En medio de polémica, gobierno amplía plazo de licitación para rescate del galeón San José

Este martes 24 de abril era la fecha pública fijada para el cierre de la licitación previa a la adjudicación del contrato de exploración y rescate del galeón San José, hallado según el gobierno nacional a finales de 2015. Sin embargo, a través del Ministerio de Cultura se informó que el plazo fue ampliado hasta el 25 de mayo próximo debido a la “solicitud de un tercero interesado”, que hoy fue identificado como la empresa Géminis Consultores SAS, según declaró el vocero Henry Contreras a la emisora La W.

Según una fuente oficial consultada por El Espectador, la decisión se tomó para dar oportunidad a que esta firma privada tenga la oportunidad de competirle a Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG (MACS), la única que hasta la fecha figuraba como aspirante puesto que viene trabajando con el gobierno desde que se inició la búsqueda del llamado “santo grial de los galeones”. (El galeón es de los colombianos: Consejo de Estado).

Esto ocurre dentro del proceso de Asociación Público Privada que escogió el gobierno para definir el destino final de la famosa nave de bandera española hundida por piratas ingleses el 8 de junio de 1708 a sólo 12 millas de Cartagena, en inmediaciones de las Islas del Rosario, y sobre cuya carga se han tejido todo tipo de especulaciones debido a que era uno de los últimos tesoros que la Corona española se llevaba para Europa en la época decadencia de la Colonia, avaluado hasta en diez mil millones de dólares.

Mientras la fuente gubernamental dice que se trata de una actitud que “demuestra el afán de transparencia del proceso”, la APP ha generado una polémica internacional entre las empresas exploradoras del lecho marino que consideran que no tiene sentido participar en un concurso que de antemano le da todas las ventajas al llamado originador, en este caso MACS. (Diez preguntas sobre el galeón).

El diario español ABC, que ha venido siguiendo el proceso, insistió en ese punto de vista ayer y reveló una investigación en la que asegura que “los despojos del galeón San José serán objeto de reparto con los cazatesoros y después su huella desaparecerá en un entramado de empresas que conduce a un paraíso fiscal bajo dominio británico como son las Islas Caimán”. (Artículo de ABC).

Y publicó documentos de registro que muestran que la “matriz suiza de la empresa procede de otra compañía inglesa del mismo nombre, Maritime Archaeology Consultants Limited, fundada en noviembre de 2013 y que desde abril de 2016 está controlada desde las Islas Caimán, a donde se transfirió la mayor parte de las acciones con esa fecha con destino a una empresa situada en ese paraíso fiscal, llamada Trans-Siberian Limited, tras la que el rastro desaparece”.

ABC aseguró que a pesar de las reiteradas declaraciones del presidente Jun Manuel Sanrtos en el sentido de que el único interés frente al galeón es científico y pensando en el benefocio de los colombianos, por el conocimiento histórico que se derivará de entender qué era y qué paso realmente con el San José, lo que hay detrás es un contrato amañado.

El investigador de ese periódico, Jesús García Calero, plantea como evidencia que todo se concretó “en enero de 2015 -once meses antes del anuncio del hallazgo del galeón, lo cual demuestra que los planes de Santos no fueron fortuitos-. Ese mes hay dos cambios: se incorpora como co-director Ross Hyett y se presenta, ese mismo mes, al Gobierno colombiano la propuesta de excavación”. Concluye que la APP no es más que “un proyecto de reparto del galeón diseñado por una empresa privada británica bajo secreto de Estado y con supervisión del Gobierno, que acaba en una contratación millonaria por valor de casi 70 millones de euros”. 

La publicación denuncia que MACS no tiene ni la suficiente experiencia, ni la tecnología ni el respaldo económico para responder por un proyecto como este: “Los datos económicos de la empresa elegida por Santos, Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG (MACS), dirigida por el inversor Ross Hyett, indican claramente que carece de la experiencia, capacidad financiera y técnica para emprender un proyecto semejante, y que lo que hay detrás es un entramado en el que la parte visible es la compañía a la que el Gobierno colombiano ha llamado ‘originadora’. Una vez firmado el contrato, en las próximas semanas, será la titular de la excavación comercial de uno de los más importantes yacimientos de la historia”. Esto a través de Robert E. Dooley, “que ha tenido participación y responsabilidades en compañías de cazatesoros como Visa Gold y Carisub”.

El gobierno colombiano, a través del Ministerio de Cultura, ha contactado a los medios de comunicación colombianos, incluido este diario, para explicar que ha cumplido con todos los requerimientos de la ley en materia de APP. Aún así, el proceso licitatorio ha sido cuestionado desde hace meses por expertos de universidades como la Nacional de Colombia, a través del profesor Antonio José Rengifo, que interpuso una Acción Popular que llegó hasta el Consejo de Estado, tribunal que ratificó lo dicho por las Cortes Suprema y Constitucional en el sentido de que el patrimonio cultural sumergido es de la Nación y de los colombianos y la prioridad debe ser su conservación antes que su comercialización como tesoro, que es lo que pretenden las firmas interesadas en el San José. (La posición del profesor Juan Guillermo Martín).

No hay que olvidar que paralelo a este discusión, la firma estadounidense Sea Search Armada mantiene demandas contra el Estado colombiano, escudada en un fallo favorable de la Corte Suprema colombiana de 2007 en el que le reconoció derechos sobre la mitad de lo que se considere tesoro de ese galeón. El gobierno asegura que esa decisión no lo obliga porque el descubrimiento se hizo en un lugar distinto al denunciado por SSA. Una fuente de esta firma asegura que el aplazamiento de la licitación “es para simular una competencia que no existe” y que de todas maneras el contrato será adjudicado antes del 7 de agosto, “por aquello de las comisiones”.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, ha asegurado que está al tanto del proceso para garantizar que se cumpla la ley. (Petición a Procuraduría).

Este martes 24 de abril era la fecha pública fijada para el cierre de la licitación previa a la adjudicación del contrato de exploración y rescate del galeón San José, hallado según el gobierno nacional a finales de 2015. Sin embargo, a través del Ministerio de Cultura se informó que el plazo fue ampliado hasta el 25 de mayo próximo debido a la “solicitud de un tercero interesado”, que hoy fue identificado como la empresa Géminis Consultores SAS, según declaró el vocero Henry Contreras a la emisora La W.

Según una fuente oficial consultada por El Espectador, la decisión se tomó para dar oportunidad a que esta firma privada tenga la oportunidad de competirle a Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG (MACS), la única que hasta la fecha figuraba como aspirante puesto que viene trabajando con el gobierno desde que se inició la búsqueda del llamado “santo grial de los galeones”. (El galeón es de los colombianos: Consejo de Estado).

Esto ocurre dentro del proceso de Asociación Público Privada que escogió el gobierno para definir el destino final de la famosa nave de bandera española hundida por piratas ingleses el 8 de junio de 1708 a sólo 12 millas de Cartagena, en inmediaciones de las Islas del Rosario, y sobre cuya carga se han tejido todo tipo de especulaciones debido a que era uno de los últimos tesoros que la Corona española se llevaba para Europa en la época decadencia de la Colonia, avaluado hasta en diez mil millones de dólares.

Mientras la fuente gubernamental dice que se trata de una actitud que “demuestra el afán de transparencia del proceso”, la APP ha generado una polémica internacional entre las empresas exploradoras del lecho marino que consideran que no tiene sentido participar en un concurso que de antemano le da todas las ventajas al llamado originador, en este caso MACS. (Diez preguntas sobre el galeón).

El diario español ABC, que ha venido siguiendo el proceso, insistió en ese punto de vista ayer y reveló una investigación en la que asegura que “los despojos del galeón San José serán objeto de reparto con los cazatesoros y después su huella desaparecerá en un entramado de empresas que conduce a un paraíso fiscal bajo dominio británico como son las Islas Caimán”. (Artículo de ABC).

Y publicó documentos de registro que muestran que la “matriz suiza de la empresa procede de otra compañía inglesa del mismo nombre, Maritime Archaeology Consultants Limited, fundada en noviembre de 2013 y que desde abril de 2016 está controlada desde las Islas Caimán, a donde se transfirió la mayor parte de las acciones con esa fecha con destino a una empresa situada en ese paraíso fiscal, llamada Trans-Siberian Limited, tras la que el rastro desaparece”.

ABC aseguró que a pesar de las reiteradas declaraciones del presidente Jun Manuel Sanrtos en el sentido de que el único interés frente al galeón es científico y pensando en el benefocio de los colombianos, por el conocimiento histórico que se derivará de entender qué era y qué paso realmente con el San José, lo que hay detrás es un contrato amañado.

El investigador de ese periódico, Jesús García Calero, plantea como evidencia que todo se concretó “en enero de 2015 -once meses antes del anuncio del hallazgo del galeón, lo cual demuestra que los planes de Santos no fueron fortuitos-. Ese mes hay dos cambios: se incorpora como co-director Ross Hyett y se presenta, ese mismo mes, al Gobierno colombiano la propuesta de excavación”. Concluye que la APP no es más que “un proyecto de reparto del galeón diseñado por una empresa privada británica bajo secreto de Estado y con supervisión del Gobierno, que acaba en una contratación millonaria por valor de casi 70 millones de euros”. 

La publicación denuncia que MACS no tiene ni la suficiente experiencia, ni la tecnología ni el respaldo económico para responder por un proyecto como este: “Los datos económicos de la empresa elegida por Santos, Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG (MACS), dirigida por el inversor Ross Hyett, indican claramente que carece de la experiencia, capacidad financiera y técnica para emprender un proyecto semejante, y que lo que hay detrás es un entramado en el que la parte visible es la compañía a la que el Gobierno colombiano ha llamado ‘originadora’. Una vez firmado el contrato, en las próximas semanas, será la titular de la excavación comercial de uno de los más importantes yacimientos de la historia”. Esto a través de Robert E. Dooley, “que ha tenido participación y responsabilidades en compañías de cazatesoros como Visa Gold y Carisub”.

El gobierno colombiano, a través del Ministerio de Cultura, ha contactado a los medios de comunicación colombianos, incluido este diario, para explicar que ha cumplido con todos los requerimientos de la ley en materia de APP. Aún así, el proceso licitatorio ha sido cuestionado desde hace meses por expertos de universidades como la Nacional de Colombia, a través del profesor Antonio José Rengifo, que interpuso una Acción Popular que llegó hasta el Consejo de Estado, tribunal que ratificó lo dicho por las Cortes Suprema y Constitucional en el sentido de que el patrimonio cultural sumergido es de la Nación y de los colombianos y la prioridad debe ser su conservación antes que su comercialización como tesoro, que es lo que pretenden las firmas interesadas en el San José. (La posición del profesor Juan Guillermo Martín).

No hay que olvidar que paralelo a este discusión, la firma estadounidense Sea Search Armada mantiene demandas contra el Estado colombiano, escudada en un fallo favorable de la Corte Suprema colombiana de 2007 en el que le reconoció derechos sobre la mitad de lo que se considere tesoro de ese galeón. El gobierno asegura que esa decisión no lo obliga porque el descubrimiento se hizo en un lugar distinto al denunciado por SSA. Una fuente de esta firma asegura que el aplazamiento de la licitación “es para simular una competencia que no existe” y que de todas maneras el contrato será adjudicado antes del 7 de agosto, “por aquello de las comisiones”.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, ha asegurado que está al tanto del proceso para garantizar que se cumpla la ley. (Petición a Procuraduría).