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Dos decisiones judiciales, una del vicefiscal Guillermo Mendoza Diago y otra del juez especializado de Bogotá Julio Roberto Ballén, alborotaron el avispero de la parapolítica. Aunque decidió que seguía vinculado al proceso, la Fiscalía ordenó la libertad del ex senador Mario Uribe Escobar, quien en horas de la mañana de hoy salió de la cárcel La Picota, donde estaba recluido desde el pasado 22 de abril. Por su parte, el juez Ballén, en una providencia de 90 páginas, absolvió al ex congresista William Alfonso Montes del delito de concierto para delinquir agravado.
La decisión de la Fiscalía de devolverle la libertad al ex parlamentario y primo del presidente Álvaro Uribe fue el hecho noticioso más relevante. El calvario judicial de Uribe Escobar empezó en noviembre de 2006, cuando el testigo Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, lo mencionó por primera vez como beneficiario de las autodefensas. El 7 de mayo de 2007 una comisión de la Corte Suprema de Justicia viajó hasta Quebec, Canadá, para escuchar su declaración. En esencia sostuvo Pitirri que vio que Mario Uribe se reunió con paramilitares con el objetivo de hacerse a unas fincas baratas en Antioquia y Sucre.
Uribe desmintió a Pitirri, a quien calificó como “pitítere” en referencia a que el testigo estelar de la parapolítica quería desprestigiarlo. Sin embargo, cuando el ambiente judicial estaba más sensible, el 15 de mayo de 2007, es decir una semana después de la declaración de Pitirri a la Corte, el desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso señaló que en dos oportunidades se había reunido con Mario Uribe Escobar. Las investigaciones siguieron avanzando, y el 26 de septiembre del año pasado la Corte Suprema anunció la vinculación formal de Mario Uribe al escándalo parapolítico. Dos días después el ex senador renunció a su curul y pasó a órdenes de la Fiscalía.
Precisamente, luego de rendir indagatoria ante el coordinador de fiscales delegados de la Corte Suprema, Ramiro Marín, se le dictó medida de aseguramiento el 22 de abril. Uribe Escobar intentó buscar asilo en Costa Rica, pero le fue negado y tuvo que entregarse a agentes del CTI en la embajada de ese país. La decisión de la Fiscalía de ordenar su captura estuvo sustentada
en que Uribe Escobar obtuvo una votación considerable en zonas de influencia paramilitar de Córdoba, y en las declaraciones de Mancuso, según las cuales les pidió a personas que vivían en zonas dominadas por las autodefensas que votaran por Mario Uribe.
El vicefiscal Guillermo Mendoza Diago explicó ayer que el ex senador Mario Uribe continuaba vinculado al proceso que se le sigue por sus presuntos vínculos con paramilitares. Sin embargo, señaló que para mantenerlo privado de la libertad el ente acusador necesitaba por lo menos dos indicios graves, y que el testimonio de Pitirri no era suficiente para prolongar su estadía en prisión. “Si hay pruebas posteriores que lo comprometan, la decisión será otra”, indicó Mendoza, quien añadió que el ex senador no podrá salir del país sin permiso y tendrá que presentarse cuando el ente acusador lo requiera.
Al cierre de esta edición, el abogado José del Carmen Ortega, defensor de Mario Uribe, celebró la decisión proferida por la Fiscalía, reiteró la inocencia de su cliente y afirmó que Pitirri busca asilo para 46 de sus parientes en Canadá y que la credibilidad de dicho testigo está en entredicho. Sin duda, la noticia de su excarcelación le da un nuevo respiro al ex director del Partido Colombia Democrática, un hombre que desde 1986 ha hecho llave política con el hoy presidente Álvaro Uribe Vélez y quien a sus 58 años de edad afronta el proceso judicial más amargo de su larga trayectoria política.
El caso Montes
Paralelamente a la decisión de la Fiscalía en relación con Mario Uribe y a las noticias de las renuncias al Congreso de los también parlamentarios investigados Carlos García Orjuela y Guillermo Gaviria Zapata, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, a cargo de Julio Roberto Ballén Silva, consideró que no había méritos para condenar al ex congresista William Alfonso Montes Medina, pese a haber firmado el Pacto de Ralito y asistido a otra reunión en el Caramelo (Córdoba) con varios comandantes de las Auc.
Así las cosas, ya asciende a seis el número de ex parlamentarios que salen avantes del escándalo parapolítico. El juez Ballén aceptó los argumentos de la defensa, de la Procuraduría y del propio implicado. “En esta causa no se demostró que el senador Montes se hubiese concertado con miembros de las Auc o que les hubiese brindado apoyo para la expansión y fortalecimiento del grupo ilegal; al extremo que hasta se marginó de participar en la votación de la Ley de Justicia y Paz que se aprobó, por considerar exagerados los beneficios otorgados a los desmovilizados, no obstante que la bancada de su partido le dio instrucciones en ese sentido”, dice el fallo absolutorio.
Durante el juicio, luego de haber renunciado a su fuero para no ser juzgado por la Corte Suprema, la Procuraduría consideró que había una duda razonable que debía conducir a su absolución. “Resultan lógicas las explicaciones del doctor Montes
Medina”, afirmó el Ministerio Público, y sostuvo que la conclusión de la Fiscalía “encierra mucho riesgo de error”. No obstante, el ente acusador pidió que fuera condenado por el delito de concierto para delinquir, porque no había evidencia que demostrara que, como alegó Montes, hubiera concurrido a las reuniones con los jefes de las Auc movido por temor o miedo.
La Fiscalía se sostuvo en su tesis, con base en las declaraciones de los ex jefes paramilitares Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, y Salvatore Mancuso, que comprobaban que los encuentros de Ralito y del corregimiento del Caramelo, en Córdoba, estuvieron inspirados en principios de las autodefensas y llevaban implícitos las posturas de esos grupos y, por ende, “la separación absoluta con el Estado de Derecho”.
Había, además, planteado la Fiscalía en los alegatos, en los que solicitaba la condena, que no entendía cómo congresistas y funcionarios “de alta majestad”, siendo abogados, como ocurría con Montes Medina, acudieron a pactar con los paramilitares “la refundación del Estado”. Asimismo, aseguró que Montes tuvo contactos desde el año 2001 con las autodefensas, de lo que se infería que su campaña fue avalada y patrocinada por dicho grupo al margen de la ley.
Pero todas las acusaciones de la Fiscalía no fueron contundentes para el juez Ballén, quien consideró que no existía ni un solo elemento de juicio que indicara que Montes hubiera sido favorecido por las autodefensas. En su fallo sostuvo, por ejemplo, que, como explicó Montes, la reunión del Caramelo tuvo como objetivo pedir a las Auc que no intervinieran en las elecciones de 2002, ya que para esa época había sido electo senador. El juez también le dio credibilidad al procesado cuando afirmó que después del Pacto de Ralito su caudal electoral se vio notoriamente disminuido.
Entre los testimonios que el juez Ballén tuvo en cuenta para absolver al ex congresista, estuvo el del ex jefe de informática del DAS, Rafael García, quien aseguró que Montes no fue el candidato que las autodefensas habían seleccionado y apoyado en el departamento del Magdalena en el año 2002. Junto con Montes Medina han sido absueltos o excluidos de la parapolítica José de los Santos Negrete, Jairo Merlano, Luis Humberto Gómez Gallo, Javier Ramiro Devia y Gabriel Zapata.
Los reversazos en materia judicial de los ex congresistas Mario Uribe y William Montes, sumados a las renuncias al Congreso de Carlos García y Guillermo Gaviria tienen el panorama más caldeado que siempre. ¿Empieza a tambalear la parapolítica?