El abogado de Arias

Llenarse de paciencia se ha vuelto el mantra de Carlos Andrés Gómez González a la hora de lidiar con el caso Agro Ingreso Seguro. Forma parte del equipo defensor de Andrés Felipe Arias y sabe que al exministro de Agricultura lo odian y lo califican de soberbio, pero que otros lo quieren y admiran. Todos esos elementos sólo dificultan más manejar uno de los procesos más controversiales que dejó la era Uribe. “Mi trabajo es abstraerme de la persona y defenderlo de lo que lo acusan, lidiando con el hecho de que él, sin condena, ya está condenado”.

Pasó las noches de su infancia escuchando durante la comida, boquiabierto, las anécdotas con las que su padre llegaba de los juzgados. Jorge Aníbal Gómez empezó como mensajero de juzgado y culminó como presidente de la Corte Suprema, pero nunca salió de su boca una frase al estilo “hijo, quiero que seas abogado como yo”. Y, aún así, esa fue la carrera que Carlos Andrés Gómez escogió. Y de todas las ramas del derecho, el derecho penal. También como su padre. Es su discípulo, pero nunca se ha hecho el propósito de crecer bajo su sombra.

Gómez González se graduó del Externado. Recién egresado, en 2001, se fue a trabajar al Ministerio de Justicia. Allí permaneció casi diez meses, viendo cómo el Ministerio se llenaba de solicitudes de personas pedidas en extradición que no querían ser enviadas a Estados Unidos, luego del 9/11. “La gente no se quería ir a un país que estaba por enfrentar una guerra química con ántrax”, recuerda el jurista. Allí estuvo hasta finales de ese año. Luego se fue a litigar.

En 2004, se vinculó a la U. Jorge Tadeo Lozano, tres años más tarde fue nombrado director de su consultorio jurídico y, dos años después, decano del programa de Derecho. Se ha convertido, además, en el asesor de varias compañías que lo buscan para hacer “evaluación de riesgos en materia penal”. En otras palabras, piden que les diga qué hacer si los extorsionan, si un empleado es secuestrado o conscientizarlos de dónde está el límite entre las actividades legales y el delito.

Acaba de cumplir 35 años y con respecto a los tiempos venideros, ve dos cosas en su futuro: seguir en el mundo académico hasta consolidar a la Tadeo Lozano como una de las mejores facultades de Derecho del país, y ser funcionario público, como lo fue su padre durante 36 años.

Llenarse de paciencia se ha vuelto el mantra de Carlos Andrés Gómez González a la hora de lidiar con el caso Agro Ingreso Seguro. Forma parte del equipo defensor de Andrés Felipe Arias y sabe que al exministro de Agricultura lo odian y lo califican de soberbio, pero que otros lo quieren y admiran. Todos esos elementos sólo dificultan más manejar uno de los procesos más controversiales que dejó la era Uribe. “Mi trabajo es abstraerme de la persona y defenderlo de lo que lo acusan, lidiando con el hecho de que él, sin condena, ya está condenado”.

Pasó las noches de su infancia escuchando durante la comida, boquiabierto, las anécdotas con las que su padre llegaba de los juzgados. Jorge Aníbal Gómez empezó como mensajero de juzgado y culminó como presidente de la Corte Suprema, pero nunca salió de su boca una frase al estilo “hijo, quiero que seas abogado como yo”. Y, aún así, esa fue la carrera que Carlos Andrés Gómez escogió. Y de todas las ramas del derecho, el derecho penal. También como su padre. Es su discípulo, pero nunca se ha hecho el propósito de crecer bajo su sombra.

Gómez González se graduó del Externado. Recién egresado, en 2001, se fue a trabajar al Ministerio de Justicia. Allí permaneció casi diez meses, viendo cómo el Ministerio se llenaba de solicitudes de personas pedidas en extradición que no querían ser enviadas a Estados Unidos, luego del 9/11. “La gente no se quería ir a un país que estaba por enfrentar una guerra química con ántrax”, recuerda el jurista. Allí estuvo hasta finales de ese año. Luego se fue a litigar.

En 2004, se vinculó a la U. Jorge Tadeo Lozano, tres años más tarde fue nombrado director de su consultorio jurídico y, dos años después, decano del programa de Derecho. Se ha convertido, además, en el asesor de varias compañías que lo buscan para hacer “evaluación de riesgos en materia penal”. En otras palabras, piden que les diga qué hacer si los extorsionan, si un empleado es secuestrado o conscientizarlos de dónde está el límite entre las actividades legales y el delito.

Acaba de cumplir 35 años y con respecto a los tiempos venideros, ve dos cosas en su futuro: seguir en el mundo académico hasta consolidar a la Tadeo Lozano como una de las mejores facultades de Derecho del país, y ser funcionario público, como lo fue su padre durante 36 años.