Se enreda reforma del Código de Minas

Quedan 100 días para que la minería en el país vuelva a regirse por el antiguo Código de Minas. El 11 de mayo, la Ley 1382 de 2010 que lo reformaba quedará sin efectos, como lo ordenó la Corte Constitucional debido a que el Gobierno no adelantó la consulta previa. Por eso, ante la ausencia de un nuevo proyecto, el retroceso será un hecho, reconoció esta semana el Ministerio de Minas.

Aunque en el Ministerio se dice que volver al antiguo código mientras se adelanta la nueva reforma no representará mayores traumatismos, en otros sectores aseguran que es necesario agilizar el proceso para redefinir las reglas de una actividad que tiene enormes implicaciones ambientales y sociales, a la par de poco control al respecto.

El golpeado proceso para renovar el Código de Minas empezó en 2010. Ese año, a través de la Ley 1382, se reformó la hoja de ruta minera, incluyendo cambios tan relevantes como la prohibición de la minería en zonas de páramo y humedales Ramsar. Con el antiguo código se había permitido, según datos de Catastro y Registro Minero, la entrega en el país de 394 títulos en páramos, que hasta ahora siguen vigentes.

Pero después de verificar que no se hizo la consulta previa, la Corte Constitucional declaró inexequible la reforma y dio un plazo de dos años para presentar una nueva propuesta. Precisamente esos dos años se cumplen el próximo 11 de mayo, y la nueva reforma todavía no está sobre la mesa.

El retraso, dice el ministro de Minas, Federico Renjifo, no tiene otra explicación que la dificultad para adelantar el proceso de consulta previa. Aunque desde el año pasado se habían establecido contactos con algunas comunidades, a esta hora los avances son pocos y el proceso puede dilatarse aún más, según el ministro, debido a que desde diciembre el Ministerio del Interior anunció que debe ampliarse el espacio de representación de las negritudes.

Sumado a lo anterior, hay otras dos consultas previas en camino que también tendrán que resolverse y que tendrían mayor prioridad: la de la reforma de las corporaciones autónomas regionales y la del Estatuto de Desarrollo Rural. Se estima que las tres consultas podrían costarle al país $12.000 millones.

Frente al regreso al antiguo Código de Minas, una de las mayores preocupaciones ha sido saber qué va a pasar con los páramos y humedales. Al respecto, Renjifo insiste en que seguirían blindados, pues la prohibición de minería en esos sitios también está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos.

Pero, ¿qué va a pasar con estas zonas cuando el gobierno Santos acabe su período (agosto de 2014)? Estas y otras inquietudes son las que tienen hoy expertos en derecho ambiental, como Sebastián Rubiano, quien señala que lo más razonable sería no entregar títulos mineros mientras no esté lista la nueva reforma.

Pero no sólo lo ambiental está en juego. Álvaro Pardo, director de Colombia Punto Medio, señala, por ejemplo, que la renovación automática de los contratos es otro punto clave. Mientras la reforma planteaba que no habría renovación automática, sino que dependería de estudios rigurosos y del cumplimiento de la mineras, en el viejo código las prórrogas son automáticas. Un hecho que favorecería a todas las mineras que están próximas a renovar sus contratos. Otro de los asuntos importantes tiene que ver con los temas sociales en las áreas de influencia de las empresas y frente a los cuales el viejo código es bastante laxo, como señala Pardo.

La lista de cambios necesarios es larga y el encargado de hacerlos será el Ministerio de Minas. En cien días son pocos los avances que habrá al respecto, y teniendo en cuenta las limitaciones por la consulta previa, el proceso puede alargarse mucho más. Sin embargo, en el Ministerio son optimistas y señalan que es probable que antes de que termine este año al país podrá tener una reforma al Código de Minas. Por ahora, no queda más alternativa que dar un paso atrás.

Quedan 100 días para que la minería en el país vuelva a regirse por el antiguo Código de Minas. El 11 de mayo, la Ley 1382 de 2010 que lo reformaba quedará sin efectos, como lo ordenó la Corte Constitucional debido a que el Gobierno no adelantó la consulta previa. Por eso, ante la ausencia de un nuevo proyecto, el retroceso será un hecho, reconoció esta semana el Ministerio de Minas.

Aunque en el Ministerio se dice que volver al antiguo código mientras se adelanta la nueva reforma no representará mayores traumatismos, en otros sectores aseguran que es necesario agilizar el proceso para redefinir las reglas de una actividad que tiene enormes implicaciones ambientales y sociales, a la par de poco control al respecto.

El golpeado proceso para renovar el Código de Minas empezó en 2010. Ese año, a través de la Ley 1382, se reformó la hoja de ruta minera, incluyendo cambios tan relevantes como la prohibición de la minería en zonas de páramo y humedales Ramsar. Con el antiguo código se había permitido, según datos de Catastro y Registro Minero, la entrega en el país de 394 títulos en páramos, que hasta ahora siguen vigentes.

Pero después de verificar que no se hizo la consulta previa, la Corte Constitucional declaró inexequible la reforma y dio un plazo de dos años para presentar una nueva propuesta. Precisamente esos dos años se cumplen el próximo 11 de mayo, y la nueva reforma todavía no está sobre la mesa.

El retraso, dice el ministro de Minas, Federico Renjifo, no tiene otra explicación que la dificultad para adelantar el proceso de consulta previa. Aunque desde el año pasado se habían establecido contactos con algunas comunidades, a esta hora los avances son pocos y el proceso puede dilatarse aún más, según el ministro, debido a que desde diciembre el Ministerio del Interior anunció que debe ampliarse el espacio de representación de las negritudes.

Sumado a lo anterior, hay otras dos consultas previas en camino que también tendrán que resolverse y que tendrían mayor prioridad: la de la reforma de las corporaciones autónomas regionales y la del Estatuto de Desarrollo Rural. Se estima que las tres consultas podrían costarle al país $12.000 millones.

Frente al regreso al antiguo Código de Minas, una de las mayores preocupaciones ha sido saber qué va a pasar con los páramos y humedales. Al respecto, Renjifo insiste en que seguirían blindados, pues la prohibición de minería en esos sitios también está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos.

Pero, ¿qué va a pasar con estas zonas cuando el gobierno Santos acabe su período (agosto de 2014)? Estas y otras inquietudes son las que tienen hoy expertos en derecho ambiental, como Sebastián Rubiano, quien señala que lo más razonable sería no entregar títulos mineros mientras no esté lista la nueva reforma.

Pero no sólo lo ambiental está en juego. Álvaro Pardo, director de Colombia Punto Medio, señala, por ejemplo, que la renovación automática de los contratos es otro punto clave. Mientras la reforma planteaba que no habría renovación automática, sino que dependería de estudios rigurosos y del cumplimiento de la mineras, en el viejo código las prórrogas son automáticas. Un hecho que favorecería a todas las mineras que están próximas a renovar sus contratos. Otro de los asuntos importantes tiene que ver con los temas sociales en las áreas de influencia de las empresas y frente a los cuales el viejo código es bastante laxo, como señala Pardo.

La lista de cambios necesarios es larga y el encargado de hacerlos será el Ministerio de Minas. En cien días son pocos los avances que habrá al respecto, y teniendo en cuenta las limitaciones por la consulta previa, el proceso puede alargarse mucho más. Sin embargo, en el Ministerio son optimistas y señalan que es probable que antes de que termine este año al país podrá tener una reforma al Código de Minas. Por ahora, no queda más alternativa que dar un paso atrás.