Uribe fue demandado en España por presunto espionaje de 20 personas

Un grupo de ONG españolas presentaron una querella en Madrid contra el ex presidente Álvaro Uribe por espiar en España a unas veinte personas de estas organizaciones, así como a activistas defensores de los derechos humanos, a través del servicio secreto de su país (DAS).

La querella fue presentada en el Juzgado de Instrucción de Madrid por dos personas que disfrutan o han disfrutado de un estatus de protección en España y que fueron espiados por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, que depende directamente de la Presidencia de la República.

Los abogados y portavoces de Justicia por Colombia Mauricio Valiente y Francisco Pérez Esteban explicaron hoy en rueda de prensa los detalles de la querella, que se dirige también contra Jorge Noguera, que dirigió el DAS entre 2002 y 2006, y contra el ex funcionario de ese organismo Germán Villalba Chávez.

El gobierno de Uribe (2002-2010), dicen los abogados de Justicia por Colombia, consideraba "objetivos de su 'guerra política'" a estas ONG y a los activistas supuestamente espiados en Madrid y otras ciudades españolas.

Valiente resaltó que, según avancen las investigaciones, no descartan ampliar el contenido de la querella, la tipificación de los delitos e, incluso, el número de querellados.

Ya el pasado mes de junio varias ONG colombianas y europeas instaron en Bruselas a la Eurocámara a crear una comisión especial que investigue el espionaje llevado a cabo por el DAS a defensores de derechos humanos en Europa.

Todos, entre ellos la periodista Claudia Julieta Duque, denunciaron ser víctimas de amenazas, escuchas telefónicas y persecución en suelo europeo.

Según consta en un informe de la Fiscalía colombiana sobre las actividades ilegales cometidas en 2004 y 2005 por el DAS, explicado hoy por los abogados españoles, los servicios de inteligencia colombianos espiaron en Madrid y en otras ciudades a activistas y organizaciones que apoyan la defensa de los derechos humanos "para tratar de desacreditarlos".

Señalaron que en ese informe se afirma que la persona encargada por parte del Grupo Especial de Inteligencia G-3 del DAS de realizar estas "actividades" en Europa era Villalba Chávez, enlace en Europa del "cerebro de todas las operaciones encubiertas que realizó" ese organismo en esas fechas, Jaime Fernando Ovalle.

Según la ONG, los agentes del DAS en Colombia y España "grabaron conversaciones telefónicas, interceptaron correos electrónicos, vigilaron actividades de solidaridad con Colombia, diseñaron planes para intentar neutralizarlas, y, en algunos casos, trataron de vincularlos con las acciones de los grupos armados ilegales".

"Es hora de que Uribe dé la cara y asuma su responsabilidad política y judicial", subrayó Pérez Esteban, quien añadió que el Gobierno español debe pronunciarse al respecto.

También presentaron el manifiesto "Álvaro Uribe Vélez, persona non grata. Que sea puesto a disposición de la Corte Penal Internacional (CPI)", apoyado por más de cien organizaciones nacionales e internacionales.

Le declaran "persona non grata" ante su presencia mañana en Madrid para recoger el II premio "La Puerta del Recuerdo", que le concede el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU española.

Las ONG han convocado mañana una concentración frente al Casino de Madrid para expresar su "indignación" por la concesión de este galardón.

A juicio de Valiente y Pérez Esteban, están probados los "vínculos" de Uribe con bandas de paramilitares y de narcotraficantes, por lo que el manifiesto aboga por que el ex presidente "sea puesto a disposición" de la CPI por crímenes contra la humanidad.

En Colombia, el pasado día 12, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes decidió abrir una investigación a Uribe por las escuchas ilegales de las que fueron víctimas miembros de la oposición, magistrados y periodistas.

Unos días antes, el 4 de octubre, la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos a Bernardo Moreno, ex secretario general de Uribe, a Jorge Noguera y a otros dos ex directores del DAS, involucrados en el escándalo de las escuchas ilegales.

Un grupo de ONG españolas presentaron una querella en Madrid contra el ex presidente Álvaro Uribe por espiar en España a unas veinte personas de estas organizaciones, así como a activistas defensores de los derechos humanos, a través del servicio secreto de su país (DAS).

La querella fue presentada en el Juzgado de Instrucción de Madrid por dos personas que disfrutan o han disfrutado de un estatus de protección en España y que fueron espiados por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, que depende directamente de la Presidencia de la República.

Los abogados y portavoces de Justicia por Colombia Mauricio Valiente y Francisco Pérez Esteban explicaron hoy en rueda de prensa los detalles de la querella, que se dirige también contra Jorge Noguera, que dirigió el DAS entre 2002 y 2006, y contra el ex funcionario de ese organismo Germán Villalba Chávez.

El gobierno de Uribe (2002-2010), dicen los abogados de Justicia por Colombia, consideraba "objetivos de su 'guerra política'" a estas ONG y a los activistas supuestamente espiados en Madrid y otras ciudades españolas.

Valiente resaltó que, según avancen las investigaciones, no descartan ampliar el contenido de la querella, la tipificación de los delitos e, incluso, el número de querellados.

Ya el pasado mes de junio varias ONG colombianas y europeas instaron en Bruselas a la Eurocámara a crear una comisión especial que investigue el espionaje llevado a cabo por el DAS a defensores de derechos humanos en Europa.

Todos, entre ellos la periodista Claudia Julieta Duque, denunciaron ser víctimas de amenazas, escuchas telefónicas y persecución en suelo europeo.

Según consta en un informe de la Fiscalía colombiana sobre las actividades ilegales cometidas en 2004 y 2005 por el DAS, explicado hoy por los abogados españoles, los servicios de inteligencia colombianos espiaron en Madrid y en otras ciudades a activistas y organizaciones que apoyan la defensa de los derechos humanos "para tratar de desacreditarlos".

Señalaron que en ese informe se afirma que la persona encargada por parte del Grupo Especial de Inteligencia G-3 del DAS de realizar estas "actividades" en Europa era Villalba Chávez, enlace en Europa del "cerebro de todas las operaciones encubiertas que realizó" ese organismo en esas fechas, Jaime Fernando Ovalle.

Según la ONG, los agentes del DAS en Colombia y España "grabaron conversaciones telefónicas, interceptaron correos electrónicos, vigilaron actividades de solidaridad con Colombia, diseñaron planes para intentar neutralizarlas, y, en algunos casos, trataron de vincularlos con las acciones de los grupos armados ilegales".

"Es hora de que Uribe dé la cara y asuma su responsabilidad política y judicial", subrayó Pérez Esteban, quien añadió que el Gobierno español debe pronunciarse al respecto.

También presentaron el manifiesto "Álvaro Uribe Vélez, persona non grata. Que sea puesto a disposición de la Corte Penal Internacional (CPI)", apoyado por más de cien organizaciones nacionales e internacionales.

Le declaran "persona non grata" ante su presencia mañana en Madrid para recoger el II premio "La Puerta del Recuerdo", que le concede el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU española.

Las ONG han convocado mañana una concentración frente al Casino de Madrid para expresar su "indignación" por la concesión de este galardón.

A juicio de Valiente y Pérez Esteban, están probados los "vínculos" de Uribe con bandas de paramilitares y de narcotraficantes, por lo que el manifiesto aboga por que el ex presidente "sea puesto a disposición" de la CPI por crímenes contra la humanidad.

En Colombia, el pasado día 12, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes decidió abrir una investigación a Uribe por las escuchas ilegales de las que fueron víctimas miembros de la oposición, magistrados y periodistas.

Unos días antes, el 4 de octubre, la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos a Bernardo Moreno, ex secretario general de Uribe, a Jorge Noguera y a otros dos ex directores del DAS, involucrados en el escándalo de las escuchas ilegales.