Se legaliza ‘alquiler de vientres’

Desde 1994 en Francia está prohibido que las mujeres alquilen su vientre a aquellas parejas que no pueden tener hijos. Una práctica que se ha vuelto común en Europa y que dio origen al turismo reproductivo, pero que en países como España es considerada ilegal y puede ser sancionada con cárcel. La semana pasada, sin embargo, un grupo de senadores franceses decidió hacer eco a la serie de reformas en materia de bioética propuestas por el presidente Nicolás Sarkozy (que entrarían en vigencia en 2009) y presentar un proyecto legislativo para que se legalice este procedimiento.

Michéle André, senadora socialista y líder de esta iniciativa, explicó durante una rueda de prensa que “hay que ser conscientes que las cosas en el mundo están evolucionando y lo que intentamos es legislar para evitar la mercantilización de la reproducción”. Según estudios recientes del Ministerio de Sanidad, se calcula que cerca de 400 parejas francesas viajan cada año al extranjero para alquilar el vientre de una mujer y lograr, de esta forma, tener el hijo que no han podido concebir. Un fenómeno que ha generado dificultades, especialmente para que los jueces establezcan la filiación paterna de los recién nacidos.

La nueva legislación

La propuesta de este grupo de senadores franceses, que cuenta con el beneplácito del presidente Sarkosy, desató una lluvia de críticas no sólo en el país, sino entre miembros de la Unión Europea e incluso de la Iglesia católica, por considerar que se trata de una práctica que atenta contra la ética y que convierte el milagro de concebir un hijo en un negocio.

Por su parte, los autores de esta polémica iniciativa explican que su legalización contempla requisitos estrictos. Por ejemplo, se excluirá a las parejas homosexuales y no se permitirá que una madre alquile su vientre si lleva el embrión de su propio hijo. La norma, que entraría en vigencia en 2009, prohíbe también cualquier tipo de remuneración económica para la mujer, excepto la derivada de los costos médicos que no cubra el sistema sanitario público francés. Además, se exige que la “portadora” del bebé haya tenido un hijo previamente.

Y como si fuera poco, hay una cláusula que contempla que la madre “que lleve al feto en su útero tendrá derecho de arrepentimiento” y podrá cambiar de opinión y quedarse con el niño en los tres días siguientes a su nacimiento. Por el contrario, los padres biológicos no podrán renunciar a sus responsabilidades una vez nacido el bebé si, por ejemplo, éste padece algún tipo de discapacidad.

“La maternidad a través de otra mujer debe estar reservada a parejas heterosexuales con problemas de fertilidad y a los casos en los que la mujer no esté capacitada para llevar un embarazo a término o no pueda hacerlo sin poner en riesgo su vida o la del bebé”, aclara Alain Milon, uno de los senadores franceses autores del documento.

La Agencia Francesa de Biomedicina será la encargada de autorizar o no este procedimiento según el caso. Lo cierto es que la legalización de esta cuestionada y polémica práctica abre el debate en países como el nuestro, en donde si bien no es ilegal, sí hay un gran vacío jurídico, pues “el médico que atiende el parto tiene que expedir un certificado de nacimiento con el nombre de la mujer que acaba de concebir, pero no con el nombre de la madre biológica que fue quien donó el óvulo”, advirtió Jorge Ramírez, ginecólogo y presidente de la Asociación de Parejas Infértiles, en entrevista a Noticias Caracol.

Desde 1994 en Francia está prohibido que las mujeres alquilen su vientre a aquellas parejas que no pueden tener hijos. Una práctica que se ha vuelto común en Europa y que dio origen al turismo reproductivo, pero que en países como España es considerada ilegal y puede ser sancionada con cárcel. La semana pasada, sin embargo, un grupo de senadores franceses decidió hacer eco a la serie de reformas en materia de bioética propuestas por el presidente Nicolás Sarkozy (que entrarían en vigencia en 2009) y presentar un proyecto legislativo para que se legalice este procedimiento.

Michéle André, senadora socialista y líder de esta iniciativa, explicó durante una rueda de prensa que “hay que ser conscientes que las cosas en el mundo están evolucionando y lo que intentamos es legislar para evitar la mercantilización de la reproducción”. Según estudios recientes del Ministerio de Sanidad, se calcula que cerca de 400 parejas francesas viajan cada año al extranjero para alquilar el vientre de una mujer y lograr, de esta forma, tener el hijo que no han podido concebir. Un fenómeno que ha generado dificultades, especialmente para que los jueces establezcan la filiación paterna de los recién nacidos.

La nueva legislación

La propuesta de este grupo de senadores franceses, que cuenta con el beneplácito del presidente Sarkosy, desató una lluvia de críticas no sólo en el país, sino entre miembros de la Unión Europea e incluso de la Iglesia católica, por considerar que se trata de una práctica que atenta contra la ética y que convierte el milagro de concebir un hijo en un negocio.

Por su parte, los autores de esta polémica iniciativa explican que su legalización contempla requisitos estrictos. Por ejemplo, se excluirá a las parejas homosexuales y no se permitirá que una madre alquile su vientre si lleva el embrión de su propio hijo. La norma, que entraría en vigencia en 2009, prohíbe también cualquier tipo de remuneración económica para la mujer, excepto la derivada de los costos médicos que no cubra el sistema sanitario público francés. Además, se exige que la “portadora” del bebé haya tenido un hijo previamente.

Y como si fuera poco, hay una cláusula que contempla que la madre “que lleve al feto en su útero tendrá derecho de arrepentimiento” y podrá cambiar de opinión y quedarse con el niño en los tres días siguientes a su nacimiento. Por el contrario, los padres biológicos no podrán renunciar a sus responsabilidades una vez nacido el bebé si, por ejemplo, éste padece algún tipo de discapacidad.

“La maternidad a través de otra mujer debe estar reservada a parejas heterosexuales con problemas de fertilidad y a los casos en los que la mujer no esté capacitada para llevar un embarazo a término o no pueda hacerlo sin poner en riesgo su vida o la del bebé”, aclara Alain Milon, uno de los senadores franceses autores del documento.

La Agencia Francesa de Biomedicina será la encargada de autorizar o no este procedimiento según el caso. Lo cierto es que la legalización de esta cuestionada y polémica práctica abre el debate en países como el nuestro, en donde si bien no es ilegal, sí hay un gran vacío jurídico, pues “el médico que atiende el parto tiene que expedir un certificado de nacimiento con el nombre de la mujer que acaba de concebir, pero no con el nombre de la madre biológica que fue quien donó el óvulo”, advirtió Jorge Ramírez, ginecólogo y presidente de la Asociación de Parejas Infértiles, en entrevista a Noticias Caracol.