De Soacha a la muerte

La historia de Joaquín Castro Vásquez, de 28 años, y la de 18 jóvenes más que han sido encontrados en fosas comunes en los municipios de Ocaña, Norte de Santander, y Cimitarra, Santander, entre enero y agosto de este año, son muy parecidas. Mientras en el caso de Castro su familia asegura que era un hombre que trabajaba en una fundición de campanas para vehículos en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, el fiscal general, Mario Iguarán, sostiene que fue reportado, al igual que de los demás fallecidos, como caídos en combates por parte de Ejército.

Estas muertes, ocurridas en extrañas circunstancias, llevaron a que la Fiscalía abriera investigación y a que el Ministerio de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, conformaran una comisión encabezada por la Inspección General del Ejército, que deberá indagar sobre lo ocurrido y presentar un informe en las próximas semanas. Aunque Padilla afirmó que se debe partir de la presunción de inocencia, que cobija a cualquier ciudadano, los registros de operaciones efectuadas en el área donde murieron los jóvenes ya comenzaron a ser entregados a la Fiscalía.

Uno de los acontecimientos que ha desatado mayores suspicacias y que fue mencionado por el fiscal general, Mario Iguarán, es el corto tiempo entre la desaparición de los jóvenes, quienes vivían en la localidad de Ciudad Bolívar y el vecino municipio de Soacha, Cundinamarca, y el momento cuando fueron reportados como muertos en combate por el Ejército Nacional.

En el caso de Joaquín Castro Vásquez, su familia lo vio con vida por última vez el 12 de enero de este año, aunque  testigos y vecinos manifestaron que un día más tarde regresó a su casa en el barrio Villa Sofía en Soacha, aunque no había nadie en su vivienda y se volvió a ir. Otro que corrió la misma suerte fue su amigo Elkin Verano Hernández, de 25 años, con quien trabajaba en la misma fábrica de fundición de campanas. “Aunque no sabemos cómo se lo llevaron, a mi hijo no le habían ofrecido ningún trabajo fuera de Bogotá y desde que habíamos llegado hace 14 años del municipio de La Dorada, Caldas, él nunca había ido muy lejos”, manifiesta Elvira Vásquez, madre de Joaquín Castro.

Lo extraño es que tampoco le avisó a la madre de sus cuatro hijos, ni a los niños, que se iba de viaje. Dos días después su cuerpo entró a las instalaciones de Medicina Legal en Norte de Santander. El Comandante de la Brigada 30 del Ejército con sede en Cúcuta, general Paulino Coronado, manifestó que en sus reportes tiene registrada la muerte de los presuntos combatientes, ocho de los cuales pertenecían a las denominadas bandas emergentes y uno más que hacía parte del Eln. Además añadió que en ningún caso se podrían calificar como falsos positivos las muertes de los jóvenes que coincidencialmente viajaron desde el centro del país. Coronado aseguró que con la investigación quedará claro “que no hay ningún procedimiento irregular”. “¿Qué propósito tendríamos nosotros de ir a Bogotá a traer a unos jóvenes y darles muerte y presentarlos como resultados positivos y luego hacer una fosa común?”, enfatizó.

Mientras que el defensor del pueblo, Vólmar Pérez, sostuvo que las denominadas ‘Águilas Negras’, organizaciones conformadas por ex integrantes de las autodefensas y grupos de narcotraficantes, se han dedicado a reclutar jóvenes en Ciudad Bolívar y Soacha para sus actividades criminales, Milciades Castro, padre de Joaquín Castro, asegura que aunque es evidente que ha desaparecido un gran número de jóvenes de su sector, no hay presencia de actores irregulares y por el contrario lo que existe es una base del Ejército que se encuentra dentro del mismo barrio Villa Sofía, muy cerca de su casa.

Según el reporte de Medicina Legal, en el municipio de Ocaña, estas fueron las fechas de ingreso de los cuerpos a sus instalaciones: Fair Leonardo Porras, de 26 años, el 12 de enero de 2008. Había desaparecido el 8 de enero. Elkin Verano Hernández, de 25 años. Desapareció el 13 de enero e ingresó dos días después al instituto, al igual que su amigo Joaquín Castro Vásquez, de 28. Julio César Meza Vargas, de 24 años. Su cuerpo fue recibido el 28 de enero y dos días antes no se había vuelto a saber de él. También el 28 había ingresado el cadáver del Jonathan Soto, de 17 años, quien había desaparecido un día antes. Igual suerte corrió Daniel Pesca Olaya, de 27, quien fue llevado a Medicina Legal el 5 de marzo, pero había desaparecido el 26 de febrero.

Julián Oviedo Monroy, de 19 años, ingresó el 3 de marzo, tras 24 horas de no saberse de él. Lo mismo ocurrió con Eduardo Garzón Páez, de 32, desaparecido el  4 de marzo y hallado muerto al otro día; Diego Alberto Tamayo, de 25 años, quien se extravió el 18 de agosto y llegó a Medicina Legal el 25 de agosto, al igual que Víctor Gómez Romero, de 23 años, quien había desaparecido dos días antes. Lo mismo pasó con Andrés Palacio Bustamante, de 22 años.

La historia de Joaquín Castro Vásquez, de 28 años, y la de 18 jóvenes más que han sido encontrados en fosas comunes en los municipios de Ocaña, Norte de Santander, y Cimitarra, Santander, entre enero y agosto de este año, son muy parecidas. Mientras en el caso de Castro su familia asegura que era un hombre que trabajaba en una fundición de campanas para vehículos en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, el fiscal general, Mario Iguarán, sostiene que fue reportado, al igual que de los demás fallecidos, como caídos en combates por parte de Ejército.

Estas muertes, ocurridas en extrañas circunstancias, llevaron a que la Fiscalía abriera investigación y a que el Ministerio de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, conformaran una comisión encabezada por la Inspección General del Ejército, que deberá indagar sobre lo ocurrido y presentar un informe en las próximas semanas. Aunque Padilla afirmó que se debe partir de la presunción de inocencia, que cobija a cualquier ciudadano, los registros de operaciones efectuadas en el área donde murieron los jóvenes ya comenzaron a ser entregados a la Fiscalía.

Uno de los acontecimientos que ha desatado mayores suspicacias y que fue mencionado por el fiscal general, Mario Iguarán, es el corto tiempo entre la desaparición de los jóvenes, quienes vivían en la localidad de Ciudad Bolívar y el vecino municipio de Soacha, Cundinamarca, y el momento cuando fueron reportados como muertos en combate por el Ejército Nacional.

En el caso de Joaquín Castro Vásquez, su familia lo vio con vida por última vez el 12 de enero de este año, aunque  testigos y vecinos manifestaron que un día más tarde regresó a su casa en el barrio Villa Sofía en Soacha, aunque no había nadie en su vivienda y se volvió a ir. Otro que corrió la misma suerte fue su amigo Elkin Verano Hernández, de 25 años, con quien trabajaba en la misma fábrica de fundición de campanas. “Aunque no sabemos cómo se lo llevaron, a mi hijo no le habían ofrecido ningún trabajo fuera de Bogotá y desde que habíamos llegado hace 14 años del municipio de La Dorada, Caldas, él nunca había ido muy lejos”, manifiesta Elvira Vásquez, madre de Joaquín Castro.

Lo extraño es que tampoco le avisó a la madre de sus cuatro hijos, ni a los niños, que se iba de viaje. Dos días después su cuerpo entró a las instalaciones de Medicina Legal en Norte de Santander. El Comandante de la Brigada 30 del Ejército con sede en Cúcuta, general Paulino Coronado, manifestó que en sus reportes tiene registrada la muerte de los presuntos combatientes, ocho de los cuales pertenecían a las denominadas bandas emergentes y uno más que hacía parte del Eln. Además añadió que en ningún caso se podrían calificar como falsos positivos las muertes de los jóvenes que coincidencialmente viajaron desde el centro del país. Coronado aseguró que con la investigación quedará claro “que no hay ningún procedimiento irregular”. “¿Qué propósito tendríamos nosotros de ir a Bogotá a traer a unos jóvenes y darles muerte y presentarlos como resultados positivos y luego hacer una fosa común?”, enfatizó.

Mientras que el defensor del pueblo, Vólmar Pérez, sostuvo que las denominadas ‘Águilas Negras’, organizaciones conformadas por ex integrantes de las autodefensas y grupos de narcotraficantes, se han dedicado a reclutar jóvenes en Ciudad Bolívar y Soacha para sus actividades criminales, Milciades Castro, padre de Joaquín Castro, asegura que aunque es evidente que ha desaparecido un gran número de jóvenes de su sector, no hay presencia de actores irregulares y por el contrario lo que existe es una base del Ejército que se encuentra dentro del mismo barrio Villa Sofía, muy cerca de su casa.

Según el reporte de Medicina Legal, en el municipio de Ocaña, estas fueron las fechas de ingreso de los cuerpos a sus instalaciones: Fair Leonardo Porras, de 26 años, el 12 de enero de 2008. Había desaparecido el 8 de enero. Elkin Verano Hernández, de 25 años. Desapareció el 13 de enero e ingresó dos días después al instituto, al igual que su amigo Joaquín Castro Vásquez, de 28. Julio César Meza Vargas, de 24 años. Su cuerpo fue recibido el 28 de enero y dos días antes no se había vuelto a saber de él. También el 28 había ingresado el cadáver del Jonathan Soto, de 17 años, quien había desaparecido un día antes. Igual suerte corrió Daniel Pesca Olaya, de 27, quien fue llevado a Medicina Legal el 5 de marzo, pero había desaparecido el 26 de febrero.

Julián Oviedo Monroy, de 19 años, ingresó el 3 de marzo, tras 24 horas de no saberse de él. Lo mismo ocurrió con Eduardo Garzón Páez, de 32, desaparecido el  4 de marzo y hallado muerto al otro día; Diego Alberto Tamayo, de 25 años, quien se extravió el 18 de agosto y llegó a Medicina Legal el 25 de agosto, al igual que Víctor Gómez Romero, de 23 años, quien había desaparecido dos días antes. Lo mismo pasó con Andrés Palacio Bustamante, de 22 años.