En la Serranía no brilla el oro

La empresa surafricana Anglo Gold Ashanti no sólo buscó oro en el Tolima. Antes de hallar a finales del año uno de los yacimientos más grandes del mundo en Cajamarca, solicitó siete millones de hectáreas en todo el país, incluida una zona en la Serranía de San Lucas, que ha sido tema de revuelo entre los pequeños mineros de la región y causante de tensiones sociales en la zona desde que se inició el proceso de exploración en 2004.

La Serranía de San Lucas fue hasta los años 90 un codiciado trofeo territorial del Eln. Y desde 1997, con devastadora entrada, las autodefensas convirtieron la Serranía en un verdadero camposanto. Pero después de tres años de hostilidades en la zona, una solicitud de exploración de cerca de un millón cien mil hectáreas por parte de la empresa Kedahda S.A, filial de la Anglo Gold Ashanti, volvió a alarmar a las organizaciones mineras que habitan el territorio.

En el municipio de Santa Rosa, donde se concentra la mayor parte de las minas, la Federación Agrominera del Sur del Bolívar (Fedeagromisbol) tomó la vocería contra la multinacional. Lleva más de una década buscando obtener los títulos de esas minas, que sus miembros han explotado por años de manera ilegal bajo una legislación que siempre fue precaria e hizo preponderante la minería de hecho. Por eso el proyecto de la multinacional causó desconcierto desde el primer día.

Pero la Anglo Gold Ashanti, segunda más grande en explotación aurífera del mundo, ya sabe cómo proceder en estos casos porque ostenta una larga experiencia de exploración en países en conflicto. Aunque, desde abril de 2005, la persigue también una acusación. La organización de derechos humanos Human Rights Watch, en su informe “La maldición del oro”, expresó que a finales de los años 90 la Anglo Gold Ashanti, a cambio de seguridad para las operaciones de la compañía, sostuvo relaciones con el Frente Nacional Integracionista de la República Democrática del Congo, grupo armado acusado de crímenes de lesa humanidad.

Lo cierto es que desde 2006, la empresa Kedahda mantiene diálogos con las comunidades de la Serranía de San Lucas y, aplicando una política de buenos vecinos y amigos, ya emprendió labores de exploración concertada en San Martín de Loba, Barranco de Loba y Río Viejo, y espera seguir haciéndolo en uso de su licencia, sabiendo que se trata de un territorio donde en los últimos años se han cometido 333 ejecuciones extrajudiciales, 80 desapariciones y se han desplazado casi 60.000 personas, como consigna el Banco de Datos del CINEP.

Asesinato y detención

El único obstáculo para el negocio fue Fedeagromisbol. El propio vicepresidente de la multinacional, Rafael Alfonso, reconoció que, después de tres reuniones llevadas a cabo en Bogotá, sus miembros fueron los únicos que públicamente expresaron desacuerdo en realizar negocios con la empresa.

“Nos decían que sí en las reuniones, y luego salían a enviar correos electrónicos con denuncias”, aseveró el vicepresidente de la Anglo. Entre los que más protestaron estaban Teófilo Acuña y Alejandro Uribe.

El primero, un curtido minero que por muchos años ha trabajado en la región, y el segundo, un líder cesarense que llegó a finales de los años 90. Ellos no sólo se opusieron radicalmente a los proyectos de la multinacional sino que además denunciaron que miembros del Batallón Nueva Granada estaban realizando retenes y bloqueos en las vías conducentes a las minas, donde exhortaban a los pobladores a permitir la entrada de la Anglo Gold a la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar.

El 20 de septiembre de 2006 , el cadáver de Alejandro Uribe fue presentado ante los medios de comunicación por el Batallón Antiaéreo Nueva Granada como guerrillero del Eln, muerto en combate. En un informe de inteligencia conocido por El Espectador, Alejandro Uribe figura en efecto como activo miembro de esta organización. Y añade el informe: “Para el mes de marzo de 2006, Alejandro Uribe (alias ‘Andrés’) se dirigió a los asistentes en una reunión para impedir la entrada de las multinacionales Anglo Gold, Ashanti y Kedahda”.

La muerte de Uribe causó indignación entre la comunidad. La Diócesis de Magangué, con monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna a la cabeza, y la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, denunciaron la muerte del líder, sumándola en respectivos reportes “a una preocupante cadena de atentados, bloqueos, amenazas y asesinatos que, según versiones de los habitantes de la zona, lamentablemente están siendo cometidos por miembros del Batallón Nueva Granada”.

Meses después, el presidente de Fedeagromisbol, Teófilo Acuña, una persona que según monseñor Gómez Serna “ha trabajado por el bien de la comunidad y que no está involucrado con actores armados”, fue capturado por el Ejército con cargo de sedición. A los poco días fue liberado.

Un reporte de inteligencia señala a Acuña también como guerrillero del Eln, con el alias de ‘Téofilo’, y se dice que en una reunión en la vereda de Buena Seña, “le manifestó a la comunidad que no se podía permitir la entrada de la multinacional Kedahda”.

¿Por qué aparecían las reuniones de protesta contra la Anglo Gold en los informes de inteligencia del Batallón Nueva Granada?

Para los líderes de la zona, no cabe duda que existió alguna conexión entre la Anglo Gold y la Fuerza Pública. Para Rafael Alfonso, vicepresidente de Anglo Gold Ashanti Colombia, lo sucedido no es más que un misterio sin respuesta. Carolina Rueda, directora de desarrollo social de Anglo Gold Ashanti Colombia, niega cualquier imputación.

“El Estado tiene un programa con el Ejército en la Serranía de San Lucas totalmente ajeno a los intereses de la compañía. No hemos firmado convenios para que el Ejército haga trabajos de avanzada en la parte alta de la Serranía ”, agrega.

Rueda, sin embargo, reconoce que por estrategia del negocio, la solicitud de áreas sumó en 2004 un millón cien mil hectáreas. A finales de 2007, la Anglo Gold ya ha firmado contratos de exploración de 37.166 hectáreas y ha recibido respuesta de libertad de área (donde no hay conflicto de propiedad), en 643.938 hectáreas más.

Buen vecino y retiro

El vicepresidente de la compañía, Rafael Alfonso, insiste en que “procedemos con una política de buenos vecinos, socializando con la comunidad, cediéndoles los títulos de propiedad existentes y elaborando proyectos de desarrollo”. Y resalta el proyecto desplegado por la empresa en Quinchía (Risaralda), recientemente nominado al Premio Nacional de Paz, donde la Anglo Gold actúa como ‘socio estratégico’. El mismo tipo de programas, resalta, se espera realizar en la Serranía de San Lucas

Pero ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con los mineros representados por Fedeagromisbol en el municipio de Santa Rosa, la multinacional decidió retirarse de la zona. Ese fue el anuncio de su vicepresidente a El Espectador, días antes de que la multinacional anunciara el hallazgo del enorme yacimiento aurífero en Cajamarca (Tolima).

Según la empresa, la Anglo Gold ya cedió la totalidad de áreas que circundaban la zona de San Pedro Frío (ver mapa) y sólo va a mantener las solicitudes de exploración en 172 mil hectáreas de la Serranía de San Lucas.

PROBLEMA AMBIENTAL

Sin que se aclare aún lo sucedido en los últimos años en las relaciones entre la Anglo Gold y la organización Fedeagromisbol, un debate adicional ha convocado el interés de los mineros de la Serranía de San Lucas: el impacto ambiental en los trabajos de minería.

Según Ingeominas y la Anglo Gold Ashanti, precisamente la clave para negociar con las comunidades radica en los limitados márgenes de eficiencia y sostenibilidad ambiental que puede aportar la pequeña minería.

El criterio de la empresa multinacional, la minería artesanal no logra explotar adecuadamente el potencial aurífero de una zona y, en cambio, produce residuos sólidos que contaminan las fuentes hídricas y es responsable de parte de la deforestación de los bosques.

En contraste, Teófilo Acuña sostiene que precisamente la necesidad de establecer límites a la exploración contribuye a minimizar el daño ambiental. Por eso se necesita el monitoreo adecuado de las comunidades.

Y agrega Acuña que por eso, desde 1998, el gobierno Pastrana acordó con Fedeagromisbol la realización de diez Zonas de Integración Minera, para que fueran administradas por el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con una inversión de un millón de dólares en estudios y equipos adecuados de explotación aurífera. “Pero pasaron los años, y aunque llegó la maquinaria y los ingenieros hicieron análisis, los proyectos nunca se pusieron en marcha”, dice Acuña.

“El proyecto no se llevó a cabo porque no se compraron unas mangueras que valían 50 millones de pesos”, reconoce Carolina Rueda, gerente de Desarrollo Social y Comunicaciones de la Anglo Gold , quien antes hizo parte de la misión del PNUD junto a Rafael Alfonso, quien hoy oficia como vicepresidente de la multinacional. Y así argumentan su doble presencia en los proyectos de la zona: “En el campo de la minería somos pocos los conocedores. Por eso terminamos involucrados en todos los proyectos”.

El Código de Minas dio un plazo de tres años para que los pequeños mineros legalizaran sus minas en el Registro Minero Nacional, pero tal como lo reconoció el Plan de Desarrollo Minero, “la promoción y divulgación de la normatividad fue deficiente” y condujo a que a muchos pequeños mineros se les venciera el plazo de legalización de sus tierras. Justo en ese momento, Kedahda entabló su solicitud. Por eso los mineros argumentan que existe una tenaza militar y jurídica para sacarlos de las minas.

Hoy no cabe duda que tras el hallazgo de oro en las minas de Cajamarca, Kedahda concentrará su esfuerzos en esa zona. La Serranía de San Lucas pasó a un segundo plano con un argumento adicional que hace algunos meses no tuvo la misma importancia: en la actualidad, en lo profundo de la Serranía de San Lucas, como en tiempos no muy remotos, se sigue librando una lucha sanguinaria entre los carteles de la droga, las Farc, el Eln, las Águilas Negras y el Ejército Nacional.

Los mineros de Fedeagromisbol siguen esperanzados en que al menos se esclarezcan las circunstancias en que perdió la vida su líder Alejandro Uribe. Ellos saben que la Serranía de San Lucas es una de las zonas con mayor potencial aurífero del país y entienden que tarde o temprano habrá negocio en la zona. La Anglo dice que sólo va a hacerlo “cuando los mineros de Fedeagromisbol estén dispuestos”. Hoy parece poco factible que el oro vuelva a brillar en un proceso que ha dejado más dudas y conjeturas que buenas vetas.

La empresa surafricana Anglo Gold Ashanti no sólo buscó oro en el Tolima. Antes de hallar a finales del año uno de los yacimientos más grandes del mundo en Cajamarca, solicitó siete millones de hectáreas en todo el país, incluida una zona en la Serranía de San Lucas, que ha sido tema de revuelo entre los pequeños mineros de la región y causante de tensiones sociales en la zona desde que se inició el proceso de exploración en 2004.

La Serranía de San Lucas fue hasta los años 90 un codiciado trofeo territorial del Eln. Y desde 1997, con devastadora entrada, las autodefensas convirtieron la Serranía en un verdadero camposanto. Pero después de tres años de hostilidades en la zona, una solicitud de exploración de cerca de un millón cien mil hectáreas por parte de la empresa Kedahda S.A, filial de la Anglo Gold Ashanti, volvió a alarmar a las organizaciones mineras que habitan el territorio.

En el municipio de Santa Rosa, donde se concentra la mayor parte de las minas, la Federación Agrominera del Sur del Bolívar (Fedeagromisbol) tomó la vocería contra la multinacional. Lleva más de una década buscando obtener los títulos de esas minas, que sus miembros han explotado por años de manera ilegal bajo una legislación que siempre fue precaria e hizo preponderante la minería de hecho. Por eso el proyecto de la multinacional causó desconcierto desde el primer día.

Pero la Anglo Gold Ashanti, segunda más grande en explotación aurífera del mundo, ya sabe cómo proceder en estos casos porque ostenta una larga experiencia de exploración en países en conflicto. Aunque, desde abril de 2005, la persigue también una acusación. La organización de derechos humanos Human Rights Watch, en su informe “La maldición del oro”, expresó que a finales de los años 90 la Anglo Gold Ashanti, a cambio de seguridad para las operaciones de la compañía, sostuvo relaciones con el Frente Nacional Integracionista de la República Democrática del Congo, grupo armado acusado de crímenes de lesa humanidad.

Lo cierto es que desde 2006, la empresa Kedahda mantiene diálogos con las comunidades de la Serranía de San Lucas y, aplicando una política de buenos vecinos y amigos, ya emprendió labores de exploración concertada en San Martín de Loba, Barranco de Loba y Río Viejo, y espera seguir haciéndolo en uso de su licencia, sabiendo que se trata de un territorio donde en los últimos años se han cometido 333 ejecuciones extrajudiciales, 80 desapariciones y se han desplazado casi 60.000 personas, como consigna el Banco de Datos del CINEP.

Asesinato y detención

El único obstáculo para el negocio fue Fedeagromisbol. El propio vicepresidente de la multinacional, Rafael Alfonso, reconoció que, después de tres reuniones llevadas a cabo en Bogotá, sus miembros fueron los únicos que públicamente expresaron desacuerdo en realizar negocios con la empresa.

“Nos decían que sí en las reuniones, y luego salían a enviar correos electrónicos con denuncias”, aseveró el vicepresidente de la Anglo. Entre los que más protestaron estaban Teófilo Acuña y Alejandro Uribe.

El primero, un curtido minero que por muchos años ha trabajado en la región, y el segundo, un líder cesarense que llegó a finales de los años 90. Ellos no sólo se opusieron radicalmente a los proyectos de la multinacional sino que además denunciaron que miembros del Batallón Nueva Granada estaban realizando retenes y bloqueos en las vías conducentes a las minas, donde exhortaban a los pobladores a permitir la entrada de la Anglo Gold a la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar.

El 20 de septiembre de 2006 , el cadáver de Alejandro Uribe fue presentado ante los medios de comunicación por el Batallón Antiaéreo Nueva Granada como guerrillero del Eln, muerto en combate. En un informe de inteligencia conocido por El Espectador, Alejandro Uribe figura en efecto como activo miembro de esta organización. Y añade el informe: “Para el mes de marzo de 2006, Alejandro Uribe (alias ‘Andrés’) se dirigió a los asistentes en una reunión para impedir la entrada de las multinacionales Anglo Gold, Ashanti y Kedahda”.

La muerte de Uribe causó indignación entre la comunidad. La Diócesis de Magangué, con monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna a la cabeza, y la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, denunciaron la muerte del líder, sumándola en respectivos reportes “a una preocupante cadena de atentados, bloqueos, amenazas y asesinatos que, según versiones de los habitantes de la zona, lamentablemente están siendo cometidos por miembros del Batallón Nueva Granada”.

Meses después, el presidente de Fedeagromisbol, Teófilo Acuña, una persona que según monseñor Gómez Serna “ha trabajado por el bien de la comunidad y que no está involucrado con actores armados”, fue capturado por el Ejército con cargo de sedición. A los poco días fue liberado.

Un reporte de inteligencia señala a Acuña también como guerrillero del Eln, con el alias de ‘Téofilo’, y se dice que en una reunión en la vereda de Buena Seña, “le manifestó a la comunidad que no se podía permitir la entrada de la multinacional Kedahda”.

¿Por qué aparecían las reuniones de protesta contra la Anglo Gold en los informes de inteligencia del Batallón Nueva Granada?

Para los líderes de la zona, no cabe duda que existió alguna conexión entre la Anglo Gold y la Fuerza Pública. Para Rafael Alfonso, vicepresidente de Anglo Gold Ashanti Colombia, lo sucedido no es más que un misterio sin respuesta. Carolina Rueda, directora de desarrollo social de Anglo Gold Ashanti Colombia, niega cualquier imputación.

“El Estado tiene un programa con el Ejército en la Serranía de San Lucas totalmente ajeno a los intereses de la compañía. No hemos firmado convenios para que el Ejército haga trabajos de avanzada en la parte alta de la Serranía ”, agrega.

Rueda, sin embargo, reconoce que por estrategia del negocio, la solicitud de áreas sumó en 2004 un millón cien mil hectáreas. A finales de 2007, la Anglo Gold ya ha firmado contratos de exploración de 37.166 hectáreas y ha recibido respuesta de libertad de área (donde no hay conflicto de propiedad), en 643.938 hectáreas más.

Buen vecino y retiro

El vicepresidente de la compañía, Rafael Alfonso, insiste en que “procedemos con una política de buenos vecinos, socializando con la comunidad, cediéndoles los títulos de propiedad existentes y elaborando proyectos de desarrollo”. Y resalta el proyecto desplegado por la empresa en Quinchía (Risaralda), recientemente nominado al Premio Nacional de Paz, donde la Anglo Gold actúa como ‘socio estratégico’. El mismo tipo de programas, resalta, se espera realizar en la Serranía de San Lucas

Pero ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con los mineros representados por Fedeagromisbol en el municipio de Santa Rosa, la multinacional decidió retirarse de la zona. Ese fue el anuncio de su vicepresidente a El Espectador, días antes de que la multinacional anunciara el hallazgo del enorme yacimiento aurífero en Cajamarca (Tolima).

Según la empresa, la Anglo Gold ya cedió la totalidad de áreas que circundaban la zona de San Pedro Frío (ver mapa) y sólo va a mantener las solicitudes de exploración en 172 mil hectáreas de la Serranía de San Lucas.

PROBLEMA AMBIENTAL

Sin que se aclare aún lo sucedido en los últimos años en las relaciones entre la Anglo Gold y la organización Fedeagromisbol, un debate adicional ha convocado el interés de los mineros de la Serranía de San Lucas: el impacto ambiental en los trabajos de minería.

Según Ingeominas y la Anglo Gold Ashanti, precisamente la clave para negociar con las comunidades radica en los limitados márgenes de eficiencia y sostenibilidad ambiental que puede aportar la pequeña minería.

El criterio de la empresa multinacional, la minería artesanal no logra explotar adecuadamente el potencial aurífero de una zona y, en cambio, produce residuos sólidos que contaminan las fuentes hídricas y es responsable de parte de la deforestación de los bosques.

En contraste, Teófilo Acuña sostiene que precisamente la necesidad de establecer límites a la exploración contribuye a minimizar el daño ambiental. Por eso se necesita el monitoreo adecuado de las comunidades.

Y agrega Acuña que por eso, desde 1998, el gobierno Pastrana acordó con Fedeagromisbol la realización de diez Zonas de Integración Minera, para que fueran administradas por el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con una inversión de un millón de dólares en estudios y equipos adecuados de explotación aurífera. “Pero pasaron los años, y aunque llegó la maquinaria y los ingenieros hicieron análisis, los proyectos nunca se pusieron en marcha”, dice Acuña.

“El proyecto no se llevó a cabo porque no se compraron unas mangueras que valían 50 millones de pesos”, reconoce Carolina Rueda, gerente de Desarrollo Social y Comunicaciones de la Anglo Gold , quien antes hizo parte de la misión del PNUD junto a Rafael Alfonso, quien hoy oficia como vicepresidente de la multinacional. Y así argumentan su doble presencia en los proyectos de la zona: “En el campo de la minería somos pocos los conocedores. Por eso terminamos involucrados en todos los proyectos”.

El Código de Minas dio un plazo de tres años para que los pequeños mineros legalizaran sus minas en el Registro Minero Nacional, pero tal como lo reconoció el Plan de Desarrollo Minero, “la promoción y divulgación de la normatividad fue deficiente” y condujo a que a muchos pequeños mineros se les venciera el plazo de legalización de sus tierras. Justo en ese momento, Kedahda entabló su solicitud. Por eso los mineros argumentan que existe una tenaza militar y jurídica para sacarlos de las minas.

Hoy no cabe duda que tras el hallazgo de oro en las minas de Cajamarca, Kedahda concentrará su esfuerzos en esa zona. La Serranía de San Lucas pasó a un segundo plano con un argumento adicional que hace algunos meses no tuvo la misma importancia: en la actualidad, en lo profundo de la Serranía de San Lucas, como en tiempos no muy remotos, se sigue librando una lucha sanguinaria entre los carteles de la droga, las Farc, el Eln, las Águilas Negras y el Ejército Nacional.

Los mineros de Fedeagromisbol siguen esperanzados en que al menos se esclarezcan las circunstancias en que perdió la vida su líder Alejandro Uribe. Ellos saben que la Serranía de San Lucas es una de las zonas con mayor potencial aurífero del país y entienden que tarde o temprano habrá negocio en la zona. La Anglo dice que sólo va a hacerlo “cuando los mineros de Fedeagromisbol estén dispuestos”. Hoy parece poco factible que el oro vuelva a brillar en un proceso que ha dejado más dudas y conjeturas que buenas vetas.