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La Contraloría General presentó hace pocos días una completa radiografía del modelo minero en el país. La investigación, liderada por el economista Luis Jorge Garay, revela entre otros hallazgos los graves efectos ambientales de la minería a gran escala, la poca participación del Estado en la resta minera, la débil institucionalidad para controlar esta actividad y la relación entre el conflicto y la minería.
Frente a la polémica generada tras la publicación, el gremio minero ha señalado que se trata de una visión sesgada y que presentarán un nuevo informe. Garay habló con El Espectador al respecto.
¿Por qué la Contraloría decide hacer una investigación exhaustiva sobre minería?
La Contraloría se ha preocupado por el tema minero no sólo por los impactos económicos, sino también por los sociales y ambientales. Por lo tanto, la investigación no es ajena al interés de la entidad. Plantea una visión transversal desde la perspectiva de los derechos y resulta de gran utilidad para enmarcar las decisiones de política pública hacia el futuro.
Pero el gremio minero asegura que se trata de una visión parcializada y que no los tuvieron en cuenta...
Contrario a lo que señalan, el estudio se basa exclusivamente en datos oficiales y en los suministrados por las mismas mineras. No hay ninguna información estimada por la Contraloría, todo está sustentado en fuentes primarias. En todas las gráficas del libro se muestra claramente cuál es la fuente y ratifica lo que hemos afirmado.
¿Qué opina de la propuesta de varias asociaciones mineras de contratar un nuevo estudio?
Bienvenido el debate serio y con sustentos. Se trata de un tema crucial y es muy importante que haya una activa participación para que podamos como sociedad acertar en un desarrollo minero que favorezca al país, en mediano y largo plazo.
¿Por qué asegura que Colombia no está preparada para la locomotora minera?
Colombia tiene serias falencias en el esquema regulatorio y fallas estructurales en la fiscalización de la información y de los compromisos adquiridos por las empresas. Todo hace pensar que necesitamos desarrollar un esquema de gobernanza frente a esta actividad de mediano y largo y plazo.
¿Qué se puede hacer en el corto plazo, justo cuando el Gobierno se prepara para reactivar la titulación minera?
Creemos que este no es el momento de abrir la ventanilla minera, que hay que extender la moratoria mientras se logra instaurar un régimen regulatorio más adecuado.
¿Y qué les responde a quienes aseguran que mantener la ventanilla cerrada o aumentar los controles ambientales aleja la inversión extranjera?
Cuando se trata de unos recursos escasos y hay una demanda mundial es claro que la competencia por atraer inversión extranjera en beneficio del país se hace con una nivelación competitiva de los estándares y las tasas de tributación que permitan desarrollar una actividad que sea más beneficiosa al país en términos económicos, sociales y ambientales. La renta minera puede ser mejorada en favor del Estado para hacer más rentable económica y socialmente esta actividad, sin dejar de atraer la inversión extranjera.
¿Es cierto que la minería se ha convertido en el caballo de batalla de la Contraloría?
En absoluto. Hay que desarrollar una minería necesaria, pero necesitamos que sea favorable en el corto, mediano y largo plazo no sólo en términos económicos, sino también ambientales y sociales. No estamos en contra de la minería, estamos en contra de desarrollarla de una manera que cause deterioros graves y nuevos conflictos a la sociedad colombiana.
La investigación señala que hay una relación entre conflicto y minería, ¿ en qué consiste?
Si uno mapea las solicitudes mineras, se cruzan con las áreas de desplazamiento forzado, de abandono y despojo de tierras. Ahí hay una potencialidad de conflicto entre la restitución de tierras y los intereses de las mineras que tienen títulos. Por eso llegamos a la conclusión de que en los territorios con conflicto no se otorguen licencias mineras, al menos temporalmente. Eso no quiere decir que estemos en contra de la actividad sino que queremos evitar la reproducción de conflictos.
¿Qué riesgos corre el país si sigue impulsando la locomotora minera sin actualizar el modelo?
Los riesgos son grandes en términos ambientales, sociales y culturales, puede representar unos costos altos para el país en el mediano y largo plazo. En ese sentido llamamos a la cautela.