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La reciente decisión del Consejo de Estado de anular el decreto 4444 de 2006, que reglamenta la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, “no altera de ninguna manera el reconocimiento de que el aborto legal, seguro y oportuno es un derecho fundamental en Colombia desde el año 2006”, explica la ONG Women’s Link Worldwide. Mónica Roa, directora de la organización, habló con este diario.
¿Cuál es la cronología de esta historia? ¿Por qué se llega a esta decisión y qué implicaciones tiene?
En mayo de 2006 sale la sentencia de la Corte Constitucional (que permite el aborto cuando hay malformación del feto, la vida de la madre está en riesgo o la gestación es producto de una agresión sexual). En diciembre sale el decreto 4444 (del Ministerio de Salud), que reglamentaba el derecho al aborto. En octubre de 2009 el Consejo de Estado lo suspende (por un problema de forma) y ahora anuncia su nulidad; dice que debe salir de la normativa jurídica.
¿Por qué?
Cuando hicieron el decreto no tuvieron en cuenta que el aborto en esos casos era un servicio se salud que debía enmarcarse en la Ley 100 (que reglamenta el sistema de salud). Hay que nombrar la Ley 100 como la ley marco. Muchos de los abogados del ministerio decían que tenían que declararla nula para sacar otra reglamentación. Mi posición es que no tenían que esperar para hacerlo.
Pero a pesar de que en 2009 se suspendió el decreto, la decisión de la Corte ha seguido en firme. Entonces, ahora que se anula nada cambia...
Se genera una gran incertidumbre para quienes están obligados a prestar el servicio, pero el servicio de aborto sigue rigiéndose por todo lo que ha dicho la Corte Constitucional. La Corte dijo que no hace falta reglamentación, ni siquiera estar afiliada al sistema de salud: todas las mujeres que cumplan con alguna de las tres circunstancias pueden solicitar la interrupción voluntaria al Estado. Si el ministerio saca una nueva reglamentación subsananado los problemas de forma, fantástico. Si el Congreso quiere discutir un proyecto de ley, fantástico. Pero hay que entender que no son necesarios, se puede seguir solicitando el servicio sin que eso pase.
¿La anulación es un nuevo obstáculo?
Claro que sí. Lo más grave es la desinformación que está siendo utilizada por quienes se oponen a este derecho. Se perdió la parte más técnica; por ejemplo, una de las resoluciones que salieron junto con el decreto, y que se cae, adaptaba el manual de aborto seguro de la OMS. Hoy ese manual no tiene un estatus jurídico propio, pero cualquier médico debería usarlo. Se cae además el marco normativo específico para la comunidad médica.
¿Cuál ha sido el papel del procurador Ordóñez en todo este proceso?
La faltad e imparcialidad de la Procuraduría pone en grave peligro la democracia en Colombia. Sin duda, en este tema ha generado confusión y desinformación. Las cosas jurídicas duras las ha perdido todas; las que ha ganado han sido más de maquillaje.
¿Quiénes han pecado por negligencia en este tema?
El Gobierno, porque no ha cumplido, por ejemplo, con la orden de las campañas masivas de los derechos sexuales y reproductivos. Tampoco hemos visto que la Superintendencia de Salud esté investigando los casos en los que se niega el servicio. En este momento no hay cifras confiables sobre el número de solicitudes y el número de servicios prestados, para hacer un diagnóstico más aterrizado.
¿Es cierto que salió del país por amenazas?
Es una mezcla: lo hice por motivos laborales, pero, también, el año pasado fue un año de hostigamientos: nos dispararon a la oficina, la Policía tardó siete semanas para recoger las pruebas y nunca supimos quién fue. He recibido amenazas de todo tipo y, sí, tuvimos que subir las medidas de seguridad.