La crisis de la Eps Coomeva

Desde el año 2016, la Entidad Administradora de Planes de Beneficios Coomeva (EAPB) se encuentra en estado de vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. No obstante, después de casi cinco años, crecen las dudas sobre la imparcialidad del organismo de fiscalización y las diferencias de criterio que tiene en cuenta para efectos de evaluar a esta frente a las demás EPS.

En la actualidad, la EPS Coomeva tiene embargados $53.563.824.953 millones, de recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Una medida tomada por un juzgado de Barranquilla, ante un proceso que promovió la empresa Sabbag Radiólogos S.A. y que permitió acumular demandas de otras diez y ocho entidades afectadas, entre ellas la clínica de La Asunción, Medicuc IPS L.tda, Fundación Somma y la Organización Clínica Bonnadona Prevenir S.A.S.

El embargo impide que Coomeva pueda pagar a la red de prestación de servicios, pues si no hay pago, no hay servicios. Entre tanto, se sabe que algunos afiliados han fallecido por falta de atención. A la fecha, Coomeva presenta problemas para pagar las nóminas de marzo y abril de 2021, generando múltiples renuncias motivadas. No obstante, el superintendente Fabio Aristizábal no procede a tomar medidas de fondo frente a la citada EPS.

Se sabe que Coomeva, para solventar la crisis, se viene apalancando a través de una estructura de factoring y algunos de estos recursos, presuntamente han sido desembolsados por el banco Coomeva, generando un posible riesgo financiero y económico, pues los recursos captados de un banco, en su mayoría son de los cuentahabientes. De ser así, sería grave para las empresas del Grupo Coomeva, porque deben responder de manera solidaria por las obligaciones adquiridas por la EPS, con una deuda cercana a los dos billones de pesos.

En el caso Coomeva, el Estado intervino, a través del Ministerio de Salud, de Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad), de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la propia Superintendencia Nacional de Salud, con reclamos ante un juzgado de Barranquilla, el Tribunal Superior de Barranquilla y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Su propósito: tumbar la tutela que permitió el embargo. Una fórmula que ya sucumbió ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar el recurso.

Coomeva registra actualmente pésimos indicadores y lleva dos meses sin recursos de las afiliaciones a través del recaudo mensual. En la actualidad, todas las EPS tienen giro directo y Adres gira a las IPS, dependiendo de las postulaciones que realizan las EPS. Sin embargo, como Coomeva está en vigilancia especial, está obligada a girar hasta el 80% de los recursos compensados, a través del giro directo. Hoy Coomeva lleva sesenta días con un deficit de giro a su red prestadora, aunque continúa apoyada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Supersalud, la Adres y el Ministerio de Salud.

Sin los pagos a la red, a las IPS y a los hospitales les cierran hasta las urgencias, porque las deudas ascienden a 15 y 20 mil millones de pesos por cada prestador. Coomeva, desde hace varios meses presenta problemas de no pago. Su cartera viene atrasada, en promedio, seis meses y hasta un año con algunos prestadores. En todas las mesas de conciliación ante Supersalud, se han presentado fórmulas de arreglo hasta de 48 meses. Por eso, los demandantes se juntaron en bloque para reclamar ante la justicia ordinaria.

Mientras Coomeva incumple los indicadores mínimos de habilitación de operación, el Supersalud no actúa. En el sector salud se asegura que el superintendente Fabio Aristizábal, en la migración de usuarios se lleva a miles de afiliados y se los entrega a otras EPS. Por ejemplo, a la EPS Coosalud, que hace cinco años tenía serios problemas de continuidad y ahora es la segunda EPS objetivo para el traslado de usuarios. En los últimos tres años, durante la administración del Fabio Aristizábal, ha recibido más de un millón de usuarios.

¿Qué va a pasar con Coomeva?, es la pregunta que se repite en el sector y también ¿qué va a pasar con el Banco Coomeva si llega a estar comprometido en un apalancamiento financiero con recursos del público? Coomeva tiene hoy un millón y medio de afiliados y las quejas de los usuarios en su contra son diarias. En respuesta al fallo que negó la solicitud de levantamiento de embargo de sus cuentas, el pasado 4 de mayo elevó una solicitud a la Supersalud para advertir que, con la decisión judicial, se generan riesgos para la operación diaria, sin mencionar el impacto en la prestación de sus servicios.

Al tiempo que Coomeva maniobra para superar su crisis, se conoció que, en virtud de un fallo del Tribunal Administrativo del Chocó que dejó en firme el traslado de 763.000 usuarios de la EPS Barrios Unidos de Quibdó (AMBUQ), hoy 10 EPS que no tienen medidas administrativas en su contra, tienen la responsabilidad de garantizar los servicios. La decisión deja en firma la resolución 1214 de febrero de 2021 que confirma la intervención forzosa para liquidar y tomar posesión de los bienes y haberes de AMBUQ.

Desde el año 2016, la Entidad Administradora de Planes de Beneficios Coomeva (EAPB) se encuentra en estado de vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. No obstante, después de casi cinco años, crecen las dudas sobre la imparcialidad del organismo de fiscalización y las diferencias de criterio que tiene en cuenta para efectos de evaluar a esta frente a las demás EPS.

En la actualidad, la EPS Coomeva tiene embargados $53.563.824.953 millones, de recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Una medida tomada por un juzgado de Barranquilla, ante un proceso que promovió la empresa Sabbag Radiólogos S.A. y que permitió acumular demandas de otras diez y ocho entidades afectadas, entre ellas la clínica de La Asunción, Medicuc IPS L.tda, Fundación Somma y la Organización Clínica Bonnadona Prevenir S.A.S.

El embargo impide que Coomeva pueda pagar a la red de prestación de servicios, pues si no hay pago, no hay servicios. Entre tanto, se sabe que algunos afiliados han fallecido por falta de atención. A la fecha, Coomeva presenta problemas para pagar las nóminas de marzo y abril de 2021, generando múltiples renuncias motivadas. No obstante, el superintendente Fabio Aristizábal no procede a tomar medidas de fondo frente a la citada EPS.

Se sabe que Coomeva, para solventar la crisis, se viene apalancando a través de una estructura de factoring y algunos de estos recursos, presuntamente han sido desembolsados por el banco Coomeva, generando un posible riesgo financiero y económico, pues los recursos captados de un banco, en su mayoría son de los cuentahabientes. De ser así, sería grave para las empresas del Grupo Coomeva, porque deben responder de manera solidaria por las obligaciones adquiridas por la EPS, con una deuda cercana a los dos billones de pesos.

En el caso Coomeva, el Estado intervino, a través del Ministerio de Salud, de Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad), de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la propia Superintendencia Nacional de Salud, con reclamos ante un juzgado de Barranquilla, el Tribunal Superior de Barranquilla y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Su propósito: tumbar la tutela que permitió el embargo. Una fórmula que ya sucumbió ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar el recurso.

Coomeva registra actualmente pésimos indicadores y lleva dos meses sin recursos de las afiliaciones a través del recaudo mensual. En la actualidad, todas las EPS tienen giro directo y Adres gira a las IPS, dependiendo de las postulaciones que realizan las EPS. Sin embargo, como Coomeva está en vigilancia especial, está obligada a girar hasta el 80% de los recursos compensados, a través del giro directo. Hoy Coomeva lleva sesenta días con un deficit de giro a su red prestadora, aunque continúa apoyada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Supersalud, la Adres y el Ministerio de Salud.

Sin los pagos a la red, a las IPS y a los hospitales les cierran hasta las urgencias, porque las deudas ascienden a 15 y 20 mil millones de pesos por cada prestador. Coomeva, desde hace varios meses presenta problemas de no pago. Su cartera viene atrasada, en promedio, seis meses y hasta un año con algunos prestadores. En todas las mesas de conciliación ante Supersalud, se han presentado fórmulas de arreglo hasta de 48 meses. Por eso, los demandantes se juntaron en bloque para reclamar ante la justicia ordinaria.

Mientras Coomeva incumple los indicadores mínimos de habilitación de operación, el Supersalud no actúa. En el sector salud se asegura que el superintendente Fabio Aristizábal, en la migración de usuarios se lleva a miles de afiliados y se los entrega a otras EPS. Por ejemplo, a la EPS Coosalud, que hace cinco años tenía serios problemas de continuidad y ahora es la segunda EPS objetivo para el traslado de usuarios. En los últimos tres años, durante la administración del Fabio Aristizábal, ha recibido más de un millón de usuarios.

¿Qué va a pasar con Coomeva?, es la pregunta que se repite en el sector y también ¿qué va a pasar con el Banco Coomeva si llega a estar comprometido en un apalancamiento financiero con recursos del público? Coomeva tiene hoy un millón y medio de afiliados y las quejas de los usuarios en su contra son diarias. En respuesta al fallo que negó la solicitud de levantamiento de embargo de sus cuentas, el pasado 4 de mayo elevó una solicitud a la Supersalud para advertir que, con la decisión judicial, se generan riesgos para la operación diaria, sin mencionar el impacto en la prestación de sus servicios.

Al tiempo que Coomeva maniobra para superar su crisis, se conoció que, en virtud de un fallo del Tribunal Administrativo del Chocó que dejó en firme el traslado de 763.000 usuarios de la EPS Barrios Unidos de Quibdó (AMBUQ), hoy 10 EPS que no tienen medidas administrativas en su contra, tienen la responsabilidad de garantizar los servicios. La decisión deja en firma la resolución 1214 de febrero de 2021 que confirma la intervención forzosa para liquidar y tomar posesión de los bienes y haberes de AMBUQ.