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Basta aterrizar en el nuevo aeropuerto de Quito, o recorrer las impresionantes carreteras que llegan hasta la puerta de la Amazonia en Puyo, para entender por qué muchos ecuatorianos y extranjeros ven el gobierno de Rafael Correa como una historia de éxito. La revista Dinero, que no es precisamente simpatizante de gobiernos de izquierda, fue más allá: le dedicó una portada reciente a Correa y la estampó con el título “El milagro ecuatoriano.”
Con razón, se ha dicho mucho de los logros económicos, sociales y políticos de la “revolución ciudadana”. Ha elevado sustancialmente la cobertura y la calidad de la educación y la salud. Subió los impuestos, renegoció las regalías petroleras y aumentó el gasto en infraestructura, pero evitando la inflación y los desequilibrios que tienen en vilo a Argentina y Venezuela. Y ha conseguido el apoyo de la mayoría de los ecuatorianos en tres elecciones presidenciales y siete años de gobierno.
Lo que se conoce mucho menos, especialmente fuera de Ecuador, son las sombras del “milagro”. Sombras que se oscurecen cada vez más y se proyectan hacia el futuro ahora que el presidente Correa, contrariando sus anuncios, decidió seguir el camino de los hombres fuertes latinoamericanos (Uribe, Menem, Fujimori, Chávez, etc.) hacia una reforma constitucional que le asegure una nueva reelección en 2017.
A la manera de Uribe en Colombia, el gobierno ecuatoriano ha buscado debilitar las voces críticas para concentrar el poder: las de los jueces discrepantes, los periodistas disidentes, las organizaciones indígenas y ambientalistas, los académicos independientes, las ONG de derechos humanos. En todo esto, el gobierno ecuatoriano ha mostrado la misma eficiencia que en la construcción de carreteras, hasta el punto de poner en serio riesgo el Estado de derecho y los derechos humanos en el país. Así lo muestra un estudio sobre la cooptación de la justicia y la persecución contra jueces, activistas y periodistas críticos del Gobierno, que fue lanzado esta semana por Dejusticia, la Due Process of Law Foundation y el Instituto de Defensa Legal de Perú.
El estudio, elaborado por el reconocido investigador Luis Pásara, documenta la erosión del equilibrio de poderes y las garantías ciudadanas. El primer paso fue alinear el Poder Judicial con el Ejecutivo. Como la arquitectura institucional de la notable Constitución de 2008 protegía la independencia judicial, el Gobierno impulsó en 2011 una reforma para someter a los jueces a un órgano de origen político, el Consejo de la Judicatura. Desde entonces el Consejo se ha convertido en juez de jueces. Ha destituido decenas de funcionarios judiciales que han fallado en contravía de las posiciones oficiales, argumentando que cometieron “errores inexcusables” de interpretación del derecho. A partir de un análisis de 42 resoluciones del Consejo, el estudio encontró que 37 de ellas habían sido motivadas por denuncias de funcionarios del Gobierno y dieron lugar a la destitución de 57 jueces (en algunos casos la denuncia era contra más de un juez).
Como lo advirtió en 2012 una veeduría internacional contratada por el propio gobierno de Correa y presidida por el exjuez español Baltasar Garzón, la doctrina del “error inexcusable” deja al arbitrio del Gobierno los cargos de los jueces, al permitirle al Consejo imponer su interpretación del derecho. Así perdieron su puesto dos jueces de la Corte Nacional que difirieron del Gobierno en un caso tributario y una jueza que disintió públicamente del juez que le dio la razón al Gobierno en el controvertido caso de la querella penal contra el diario El Universo. Cuando se suman a las descalificaciones públicas del presidente Correa contra jueces disidentes, en vivo y en directo en su programa de televisión sabatino, las decisiones del Consejo envían mensajes claros a los demás jueces para alinearse con el Gobierno, violando los principios de independencia judicial y el derecho a una justicia imparcial consagrados en los tratados de derechos humanos.
El riesgo de una justicia cooptada es que puede ser usada para acallar la crítica democrática. Eso es lo que está ocurriendo en Ecuador, como lo hemos visto en los últimos años en entrevistas con centros de investigación, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales independientes del Gobierno. El estudio de DPLF, Dejusticia e IDL analizó doce procesos en los que el Poder Judicial ha servido de instrumento para imponer castigos penales por “terrorismo” y “sabotaje” a voces disidentes. Tipos penales que, a pesar de ser tan generales y arbitrarios que no pasan una prueba básica de derecho internacional de los derechos humanos, han sido usados en decenas de otros casos para castigar la protesta y llevar a los estrados judiciales a líderes indígenas, estudiantes, periodistas, políticos de oposición y líderes de ONG de derechos humanos.
Tres dirigentes indígenas están condenados a 12 años de cárcel por “terrorismo organizado” por una marcha contra el proyecto de ley de aguas de 2010, por la cual otros tres están condenados por “obstaculización de las vías públicas”. Luego de una intervención pública del presidente Correa, doce estudiantes de secundaria del Colegio Central Técnico fueron condenados por “rebelión” por salir a protestar en 2013 contra el cambio de nombre de su colegio (la escaramuza con la policía produjo sólo daños materiales menores). Los casos más conocidos son las sanciones contra columnistas y medios críticos del Gobierno. Basta recordar la condena contra el diario El Universo por una columna de 2011, la cual imponía tres años de prisión y US$30 millones de multa contra el columnista y tres directivos del diario por “injuria calumniosa”; la condena fue revisada en segunda instancia, pero sancionó al columnista con 6 meses de prisión y una multa de US$600.000, lo que viola abiertamente el derecho a la libertad de expresión.
De modo que cualquier balance del “milagro ecuatoriano” debe incluir tanto sus luces económicas como sus largas sombras sobre los derechos humanos y la democracia. Especialmente porque las sombras llegan hoy a toda la región, dado que el gobierno ecuatoriano continúa su campaña por debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la última instancia a la que pueden acudir los jueces y los críticos que no tienen recursos disponibles en sus países. Ciertamente no los tienen en Ecuador.
* Miembro fundador de Dejusticia y columnista de El Espectador. Artículo basado parcialmente en columna publicada en este diario.