Las tierras de Mónica Semillas

Las sospechas alrededor de la multinacional brasileña Mónica Semillas, que opera en Colombia a través de siete empresas asentadas en Villavicencio, germinan de forma tan acelerada como sus cultivos en los Llanos Orientales. Las 13.000 hectáreas donde crece su proyecto agrícola están precedidas de una cadena de situaciones que sólo siembran dudas. Un hecho contundente: casi la mitad de sus tierras tienen un pasado de posibles transacciones ilegales.

Esta empresa quedó en el centro de la polémica el año pasado cuando se supo que fue una de las beneficiarias de multimillonarios subsidios del polémico programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y, luego, cuando se denunció que existiría una posible violación a la ley por acumulación de tierras. Esto dio pie a indagaciones por parte de las autoridades, que esperan un concepto del Consejo de Estado para poder avanzar.

Al corroborar datos de los certificados de tradición que hacen parte de la investigación que adelantó la Superintendencia de Notariado y Registro, El Espectador encontró que, años antes de que la multinacional comprara los predios que hoy explota, éstos fueron negociados con supuestos documentos y firmas falsas, con inconsistencia en la extensión y hasta posible suplantación.

Las irregularidades se encontraron específicamente en los predios de Puerto Gaitán conocidos como La Esmeralda, La Ponderosa, Villa Paola, Chaparral, Villa Claudia y Rosa Blanca, que suman casi 6.000 hectáreas. Estos terrenos fueron baldíos del Estado hasta 1990, año en el que el Incora (hoy Incoder) se los adjudicó en la misma fecha a miembros de familias supuestamente de la región, específicamente a los hermanos Alfonso, María Irene y Roberto Rojas Rojas, y a los hermanos Yolanda y Homero Gamen Trujillo. Ocho años después se reportó la primera venta.

Como datos particulares, Yolanda Gamen trabajó en 1996 en una empresa dedicada a actividades inmobiliarias; Alfonso Rojas Rojas trabajó en 2001 en una empresa dedicada a la comercialización de productos agrícolas y María Irene en una empresa de cobranzas.

De acuerdo con los documentos, curiosamente las ventas se hicieron el mismo día. Sin embargo, los dueños de los predios no lo hicieron personalmente, sino que supuestamente le dieron poder a un particular para que se encargara de la negociación, la cual se hizo en la Notaría Tercera de Villavicencio, ante Ana Amaya, quien era la notaria encargada.

Y justo en esta transacción entre particulares, que se concretó el 29 de diciembre de 1998, es donde se encuentran los posibles delitos. Los primeros compradores fueron Emilio Roberto Amézquita Cubillos, Teodoro Máximo Amézquita Flórez, Tatiana Amézquita Torres, Mauricio Amézquita Cubillos y una menor de edad, que para la época de la negociación apenas tenía un año.

Según el informe de la Superintendencia de Notariado, se encontró que las firmas consignadas en las actas de adjudicación de los predios en 1990 no son las mismas que aparecen en el poder que entregaron para vender. A esta sospecha se suman algunos hallazgos adicionales como, por ejemplo, que muchos de los vendedores no eran de la región y que uno de ellos vendió y murió meses después de la adjudicación.

Pero una prueba que podría ser determinante en este caso tiene que ver con Élver Torres Londoño, quien aparece en las escrituras como el apoderado de los campesinos para vender. Para la época de la negociación él tenía 25 años. Hoy, 14 años después de esa negociación, es un cantante que vive desde 1997 en Villavicencio y que se ha presentado con importantes músicos del género popular. De acuerdo con el perfil en redes sociales, es oriundo de Florencia (Caquetá), casado y con dos hijos. Su primer grupo musical se denominó “Los jefes del condado”.

El Espectador lo contactó en Villavicencio (Meta) para preguntarle sobre su participación en la negociación de estas tierras, a lo que respondió que nada tenía que ver. Según el propio Torres, a él lo suplantaron. “Para 1998 yo estaba recién llegado a los Llanos, pero toda la vida me he dedicado a la música. Si mal no recuerdo, para entonces trabajé en unas fincas por los lados del Ariari. Me preocupa esto, porque si están investigando es porque se trata de algo con problemas. Nunca he tenido que ver con tierras. Me angustia terminar enredado y más si usaron mi nombre para algo ilegal”, dijo el cantante.

Para comprobar lo dicho, Torres Londoño se comprometió a entregar su versión por escrito y a aportar documentos que demostrarían la supuesta suplantación, pero no volvió a contestar su teléfono. Su mánager, Renán Galindo, dijo que por sugerencia del presidente de la Asamblea del Meta, Félix Mario Díaz, habían decidido no hablar. “El diputado, con el que hemos trabajado hace muchos años y es quien nos asesora, nos dijo que mejor no nos metiéramos en este tema. Élver es un artista que está surgiendo y esto lo perjudica”, puntualizó.

Sea cierto o no, el testimonio del músico, presuntamente involucrado en un posible despojo, pone en evidencia que detrás de este negocio hay algo más allá de simples coincidencias y que existe algo oscuro que los organismos de control tendrán que investigar a profundidad.

Los predios cuestionados llegaron a manos de la empresa Mónica Colombia en 2008, meses después de que este grupo empresarial se constituyó en el país. Inicialmente registraron sus empresas en Bogotá y luego se fueron a Villavicencio.

En medio de la cruzada que adelanta el Gobierno para perseguir los casos de acumulación de tierras, la Superintendencia de Notariado estudió los predios de la multinacional, dado el origen y la cantidad que explotan, ya que la ley prohíbe que privados tengan más de 1.900 hectáreas de origen baldío en el Meta y, en el caso de empresas extranjeras, más de 1.000 hectáreas. A simple vista, el caso de Mónica Colombia parece uno de ellos.

Sin embargo, la investigación de la Superintendencia está estancada, porque hay un embrollo que ni siquiera esta entidad ha podido desenredar para saber si está al frente de un caso legal o no. La duda radica en que la mayoría de predios no están a nombre de Mónica Colombia, sino de sus socios o empresas subsidiarias.

En los registros, las propiedades están a nombre de las empresas Monicol, Agrocaxias, Tilava, Cantanaribo, Manacacías y Agromarchett. La evidencia de que son del mismo grupo es que comparten el mismo objeto de producir cereales, la misma dirección de funcionamiento y el mismo órgano directivo, conformado por Sergio Joao Marchet como representante legal, Miguel Adilson Bochia como suplente y Francisco Marchett, Ricardo Antonio Cambruzzi, Rodrigo Cambruzzi, Ricardo Golín y María Luiza Marchett como miembros de la junta directiva.

Desde esta perspectiva, al analizar cada caso se observa que ni la multinacional, ni sus subsidiarias, ni sus accionistas tienen a su nombre propiedades que superen las hectáreas estipuladas en la ley, aunque la explotación beneficia al mismo grupo. La Superintendencia no sabe cómo proceder en este caso, motivo por el que está frenada su investigación, al igual que las acciones para promover un proceso penal que aclare lo que ha ocurrido con estas tierras y la intervención del músico Élver Torres Londoño.

De acuerdo con una denuncia que hizo el representante a la Cámara Wilson Arias, casi 134 mil hectáreas de los Llanos están en manos de italianos, chilenos, brasileños, norteamericanos y españoles. Y agregó que el precio de la tierra en esta región ha tenido un elevado incremento al pasar de $500.000 por hectárea a casi $10 millones, todo debido a las fuertes inversiones que ha hecho el Gobierno.

El Espectador intentó ponerse en contacto con los directivos de Mónica Colombia, a través de algunos de sus empleados, pero no fue posible. Sin embargo, se sabe que en varias oportunidades la multinacional se ha defendido diciendo que todo lo que han hecho en Colombia es legal y que contaron con asesoría de abogados.

Para destrabar el caso de Mónica Semillas y ante “la cantidad de dudas sobre la acumulación de tierras en manos de grupos empresariales”, la Superintendencia de Notariado elevó una consulta al Ministerio de Agricultura para conocer los pasos que debe seguir ante este tipo de casos y pidió al Ministerio de Justicia hacer lo mismo ante el Consejo de Estado, para tener un concepto relacionado con la acumulación de tierras de grupos empresariales.

La consulta ya se elevó ante el máximo tribuna administrativo y se espera una respuesta, al menos, en noviembre. En caso de determinarse que sí hay acumulación de tierras, el paso a seguir es adelantar trámites para anular los registros y luego promover las investigaciones para establecer si en la historia de estas tierras hubo o no delito.

E-mail jamarin@elespectado.com

Las sospechas alrededor de la multinacional brasileña Mónica Semillas, que opera en Colombia a través de siete empresas asentadas en Villavicencio, germinan de forma tan acelerada como sus cultivos en los Llanos Orientales. Las 13.000 hectáreas donde crece su proyecto agrícola están precedidas de una cadena de situaciones que sólo siembran dudas. Un hecho contundente: casi la mitad de sus tierras tienen un pasado de posibles transacciones ilegales.

Esta empresa quedó en el centro de la polémica el año pasado cuando se supo que fue una de las beneficiarias de multimillonarios subsidios del polémico programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y, luego, cuando se denunció que existiría una posible violación a la ley por acumulación de tierras. Esto dio pie a indagaciones por parte de las autoridades, que esperan un concepto del Consejo de Estado para poder avanzar.

Al corroborar datos de los certificados de tradición que hacen parte de la investigación que adelantó la Superintendencia de Notariado y Registro, El Espectador encontró que, años antes de que la multinacional comprara los predios que hoy explota, éstos fueron negociados con supuestos documentos y firmas falsas, con inconsistencia en la extensión y hasta posible suplantación.

Las irregularidades se encontraron específicamente en los predios de Puerto Gaitán conocidos como La Esmeralda, La Ponderosa, Villa Paola, Chaparral, Villa Claudia y Rosa Blanca, que suman casi 6.000 hectáreas. Estos terrenos fueron baldíos del Estado hasta 1990, año en el que el Incora (hoy Incoder) se los adjudicó en la misma fecha a miembros de familias supuestamente de la región, específicamente a los hermanos Alfonso, María Irene y Roberto Rojas Rojas, y a los hermanos Yolanda y Homero Gamen Trujillo. Ocho años después se reportó la primera venta.

Como datos particulares, Yolanda Gamen trabajó en 1996 en una empresa dedicada a actividades inmobiliarias; Alfonso Rojas Rojas trabajó en 2001 en una empresa dedicada a la comercialización de productos agrícolas y María Irene en una empresa de cobranzas.

De acuerdo con los documentos, curiosamente las ventas se hicieron el mismo día. Sin embargo, los dueños de los predios no lo hicieron personalmente, sino que supuestamente le dieron poder a un particular para que se encargara de la negociación, la cual se hizo en la Notaría Tercera de Villavicencio, ante Ana Amaya, quien era la notaria encargada.

Y justo en esta transacción entre particulares, que se concretó el 29 de diciembre de 1998, es donde se encuentran los posibles delitos. Los primeros compradores fueron Emilio Roberto Amézquita Cubillos, Teodoro Máximo Amézquita Flórez, Tatiana Amézquita Torres, Mauricio Amézquita Cubillos y una menor de edad, que para la época de la negociación apenas tenía un año.

Según el informe de la Superintendencia de Notariado, se encontró que las firmas consignadas en las actas de adjudicación de los predios en 1990 no son las mismas que aparecen en el poder que entregaron para vender. A esta sospecha se suman algunos hallazgos adicionales como, por ejemplo, que muchos de los vendedores no eran de la región y que uno de ellos vendió y murió meses después de la adjudicación.

Pero una prueba que podría ser determinante en este caso tiene que ver con Élver Torres Londoño, quien aparece en las escrituras como el apoderado de los campesinos para vender. Para la época de la negociación él tenía 25 años. Hoy, 14 años después de esa negociación, es un cantante que vive desde 1997 en Villavicencio y que se ha presentado con importantes músicos del género popular. De acuerdo con el perfil en redes sociales, es oriundo de Florencia (Caquetá), casado y con dos hijos. Su primer grupo musical se denominó “Los jefes del condado”.

El Espectador lo contactó en Villavicencio (Meta) para preguntarle sobre su participación en la negociación de estas tierras, a lo que respondió que nada tenía que ver. Según el propio Torres, a él lo suplantaron. “Para 1998 yo estaba recién llegado a los Llanos, pero toda la vida me he dedicado a la música. Si mal no recuerdo, para entonces trabajé en unas fincas por los lados del Ariari. Me preocupa esto, porque si están investigando es porque se trata de algo con problemas. Nunca he tenido que ver con tierras. Me angustia terminar enredado y más si usaron mi nombre para algo ilegal”, dijo el cantante.

Para comprobar lo dicho, Torres Londoño se comprometió a entregar su versión por escrito y a aportar documentos que demostrarían la supuesta suplantación, pero no volvió a contestar su teléfono. Su mánager, Renán Galindo, dijo que por sugerencia del presidente de la Asamblea del Meta, Félix Mario Díaz, habían decidido no hablar. “El diputado, con el que hemos trabajado hace muchos años y es quien nos asesora, nos dijo que mejor no nos metiéramos en este tema. Élver es un artista que está surgiendo y esto lo perjudica”, puntualizó.

Sea cierto o no, el testimonio del músico, presuntamente involucrado en un posible despojo, pone en evidencia que detrás de este negocio hay algo más allá de simples coincidencias y que existe algo oscuro que los organismos de control tendrán que investigar a profundidad.

Los predios cuestionados llegaron a manos de la empresa Mónica Colombia en 2008, meses después de que este grupo empresarial se constituyó en el país. Inicialmente registraron sus empresas en Bogotá y luego se fueron a Villavicencio.

En medio de la cruzada que adelanta el Gobierno para perseguir los casos de acumulación de tierras, la Superintendencia de Notariado estudió los predios de la multinacional, dado el origen y la cantidad que explotan, ya que la ley prohíbe que privados tengan más de 1.900 hectáreas de origen baldío en el Meta y, en el caso de empresas extranjeras, más de 1.000 hectáreas. A simple vista, el caso de Mónica Colombia parece uno de ellos.

Sin embargo, la investigación de la Superintendencia está estancada, porque hay un embrollo que ni siquiera esta entidad ha podido desenredar para saber si está al frente de un caso legal o no. La duda radica en que la mayoría de predios no están a nombre de Mónica Colombia, sino de sus socios o empresas subsidiarias.

En los registros, las propiedades están a nombre de las empresas Monicol, Agrocaxias, Tilava, Cantanaribo, Manacacías y Agromarchett. La evidencia de que son del mismo grupo es que comparten el mismo objeto de producir cereales, la misma dirección de funcionamiento y el mismo órgano directivo, conformado por Sergio Joao Marchet como representante legal, Miguel Adilson Bochia como suplente y Francisco Marchett, Ricardo Antonio Cambruzzi, Rodrigo Cambruzzi, Ricardo Golín y María Luiza Marchett como miembros de la junta directiva.

Desde esta perspectiva, al analizar cada caso se observa que ni la multinacional, ni sus subsidiarias, ni sus accionistas tienen a su nombre propiedades que superen las hectáreas estipuladas en la ley, aunque la explotación beneficia al mismo grupo. La Superintendencia no sabe cómo proceder en este caso, motivo por el que está frenada su investigación, al igual que las acciones para promover un proceso penal que aclare lo que ha ocurrido con estas tierras y la intervención del músico Élver Torres Londoño.

De acuerdo con una denuncia que hizo el representante a la Cámara Wilson Arias, casi 134 mil hectáreas de los Llanos están en manos de italianos, chilenos, brasileños, norteamericanos y españoles. Y agregó que el precio de la tierra en esta región ha tenido un elevado incremento al pasar de $500.000 por hectárea a casi $10 millones, todo debido a las fuertes inversiones que ha hecho el Gobierno.

El Espectador intentó ponerse en contacto con los directivos de Mónica Colombia, a través de algunos de sus empleados, pero no fue posible. Sin embargo, se sabe que en varias oportunidades la multinacional se ha defendido diciendo que todo lo que han hecho en Colombia es legal y que contaron con asesoría de abogados.

Para destrabar el caso de Mónica Semillas y ante “la cantidad de dudas sobre la acumulación de tierras en manos de grupos empresariales”, la Superintendencia de Notariado elevó una consulta al Ministerio de Agricultura para conocer los pasos que debe seguir ante este tipo de casos y pidió al Ministerio de Justicia hacer lo mismo ante el Consejo de Estado, para tener un concepto relacionado con la acumulación de tierras de grupos empresariales.

La consulta ya se elevó ante el máximo tribuna administrativo y se espera una respuesta, al menos, en noviembre. En caso de determinarse que sí hay acumulación de tierras, el paso a seguir es adelantar trámites para anular los registros y luego promover las investigaciones para establecer si en la historia de estas tierras hubo o no delito.

E-mail jamarin@elespectado.com