El mal momento para la libertad de expresión en Latinoamérica

El último año no ha sido el mejor para el periodismo de la región. A los cerca de 37 asesinatos registrados en 2022 por las organizaciones de la región (de los cuales 12 fueron en México y tres en Colombia) se suma una serie de amenazas, exilios, presiones de gobiernos autoritarios, agresiones físicas y acosos virtuales, que han terminado por coartar la libertad de expresión. Pero como en Latinoamérica no todo es homogéneo, hay diferentes conductas que se han mantenido o replicado por zonas o países.

El fotógrafo Aldair Mejía lo único que sintió fue que algo le pegó en la pierna derecha. El pasado 8 de enero fue enviado por EFE a Juliaca a cubrir las manifestaciones que crecían en el sur del Perú, que ese día dejaron por lo menos 17 muertos en medio de los enfrentamientos. El reportero fue el primer herido del día, luego de una serie de amenazas y abusos policiales.

El fotógrafo recuerda que “todo empezó en los exteriores del aeropuerto de Juliaca, sobre las 10 de la mañana, que comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas. Me alisté y le tomé fotos a una señora, su esposo y un bebé que iban huyendo. Luego trato de caminar y dos policías se me acercaron corriendo y me lanzaron a una berma. Incluso intentaron romper mi credencial”.

A esto se sumaron gritos de uniformados que lo llamaban “prensa basura” y una amenaza directa de un policía armado que le advirtió: “Sal de aquí, porque o si no no vas a salir de acá vivo”. En la tarde, la amenaza se materializó, pero sobrevivió. Aunque en principio no tuvo dolor, al ver rojo su pantalón se dio cuenta de que tenía un hueco en la pierna del que salía mucha sangre y aunque para las autoridades no es claro qué lo golpeó, está incapacitado por una fractura en la tibia.

Adriana León, jefa del área de Libertad de Prensa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), resalta que no hay protocolos ni mecanismos de protección en estos casos, por lo que es la sociedad civil la que sale a exigir al gobierno garantías para la prensa. “Las agresiones han venido de la policía y no de la protesta, aunque los manifestantes también tienen carteles que dicen ‘Dina asesina, prensa asesina’”.

Así mismo, ahora se intenta entregar cascos y máscaras antigases a los periodistas peruanos para establecer estándares mínimos de seguridad, pues, pese a que reconocen que hay dinámicas similares a las de las manifestaciones en Chile y Colombia, no era común que los periodistas peruanos tuvieran que tapar los logos de sus medios para salir a hacer reportería.

La lectura de lo que ocurre puede ser más grande. León asegura que la polarización y la idea de que los grandes medios son malos ha generado un discurso estigmatizante, que fue reforzado por el expresidente Pedro Castillo, quien, además de no dar entrevistas, mantenía constantemente el discurso de que la prensa era basura, vendida y no estaba con el pueblo. “Esto no había pasado antes: los impedimentos de cobertura, las restricciones para el acceso a la información pública, un gobierno que viola constantemente el derecho al acceso a la información. Hasta los más corruptos respondían y eso dejó de respetarse, tan así que ya ni responden las solicitudes de información y en el último año se ha dado un récord de 30 quejas en el tribunal de transparencia”, indicó León.

El acceso a la información como la relación de los medios es un problema que crece, especialmente en Centroamérica, donde aumentaron las leyes que restringen la labor periodística. Son tantas las presiones, que cada vez es más grande la lista de periodistas afectados. Por ejemplo, de Nicaragua han salido 120 periodistas desde el 2016, la mayoría a Costa Rica, o que terminan presos, como José Rubén Zamora, director del diario guatemalteco El Periódico, acusado de lavado de dinero y conspiración, entre otros, luego de publicar investigaciones relacionadas con casos de corrupción y abuso del poder de la administración de Alejandro Giammattei.

La historia se replica con otros periodistas. En Nicaragua, algo similar le pasó a Octavio Enríquez, a quien le tocó huir al exilio, junto a varios de sus compañeros de El Confidencial, ante las presiones del gobierno de Daniel Ortega de meterlos a la cárcel, bajo la ley especial de ciberdelitos, que desde el 2020 envía a prisión a personas que “propagan noticias falsas”, información confidencial o no autorizado por el gobierno.

“El rollo es quién define qué es la noticia falsa. Esas leyes están hechas para todo lo que huele a oposición en Nicaragua. Hay centenares de presos políticos que han sido acusados por esta ley y el delito de conspiración, que es lo que popularmente se conoce como traición a la patria”, asegura Enríquez.

Lo que ocurrió con ellos es agresivo. Ante las detenciones de opositores al gobierno y la confiscación de la redacción, empezaron a temer algo tan básico como salir a hacer reportería. Se hizo común que ya nadie firmara las notas y, ante las presiones, Enríquez decidió irse para no poner en riesgo a su familia. Al despedirse les dijo a sus hijos que si le pasaba algo recordaran que él estaba del lado bueno de la historia. Salió de noche, pasaron más de cinco meses antes de que volviera a encontrarse con su familia y hoy sigue escribiendo, pero fuera de su país.

“Por eso es que esta época nos hace recordar lo que ocurría al final de la de la dictadura de Somoza, cuando se dio el famoso periodismo de catacumba. Ante la censura, en ese momento los periodistas se reunían en el atrio de la iglesia y ahí le informaban a la gente lo que estaba ocurriendo”, dijo Enríquez.

En Cuba, aunque el gobierno tiene el completo control de los medios tradicionales, tras la aparición de nuevos formatos en la web y las protestas que motivaron el encarcelamiento de miembros del movimiento San Isidro, se ha restringido el uso del internet y se tipificó la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos y difamaciones, que, en condiciones similares a las de Nicaragua, ha terminado con el encarcelamiento de periodistas como Abraham Jiménez Enoa, quien era director de El Estornudo, y tras haber estado en arresto domiciliario, fue desnudado e interrogado por agentes de seguridad y hasta acusado de ser espía de la CIA.

Esto se ha replicado con varios de sus compañeros y periodistas, a quienes les dan de opción de irse exiliados o terminar en una cárcel. Mario Luis Reyes, de El Estornudo, quien optó por irse a España, resalta que las presiones en la isla van desde policías que hacen guardia en la puerta de las casas de los reporteros hasta cortes de internet y teléfono, que dificultan la comunicación con las fuentes.

“En Cuba es muy difícil hacer periodismo de investigación, porque no existe. El gobierno no transparenta la información pública, ni la prensa estatal tiene acceso a ella. Mucho menos la información la tiene la prensa independiente, ni la opción de entrevistar a un funcionario, ni acceder a ninguna cuestión que tenga que ver con el Estado. El Estornudo, en principio lo que hace es crónica, sencillamente cuenta lo que está pasando, la realidad, la vida de la gente y ya eso fue lo suficientemente subversivo para que les empezara a llamar la atención al Estado”, manifiesta Reyes.

Aunque El Confidencial y El Estornudo han seguido reportando desde el exilio, para Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Artículo 19, que defiende la defiende la libertad de expresión, no se puede negar que estos hechos han debilitado al periodismo de la región por las dificultades que implica exiliarse, por lo que habla de un periodismo de resistencia al referirse a los que siguen informando pese a las presiones. “En el caso de El Faro, en El Salvador, y el mismo Confidencial, en Nicaragua, ante todas las adversidades y gracias a la transición digital, han podido mantenerse vigentes y hasta colocando temas nacionales y locales, manteniendo una mirada crítica sobre estos gobiernos”.

Otra es la historia en México. Al discurso de Andrés Manuel López Obrador, que deslegitima a la prensa, Maldonado suma la compenetración del crimen organizado en estructuras estatales. “Nos preguntamos por qué ocho de los 12 periodistas asesinados en 2022 en México cubrían primordialmente temas de corrupción y política y no policíacos y de nota roja. Es muy probable que las investigaciones nunca lleguen a determinar si los autores intelectuales fueron políticos en confluencia con grupos criminales, pero sin duda debemos dejar a un lado la idea de que son elementos alejados”.

El aumento de la violencia y los asesinatos han llevado a que en México aumente el silencio. Desde 2016, la CIDH señala que en zonas como Tamaulipas, donde dominan los carteles, no hay quién haga periodismo de investigación. Algo similar se está replicando en Guerrero, Michoacán y la Sierra de Chihuahua, donde hace seis meses asesinaron a dos curas jesuitas. “Si se dejan de cubrir ciertos temas y actores, tienen ese efecto expansivo del miedo y el amedrentamiento que llega a establecerse”.

El más reciente informe sobre la libertad de expresión de la Unesco advierte que México fue el país más letal en 2021, mientras que en Latinoamérica los periodistas están siendo asesinados por informar sobre crimen organizado, corrupción, delitos ambientales, abuso de poder y protestas.

Ante este panorama, a finales de 2022, organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, Voces del Sur, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia y Artículo 19 hicieron un llamado ante el resurgimiento de regímenes caudillistas y la falta de garantías en procesos judiciales contra periodistas, especialmente en Centroamérica, el aumento de la desinformación en línea, promovida por autoridades y ejércitos de troles, el espionaje y la falta de protección a los periodistas. “Un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia, particularmente en un contexto donde ejercer la labor de informar se encuentra en constante asedio”, argumentaron.

Para Juan Pappier, investigador sénior en las Américas de Human Rights Watch, lo importante es no dejar silenciar a los medios. “El periodismo en Centroamérica ha hecho contribuciones extraordinarias para entender lo que pasa en la región y detener la debacle. Lo mismo ocurre en países como Colombia, donde los periodistas han desentramado grandes casos de corrupción”.

Por su parte Maldonado, de Artículo 19,cree que el campo minado para la libertad de expresión está lejos de revertirse, “lo que queda es fortalecer las redes latinoamericanas que han demostrado acciones más eficaces. La esperanza es que sí se está generando periodismo transnacional, se siga con la denuncia, la visibilización y eso puede llegar a una mayor conciencia ciudadana”.

El último año no ha sido el mejor para el periodismo de la región. A los cerca de 37 asesinatos registrados en 2022 por las organizaciones de la región (de los cuales 12 fueron en México y tres en Colombia) se suma una serie de amenazas, exilios, presiones de gobiernos autoritarios, agresiones físicas y acosos virtuales, que han terminado por coartar la libertad de expresión. Pero como en Latinoamérica no todo es homogéneo, hay diferentes conductas que se han mantenido o replicado por zonas o países.

El fotógrafo Aldair Mejía lo único que sintió fue que algo le pegó en la pierna derecha. El pasado 8 de enero fue enviado por EFE a Juliaca a cubrir las manifestaciones que crecían en el sur del Perú, que ese día dejaron por lo menos 17 muertos en medio de los enfrentamientos. El reportero fue el primer herido del día, luego de una serie de amenazas y abusos policiales.

El fotógrafo recuerda que “todo empezó en los exteriores del aeropuerto de Juliaca, sobre las 10 de la mañana, que comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas. Me alisté y le tomé fotos a una señora, su esposo y un bebé que iban huyendo. Luego trato de caminar y dos policías se me acercaron corriendo y me lanzaron a una berma. Incluso intentaron romper mi credencial”.

A esto se sumaron gritos de uniformados que lo llamaban “prensa basura” y una amenaza directa de un policía armado que le advirtió: “Sal de aquí, porque o si no no vas a salir de acá vivo”. En la tarde, la amenaza se materializó, pero sobrevivió. Aunque en principio no tuvo dolor, al ver rojo su pantalón se dio cuenta de que tenía un hueco en la pierna del que salía mucha sangre y aunque para las autoridades no es claro qué lo golpeó, está incapacitado por una fractura en la tibia.

Adriana León, jefa del área de Libertad de Prensa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), resalta que no hay protocolos ni mecanismos de protección en estos casos, por lo que es la sociedad civil la que sale a exigir al gobierno garantías para la prensa. “Las agresiones han venido de la policía y no de la protesta, aunque los manifestantes también tienen carteles que dicen ‘Dina asesina, prensa asesina’”.

Así mismo, ahora se intenta entregar cascos y máscaras antigases a los periodistas peruanos para establecer estándares mínimos de seguridad, pues, pese a que reconocen que hay dinámicas similares a las de las manifestaciones en Chile y Colombia, no era común que los periodistas peruanos tuvieran que tapar los logos de sus medios para salir a hacer reportería.

La lectura de lo que ocurre puede ser más grande. León asegura que la polarización y la idea de que los grandes medios son malos ha generado un discurso estigmatizante, que fue reforzado por el expresidente Pedro Castillo, quien, además de no dar entrevistas, mantenía constantemente el discurso de que la prensa era basura, vendida y no estaba con el pueblo. “Esto no había pasado antes: los impedimentos de cobertura, las restricciones para el acceso a la información pública, un gobierno que viola constantemente el derecho al acceso a la información. Hasta los más corruptos respondían y eso dejó de respetarse, tan así que ya ni responden las solicitudes de información y en el último año se ha dado un récord de 30 quejas en el tribunal de transparencia”, indicó León.

El acceso a la información como la relación de los medios es un problema que crece, especialmente en Centroamérica, donde aumentaron las leyes que restringen la labor periodística. Son tantas las presiones, que cada vez es más grande la lista de periodistas afectados. Por ejemplo, de Nicaragua han salido 120 periodistas desde el 2016, la mayoría a Costa Rica, o que terminan presos, como José Rubén Zamora, director del diario guatemalteco El Periódico, acusado de lavado de dinero y conspiración, entre otros, luego de publicar investigaciones relacionadas con casos de corrupción y abuso del poder de la administración de Alejandro Giammattei.

La historia se replica con otros periodistas. En Nicaragua, algo similar le pasó a Octavio Enríquez, a quien le tocó huir al exilio, junto a varios de sus compañeros de El Confidencial, ante las presiones del gobierno de Daniel Ortega de meterlos a la cárcel, bajo la ley especial de ciberdelitos, que desde el 2020 envía a prisión a personas que “propagan noticias falsas”, información confidencial o no autorizado por el gobierno.

“El rollo es quién define qué es la noticia falsa. Esas leyes están hechas para todo lo que huele a oposición en Nicaragua. Hay centenares de presos políticos que han sido acusados por esta ley y el delito de conspiración, que es lo que popularmente se conoce como traición a la patria”, asegura Enríquez.

Lo que ocurrió con ellos es agresivo. Ante las detenciones de opositores al gobierno y la confiscación de la redacción, empezaron a temer algo tan básico como salir a hacer reportería. Se hizo común que ya nadie firmara las notas y, ante las presiones, Enríquez decidió irse para no poner en riesgo a su familia. Al despedirse les dijo a sus hijos que si le pasaba algo recordaran que él estaba del lado bueno de la historia. Salió de noche, pasaron más de cinco meses antes de que volviera a encontrarse con su familia y hoy sigue escribiendo, pero fuera de su país.

“Por eso es que esta época nos hace recordar lo que ocurría al final de la de la dictadura de Somoza, cuando se dio el famoso periodismo de catacumba. Ante la censura, en ese momento los periodistas se reunían en el atrio de la iglesia y ahí le informaban a la gente lo que estaba ocurriendo”, dijo Enríquez.

En Cuba, aunque el gobierno tiene el completo control de los medios tradicionales, tras la aparición de nuevos formatos en la web y las protestas que motivaron el encarcelamiento de miembros del movimiento San Isidro, se ha restringido el uso del internet y se tipificó la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos y difamaciones, que, en condiciones similares a las de Nicaragua, ha terminado con el encarcelamiento de periodistas como Abraham Jiménez Enoa, quien era director de El Estornudo, y tras haber estado en arresto domiciliario, fue desnudado e interrogado por agentes de seguridad y hasta acusado de ser espía de la CIA.

Esto se ha replicado con varios de sus compañeros y periodistas, a quienes les dan de opción de irse exiliados o terminar en una cárcel. Mario Luis Reyes, de El Estornudo, quien optó por irse a España, resalta que las presiones en la isla van desde policías que hacen guardia en la puerta de las casas de los reporteros hasta cortes de internet y teléfono, que dificultan la comunicación con las fuentes.

“En Cuba es muy difícil hacer periodismo de investigación, porque no existe. El gobierno no transparenta la información pública, ni la prensa estatal tiene acceso a ella. Mucho menos la información la tiene la prensa independiente, ni la opción de entrevistar a un funcionario, ni acceder a ninguna cuestión que tenga que ver con el Estado. El Estornudo, en principio lo que hace es crónica, sencillamente cuenta lo que está pasando, la realidad, la vida de la gente y ya eso fue lo suficientemente subversivo para que les empezara a llamar la atención al Estado”, manifiesta Reyes.

Aunque El Confidencial y El Estornudo han seguido reportando desde el exilio, para Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Artículo 19, que defiende la defiende la libertad de expresión, no se puede negar que estos hechos han debilitado al periodismo de la región por las dificultades que implica exiliarse, por lo que habla de un periodismo de resistencia al referirse a los que siguen informando pese a las presiones. “En el caso de El Faro, en El Salvador, y el mismo Confidencial, en Nicaragua, ante todas las adversidades y gracias a la transición digital, han podido mantenerse vigentes y hasta colocando temas nacionales y locales, manteniendo una mirada crítica sobre estos gobiernos”.

Otra es la historia en México. Al discurso de Andrés Manuel López Obrador, que deslegitima a la prensa, Maldonado suma la compenetración del crimen organizado en estructuras estatales. “Nos preguntamos por qué ocho de los 12 periodistas asesinados en 2022 en México cubrían primordialmente temas de corrupción y política y no policíacos y de nota roja. Es muy probable que las investigaciones nunca lleguen a determinar si los autores intelectuales fueron políticos en confluencia con grupos criminales, pero sin duda debemos dejar a un lado la idea de que son elementos alejados”.

El aumento de la violencia y los asesinatos han llevado a que en México aumente el silencio. Desde 2016, la CIDH señala que en zonas como Tamaulipas, donde dominan los carteles, no hay quién haga periodismo de investigación. Algo similar se está replicando en Guerrero, Michoacán y la Sierra de Chihuahua, donde hace seis meses asesinaron a dos curas jesuitas. “Si se dejan de cubrir ciertos temas y actores, tienen ese efecto expansivo del miedo y el amedrentamiento que llega a establecerse”.

El más reciente informe sobre la libertad de expresión de la Unesco advierte que México fue el país más letal en 2021, mientras que en Latinoamérica los periodistas están siendo asesinados por informar sobre crimen organizado, corrupción, delitos ambientales, abuso de poder y protestas.

Ante este panorama, a finales de 2022, organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, Voces del Sur, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia y Artículo 19 hicieron un llamado ante el resurgimiento de regímenes caudillistas y la falta de garantías en procesos judiciales contra periodistas, especialmente en Centroamérica, el aumento de la desinformación en línea, promovida por autoridades y ejércitos de troles, el espionaje y la falta de protección a los periodistas. “Un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia, particularmente en un contexto donde ejercer la labor de informar se encuentra en constante asedio”, argumentaron.

Para Juan Pappier, investigador sénior en las Américas de Human Rights Watch, lo importante es no dejar silenciar a los medios. “El periodismo en Centroamérica ha hecho contribuciones extraordinarias para entender lo que pasa en la región y detener la debacle. Lo mismo ocurre en países como Colombia, donde los periodistas han desentramado grandes casos de corrupción”.

Por su parte Maldonado, de Artículo 19,cree que el campo minado para la libertad de expresión está lejos de revertirse, “lo que queda es fortalecer las redes latinoamericanas que han demostrado acciones más eficaces. La esperanza es que sí se está generando periodismo transnacional, se siga con la denuncia, la visibilización y eso puede llegar a una mayor conciencia ciudadana”.