"La reforma es necesaria para el país": Carlos Prasca
En la discusión de la reforma a la ley 30 de educación, propuesta por el Ministerio de Educación, entró un tercer actor: las instituciones técnicas y tecnológicas.
Juan David Torres Duarte
Ellas se encuentran de acuerdo con la reforma porque les otorga autonomía y una mayor distribución de los recursos. “La educación tiene nuevos componentes que no fueron tenidos en cuenta en la ley de 1992, que fue pensada por las universidades y para las universidades”, afirma Carlos Prasca, vocero de la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas y rector del Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico (ITSA).
Los rectores, liderados por José Fernando Isaza (de la Universidad Jorge Tadeo Lozano) y Moisés Wasserman (de la Universidad Nacional), pidieron limitar la “actividad policiva” del Gobierno y aumentar los recursos públicos que les entran a las universidades. Para ello, la Asociación Colombia de Universidades (Ascún) y el Sistema Universitario Estatal (Sue) presentaron una propuesta que modificaba algunos artículos de la iniciativa del Gobierno y mostraron al público una ley estatutaria que cobija la autonomía universitaria.
La reforma propuesta por el Gobierno tuvo obstáculos en las universidades por tres puntos: autonomía, financiación y creación de universidades con ánimo de lucro. La ministra, María Fernanda Campo, en reunión con varios representantes universitarios, dijo que el articulado final incluyó algunas de sus propuestas y rechazó otras. Mientras que las universidades pedían que se las diferenciara de las instituciones técnicas y tecnológicas, la ministra dijo que “todas deben tener el mismo grado de autonomía”. “La reforma es integral —dice Prasca—. Cuando se le otorga autonomía a todas las instituciones, la universidad pierde privilegios”. De esta manera, las instituciones técnicas y tecnológicas tendrían autonomía administrativa —podrían tomar sus propias decisiones sobre cargos, salarios y movimientos internos— y presupuestal.
Según la ministra, la Ley de Regalías otorga 10% del presupuesto nacional para ciencia, innovación y tecnología. Además, si cumplen algunos indicadores, las IES pueden acceder a recursos adicionales de cerca de $1.5 billones. El consejo que decide la distribución de dichos recursos está conformado por representantes de cuatro universidades privadas y dos públicas. “Las universidades temen —asegura Prasca— que los ingresos en las regiones no se vayan a dar de la misma manera”. La reforma del Gobierno también permite que las instituciones técnicas y tecnológicas acreditadas ofrezcan programas de pregrado, posgrado, maestría y doctorado. El documento final será presentado el 17 de julio y radicado en el Congreso al comienzo de la nueva legislatura, el próximo 20 de julio.
Ellas se encuentran de acuerdo con la reforma porque les otorga autonomía y una mayor distribución de los recursos. “La educación tiene nuevos componentes que no fueron tenidos en cuenta en la ley de 1992, que fue pensada por las universidades y para las universidades”, afirma Carlos Prasca, vocero de la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas y rector del Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico (ITSA).
Los rectores, liderados por José Fernando Isaza (de la Universidad Jorge Tadeo Lozano) y Moisés Wasserman (de la Universidad Nacional), pidieron limitar la “actividad policiva” del Gobierno y aumentar los recursos públicos que les entran a las universidades. Para ello, la Asociación Colombia de Universidades (Ascún) y el Sistema Universitario Estatal (Sue) presentaron una propuesta que modificaba algunos artículos de la iniciativa del Gobierno y mostraron al público una ley estatutaria que cobija la autonomía universitaria.
La reforma propuesta por el Gobierno tuvo obstáculos en las universidades por tres puntos: autonomía, financiación y creación de universidades con ánimo de lucro. La ministra, María Fernanda Campo, en reunión con varios representantes universitarios, dijo que el articulado final incluyó algunas de sus propuestas y rechazó otras. Mientras que las universidades pedían que se las diferenciara de las instituciones técnicas y tecnológicas, la ministra dijo que “todas deben tener el mismo grado de autonomía”. “La reforma es integral —dice Prasca—. Cuando se le otorga autonomía a todas las instituciones, la universidad pierde privilegios”. De esta manera, las instituciones técnicas y tecnológicas tendrían autonomía administrativa —podrían tomar sus propias decisiones sobre cargos, salarios y movimientos internos— y presupuestal.
Según la ministra, la Ley de Regalías otorga 10% del presupuesto nacional para ciencia, innovación y tecnología. Además, si cumplen algunos indicadores, las IES pueden acceder a recursos adicionales de cerca de $1.5 billones. El consejo que decide la distribución de dichos recursos está conformado por representantes de cuatro universidades privadas y dos públicas. “Las universidades temen —asegura Prasca— que los ingresos en las regiones no se vayan a dar de la misma manera”. La reforma del Gobierno también permite que las instituciones técnicas y tecnológicas acreditadas ofrezcan programas de pregrado, posgrado, maestría y doctorado. El documento final será presentado el 17 de julio y radicado en el Congreso al comienzo de la nueva legislatura, el próximo 20 de julio.