Personajes del año, El Espectador: Los migrantes venezolanos

¿Por cuál punto fronterizo ingresó?

– Por Maicao.

José Aguilar y su familia salieron hace tres días del estado Zulia, Venezuela. El viaje apenas empieza para ellos. Todavía no han cruzado el páramo de Berlín, donde la noche es más fría que el pueblo más alto de Venezuela y cuyo nombre fue bautizado por los caminantes como el “Páramo de la muerte”, un trayecto que transitan a la orilla del pavimento entre Pamplona y Bucaramanga.

Madre, padre e hijos, los cuatro decidieron salir juntos. Por eso a Valentín, el más pequeño, no se le borraba la sonrisa del rostro, sentía que esto de caminar por tantas horas y a la intemperie era propio de un desafío familiar. Ese sábado detrás de ellos había otros grupos, de 10, 15 y 20 personas. Diariamente más de 1.000 caminantes cruzan por algún tramo de la extensa frontera de 2.219 kilómetros. Unos pocos lo hacen por los siete pasos oficiales. La gran mayoría por las 280 trochas que son controladas por actores irregulares, como el Eln, el Epl y las bacrim. En estos pasos no está presente Migración y los refugiados se exponen al reclutamiento, la trata y la explotación. Aguilar solo tiene su cédula venezolana, un documento sin mayor validez en Colombia. Según OCHA, ninguno de los caminantes tiene el Permiso de Permanencia Especial, una medida legal y temporal que se emite en línea. Aguilar no tiene teléfono para comunicarse con los familiares que dejó en Venezuela, tampoco porta alimentos y a duras penas sabe en cuál carretera pasará la noche. Estas personas no están registradas en las cifras oficiales, pasan inadvertidas y corren el riesgo de que no los atiendan en caso de una emergencia. (Le puede interesar: El Conpes para atender a los venezolanos).

Con la primera ola de caminantes los gobiernos locales criminalizaron la solidaridad de los que ayudaban a los indocumentados. En lugar de proteger las iniciativas de la sociedad civil que surgieron como una respuesta complementaria, las sancionaron con multas. Sin que esto detuviera a los colombianos, se crearon albergues, 12 en la ruta Cúcuta-Bucaramanga, el tramo más complejo para los que van a Perú, Ecuador y Chile.

Los primeros días la familia durmió en la calle, al borde de la carretera donde los autos se desplazan a máxima velocidad. Nadie “les da la cola”, como dicen los venezolanos, porque la policía inspecciona los autobuses que trasladan a quienes no tienen sus papeles en regla. Caminan porque no tienen dinero ni documentos. El día que cruzaron la frontera se enfrentaron al calor inclemente de Cúcuta, parecido al de Maracaibo, que bien conocen, y a la noche helada de Pamplona, absolutamente nueva para ellos.

El páramo es una caja de sorpresas. La neblina les impide ver hacia delante y por un momento piensan que pueden morir en el intento, pero siguen subiendo. Liberan el peso de sus maletas improvisadas y guardan lo esencial. Se unen a otro grupo y comparten los pocos alimentos que les quedan. Ninguno sabe a ciencia cierta cuántos kilómetros había caminado o cuántos les faltaban para llegar a Bucaramanga. Las heridas en los pies marcaban el paso del tiempo. (Colombia pide ayuda internacional para la emergencia).

A 3.200 metros de altura y unos tres grados bajo cero llegaron al albergue de Julián Tiría en la cima del páramo de Berlín. Fue un alivio que los recibieran en un lugar cálido, con cuatro paredes y un piso seguro para recostarse. En este refugio todas las noches duermen hacinadas entre 100 y 300 personas, 30 % mujeres y 10 % niños. No hay baños y la cocina es rudimentaria. “Uno se siente agotado de no contar con apoyo público para tener el albergue en mejores condiciones”, aclaró Julián. La noche cuando llegó Aguilar y su familia, una mujer tuvo un aborto involuntario. Se dieron cuenta por las hemorragias y las contracciones. De julio a diciembre se ha duplicado el número de madres gestantes subiendo el páramo. La mayoría no resiste el embarazo. Según Julián y otros líderes comunitarios, más de 20 venezolanos han muerto de hipotermia.

El limbo jurídico ha sido el destino al que está condenado una persona como Aguilar, que se fue de su país porque no tenía más opciones: el sueldo no le alcanzaba y no pudo emitir su pasaporte. Según el FMI, para 2019 Venezuela tendrá una inflación de 10’000.000 % y la migración será indetenible.

Aguilar desconoce la ruta para llegar a Ecuador. Llevan una semana y la incertidumbre los acompaña en el camino. Saben que les falta mucho. “Del afán solo queda el cansancio”, repite constantemente, como una especie de mantra. Si los recién llegados conocieran sus derechos y apelaran a la Convención de Ginebra de 1951 y a la Declaración de Cartagena sabrían que cumplen con los requisitos para solicitar protección internacional por persecución, falta de libertades, violencia generalizada y violaciones masivas a los derechos humanos, así el gobierno de Venezuela se empeñe en negarlo. La solicitud de asilo tarda dos años y durante ese lapso los migrantes no pueden trabajar. José no tiene alternativa, en ese tiempo el hambre no espera. (La tarjeta de movilidad para venezolanos).

Otra amenaza para las familias migrantes es la apatridia, que alguien nazca en un país y no se le reconozca la nacionalidad. Si José y su esposa decidieran tener más hijos y nacieran en Colombia, estarían en riesgo de que ninguno de los dos Estados les garanticen plenos derechos. En lo que va de año, el 63 % de los niños venezolanos que nacieron en Colombia solo tienen el registro de nacido vivo. Ser apátrida significa que no eres ciudadano, que no tienes reconocimiento ni protección. Si Valentín y su hermana Gloria ingresan a un colegio público, lo más probable es que no les entreguen las notas a final de año por no tener identificación ni convalidación de estudios. Tampoco formarán parte del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

“Porque sea mujer no significa que no podamos hacer lo mismo que los hombres: igualito caminar, pasar hambre, mojarnos...”, dice Gloria, la hermana mayor. Hasta Cúcuta llega la ayuda humanitaria. A partir de ahí los caminantes solo cuentan con la sensibilidad de algunos colombianos y de las iglesias católicas y protestantes que han instalado hogares de paso y comedores populares. Los organismos internacionales no están presentes, solo la Cruz Roja, pero hasta las 4:00 p.m. y en dos puntos específicos. “Esos organismos son pura burocracia”, replica Julián.

Según un documento Conpes publicado a finales de noviembre, la Costa Atlántica es la más impactada por el fenómeno migratorio. La mayoría son ciudadanos colombianos que emigraron a Venezuela en las épocas más crudas del conflicto armado y ahora retornan a su país. La institucionalidad existente ha sido desbordada. Queda claro que han predominado las soluciones de emergencia y que no hay planes estratégicos de largo plazo. Las respuestas cortoplacistas generan más conflicto, como lo hemos visto en los cambuches de la terminal de El Salitre.

Así como la familia Aguilar, miles de adolescentes, menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores emprenden duras travesías movidos por el instinto más primario de supervivencia. El optimismo con el que se enfrentan a los múltiples riesgos representa la valentía de personas que se niegan a rendirse ante la adversidad.

Las fronteras, lo sabemos, no son creaciones de la naturaleza. Son artificiales. La línea divisoria entre Colombia y Venezuela se desdibuja en lugares como La Guajira, el Llano, y el eje Táchira-Norte de Santander, donde la música, las costumbres, el aspecto físico de sus habitantes y el paisaje de un lado y otro no guardan muchas diferencias. A pesar de los retos que plantea, las migraciones suelen traer beneficios y enriquecimiento para el país receptor.

La posibilidad de lograr que el flujo de migrantes no sea un caos, sino una oportunidad de crecimiento, dependerá de la capacidad de la institucionalidad de Colombia para integrar de manera exitosa a esta población. A José y su familia les queda mucho trecho por recorrer.

¿Por cuál punto fronterizo ingresó?

– Por Maicao.

José Aguilar y su familia salieron hace tres días del estado Zulia, Venezuela. El viaje apenas empieza para ellos. Todavía no han cruzado el páramo de Berlín, donde la noche es más fría que el pueblo más alto de Venezuela y cuyo nombre fue bautizado por los caminantes como el “Páramo de la muerte”, un trayecto que transitan a la orilla del pavimento entre Pamplona y Bucaramanga.

Madre, padre e hijos, los cuatro decidieron salir juntos. Por eso a Valentín, el más pequeño, no se le borraba la sonrisa del rostro, sentía que esto de caminar por tantas horas y a la intemperie era propio de un desafío familiar. Ese sábado detrás de ellos había otros grupos, de 10, 15 y 20 personas. Diariamente más de 1.000 caminantes cruzan por algún tramo de la extensa frontera de 2.219 kilómetros. Unos pocos lo hacen por los siete pasos oficiales. La gran mayoría por las 280 trochas que son controladas por actores irregulares, como el Eln, el Epl y las bacrim. En estos pasos no está presente Migración y los refugiados se exponen al reclutamiento, la trata y la explotación. Aguilar solo tiene su cédula venezolana, un documento sin mayor validez en Colombia. Según OCHA, ninguno de los caminantes tiene el Permiso de Permanencia Especial, una medida legal y temporal que se emite en línea. Aguilar no tiene teléfono para comunicarse con los familiares que dejó en Venezuela, tampoco porta alimentos y a duras penas sabe en cuál carretera pasará la noche. Estas personas no están registradas en las cifras oficiales, pasan inadvertidas y corren el riesgo de que no los atiendan en caso de una emergencia. (Le puede interesar: El Conpes para atender a los venezolanos).

Con la primera ola de caminantes los gobiernos locales criminalizaron la solidaridad de los que ayudaban a los indocumentados. En lugar de proteger las iniciativas de la sociedad civil que surgieron como una respuesta complementaria, las sancionaron con multas. Sin que esto detuviera a los colombianos, se crearon albergues, 12 en la ruta Cúcuta-Bucaramanga, el tramo más complejo para los que van a Perú, Ecuador y Chile.

Los primeros días la familia durmió en la calle, al borde de la carretera donde los autos se desplazan a máxima velocidad. Nadie “les da la cola”, como dicen los venezolanos, porque la policía inspecciona los autobuses que trasladan a quienes no tienen sus papeles en regla. Caminan porque no tienen dinero ni documentos. El día que cruzaron la frontera se enfrentaron al calor inclemente de Cúcuta, parecido al de Maracaibo, que bien conocen, y a la noche helada de Pamplona, absolutamente nueva para ellos.

El páramo es una caja de sorpresas. La neblina les impide ver hacia delante y por un momento piensan que pueden morir en el intento, pero siguen subiendo. Liberan el peso de sus maletas improvisadas y guardan lo esencial. Se unen a otro grupo y comparten los pocos alimentos que les quedan. Ninguno sabe a ciencia cierta cuántos kilómetros había caminado o cuántos les faltaban para llegar a Bucaramanga. Las heridas en los pies marcaban el paso del tiempo. (Colombia pide ayuda internacional para la emergencia).

A 3.200 metros de altura y unos tres grados bajo cero llegaron al albergue de Julián Tiría en la cima del páramo de Berlín. Fue un alivio que los recibieran en un lugar cálido, con cuatro paredes y un piso seguro para recostarse. En este refugio todas las noches duermen hacinadas entre 100 y 300 personas, 30 % mujeres y 10 % niños. No hay baños y la cocina es rudimentaria. “Uno se siente agotado de no contar con apoyo público para tener el albergue en mejores condiciones”, aclaró Julián. La noche cuando llegó Aguilar y su familia, una mujer tuvo un aborto involuntario. Se dieron cuenta por las hemorragias y las contracciones. De julio a diciembre se ha duplicado el número de madres gestantes subiendo el páramo. La mayoría no resiste el embarazo. Según Julián y otros líderes comunitarios, más de 20 venezolanos han muerto de hipotermia.

El limbo jurídico ha sido el destino al que está condenado una persona como Aguilar, que se fue de su país porque no tenía más opciones: el sueldo no le alcanzaba y no pudo emitir su pasaporte. Según el FMI, para 2019 Venezuela tendrá una inflación de 10’000.000 % y la migración será indetenible.

Aguilar desconoce la ruta para llegar a Ecuador. Llevan una semana y la incertidumbre los acompaña en el camino. Saben que les falta mucho. “Del afán solo queda el cansancio”, repite constantemente, como una especie de mantra. Si los recién llegados conocieran sus derechos y apelaran a la Convención de Ginebra de 1951 y a la Declaración de Cartagena sabrían que cumplen con los requisitos para solicitar protección internacional por persecución, falta de libertades, violencia generalizada y violaciones masivas a los derechos humanos, así el gobierno de Venezuela se empeñe en negarlo. La solicitud de asilo tarda dos años y durante ese lapso los migrantes no pueden trabajar. José no tiene alternativa, en ese tiempo el hambre no espera. (La tarjeta de movilidad para venezolanos).

Otra amenaza para las familias migrantes es la apatridia, que alguien nazca en un país y no se le reconozca la nacionalidad. Si José y su esposa decidieran tener más hijos y nacieran en Colombia, estarían en riesgo de que ninguno de los dos Estados les garanticen plenos derechos. En lo que va de año, el 63 % de los niños venezolanos que nacieron en Colombia solo tienen el registro de nacido vivo. Ser apátrida significa que no eres ciudadano, que no tienes reconocimiento ni protección. Si Valentín y su hermana Gloria ingresan a un colegio público, lo más probable es que no les entreguen las notas a final de año por no tener identificación ni convalidación de estudios. Tampoco formarán parte del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

“Porque sea mujer no significa que no podamos hacer lo mismo que los hombres: igualito caminar, pasar hambre, mojarnos...”, dice Gloria, la hermana mayor. Hasta Cúcuta llega la ayuda humanitaria. A partir de ahí los caminantes solo cuentan con la sensibilidad de algunos colombianos y de las iglesias católicas y protestantes que han instalado hogares de paso y comedores populares. Los organismos internacionales no están presentes, solo la Cruz Roja, pero hasta las 4:00 p.m. y en dos puntos específicos. “Esos organismos son pura burocracia”, replica Julián.

Según un documento Conpes publicado a finales de noviembre, la Costa Atlántica es la más impactada por el fenómeno migratorio. La mayoría son ciudadanos colombianos que emigraron a Venezuela en las épocas más crudas del conflicto armado y ahora retornan a su país. La institucionalidad existente ha sido desbordada. Queda claro que han predominado las soluciones de emergencia y que no hay planes estratégicos de largo plazo. Las respuestas cortoplacistas generan más conflicto, como lo hemos visto en los cambuches de la terminal de El Salitre.

Así como la familia Aguilar, miles de adolescentes, menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores emprenden duras travesías movidos por el instinto más primario de supervivencia. El optimismo con el que se enfrentan a los múltiples riesgos representa la valentía de personas que se niegan a rendirse ante la adversidad.

Las fronteras, lo sabemos, no son creaciones de la naturaleza. Son artificiales. La línea divisoria entre Colombia y Venezuela se desdibuja en lugares como La Guajira, el Llano, y el eje Táchira-Norte de Santander, donde la música, las costumbres, el aspecto físico de sus habitantes y el paisaje de un lado y otro no guardan muchas diferencias. A pesar de los retos que plantea, las migraciones suelen traer beneficios y enriquecimiento para el país receptor.

La posibilidad de lograr que el flujo de migrantes no sea un caos, sino una oportunidad de crecimiento, dependerá de la capacidad de la institucionalidad de Colombia para integrar de manera exitosa a esta población. A José y su familia les queda mucho trecho por recorrer.