La Haya y los naufragios

¿Cómo afecta el fallo de La Haya sobre el diferendo marítimo entre Colombia y Nicaragua nuestros naufragios? De manera muy grave, porque la ruta de los galeones de la época de la Colonia iba de Cartagena hacia La Habana con las naves cargadas de oro y plata americana, pasando precisamente por entre nuestros cayos, accidentándose muchas veces y hoy en el fondo del mar en disputa. Podría calcularse que al menos 300 galeones yacen en las aguas motivo del fallo.

Ahora que la soberanía en nuestros cayos está siendo atacada, cabe preguntarnos a quién le pertenecen las naves coloniales y su carga yacentes en nuestras aguas: ¿a España, a Colombia o a Nicaragua? Nuestra Ley de Cultura establece derechos sobre el Patrimonio Sumergido: “Pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación… las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos, las especies náufragas constituidas por las naves y su dotación, y demás bienes muebles yacentes dentro de éstas, o diseminados en el fondo del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental o zona económica exclusiva, cualesquiera que sea su naturaleza o estado y la causa o época del hundimiento o naufragio…”.

Pero no todo el mundo piensa igual. Uno de los más prestigiosos abogados de España, catedrático y apoderado de la Corona ante la Corte de La Haya, miembro del Consejo de Patrimonio Histórico de su gobierno, el doctor Mariano Aznar, ha declarado en estos días: “El San José (galeón hundido en inmediaciones de las Islas del Rosario) y su carga sigue perteneciendo al Reino de España y cualquier otro buque de Estado hundido, no expresamente abandonado por España, e indistintamente del lugar donde se encuentre e indistintamente del tiempo transcurrido desde su hundimiento”.

España está reclamado en las cortes internacionales ser dueña de más de 8.000 galeones, fragatas y carabelas hundidas en los siete mares, lejos de sus fronteras, incluyendo más de 1.000 galeones en aguas colombianas y lo ha manifestado en el “LIBRO VERDE”: “España conserva intactos e indefinidamente todos los derechos sobre sus buques y aeronaves de Estado hundidos, de conformidad con las reglas del derecho internacional, indistintamente del lugar donde se hallen e indistintamente del tiempo transcurrido desde su hundimiento”.

Nuestro título sobre los galeones españoles se fundamenta en la Constitución de Cúcuta de 1821, donde todos los bienes que durante la Colonia pertenecían a la Corona Española pasaron a formar parte del patrimonio de la República, gozando del dominio por encontrarse en predios de la Nación. Esa propiedad fue confirmada en el artículo 202 de la Constitución de 1886; en la Ley 14 de 1936, en el Decreto 655 de 1968, en los artículos 63, 70 y 72 de la actual Constitución Política y en la Ley de la Cultura.

Durante cinco años Colombia lideró la redacción de la Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, la cual fue adoptada en París en 2001. Siempre se anticipó que esa Convención sería la salvación, una panacea para salvaguardar el delicado patrimonio subacuático mundial tan amenazado, pero intereses muy particulares provenientes de España la desviaron de su justo curso. Una semana antes de su aprobación, el senador Alfonso Lizarazo citó a un debate donde su promotor y representante ante la Unesco, el exministro Juan Luis Mejía la defendió a cabalidad diciendo: “…apoyamos completamente y nos adherimos a un acuerdo internacional en donde se saquen del mercado los bienes del patrimonio cultural subacuático”. Luego afirmó: “…ojo que aquí no estamos hablando de dominio, no estamos hablando de propiedad, en ningún momento este numeral está diciendo alguna palabra sobre dominio o propiedad de los buques, estamos hablando sobre mejores métodos de protección de buques y aeronaves de Estado”.

El senador Lizarazo le preguntó al doctor Mejía su opinión sobre comentarios del reconocido senador americano Jesse Helms, “…me he enterado que España en particular ha apoyado las disposiciones de un tratado por el cual la Unesco reconoce a la Corona Española reivindicaciones sobre la propiedad de naufragios españoles que yacen en las costas de Norte y Suramérica. Considero que Estados Unidos debe tomar todas las medidas posibles para derrotar la estrategia de España, pues tiene graves implicaciones para los recursos subacuáticos que se encuentran incuestionablemente localizados en las aguas de los Estados Unidos”.

Respondió el doctor Mejía: “A mí me gusta mucho que el senador haya traído la lista de los naufragios en Colombia, todos traían mercancía al momento de su hundimiento, no estaban en actividades de guerra sino prestando actividades comerciales, por lo tanto, no caben dentro de esta Convención, porque no eran buques de guerra, porque todos venían prestándoles servicios a comerciantes del Nuevo Reino que estaban sacando contrabando de aquí para España, en el momento de su naufragio no son considerados buques de guerra, entonces con base en esta definición quedan excluidos la mayoría de los naufragios”.

Once años después vemos cuán errado estaba el exministro Mejía, España reclama no sólo las naves de guerra, sino las naves en funciones comerciales como el San José. Por recomendación del canciller Fernández de Soto, el presidente Andrés Pastrana decidió sabiamente abstenerse de adherir a esa peligrosa convención.

Tradicionalmente, en las cortes americanas era aceptada la tesis según la cual las naves del rey de España habían sido abandonadas y las cortes adjudicaron 34 títulos sobre galeones hundidos en Norteamérica, hasta que en 1999 surgieron los casos de la Galga y el Juno, que cambiaron el panorama mundial de los naufragios españoles en aguas americanas.

España ganó su reclamación, resultó que las naves hundidas hacia 250 años “nunca habían sido abandonadas” y se sentó un grave precedente. Las declaraciones del doctor Aznar toman cierta contundencia que asusta, en torno a la segunda reciente victoria española en las cortes americanas sobre 600.000 monedas recuperadas por Odyssey en aguas frente a Portugal.

Lo curioso y particular de ese fallo fue que la Mercedes era una nave de guerra, pero en funciones comerciales transportando en tiempos de paz a mujeres y niños, madera, lana, cobre, estaño y un millón de monedas pertenecientes a comerciantes americanos, aun así España ganó el litigio.

¿Cómo afecta el fallo de La Haya sobre el diferendo marítimo entre Colombia y Nicaragua nuestros naufragios? De manera muy grave, porque la ruta de los galeones de la época de la Colonia iba de Cartagena hacia La Habana con las naves cargadas de oro y plata americana, pasando precisamente por entre nuestros cayos, accidentándose muchas veces y hoy en el fondo del mar en disputa. Podría calcularse que al menos 300 galeones yacen en las aguas motivo del fallo.

Ahora que la soberanía en nuestros cayos está siendo atacada, cabe preguntarnos a quién le pertenecen las naves coloniales y su carga yacentes en nuestras aguas: ¿a España, a Colombia o a Nicaragua? Nuestra Ley de Cultura establece derechos sobre el Patrimonio Sumergido: “Pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación… las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos, las especies náufragas constituidas por las naves y su dotación, y demás bienes muebles yacentes dentro de éstas, o diseminados en el fondo del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental o zona económica exclusiva, cualesquiera que sea su naturaleza o estado y la causa o época del hundimiento o naufragio…”.

Pero no todo el mundo piensa igual. Uno de los más prestigiosos abogados de España, catedrático y apoderado de la Corona ante la Corte de La Haya, miembro del Consejo de Patrimonio Histórico de su gobierno, el doctor Mariano Aznar, ha declarado en estos días: “El San José (galeón hundido en inmediaciones de las Islas del Rosario) y su carga sigue perteneciendo al Reino de España y cualquier otro buque de Estado hundido, no expresamente abandonado por España, e indistintamente del lugar donde se encuentre e indistintamente del tiempo transcurrido desde su hundimiento”.

España está reclamado en las cortes internacionales ser dueña de más de 8.000 galeones, fragatas y carabelas hundidas en los siete mares, lejos de sus fronteras, incluyendo más de 1.000 galeones en aguas colombianas y lo ha manifestado en el “LIBRO VERDE”: “España conserva intactos e indefinidamente todos los derechos sobre sus buques y aeronaves de Estado hundidos, de conformidad con las reglas del derecho internacional, indistintamente del lugar donde se hallen e indistintamente del tiempo transcurrido desde su hundimiento”.

Nuestro título sobre los galeones españoles se fundamenta en la Constitución de Cúcuta de 1821, donde todos los bienes que durante la Colonia pertenecían a la Corona Española pasaron a formar parte del patrimonio de la República, gozando del dominio por encontrarse en predios de la Nación. Esa propiedad fue confirmada en el artículo 202 de la Constitución de 1886; en la Ley 14 de 1936, en el Decreto 655 de 1968, en los artículos 63, 70 y 72 de la actual Constitución Política y en la Ley de la Cultura.

Durante cinco años Colombia lideró la redacción de la Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, la cual fue adoptada en París en 2001. Siempre se anticipó que esa Convención sería la salvación, una panacea para salvaguardar el delicado patrimonio subacuático mundial tan amenazado, pero intereses muy particulares provenientes de España la desviaron de su justo curso. Una semana antes de su aprobación, el senador Alfonso Lizarazo citó a un debate donde su promotor y representante ante la Unesco, el exministro Juan Luis Mejía la defendió a cabalidad diciendo: “…apoyamos completamente y nos adherimos a un acuerdo internacional en donde se saquen del mercado los bienes del patrimonio cultural subacuático”. Luego afirmó: “…ojo que aquí no estamos hablando de dominio, no estamos hablando de propiedad, en ningún momento este numeral está diciendo alguna palabra sobre dominio o propiedad de los buques, estamos hablando sobre mejores métodos de protección de buques y aeronaves de Estado”.

El senador Lizarazo le preguntó al doctor Mejía su opinión sobre comentarios del reconocido senador americano Jesse Helms, “…me he enterado que España en particular ha apoyado las disposiciones de un tratado por el cual la Unesco reconoce a la Corona Española reivindicaciones sobre la propiedad de naufragios españoles que yacen en las costas de Norte y Suramérica. Considero que Estados Unidos debe tomar todas las medidas posibles para derrotar la estrategia de España, pues tiene graves implicaciones para los recursos subacuáticos que se encuentran incuestionablemente localizados en las aguas de los Estados Unidos”.

Respondió el doctor Mejía: “A mí me gusta mucho que el senador haya traído la lista de los naufragios en Colombia, todos traían mercancía al momento de su hundimiento, no estaban en actividades de guerra sino prestando actividades comerciales, por lo tanto, no caben dentro de esta Convención, porque no eran buques de guerra, porque todos venían prestándoles servicios a comerciantes del Nuevo Reino que estaban sacando contrabando de aquí para España, en el momento de su naufragio no son considerados buques de guerra, entonces con base en esta definición quedan excluidos la mayoría de los naufragios”.

Once años después vemos cuán errado estaba el exministro Mejía, España reclama no sólo las naves de guerra, sino las naves en funciones comerciales como el San José. Por recomendación del canciller Fernández de Soto, el presidente Andrés Pastrana decidió sabiamente abstenerse de adherir a esa peligrosa convención.

Tradicionalmente, en las cortes americanas era aceptada la tesis según la cual las naves del rey de España habían sido abandonadas y las cortes adjudicaron 34 títulos sobre galeones hundidos en Norteamérica, hasta que en 1999 surgieron los casos de la Galga y el Juno, que cambiaron el panorama mundial de los naufragios españoles en aguas americanas.

España ganó su reclamación, resultó que las naves hundidas hacia 250 años “nunca habían sido abandonadas” y se sentó un grave precedente. Las declaraciones del doctor Aznar toman cierta contundencia que asusta, en torno a la segunda reciente victoria española en las cortes americanas sobre 600.000 monedas recuperadas por Odyssey en aguas frente a Portugal.

Lo curioso y particular de ese fallo fue que la Mercedes era una nave de guerra, pero en funciones comerciales transportando en tiempos de paz a mujeres y niños, madera, lana, cobre, estaño y un millón de monedas pertenecientes a comerciantes americanos, aun así España ganó el litigio.