164 organizaciones le piden a Duque proteger comunidades afectadas por extractivismo

A través de una carta firmada por 164 organizaciones de 28 países del mundo, se le solicitó a autoridades nacionales e internacionales poner fin a la proliferación de actividades extractivas en Colombia, así como a las violaciones sistémicas de los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes del territorio colombiano. (Le puede interesar: Sindicatos de energía crean centro de investigación sobre transición energética)

El documento, liderado especialmente por organizaciones de Alemania y Colombia, fue dirigido a Antonio Guterres, secretario general de la ONU; Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU a los Derechos Humanos; Ian Fry, Relator Especial de la ONU sobre la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático; Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea; Olaf Scholz, Canciller de Alemania, y a Iván Duque Márquez, presidente de Colombia.

“Como redes de la sociedad civil, colectivos, y organizaciones no gubernamentales comprometidas con la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, rechazamos contundentemente la amenaza al cumplimiento del derecho a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible del territorio indígena wayuu en la Guajira, Colombia, así como también condenamos la extracción de carbón como amenaza latente para limitar el calentamiento global por debajo de 1,5°C”, señalan al comienzo de la carta.

Más adelante, además, se refieren a que principios de abril, y como respuesta a la escasez de carbón que está viviendo Alemania por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el primer país acordó incrementar la importación del carbón colombiano. “La creciente demanda por carbón colombiano da un nuevo impulso a El Cerrejón, la mina de carbón más grande de Latinoamérica, la cual había anunciado el año pasado su cierre debido a la baja demanda del material. Sin embargo, ahora planea aumentar su producción, para suplir, entre otras, la demanda de Alemania por el material”, agregan. “Un día después del acuerdo entre los dos jefes de estado, El Cerrejón recibió el permiso del gobierno colombiano para desviar el arroyo Bruno y explotar el mineral que se encuentra en su lecho”. (Le sugerimos: ¿Y si hablamos de Bruno, el arroyo que desvió Cerrejón en La Guajira?)

Ante estas críticas, en pasadas ocasiones El Cerrejón ha explicado que se ha tratado de un proceso que cumple altos criterios ambientales y sociales. “Con la modificación parcial del arroyo Bruno, un proyecto de ingeniería único en Colombia, Cerrejón ha demostrado que sí es posible unir la ecología y la ingeniería para hacer minería de manera responsable con el medio ambiente y las comunidades”, explicaron en un comunicado. Además, han reiterado “que no se utilizará “ni una gota de agua del arroyo Bruno”. Y que “en Cerrejón hemos logrado que el 85 % del agua que utilizamos para nuestros procesos mineros (principalmente para el control de polvo) provenga de las escorrentías de lluvias y de los mantos de carbón, agua que por su origen, no es apta para el consumo humano, animal ni agrícola”.

Pero más allá del caso de El Cerrejón, la carta de las 164 organizaciones hace mención a la falta de un proyecto de transición energética justo y social en Colombia. Por esto le solicitan a todas las autoridades mencionadas las siguientes garantías:

• La eliminación rápida y justa de los combustibles fósiles para limitar el calentamiento global por debajo de 1,5°C.
• Asumir las responsabilidades históricas de contaminación agravadas por décadas de tácticas deliberadas por parte de la industria de los combustibles fósiles.
• Garantizar el derecho a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible

“El mensaje central del IPCC – Panel Intergubernamental de Cambio Climático - es muy claro: la influencia humana en el clima es inequívoca, sin precedentes e irreversible. Afirma que tenemos 30 meses para efectuar los cambios en la producción y consumo requeridos antes de entrar en un caos mayor”, es otro de los puntos que toca el documento. “La solidaridad con el pueblo de Ucrania no debe producirse a expensas de los pueblos indígenas wayuu y de las comunidades afrodescendientes de Colombia”, concluyen. (Le puede interesar: (Le sugerimos: Eliminar subsidio a combustibles fósiles reduciría emisiones hasta en 10% para 2030))

Vea acá la carta:

A través de una carta firmada por 164 organizaciones de 28 países del mundo, se le solicitó a autoridades nacionales e internacionales poner fin a la proliferación de actividades extractivas en Colombia, así como a las violaciones sistémicas de los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes del territorio colombiano. (Le puede interesar: Sindicatos de energía crean centro de investigación sobre transición energética)

El documento, liderado especialmente por organizaciones de Alemania y Colombia, fue dirigido a Antonio Guterres, secretario general de la ONU; Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU a los Derechos Humanos; Ian Fry, Relator Especial de la ONU sobre la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático; Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea; Olaf Scholz, Canciller de Alemania, y a Iván Duque Márquez, presidente de Colombia.

“Como redes de la sociedad civil, colectivos, y organizaciones no gubernamentales comprometidas con la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, rechazamos contundentemente la amenaza al cumplimiento del derecho a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible del territorio indígena wayuu en la Guajira, Colombia, así como también condenamos la extracción de carbón como amenaza latente para limitar el calentamiento global por debajo de 1,5°C”, señalan al comienzo de la carta.

Más adelante, además, se refieren a que principios de abril, y como respuesta a la escasez de carbón que está viviendo Alemania por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el primer país acordó incrementar la importación del carbón colombiano. “La creciente demanda por carbón colombiano da un nuevo impulso a El Cerrejón, la mina de carbón más grande de Latinoamérica, la cual había anunciado el año pasado su cierre debido a la baja demanda del material. Sin embargo, ahora planea aumentar su producción, para suplir, entre otras, la demanda de Alemania por el material”, agregan. “Un día después del acuerdo entre los dos jefes de estado, El Cerrejón recibió el permiso del gobierno colombiano para desviar el arroyo Bruno y explotar el mineral que se encuentra en su lecho”. (Le sugerimos: ¿Y si hablamos de Bruno, el arroyo que desvió Cerrejón en La Guajira?)

Ante estas críticas, en pasadas ocasiones El Cerrejón ha explicado que se ha tratado de un proceso que cumple altos criterios ambientales y sociales. “Con la modificación parcial del arroyo Bruno, un proyecto de ingeniería único en Colombia, Cerrejón ha demostrado que sí es posible unir la ecología y la ingeniería para hacer minería de manera responsable con el medio ambiente y las comunidades”, explicaron en un comunicado. Además, han reiterado “que no se utilizará “ni una gota de agua del arroyo Bruno”. Y que “en Cerrejón hemos logrado que el 85 % del agua que utilizamos para nuestros procesos mineros (principalmente para el control de polvo) provenga de las escorrentías de lluvias y de los mantos de carbón, agua que por su origen, no es apta para el consumo humano, animal ni agrícola”.

Pero más allá del caso de El Cerrejón, la carta de las 164 organizaciones hace mención a la falta de un proyecto de transición energética justo y social en Colombia. Por esto le solicitan a todas las autoridades mencionadas las siguientes garantías:

• La eliminación rápida y justa de los combustibles fósiles para limitar el calentamiento global por debajo de 1,5°C.
• Asumir las responsabilidades históricas de contaminación agravadas por décadas de tácticas deliberadas por parte de la industria de los combustibles fósiles.
• Garantizar el derecho a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible

“El mensaje central del IPCC – Panel Intergubernamental de Cambio Climático - es muy claro: la influencia humana en el clima es inequívoca, sin precedentes e irreversible. Afirma que tenemos 30 meses para efectuar los cambios en la producción y consumo requeridos antes de entrar en un caos mayor”, es otro de los puntos que toca el documento. “La solidaridad con el pueblo de Ucrania no debe producirse a expensas de los pueblos indígenas wayuu y de las comunidades afrodescendientes de Colombia”, concluyen. (Le puede interesar: (Le sugerimos: Eliminar subsidio a combustibles fósiles reduciría emisiones hasta en 10% para 2030))

Vea acá la carta: