Bacrim, ¿los nuevos 'paras'?

Tras la desmovilización de las Auc en el país surgieron nuevas fuerzas que empezaron a sembrar el terror. Ante las dudas de si eran nuevos paramilitares o delincuencia organizada, la Embajada de EE.UU. en Bogotá realizó en septiembre de 2008 una consulta con grupos de derechos humanos, para hablar del tema.

El encuentro fue el 10 de septiembre y asistieron Mauricio Albarracín, de la Comisión Colombiana de Juristas; Markus Schultz Kraft, del Grupo Internacional de Crisis; Agustín Jiménez, del Comité de Solidaridad con los Prisioneros Políticos; Alberto Yepes, de la Coordinación Colombiana Europea; Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados; Gloria Flórez, de la Asociación Minga; Luz Stella Aponte, de la Fundación Reiniciar; Yimi Muñoz, de la Comisión de Justicia y Paz; Mario Gómez, de la Fundación Restrepo Barco; Geilar Romana, de Afrodes, y Carlos Garaviz, del Cinep.

Las opiniones se dividieron. Algunos concluyeron que las llamadas bacrim eran la continuidad de los paramilitares y que estaban atacando a líderes de la oposición, sindicalistas y defensores de DD.HH. Que eran grupos protegidos por algunas compañías de palma o por la Fuerza Pública; que contaban con 10 mil hombres, con presencia en 24 departamentos, y que tenían amplias redes de narcotráfico.

Sin embargo, otros indicaron que no eran paramilitares, ya que les faltaba estructura militar, capacidad y la contrainsurgencia que aquellos representaban. Además, que se enfocaban en el narcotráfico, la extorsión y otros crímenes que deben verse como crimen organizado.

Eso sí, todos estuvieron de acuerdo en que, independientemente del rótulo, se mantenía la capacidad de corromper las instituciones y las empresas locales. Además, que estaban ganando influencia en las élites económicas y políticas en el país. Agregaron que la penetración de alias Don Mario en la Fiscalía de Antioquia era un ejemplo de la continuación de la influencia paramilitar.

Kraft propuso cuatro criterios para determinar si eran paramilitares o crimen organizado: apoyo de la Fuerza Pública, nexos con la élite política y económica, participación de exlíderes ‘paras’ y nexos con narcotraficantes.

Muchos de estos aspectos ya se están dando, con lo que la balanza podría estar inclinándose para el lado de calificarlos como nuevos paramilitares. Al debate se han sumado recientemente algunos exjefes paramilitares, como Ernesto Báez, quienes ya reconocen que son “grupos de paramilitares mal desmovilizados”.

Tras la desmovilización de las Auc en el país surgieron nuevas fuerzas que empezaron a sembrar el terror. Ante las dudas de si eran nuevos paramilitares o delincuencia organizada, la Embajada de EE.UU. en Bogotá realizó en septiembre de 2008 una consulta con grupos de derechos humanos, para hablar del tema.

El encuentro fue el 10 de septiembre y asistieron Mauricio Albarracín, de la Comisión Colombiana de Juristas; Markus Schultz Kraft, del Grupo Internacional de Crisis; Agustín Jiménez, del Comité de Solidaridad con los Prisioneros Políticos; Alberto Yepes, de la Coordinación Colombiana Europea; Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados; Gloria Flórez, de la Asociación Minga; Luz Stella Aponte, de la Fundación Reiniciar; Yimi Muñoz, de la Comisión de Justicia y Paz; Mario Gómez, de la Fundación Restrepo Barco; Geilar Romana, de Afrodes, y Carlos Garaviz, del Cinep.

Las opiniones se dividieron. Algunos concluyeron que las llamadas bacrim eran la continuidad de los paramilitares y que estaban atacando a líderes de la oposición, sindicalistas y defensores de DD.HH. Que eran grupos protegidos por algunas compañías de palma o por la Fuerza Pública; que contaban con 10 mil hombres, con presencia en 24 departamentos, y que tenían amplias redes de narcotráfico.

Sin embargo, otros indicaron que no eran paramilitares, ya que les faltaba estructura militar, capacidad y la contrainsurgencia que aquellos representaban. Además, que se enfocaban en el narcotráfico, la extorsión y otros crímenes que deben verse como crimen organizado.

Eso sí, todos estuvieron de acuerdo en que, independientemente del rótulo, se mantenía la capacidad de corromper las instituciones y las empresas locales. Además, que estaban ganando influencia en las élites económicas y políticas en el país. Agregaron que la penetración de alias Don Mario en la Fiscalía de Antioquia era un ejemplo de la continuación de la influencia paramilitar.

Kraft propuso cuatro criterios para determinar si eran paramilitares o crimen organizado: apoyo de la Fuerza Pública, nexos con la élite política y económica, participación de exlíderes ‘paras’ y nexos con narcotraficantes.

Muchos de estos aspectos ya se están dando, con lo que la balanza podría estar inclinándose para el lado de calificarlos como nuevos paramilitares. Al debate se han sumado recientemente algunos exjefes paramilitares, como Ernesto Báez, quienes ya reconocen que son “grupos de paramilitares mal desmovilizados”.