Exparamilitares daban seguridad a la Drummond

Según la empresa, más que dilemas de seguridad, el lío con el sindicato era por sus ambiciones políticas.

El nombre de la empresa multinacional del carbón Drummond Company constituye para Colombia un referente de facetas opuestas. Desde 1987, representa una operación exitosa en el norte del país, con extracción de millones de toneladas de carbón de alto nivel y comprobadas reservas al menos para los próximos diez años. Pero al mismo tiempo es citada por sus conflictos laborales y porque ha sido señalada de sostener vínculos con el paramilitarismo. Las dos caras de esta compañía y sus dilemas quedaron registrados en los cables diplomáticos liberados por Wikileaks.

El tema es de tal importancia, que de 2006 a 2010 se enviaron desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia al menos 15 reportes sobre la empresa norteamericana Drummond. Cables que en principio, a mediados de 2006, referencian los apremios para concluir con un paro de trabajadores. Por eso, el 14 de junio de 2006, el entonces embajador William Wood informó a Washington que la Drummond estaba frustrada y había suspendido diálogos porque no existía buena fe en las negociaciones por parte de los sindicalistas.

En el cable quedó detallado el interés de la empresa por lograr una intervención del Gobierno, amparada en las leyes colombianas que forzaban a un arbitraje obligatorio cuando se excedieran los días de huelga. Según el reporte, la Drummond era más que generosa. Días después, un nuevo reporte diplomático detalló que, en opinión de la empresa norteamericana, la huelga se estaba capitalizando políticamente porque era la antesala a las elecciones presidenciales. En ese momento se hablaba de pérdidas diarias de $3,5 billones.

En el mismo cable se pormenoriza cuál era el otro motivo de tensión. Según uno de los sindicalistas, cerca de la mina de la Drummond, en La Jagua (Cesar), desarrolla labores la compañía suiza de carbón Glenncore, y esta empresa estaba trayendo personal externo con escoltas militares para reemplazar a los trabajadores en huelga y la preocupación era que en la Drummond se hiciera lo mismo violando las leyes. El presidente en Colombia, Augusto Jiménez, expresó que no quería fomentar una cultura de huelga y sólo volvía a negociar después de las elecciones.

Días más tarde, en un nuevo reporte diplomático, la Embajada de Estados Unidos informó sobre el final de la huelga y que, por separado, tanto Mike Tracy, director de operaciones mineras de la Drummond, como Francisco Ramírez, vocero del sindicato, estaban muy contentos con el acuerdo. Las pérdidas fueron estimadas en US$130 millones. Pasado el conflicto laboral, semanas después, la Embajada volvió a ocuparse del tema Drummond. Esta vez en el mes de agosto para reportar un nuevo hallazgo de 1,7 trillones de pies cúbicos de gas metano en el Cesar.

Las noticias eran muy buenas para la Drummond, pero el cable señaló que esa emoción no era compartida por el Gobierno colombiano y que el entonces ministro Hernán Martínez (antiguo ejecutivo carbonífero de la Exxon), estaba muy molesto porque la Drummond no había presentado datos para probar esas reservas y el Ejecutivo no tenía cómo verificarlo con un tercero y así certificarlo. La empresa Drummond defendió sus actividades manifestando que en 2006 la exportación del mineral ya iba a alcanzar los 22 millones de toneladas.

Ya en octubre de 2006, la Embajada resumió el balance de la industria carbonífera, como resultado de la reunión anual de compañías en Colombia, que se realizó en Santa Marta, donde quedó en evidencia que los nuevos cuellos de botella eran la infraestructura de transporte y la escasez de neumáticos para los camiones que transportaban carbón. Hubo reparos por el problema ambiental que se estaba generando en Santa Marta a raíz del polvillo del carbón, tema que la Embajada sugirió tomar en serio y tratar públicamente dado su potencial para acusaciones de corte político. Y obviamente no faltó el asunto crucial: sus dificultades en materia de seguridad.

En el cable quedó escrito que existían notables mejorías en este ámbito, que la línea férrea desde la mina hasta Santa Marta no había sufrido ningún ataque ese año y que la mejoría era atribuida al incremento de operaciones de seguridad privada que incluían patrullas itinerantes durante el transporte del mineral a lo largo de la línea. A renglón seguido, la Embajada comentó por su cuenta que muchos de esos guardias de seguridad privada eran exparamilitares que ya habían operado en la zona de labores.

Semanas después, ya en enero de 2007, la Embajada volvió a reportar dificultades laborales en la Drummond, y en marzo de 2008 la información tuvo la orientación advertida: el reconocimiento de que los desafíos para la empresa, cuyo contrato finaliza en el año 2021, eran priorizar las exigencias ambientales. En el cable quedó en evidencia que las futuras licencias y legislaciones iban a depender de requerimientos ambientales más fuertes, aunque según sus fuentes, los problemas estaban siendo causados por los productores locales.

En general, a lo largo del cuatrienio 2006-2010 fueron frecuentes los reportes sobre los trabajos desarrollados por la empresa en Colombia, cuya sede principal está en Birmingham, Alabama (Estados Unidos). Y para 2008, ya se advertía que los logros domésticos en seguridad y los términos favorables a la inversión habían causado un crecimiento sin precedentes en las actividades de exploración e inversión del sector minero en Colombia. No sólo carbón, también petróleo, gas natural, oro y hasta uranio. Era el auge de la minería.

Entre el conglomerado de El Cerrejón, la norteamericana Drummond y la compañía suiza Glencore, en 2010, se calculaba una producción de 110 millones de toneladas de carbón. Y en particular, las empresas Drummond y Chevron ofrecieron prometedores campos de gas. El cable dio cuenta de cómo se advertía una notable afluencia de firmas extranjeras a Colombia, muchas de ellas canadienses, en procura de explorar oro y otros minerales en los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Santander y Vaupés. Además, mencionó 26 licencias aprobadas para buscar uranio desde 2007.

Pero súbitamente, a los buenos augurios volvió a atravesarse el tema laboral a principios de 2010. Y es así como en febrero la Embajada reportó a Washington que la Drummond había comenzado el proceso de despedir a la mayoría de los trabajadores sindicalizados que habían promovido una huelga ilegal en 2009. A su vez, el sindicato criticaba las prácticas de seguridad de la empresa y sus antecedentes en esta materia. La huelga había sido precipitada por un accidente en la mina, ante lo cual la compañía se veía conminada a entablar diálogos con el Gobierno para solucionar otra vez los dilemas.

Y para salir al paso a las eternas críticas sobre los métodos de seguridad de la compañía y el diagnóstico de los sindicatos de 15 trabajadores asesinados y 275 afectados en accidentes industriales desde 1996, el presidente de la compañía en Colombia expresó que no despedía asalariados por lesiones o enfermedad, y que sus estadísticas de seguridad industrial eran excelentes, pues sólo se registraban las muertes de 13 trabajadores, diez en las minas y tres en los puertos. Sólo en tres de los casos había sanciones.

El cable concluyó con los comentarios del empresario Augusto Jiménez, manifestando que era política y no seguridad la raíz de los problemas entre la empresa y el sindicato. Y lo sustentó manifestando que varios de los líderes sindicales se estaban lanzando para puestos públicos y se habían asociado con el gobernador del Cesar para ganar control en la empresa y votos en la región. En otras palabras, según el presidente de la Drummond, citado por la Embajada, el sindicato usaba el tema de la seguridad como una cortina de humo para sus ambiciones políticas.

Un proceso civil en Estados Unidos

Desde hace un año, en una Corte Federal de Alabama (Estados Unidos), se adelanta un proceso civil contra la Drummond por la presunta asociación de esta empresa con actividades del paramilitarismo. Este caso ha motivado reportes de la Embajada con sus apreciaciones.

La causa remite al asesinato en marzo de 2001 de los líderes sindicales Víctor Orcasita y Valmore Locarno. En el país hay dos detenidos por este hecho, y en uno de los cables, fechado en octubre de 2009, se detalla la polémica entre la empresa y los confesos detenidos.

En este proceso civil se reclama además una millonaria indemnización en favor de los familiares de varias personas que fueron asesinadas, presuntamente por negarse a vender terrenos por donde pasaría el ferrocarril de la compañía.

El abogado demandante ha solicitado que declare el expresidente Álvaro Uribe, pero aún se discute en la Corte Federal si el exmandatario colombiano tiene inmunidad para no hacerlo. El 31 de marzo se vence el plazo para que se despeje este dilema.