¿Un salvavidas para los procesados de la parapolítica?

La sentencia a 30 años de prisión contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por la desaparición de 11 personas en los hechos del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, sigue dando de qué hablar. A pesar de que el presidente Álvaro Uribe manifestó este viernes que “por ningún motivo se puede acabar el pacto de paz que se tiene desde hace años con el M-19”, su alocución del pasado jueves, invitando a pensar en una legislación para rodear de garantías a las Fuerzas Armadas, avivó la polémica.

Y el punto concreto de la discusión está en su propuesta específica: “una nueva legislación que debe ser rigurosa en la exigencia de probar el dolo para asignar responsabilidad a coautores mediatos, tanto por acción como por omisión; también como elemento esencial del concierto para delinquir”. Escenario jurídico para expertos que corresponde a una visión adoptada por la justicia internacional y que fue tenida en cuenta en la condena contra el coronel Plazas Vega.

La tesis de la autoría mediata se remonta a 1963, cuando el profesor de la Universidad de Munich, Claus Roxin, la dedujo a partir del caso Adolf Eichmann, un alto funcionario nazi que fue procesado en Jerusalén y condenado a muerte, aunque quedó probado que él nunca llevó a cabo algunas de las ejecuciones. Sin embargo, dominaba los hechos que ejecutaban otros. Esta teoría fue posteriormente aplicada en los casos de los militares de la dictadura argentina entre 1976 y 1983.

En Colombia, desde hace algunos meses, la Corte Suprema de Justicia ha venido acogiendo esta tesis de la autoría mediata para decir que se aplica la figura cuando se está ante un fenómeno al margen de la ley derivado de estructuras de poder. En tal caso, concluyó la Corte en febrero de 2010, “los delitos ejecutados son imputables tanto a sus dirigentes —gestores, patrocinadores, comandantes— a título de autores mediatos (...)  y a los directos ejecutores o subordinados —soldados, tropa o milicianos—”.

Y lo ha hecho para argumentar por qué a algunos procesados en el escándalo de la parapolítica se los debe investigar por crímenes de lesa humanidad. Según la jueza María Stella Jara, esta tesis de la autoría mediata y la coautoría, que también se usó en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú contra el ex presidente Alberto Fujimori, fue la que se aplicó en el caso del coronel Plazas Vega. Según la jueza, él fue autor mediato de la desaparición forzada de 11 personas en los hechos del Palacio de Justicia.

Lo polémico es que el presidente Uribe proponga una legislación rigurosa para probar el dolo, es decir, la intención y responsabilidad directa de autores mediatos o coautores, y que también diga que debe considerarse “como elemento esencial del concierto para delinquir”, es decir, el delito por el cual son procesados los acusados de parapolítica. Y esta propuesta, en palabras del ex magistrado José Gregorio Hernández, “es un claro salvavidas a los de la parapolítica”.

En criterio del ex magistrado Hernández, no se necesita una normatividad especial, ni siquiera para los militares, pues para eso la Constitución consagra el debido proceso y el derecho de defensa. En la misma vía, el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz observó que la jurisprudencia de la Corte está perfectamente ajustada a la ley y que lo que está en juego en medio del debate es el fuero y el juzgamiento de militares por la justicia ordinaria.

En una postura contraria se mostró el ex vicefiscal Francisco José Sintura, quien no cree que haya intención alguna de blindar a los parapolíticos con la propuesta presidencial, y que, en cambio, ya es hora de que se revise la justicia penal militar para preservar el fuero, porque hoy por hoy la mayoría de excesos de los militares, cometidos en el cumplimiento de su deber o actos de servicio, están siendo juzgados por la justicia ordinaria.

El debate ya trascendió las fronteras. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, respaldó la “histórica decisión” en el caso Plazas y argumentó que “supone un paso importante en la lucha contra la impunidad”. Por eso pidió al Gobierno apoyarla y respetarla. En el mismo sentido se pronunció Amnistía Internacional, que lamentó las críticas a la jueza, porque crean un clima hostil contra el sistema judicial.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional, a través de su director Michael Reed, pidió respeto a la independencia del poder judicial y recordó que la insatisfacción que en algún sector pueda surgir sobre las decisiones de la justicia debe ser tramitada por las vías institucionales de la revisión y la apelación. “La descalificación política afecta la independencia de los poderes y las bases del Estado de Derecho”.

La sentencia a 30 años de prisión contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por la desaparición de 11 personas en los hechos del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, sigue dando de qué hablar. A pesar de que el presidente Álvaro Uribe manifestó este viernes que “por ningún motivo se puede acabar el pacto de paz que se tiene desde hace años con el M-19”, su alocución del pasado jueves, invitando a pensar en una legislación para rodear de garantías a las Fuerzas Armadas, avivó la polémica.

Y el punto concreto de la discusión está en su propuesta específica: “una nueva legislación que debe ser rigurosa en la exigencia de probar el dolo para asignar responsabilidad a coautores mediatos, tanto por acción como por omisión; también como elemento esencial del concierto para delinquir”. Escenario jurídico para expertos que corresponde a una visión adoptada por la justicia internacional y que fue tenida en cuenta en la condena contra el coronel Plazas Vega.

La tesis de la autoría mediata se remonta a 1963, cuando el profesor de la Universidad de Munich, Claus Roxin, la dedujo a partir del caso Adolf Eichmann, un alto funcionario nazi que fue procesado en Jerusalén y condenado a muerte, aunque quedó probado que él nunca llevó a cabo algunas de las ejecuciones. Sin embargo, dominaba los hechos que ejecutaban otros. Esta teoría fue posteriormente aplicada en los casos de los militares de la dictadura argentina entre 1976 y 1983.

En Colombia, desde hace algunos meses, la Corte Suprema de Justicia ha venido acogiendo esta tesis de la autoría mediata para decir que se aplica la figura cuando se está ante un fenómeno al margen de la ley derivado de estructuras de poder. En tal caso, concluyó la Corte en febrero de 2010, “los delitos ejecutados son imputables tanto a sus dirigentes —gestores, patrocinadores, comandantes— a título de autores mediatos (...)  y a los directos ejecutores o subordinados —soldados, tropa o milicianos—”.

Y lo ha hecho para argumentar por qué a algunos procesados en el escándalo de la parapolítica se los debe investigar por crímenes de lesa humanidad. Según la jueza María Stella Jara, esta tesis de la autoría mediata y la coautoría, que también se usó en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú contra el ex presidente Alberto Fujimori, fue la que se aplicó en el caso del coronel Plazas Vega. Según la jueza, él fue autor mediato de la desaparición forzada de 11 personas en los hechos del Palacio de Justicia.

Lo polémico es que el presidente Uribe proponga una legislación rigurosa para probar el dolo, es decir, la intención y responsabilidad directa de autores mediatos o coautores, y que también diga que debe considerarse “como elemento esencial del concierto para delinquir”, es decir, el delito por el cual son procesados los acusados de parapolítica. Y esta propuesta, en palabras del ex magistrado José Gregorio Hernández, “es un claro salvavidas a los de la parapolítica”.

En criterio del ex magistrado Hernández, no se necesita una normatividad especial, ni siquiera para los militares, pues para eso la Constitución consagra el debido proceso y el derecho de defensa. En la misma vía, el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz observó que la jurisprudencia de la Corte está perfectamente ajustada a la ley y que lo que está en juego en medio del debate es el fuero y el juzgamiento de militares por la justicia ordinaria.

En una postura contraria se mostró el ex vicefiscal Francisco José Sintura, quien no cree que haya intención alguna de blindar a los parapolíticos con la propuesta presidencial, y que, en cambio, ya es hora de que se revise la justicia penal militar para preservar el fuero, porque hoy por hoy la mayoría de excesos de los militares, cometidos en el cumplimiento de su deber o actos de servicio, están siendo juzgados por la justicia ordinaria.

El debate ya trascendió las fronteras. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, respaldó la “histórica decisión” en el caso Plazas y argumentó que “supone un paso importante en la lucha contra la impunidad”. Por eso pidió al Gobierno apoyarla y respetarla. En el mismo sentido se pronunció Amnistía Internacional, que lamentó las críticas a la jueza, porque crean un clima hostil contra el sistema judicial.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional, a través de su director Michael Reed, pidió respeto a la independencia del poder judicial y recordó que la insatisfacción que en algún sector pueda surgir sobre las decisiones de la justicia debe ser tramitada por las vías institucionales de la revisión y la apelación. “La descalificación política afecta la independencia de los poderes y las bases del Estado de Derecho”.