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Un documento de más de 40 páginas de la ONG Ambiente y Sociedad y en el que trabajaron varios investigadores que indagaron sobre los fondos climáticos disponibles para atender la mitigación y adaptación del cambio climático en el país con foco en la Amazonía trae varios hallazgos interesantes, por ejemplo, advierten que “el análisis llevado a cabo en este documento nos permite afirmar que la mayor parte de los recursos proviene de unos pocos fondos canalizados por el Estado, incluyendo algunos de gran tamaño que provienen de gobiernos extranjeros”, así que, recomiendan “si se busca mejorar las estructuras de funcionamiento de los fondos, sus mecanismos de distribución territorial, la difusión de la información acerca de cómo acceder a sus recursos, y los mecanismos de monitoreo y evaluación de su uso, tiene sentido concentrar los esfuerzos en mejorar la transparencia presupuestal del Estado colombiano”.
En términos generales, detalla el documento escrito por Luis Carlos Reyes, Isabella Dishington Leal, Andrés Franco y Carolina Correal de la firma Capital y trabajo, se recomienda trabajar en el mejoramiento en el acceso a la información para que cualquier ciudadano de pueda no solo conocer los proyectos disponibles sino hacerle seguimiento a los que están en ejecución y, como actor de la sociedad civil, ejercer veeduría. También hacen especial énfasis en un asunto que tiene que ver con la centralidad de la información: “Vale la pena tener en cuenta que la opacidad del gasto público no es exclusiva del manejo de los recursos destinados al sector ambiental, y que tiene varias causas. Una de ellas es que la misma contabilidad del Estado no está orientada a programas, lo cual dificulta hacerles seguimiento incluso en los raros casos en los que se cuenta con toda la información disponible”.
Y agregan: “Si bien, cuando los fondos se canalizan a través del Estado colombiano, los contratos deben registrarse en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y se puede acceder a ellos si se conoce el contrato que se está buscando, la información acerca de qué contratos están relacionados con cada fondo ambiental o con cada objetivo de política pública no está disponible de manera centralizada ni es de fácil acceso. Y, como es natural, cuando los fondos son manejados directamente por donantes (p.ej., USAID) y no por el Estado, cada donante lleva sus propios registros según sus propias normas, y los desgloses en cuestión no están centralizados”.
Por eso, durante la presentación de la investigación hecha en una transmisión en directo entre El Espectador y Ambiente y Sociedad, una de sus autoras explicó varios de los puntos expuestos, empezando incluso con información de contexto: “Los fondos son los recursos con los que contamos para financiar todos estos proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. En Colombia tenemos varias fuentes: entidades públicas a través del presupuesto general de la Nación, que entre 2012 y 2020 se movieron 5.7 billones de pesos; también tenemos fondos privados, que es cuando empresas o particulares donan recursos y, por último, el financiamiento público pero internacional, y eso puede darse a través de acuerdos de cooperación, préstamos o donaciones. En esta última tenemos muy fuerte a Noruega, Alemania y Reino Unido, esos países, juntos, crearon algo que se llama la Declaración Conjunta de Intenciones, también hacen donaciones directas desde agencias del gobierno y canalizan casi el 80% de todos los recursos internacionales que nos llegan para el cambio climático”, contó Carolina Correal, investigadora cualitativa de Capital y Trabajo.
¿Y por qué la necesidad de monitorear estos fondos? Aunque la pregunta parece obvia, en un país donde la corrupción es uno de los problemas estructurales, para Margarita Flórez, directora de la ONG Ambiente y Sociedad, la respuesta es muy clara: “Estos fondos, cuando vienen de gobiernos como es el caso de Noruega, muchos provienen de los impuestos de sus ciudadanos y nos parece que debe haber la mayor transparencia e información posible para que los ciudadanos de esos países que nos cooperan sepan en qué se invierten esos impuestos que ellos destinan, en este caso a la defensa de la Amazonía. Entonces la pregunta es muy simple: ¿Dónde están esos fondos?, ¿Están en un sistema de monitoreo, reporte y verificación?, ¿Qué tan legible es ese sistema para cualquier persona?, ¿Cómo llega la gente a esas convocatorias, es fácil o no es fácil llegar? Y basados en nuestra experiencia y de la gente que con la que trabajamos en el piedemonte amazónico, en Caquetá y Putumayo, dijimos: vamos a indagar qué pasa con los fondos climáticos, qué pasa con el cumplimiento de la NDC y la inversión que se haga, etc”.
En la investigación también se lee que “el derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, la realidad es que el Estado –y, concretamente, el Ministerio de Hacienda– incumple de manera rutinaria y sistemática con esta obligación”.
Así que le preguntamos a una representante de la comunidad internacional cuál es su sentir tras todos estos hallazgos y, más aún, entendiendo que muchos de los recursos se quedan en el camino y no llegan a las comunidades para las que se planeó. “¿A dónde van los fondos que ya están siendo canalizados? Lamentablemente dentro de lo que nosotros encontramos, menos del 1% de los fondos a nivel global llegan a temas en relación con pueblos indígenas a pesar de ellos tener un rol central en la protección, eso se sabe. En Colombia, con datos del gobierno, más del 50% de los bosques están en manos de estas comunidades, sin embargo vemos que menos del 1% a nivel global en términos de financiamiento internacional está llegando en su beneficio”, explica Inés Luna Maira, directora de programas Rainforest Fundation Noruega.
“Ahora, directamente hacia ellos, es aún menor, estamos hablando que apenas el 17% de los recursos que nosotros hemos monitoreado a nivel global llegan directamente a las organizaciones. Esto es importante, tener los datos, porque muchas veces estamos llenos de prejuicios y asumimos cosas, que los pueblos indígenas están recibiendo toda la plata, por eso creo que hay que usar datos y este tipio de investigaciones para poder tener una discusión basada en lo que sucede realmente. Una de nuestras recomendaciones desde nuestro estudio -se refiere a uno propio hecho por dicha organización- es la necesidad de invertir en capacidades, no solo de las comunidades que eventualmente se puedan beneficiar de estos recursos, en proteger los bosques, los ríos, en donde ellos viven; también de las autoridades. Sabemos que no ha sido una prioridad no solo en Colombia sino en muchos lugares invertir en la presencia del Estado en estas zonas alejadas de los centros urbanos. Todavía queda mucho camino en ese sentido. Y reconocer el rol que tienen las autoridades en ese nivel es muy importante. Frente al tema de la corrupción, esa es nuestra mejor apuesta, invertir en las comunidades que quieran defender sus territorios, pensar otro desarrollo de esos territorios, también pensar en las autoridades de la mano de la sociedad civil y otros actores para que puedan hacer una veeduría, un control y una rendición de cuentas de esos financiamientos. No es fácil, es una tarea a la que hay que ponerle mucha atención, pero ha sido una intención de los programas y un requerimiento de los donantes”.
De acuerdo con el estudio de los fondos climáticos, “para que en Colombia y en especial en la región de la Amazonía haya transparencia en el manejo de los recursos climáticos, se necesita que las entidades tanto nacionales como territoriales, extranjeras y privadas tengan una base de datos única que llenen como requisito nacional sobre los proyectos que implementan. El sistema MRV del Departamento de Planeación Nacional es un buen inicio, pero, como lo sostienen los mismos funcionarios encargados de mantenerlo, es importante que se amplíe su cubrimiento. Sería valioso en particular que este cubrimiento incluyera los fondos destinados a las pequeñas reservas. Si bien estas no son importantes en términos de magnitud, parecen contar con la confianza de las comunidades locales, y pueden ser valiosas a la hora de articular los grandes compromisos internacionales con las realidades del territorio”.
Ya, en la práctica, José Yunis Mebarak, coordinador general del Programa REM Colombia - Visión Amazonía, contó cómo funciona, en su caso, el seguimiento a los recursos. “En nuestro caso el gobierno colombiano duró negociando unos tres o cuatro años con Alemania, Noruega e Inglaterra, y voy a explicar cómo lo hacemos: no es que los donantes digan qué es lo que hay que hacer. Colombia dijo, Visión Amazonía: ¿Qué es lo que se quería llegar a hacer? Y eso es llegar a un modelo forestal, entonces habló de cinco acciones por hacer, como conocimiento forestal, bosque, no no tengo educación ambiental, control y vigilancia, no tengo las herramientas, tengo que fortalecerlo, y sobre eso puso un porcentaje: un 15%. Otro pilar fue que tengo que ajustar las políticas sobre la Amazonía, el transporte, como lo hagamos vamos a generar mayor deforestación o menos deforestación, no es lo mismo comunicarse por carretera que por aire, todas tienen impacto distinto, tengo que tener una aproximación hacia la región, ahí va 6% del programa Visión Amazonía. Tengo que tener un desarrollo agroambiental, reconversión ganadera, cultivo de cacao, aumentar maderables y no maderables, ahí hay un 38%, que le tiene que llegar a la gente, entonces hay una distribución de beneficios. Tengo una de comunidades indígenas muy importantes, 22%, específicamente para indígenas y a la final tengo que tener un sistema de monitoreo, bosques y carbono que nos dice cuánto, cuándo y dónde se está deforestando y ahí se pone un 15%, a parte de los costos administrativos, financieros, y el inventario forestal nacional”.
Yunis explicó, durante la transmisión, que “nosotros tenemos un marco conceptual con distribución de beneficios y que se tiene que reportar a Alemania, a Noruega, a Inglaterra; hay un documento anual que se entrega, está la rendición de cuentas que se hace cada año. Y tenemos cinco auditorias que mandan los donantes aparte de la Contraloría y de los informes que debo entregar y la rendición en el Congreso. El marco conceptual de este programa se ha extendido a otro programa que comenzará próximamente y es el Fondo Verde del Clima, con estas reglas del juego y sobre ella se hace una rendición de cuentas”.
El mensaje, al final, es que no solo el acceso a la información, que debe ser libre, se convierte en un reto evidente para el común de todos los proyectos; que casos de éxito como el de Visión Amazonía son replicables, que la transparencia en la información debería ser una máxima que se cumple y no que se exige, pero sobre todo que los funcionarios del gobierno tengan más herramientas para recopilar la información, centralizarla y visibilizarla de la forma más sencilla posible, incluso asistiendo a conversatorios como este, pues al DNP se le invitó en varias oportunidades pero nunca confirmaron la asistencia. El cambio climático, que ya es crisis climática, está recibiendo cada vez más dinero de cooperación internacional, así que es primordial no solo lograr la transparencia de la información sino la unificación de informes y hasta la presentación de ellos casi que en tiempo real para poder hacer el seguimiento necesario. Una tarea de todos.
*Este texto hace parte de una alianza editorial desarrollada entre Ambiente y Sociedad y El Espectador.
