se enfrentan a discusiones médicas y legales muy complejas, plagadas del desconocimiento de los funcionarios del Estado colombiano. En toda América Latina, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la esperanza de vida promedio de mujeres trans es de 35 años”.

Hay, no obstante, recientes e importantes triunfos jurídicos. Desde el 2015 las personas trans tienen el derecho a cambiar su sexo en el documento de identidad sin mayores obstáculos, o sin tener que presentar un certificado médico que las diagnostique con “disforia de género”. El año pasado, la Corte Constitucional extendió ese derecho para las personas trans menores de edad.

¿Qué falta?

La lucha por la igualdad no ha terminado. Las cifras de violencia hacia personas LGBT son alarmantes; cada año se reportan alrededor de 110 casos de homicidios por prejuicio relacionado con la orientación sexual o la identidad de género, según Colombia Diversa. Además, no hay políticas públicas a favor de las personas LGBT a nivel nacional y pocos gobiernos locales se atreven a hablar del tema.

Los activistas LGBT coinciden en que se necesita una transformación cultural en Colombia para acabar con la discriminación. Como dice la activista LGBT Elizabeth Castillo: “no queremos depender del sistema judicial para que nuestros derechos existan o sean reconocidos”.

* Parte de Las Igualadas de El Espectador.

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