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Este lunes se publicó el más reciente informe de la ONG Global Witness, en el que se reportó que 227 líderes ambientales fueron asesinados en el mundo durante 2020 en ejercicio de la defensa de sus territorios.
De acuerdo con el informe, defensores de la tierra y el medio ambiente, especialmente Nicaragua, Colombia, Brasil y Filipinas, que se enfrentaron a poderosos intereses pagaron con su vida y libertad. Por desgracia, un año más, se vuelve a reportar un aumento de ataques contra la gente en la primera línea contra la crisis climática
Aunque algunos informes indican que los defensores fueron atacados por proteger ecosistemas particulares, la mayoría (el 71 %) estaba trabajando para defender los bosques del mundo (los sumideros naturales de carbono de la Tierra) de la deforestación y el desarrollo industrial, lo que es vital para los esfuerzos por frenar la crisis climática. Otros murieron por su trabajo protegiendo ríos, áreas costeras y océanos. (2019: Colombia es el país más letal para líderes ambientales)
“Ahora sabemos dos cosas. Una es que la crisis climática está llegando a un punto de no retorno y que se necesitan acciones drásticas y urgentes. Y la otra es que los bosques son fuentes de absorción de carbono naturales y son realmente la tecnología más potente que tiene el planeta para absorber carbono. Existe una presión enorme sobre estos ecosistemas para desbocar y establecer, sobre todo, terrenos agrícolas y ganaderos; entonces, hay una competencia por la tierra muy fuerte. Es importante resaltar que los defensores de los bosques están haciendo una labor que nos corresponde a todos, incluidos los gobiernos, que es legislar para salvaguardar el territorio que más nos va a proteger de la crisis climática a nosotros como especie y a la vida sobre la Tierra”, explica Laura Furones, investigadora del informe. (En sus manos están todas las noticias sobre defensores y defensoras ambientales con El Espectador)
Por otro lado, el asesinato y amedrentamiento a personas indígenas y afros aumentó a la par que estudios científicos comprueban que las comunidades autóctonas del mundo son las guardianas más efectivas de bosques y recursos naturales, y que las voces indígenas ganan terreno en espacios de decisión política (como la COP 26).
A pesar de que representan apenas el 5 % de la población mundial, en 2020, el número desproporcionado de ataques contra los pueblos indígenas continuó una vez más, con más de un tercio de todos los ataques fatales contra los defensores. Estos fueron documentados en México, Centro y Suramérica y Filipinas y este año entraron a la lista Arabia Saudita e Indonesia. También un dato perturbador: los pueblos indígenas fueron el objetivo de cinco de los siete asesinatos en masa registrados contra defensores ambientales en 2020. En el más impactante de estos, nueve indígenas tumandoks fueron asesinados y otros 17 arrestado en redadas por parte del Ejército y la Policía de Filipinas en la isla de Panay, por su oposición a un proyecto de megapresa en el río Jalaur.
Por otro lado, uno de cada diez defensoras asesinadas en 2020 era una mujer. Que el número sea más bajo no significa que las mujeres defensoras sean menos atacadas, sino que los ataques tienen un componente de género específico que incluye la violencia sexual, históricamente subregistrada. Las mujeres siguen teniendo un doble desafío: proteger los recursos naturales y ganarse el derecho a liderar, hablaren público en sus comunidades o incluso a la propiedad sobre sus tierras (para no ir muy lejos, en Colombia menos del 2 % de propietarios de la tierra son mujeres).
Colombia, una vez más
Por segundo año consecutivo, Colombia fue el territorio en el que más homicidios se presentaron, con 65 líderes y lideresas asesinados. En 2020, en el país fueron asesinadas 64 personas por la misma razón y de acuerdo con los datos de la organización, Cauca, con veinte casos, fue la zona más peligrosa, seguida de Chocó, con ocho, y Norte de Santander, con siete.
En cuanto a las actividades, el informe reporta que 41 líderes y lideresas trabajaban en la protección de la tierra, siendo la actividad más perseguida. Le sigue la sustitución de cultivos ilegales, con 17 casos; oposición a la agroindustria, con tres asesinatos: oposición a las actividades mineras y extractivas; con tres casos, y uno se oponía a la construcción de carreteras e infraestructura.
Según el informe, los grupos paramilitares y criminales han aumentado su control territorial a través de la violencia contra las comunidades rurales y la falta de acción estatal para protegerlas, y las cifras reflejan esta situación. La particularidad de 2020, que fue la pandemia, solo sirvió para empeorar la situación en todo el país, porque los cierres oficiales llevaron a que los defensores fueran atacados en sus hogares porque, gracias al aislamiento, se volvieron más fácilmente ubicables en sus residencias. Además, el Gobierno recortó las medidas de protección.
“Uno de los aspectos claves del Acuerdo de Paz, los programas de sustitución de cultivos de coca para ayudar a los agricultores a cambiar a cultivos legales, se vinculó con 17 ataques letales en 2020. Estos programas han resultado en un aumento de las amenazas de organizaciones criminales y paramilitares dirigidas a las comunidades rurales por su apoyo o participación en programas de sustitución de cultivos ilícitos”, escriben los autores.
“La agresión más recurrente sigue siendo la amenaza. Nosotros registramos 604 amenazas durante 2020. Después están los asesinatos, que registramos en 199. Luego siguen los atentados, que es muy preocupante, porque es una agresión que va dirigida contra la vida. En 2020 registramos 79 atentados. Y, por último, hubo un aumento en 200 de las detenciones arbitrarias, las judicializaciones y la desaparición. Fue un año bastante negativo para los líderes y lideresas sociales”, dice Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores (quien hace la recolección de datos en Colombia para el informe de GW).
También agregan otro aspecto clave, y es que son las comunidades más vulnerables las que están viviendo los efectos drásticos del cambio climático y ponen los defensores muertos. A partir de 2015, solo Estados Unidos era responsable “del 40 % del exceso de emisiones globales de CO2”, emisiones que superan el límite aceptable de 350 partes por millón en la atmósfera, según un análisis del antropólogo Jason Hickel. El norte global es responsable del 92 % de esas emisiones. En contraste, el sur global es responsable de solo el 8 % del exceso de emisiones globales de dióxido de carbono.
De hecho, las corporaciones operan con casi total impunidad en demasiados países ricos en recursos naturales y biodiversidad crítica para el clima.
“Son las empresas, a menudo habilitadas o alentadas por gobiernos negligentes, las que comúnmente son responsables de los desechos tóxicos, la contaminación del aire y la deforestación masiva, que destruyen nuestro planeta y dañan a las comunidades de todo el mundo. Esta devastación se produce en pos de una cosa: ganancias, absorbidas casi en su totalidad por el 1 % más rico, que hoy es dos veces más rico que 6.900 millones de personas”, escriben los autores, que también afirman que la mayoría de condenas o procesos legales por asesinatos a defensores involucran a quienes sostienen las armas y no a quienes dan la orden o los directamente responsables.
El informe no capta la magnitud del problema porque solo recoge datos sobre asesinatos, y en muchos países, la situación a la que se enfrentan los defensores es difícil de medir: las restricciones a la libertad de prensa o el hecho de que no se lleve a cabo un seguimiento independiente de los ataques contra los defensores pueden llevar a que no se denuncien.
Un informe de Freedom House de octubre de 2020 encontró restricciones en los medios de comunicación en al menos 91 países y a las manifestaciones en 158 como parte de la respuesta al COVID-19. Esto a pesar de que el relator especial de la ONU sobre el derecho de reunión y asociación pacífica pidió a los países que no utilicen las declaraciones de estado de emergencia de COVID-19 para “imponer restricciones totales a la libertad de reunión y asociación pacíficas”.
“Las disputas por la tierra y el daño ambiental, dos de las principales causas subyacentes del activismo de las comunidades, también pueden ser difíciles de monitorear en partes del mundo afectadas por conflictos. Sabemos que más allá de los asesinatos, muchos defensores y comunidades también experimentan intentos de silenciarlos, con tácticas como amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización, y que este tipo de ataques son aún menos denunciados”, concluyen los autores.