Los defensores del Darién

Resistir, siempre han tenido que resistir. Primero, a los ganaderos que empezaron a tragarse su bosque y a los madereros que derribaron miles de árboles. Resistir, luego, a la guerrilla que trató de ocupar sus tierras, y a los paramilitares, que llegaron a imponer leyes de destierro. Y con su presencia, resistir también unos amplios corredores que veían pasar kilos de cocaína y toneladas de armas. Todo en menos de veinte años. Todos los males; uno tras otro.

Pero ahora, después de padecer esas décadas, que no dejaron más que pobreza, cientos de desplazados y una población repleta de una inexorable desconfianza, los habitantes de Acandí, como en una especie de renacimiento, han empezado a recuperar su territorio, sus hogares y sus costumbres.

Comenzaron a hacerlo en 2008, justo cuando Brodie Ferguson, un antropólogo de la Universidad de Stanford, hacía su tesis doctoral en el Pacífico colombiano. Él, que sintió de inmediato la violencia que dominaba la zona y se percató de cómo el mal manejo de los recursos naturales empezaba a transformar el medio ambiente, tuvo una idea que, desde entonces, cambiaría el panorama de la región. Se trataba de una iniciativa que arrancó débil con el Protocolo de Kioto en 1997: la venta de bonos de carbono. Pero tal fue la fuerza del proyecto, que hace un par de meses esa comunidad afrodescendiente, tan agobiada y tan oprimida, obtuvo un reconocimiento internacional que nadie más ha logrado en Colombia: el sello VCS (Verified Carbon Standard) por proteger 13.465 hectáreas de bosque.

“Tuve la suerte de conocer a Aureliano Córdoba, representante legal de Cocomasur, uno de los tres Consejos Comunitarios de Acandí. Conversamos mucho sobre la expansión de la ganadería, de la falta de alternativas económicas y de la emigración de jóvenes hacia las ciudades. Ahí surgió la idea de establecer un área de conservación”, relata Ferguson desde Estados Unidos.

Vencer el escepticismo y la cautela de una población acostumbrada a obtener ganancias de las empresas madereras no fue fácil. Pero la incertidumbre de las casi mil familias que viven ahora de la selva del Darién se desmoronó paulatinamente.

Lo primero que hizo Ferguson fue explicarles a los habitantes de Acandí, una población entre Panamá y el mar Caribe, el negocio que les permitiría obtener recursos a través de la preservación de su bosque.

En el mundo existen dos esquemas para negociar los bonos de carbono: el mercado regulado, controlado por el Protocolo de Kioto, y el mercado voluntario. En este último —que permitió el surgimiento del mecanismo REDD (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques)— se paga una suma de dinero a aquellos proyectos que demuestren ponerle freno a la deforestación. Justamente fue ese modelo el que se adoptó en el Chocó. Y para implementarlo se fundó Anthrotect Ltda., una empresa con sede en Medellín que hoy dirige Mauricio Salazar.

“Con el ‘Corredor de Conservación Chocó Darién’ empezamos hace dos años en alianza con Cocomasur. Ese tiempo se empleó para hacer inventarios, para brindar asistencia técnica a los habitantes y para analizar sus condiciones de vida. Y en noviembre de 2012, cuando recibimos la certificación internacional, logramos sacar al mercado 100.000 créditos”, dice Salazar.

Esos créditos suman en total 1’700.000 dólares. Y aunque hasta el momento solo se han logrado vender 300 (cada uno a US$15), esperan que los acuerdos que han pactado con otras empresas privadas les permitan negociar los restantes. Las ganancias, según Salazar, se distribuyen de la siguiente manera: 40% para actividades de mantenimiento y proyectos de reforestación y capacitación. Otro 35% es destinado para adelantar programas de etnodesarrollo y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Y el 25% restante es para Antrothec, que se encarga de hacer monitoreo, brinda asistencia técnica y mantiene las certificaciones. El Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez los asesora en la ejecución de los recursos.

“Ahora, gracias a ese proyecto, adelantamos programas de salud y educación. Por ejemplo, los jóvenes ya quieren quedarse en la región. Tenemos un buen equipo de contadores y tecnólogos y 865 familias se están beneficiando”, asegura Everildys Córdoba, una líder de Cocomasur que, después de divagar por el Magdalena Medio, por Medellín y muchas otras ciudades por culpa de la violencia, pudo regresar a su tierra natal. Y ahora está al frente de ese inmenso corredor de animales y vegetación. Y no se quiere volver a ir. Por eso lo protege con tanta determinación.

Pese a que el certificado internacional es evidencia del buen funcionamiento del proyecto del Darién, la venta de bonos de carbono en Colombia no se ha realizado de la mejor manera.

De acuerdo con Rubén Guerrero, de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente, se conocen casos en los que empresas privadas no hacen la consulta previa con comunidades indígenas y afrocolombianas, les dan falsa información y los hacen firmar falsos contratos. “Aunque es cierto que el mercado regulado está en construcción, ya hemos adelantado campañas para informar y educar a las poblaciones afectadas”, asegura Guerrero, quien también asevera que apenas se están creando las normas para esos mercados.

Y es debido a la escasa normativa que, de las 50 iniciativas que hay en Colombia, que ocupan más de 17 millones de hectáreas, varias operan de forma irregular. Otro de los modelos conocidos, según Mauricio Salazar, es que compañías privadas logran que las comunidades firmen un preacuerdo que sirve como garantía para empezar a vender bonos en el extranjero. Así, nunca implementan los proyectos y se quedan con los dólares de ingenuos compradores.

Para Roberto León Gómez, subdirector de Desarrollo Local de la Fundación Natura, la explicación de que el mercado voluntario no funcione es, esencialmente, una sola: “el Ministerio no está de acuerdo con que las empresas tengan un límite de emisión de gases invernadero”.

Además de las enormes falencias que hoy tiene el negocio de bonos de carbono y que ha ocasionado el mal manejo de las 30 millones de hectáreas que pertenecen por ley a indígenas y a comunidades afrocolombianas, hay un nuevo factor que amenaza los bosques. Tanto así que el ‘Corredor del Darién’ lo padece pese a sus premios y a su reconocimiento: “Ahora —dice Everildys Córdoba— muchas personas quieren entrar a hacer minería ilegal. Quieren llevarse todo el oro de la selva”.

ssilva@elespectador.com

Resistir, siempre han tenido que resistir. Primero, a los ganaderos que empezaron a tragarse su bosque y a los madereros que derribaron miles de árboles. Resistir, luego, a la guerrilla que trató de ocupar sus tierras, y a los paramilitares, que llegaron a imponer leyes de destierro. Y con su presencia, resistir también unos amplios corredores que veían pasar kilos de cocaína y toneladas de armas. Todo en menos de veinte años. Todos los males; uno tras otro.

Pero ahora, después de padecer esas décadas, que no dejaron más que pobreza, cientos de desplazados y una población repleta de una inexorable desconfianza, los habitantes de Acandí, como en una especie de renacimiento, han empezado a recuperar su territorio, sus hogares y sus costumbres.

Comenzaron a hacerlo en 2008, justo cuando Brodie Ferguson, un antropólogo de la Universidad de Stanford, hacía su tesis doctoral en el Pacífico colombiano. Él, que sintió de inmediato la violencia que dominaba la zona y se percató de cómo el mal manejo de los recursos naturales empezaba a transformar el medio ambiente, tuvo una idea que, desde entonces, cambiaría el panorama de la región. Se trataba de una iniciativa que arrancó débil con el Protocolo de Kioto en 1997: la venta de bonos de carbono. Pero tal fue la fuerza del proyecto, que hace un par de meses esa comunidad afrodescendiente, tan agobiada y tan oprimida, obtuvo un reconocimiento internacional que nadie más ha logrado en Colombia: el sello VCS (Verified Carbon Standard) por proteger 13.465 hectáreas de bosque.

“Tuve la suerte de conocer a Aureliano Córdoba, representante legal de Cocomasur, uno de los tres Consejos Comunitarios de Acandí. Conversamos mucho sobre la expansión de la ganadería, de la falta de alternativas económicas y de la emigración de jóvenes hacia las ciudades. Ahí surgió la idea de establecer un área de conservación”, relata Ferguson desde Estados Unidos.

Vencer el escepticismo y la cautela de una población acostumbrada a obtener ganancias de las empresas madereras no fue fácil. Pero la incertidumbre de las casi mil familias que viven ahora de la selva del Darién se desmoronó paulatinamente.

Lo primero que hizo Ferguson fue explicarles a los habitantes de Acandí, una población entre Panamá y el mar Caribe, el negocio que les permitiría obtener recursos a través de la preservación de su bosque.

En el mundo existen dos esquemas para negociar los bonos de carbono: el mercado regulado, controlado por el Protocolo de Kioto, y el mercado voluntario. En este último —que permitió el surgimiento del mecanismo REDD (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques)— se paga una suma de dinero a aquellos proyectos que demuestren ponerle freno a la deforestación. Justamente fue ese modelo el que se adoptó en el Chocó. Y para implementarlo se fundó Anthrotect Ltda., una empresa con sede en Medellín que hoy dirige Mauricio Salazar.

“Con el ‘Corredor de Conservación Chocó Darién’ empezamos hace dos años en alianza con Cocomasur. Ese tiempo se empleó para hacer inventarios, para brindar asistencia técnica a los habitantes y para analizar sus condiciones de vida. Y en noviembre de 2012, cuando recibimos la certificación internacional, logramos sacar al mercado 100.000 créditos”, dice Salazar.

Esos créditos suman en total 1’700.000 dólares. Y aunque hasta el momento solo se han logrado vender 300 (cada uno a US$15), esperan que los acuerdos que han pactado con otras empresas privadas les permitan negociar los restantes. Las ganancias, según Salazar, se distribuyen de la siguiente manera: 40% para actividades de mantenimiento y proyectos de reforestación y capacitación. Otro 35% es destinado para adelantar programas de etnodesarrollo y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Y el 25% restante es para Antrothec, que se encarga de hacer monitoreo, brinda asistencia técnica y mantiene las certificaciones. El Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez los asesora en la ejecución de los recursos.

“Ahora, gracias a ese proyecto, adelantamos programas de salud y educación. Por ejemplo, los jóvenes ya quieren quedarse en la región. Tenemos un buen equipo de contadores y tecnólogos y 865 familias se están beneficiando”, asegura Everildys Córdoba, una líder de Cocomasur que, después de divagar por el Magdalena Medio, por Medellín y muchas otras ciudades por culpa de la violencia, pudo regresar a su tierra natal. Y ahora está al frente de ese inmenso corredor de animales y vegetación. Y no se quiere volver a ir. Por eso lo protege con tanta determinación.

Pese a que el certificado internacional es evidencia del buen funcionamiento del proyecto del Darién, la venta de bonos de carbono en Colombia no se ha realizado de la mejor manera.

De acuerdo con Rubén Guerrero, de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente, se conocen casos en los que empresas privadas no hacen la consulta previa con comunidades indígenas y afrocolombianas, les dan falsa información y los hacen firmar falsos contratos. “Aunque es cierto que el mercado regulado está en construcción, ya hemos adelantado campañas para informar y educar a las poblaciones afectadas”, asegura Guerrero, quien también asevera que apenas se están creando las normas para esos mercados.

Y es debido a la escasa normativa que, de las 50 iniciativas que hay en Colombia, que ocupan más de 17 millones de hectáreas, varias operan de forma irregular. Otro de los modelos conocidos, según Mauricio Salazar, es que compañías privadas logran que las comunidades firmen un preacuerdo que sirve como garantía para empezar a vender bonos en el extranjero. Así, nunca implementan los proyectos y se quedan con los dólares de ingenuos compradores.

Para Roberto León Gómez, subdirector de Desarrollo Local de la Fundación Natura, la explicación de que el mercado voluntario no funcione es, esencialmente, una sola: “el Ministerio no está de acuerdo con que las empresas tengan un límite de emisión de gases invernadero”.

Además de las enormes falencias que hoy tiene el negocio de bonos de carbono y que ha ocasionado el mal manejo de las 30 millones de hectáreas que pertenecen por ley a indígenas y a comunidades afrocolombianas, hay un nuevo factor que amenaza los bosques. Tanto así que el ‘Corredor del Darién’ lo padece pese a sus premios y a su reconocimiento: “Ahora —dice Everildys Córdoba— muchas personas quieren entrar a hacer minería ilegal. Quieren llevarse todo el oro de la selva”.

ssilva@elespectador.com