¿Si usted supiera que detrás de la carne que venden en el supermercado más cercano a su casa hay un área protegida a la que se le ha tumbado el bosque y grupos armados ilegales que estarían beneficiándose de la actividad ganadera, la compraría? Determinar esa conexión es una tarea que, más que titánica, requiere de voluntad política y entidades coordinadas. (Le puede interesar: Soya, palma africana, cacao y ganadería: entre los culpables de la pérdida de bosques)
Mongabay Latam conversó con un actor importante que ha brillado por su ausencia en esta misión, pero que tiene una mina de oro en datos. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) no solo se encarga de vacunar a las más de 28 millones de reses que hay en el país, sin importar si están o no en un área protegida, sino que sabe el lugar exacto en donde están ubicados los predios, el nombre de la vereda, la finca y los propietarios, la cantidad de animales que cada uno tiene y por dónde se movilizan (el origen y el destino). Una entidad del mismo Estado tiene toda la información vital para atacar gran parte de la deforestación, la ganadería ilegal y el acaparamiento de tierras.
La Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) documentó los vínculos entre la deforestación de ecosistemas protegidos en Colombia, la ganadería y las cadenas de suministro de carne que llegan a algunos supermercados de las grandes ciudades del país. Esta es la historia de un trabajo que tomó 18 meses y una parte se hizo de manera encubierta para obtener respuestas. Un viaje que empezó en el bosque amazónico, pasó por un matadero y terminó en los refrigeradores. O en su plato de comida; difícil saberlo.
El último eslabón de la cadena
El informe de la EIA indica que un proveedor directo del Grupo Éxito y Colsubsidio compra en promedio entre 100 y 300 cabezas de ganado al mes que provienen de una finca ubicada al interior del Parque Natural Serranía de Chiribiquete, patrimonio natural y cultural de la humanidad declarado por la Unesco en 2018. Aunque Mongabay Latam tuvo acceso a videos, imágenes aéreas, mapas, fotografías, audios y coordenadas específicas, en este reportaje no publicamos ningún dato que pueda poner en riesgo la seguridad de fuentes e investigadores en campo. (Le puede interesar: La Corte Constitucional invitó a los indígenas de la Amazonía a un diálogo intercultural contra la minería ilegal)
La historia es la siguiente. La investigación de EIA revela que el proveedor directo de ambas cadenas de supermercados tiene una capacidad de venta que ronda las 2000 cabezas de ganado mensuales. Tiene fincas propias, fincas arrendadas y también se abastece regularmente de proveedores indirectos, dependiendo de la demanda de sus clientes. Desde hace más de una década, por ejemplo, tiene una relación con un proveedor indirecto, quien a su vez tiene un socio comercial que se encarga de cebarle el ganado. Ese engorde se hace en un predio de 800 hectáreas situado a unas cuatro horas de camino destapado desde la capital del departamento de Guaviare, en la zona norte del parque Chiribiquete, el área protegida continental más grande de Colombia.
A partir de testimonios recogidos directamente en la zona, sobrevuelos aéreos y un análisis satelital realizado por Global Forest Watch, la EIA pudo confirmar que 400 hectáreas de bosque —de las 800 que tiene la finca— fueron tumbadas y convertidas a pastos para ganadería en el año 2019. Según señaló el mismo propietario en grabaciones recolectadas por la agencia, hasta septiembre de 2020 tenía 600 reses y pronto desea deforestar el resto del predio para el mismo propósito: engordar vacas.
Aunque el propietario en diversas grabaciones reconoció que la finca que posee está al interior de un área protegida porque “[Parques Nacionales Naturales] a veces molesta para que uno no siga deforestando, pero casi no joden”, quienes realmente ejercen el control territorial en la zona son los grupos armados ilegales. Es más, no solo debe pedirles “autorización” para expandir su finca, sino que está obligado a dar 10 000 pesos anuales por cada cabeza de ganado que posea. Luego de pagar “el impuesto”, que se materializa con un recibo que lleva el sello de la organización criminal —para evitar una doble contabilidad o “futuros malentendidos”—, el dueño de esta finca ilegal afirmó que “esta gente lo cuida a uno” y le permite “andar a la hora que quiera y a la hora que sea y no tener problemas con nadie”. Eso sí, toca ir “hasta la gran puta mierda a buscarlos o esperar a que te manden a buscar [para pagar]”. (Le puede interesar: De Vietnam a Huila: los miedos de la producción del pez basa)
Pese a que los actores en campo no nombran a nadie en específico, el Ejército de Colombia señala que en esa zona opera un “grupo armado organizado de las extintas Farc”, liderado por alias Gentil Duarte y alias Iván Mordisco. Se trata de la estructura Jorge Briceño Suárez, conformada por el antiguo bloque oriental de la guerrilla y que cuenta con cerca de 1500 personas activas.
Cuando los investigadores infiltrados de la EIA le preguntaron al dueño de la finca si había posibilidad de ampliarla más, el hombre no titubeó y aseguró que “no hay ningún problema porque se les compra a los vecinos”, y repite: “nadie molesta”.
A grandes rasgos, la cadena de valor de carne bovina en Colombia está compuesta por cuatro eslabones en los que participan diferentes actores en actividades de producción, comercialización, transformación y consumo. ¿Cuál es el desafío? Que el movimiento de ganado puede ocurrir en todas las fases y una vez los animales entran a la cadena de valor “el mercado no puede diferenciar entre ganados asociados con deforestación bien sea por la actividad per se o por acaparamiento de tierras, vinculado en mayor medida con el lavado de activos”, advierte una investigación de la National Wildlife Federation y la Universidad de Wisconsin.
Para corroborar el vínculo entre el proveedor directo con el Grupo Éxito y Colsubsidio, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) señala que contactó y visitó directamente el matadero que transforma parte de la carne para ambas cadenas de supermercado, ubicado en Villavicencio (Meta). Allí -indican- obtuvieron los números de lotes de la carne de este proveedor que luego compraron en la carnicería de un Éxito ubicado en Villavicencio, y un Colsubsidio situado en el municipio de Restrepo (Meta).
“Dado que en Colombia no existe un sistema de trazabilidad del ganado que permita al consumidor o comprador conocer el verdadero origen de la carne, involuntariamente se está apoyando la destrucción de los bosques protegidos y la extorsión por parte de grupos armados y organizaciones paramilitares responsables de múltiples violaciones de derechos humanos en Colombia”, señala la EIA.
El desafío de la trazabilidad
Nos contactamos con el Grupo Éxito y Colsubsidio e insistimos en la importancia de conocer su versión sobre la trazabilidad de la carne que venden, pero no dieron ninguna entrevista. Al cierre de esta edición Colsubsidio se limitó a responder que sus “proveedores cumplen con los estándares requeridos por los organismos de control” y el Grupo Éxito solo referenció un comunicado similar al de diciembre de 2020 donde presentaron su “modelo de ganadería sostenible” y donde señalaban que tanto Éxito como Carulla —también parte del Grupo Éxito— serán los primeros supermercados de Colombia en vender carne con la etiqueta GANSO, que le permite al consumidor reconocer el producto con atributos de conservación.
En dicho comunicado aseguran que el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) junto con Climate Focus han monitoreado el 100 % de la cobertura arbórea de los terrenos que tienen los 39 proveedores de ganado que surten a la compañía, analizando más de 37 000 hectáreas en los departamentos de Meta, Casanare, Córdoba, Santander, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Atlántico y Magdalena, encontrando que más del 65 % de los proveedores tienen 0 % de deforestación. Sin embargo, los departamentos de Caquetá y Guaviare, donde se encuentra el parque Chiribiquete, no fueron incluidos en ese análisis.
En mayo de 2019 el Grupo Éxito—junto a otros 36 miembros— firmó un acuerdo voluntario en el que se comprometió a “eliminar la deforestación, promover la restauración y así reducir la huella de carbono de la cadena cárnica bovina”. En otras palabras, la idea es garantizarle al consumidor final, a usted o a mí, que la carne que compramos en sus supermercados proviene de “ganado bovino que en todas sus fases productivas (cría, levante y ceba) haya estado ubicado en áreas de Colombia donde no ha habido deforestación a partir del 1° de enero de 2011”. Estas políticas, señala el documento, se aplicarán a proveedores directos, indirectos e intermediarios.
Para Javier Ortiz, director de Tropical Forest Alliance (TFA) —una asociación global público-privada en la que se espera reducir la deforestación tropical asociada con el aceite de palma, la soya, la carne vacuna y el papel— el acuerdo no va a resolver un problema de tal magnitud, pero todos los esfuerzos suman para generar presión. Al preguntarle si en el país hay mecanismos claros de trazabilidad y monitoreo, dice que la nuez de la información está encriptada en el Estado, más específicamente en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y en la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan).
—¿Cómo se explica que el Estado tenga la información más relevante dentro de sus mismas entidades y no veamos una verdadera reducción o avances significativos?
—Me hago exactamente la misma pregunta. ¿Cómo es posible que tengamos un sistema de monitoreo tan sólido, tanto que podemos tener alertas diarias de deforestación y no haya la suficiente acción? La verdad es que no lo sé. El acuerdo, que es voluntario, debe ir acompañado del garrote y ese le corresponde al Gobierno, no a las empresas privadas o a la sociedad civil.
—¿Ustedes ya tienen la información del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)?
—No, no la han soltado. Dicen que es sensible. Si hay que manejarla con confidencialidad, se hace, pero siempre y cuando no afecte los intereses del país. Un sin número de organizaciones venimos gestionando desde hace tiempo, abogando porque se pueda usar esa información. De lo contrario no es mucho lo que podremos hacer.
Aunque varias organizaciones aseguran que el ICA es celoso con la información y pone trabas para entregarla, Mongabay Latam hizo una solicitud formal y en menos de 15 días obtuvo varios documentos relevantes. Eso sí, Andrés Osejos, director de Sanidad Animal en el ICA, insiste en que la función que tienen es “netamente sanitaria” y no hay “nada encaminado al control de la deforestación como parte misional”. Es por eso que la entidad asegura que, con el fin de mantener controlada la fiebre aftosa, deben vacunar a todos los bovinos del país —entre mayo-junio y entre noviembre-diciembre— sin importar si están dentro o no de un área protegida.
Solo en los tres departamentos más deforestados del país —Caquetá, Guaviare y Meta— hay casi 5 millones de reses, de las 28,2 millones registradas en todo el territorio nacional. Al ir a una escala más pequeña, el ICA tiene identificadas las vacas que están en veredas que tienen su territorio, o parte de él, dentro de áreas protegidas: parque La Macarena (54 800 reses), parque Picachos (22 800), parque la Paya (4900) y Reserva Nukak (4400), por dar algunos ejemplos. Acerca del parque Serranía de Chiribiquete no tienen ningún registro.
Por su parte, el hato ganadero en los cinco municipios con mayor deforestación alrededor de Chiribiquete, según el censo bovino del año 2020, es el siguiente: en San Vicente del Caguán (Caquetá) hay 944 103 reses en más de 7000 fincas; en Cartagena del Chairá (Caquetá) hay 349 636 reses en más de 2600 fincas; en La Macarena (Meta) existen 221. 331 en más de 2100 fincas; en San José del Guaviare (Guaviare) 216 003 en más de 2300 fincas; y en Calamar (Guaviare) hay un registro de 77 385 reses en más de 580 fincas.
Durante una entrevista por Zoom, Osejos aseguró que, desde diciembre de 2018, vienen compartiendo esta información con entidades como la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, pero se entrega en la medida en que lleguen las solicitudes. “Hemos ido entregando el poquito [de información] que cada uno tiene para contrarrestar este fenómeno entre todos”, dice.
—Claro, pero es que el ICA no tiene un poquito de información. Tiene un ladrillo supremamente importante dentro de toda la estructura…
—Sí, pero es un ladrillo que nosotros construimos para otro propósito. No tenemos la función de combatir la deforestación en Colombia. Si no vacunamos a todos los animales, luego el país estará en riesgo sanitario y con graves pérdidas económicas para el sector.
—En otras palabras, ¿el ICA sabe exactamente en dónde y quiénes están deforestando por fuera de la frontera agropecuaria?
—Así como lo dices suena a “ustedes saben y no hicieron nada”, pero lo que tenemos es un programa sanitario, repito. Cuando el vacunador va a un departamento no sabe con certeza si el lugar que visita es o no un parque natural. Eso se sabe después, al cruzar con imágenes satelitales, mapas y otros datos.
—¿No se les ocurrió que esa información, aunque no fuera su misión, podría ser relevante para ayudar a frenar la deforestación, uno de los principales flagelos del país?
—Créeme que estamos tan en el día a día, intentando cumplir con todo, que el tiempo se nos va en eso. Sin embargo, en las mesas de trabajo que se hacen sobre este tema siempre aportamos la información que tenemos. Y, repito, las entidades del Estado pueden solicitarla.
De acuerdo con otros datos obtenidos por la EIA, “las movilizaciones de ganado proveniente de la Zona de Reserva Forestal que rodea el norte y noreste del PNN Chiribiquete indican que el 90 % del ganado que proviene de allí y que tiene como destino directo una planta de beneficio [matadero], llega directamente a la ciudad de Bogotá. Lo anterior representó 6017 cabezas de ganado en el periodo 2016-2020, siendo 2020 el año que más movilizaciones registró con 2360”, advierte el informe.
Un fenómeno similar ocurre en el parque natural La Macarena. Entre 2016 y 2020, el ICA reporta que de tan solo seis veredas (Caño Indio, Cafetales, Caño Ceiba Bajo, La Esperanza, Caño San José y Nueva Colombia) se movilizaron 10.002 cabezas de ganado desde el interior del área protegida hacia otros destinos. El 87 % de las movilizaciones (8787 animales) tuvieron origen en la vereda de Caño Indio.
La deforestación y los operativos militares
A Chiribiquete le dicen “La capilla Sixtina”. Un área de más de 4 millones de hectáreas y posiblemente uno de los sitios arqueológicos más antiguos de la cuenca amazónica y con mayor arte rupestre en el mundo. Científicos han hallado evidencia de que esa selva aún espesa y tupida, con imponentes tepuyes, ha sido habitada desde hace por lo menos 12 600 años. Chiribiquete no solo es un sitio estratégico de conectividad ecológica con los Andes, sino que es clave para entender cómo funcionó el poblamiento humano en Sudamérica.
Eso sí, nada de esto ha sido suficiente para detener el avance de las motosierras, las carreteras y las vacas. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), desde el año 2000 se han identificado 5315 hectáreas deforestadas en el parque natural Chiribiquete —teniendo en cuenta las dos ampliaciones que ha tenido desde su declaración en 1989—. El 2018 concentró el 41 % de la pérdida de bosque de esta área protegida en las últimas dos décadas.
La deforestación más crítica está en las denominadas Sabanas del Yarí (al suroccidente del parque), en las veredas El Camuya y Altagracia (al occidente), en el límite con el resguardo indígena Yaguará II (al noroccidente) y en los límites con las veredas Angoleta, Chuapal e Itilla (al norte). “Para el caso de los sectores mencionados la deforestación es causada principalmente por la praderización para la expansión de prácticas ganaderas no sostenibles (…) Asimismo, está dinamizada por la expansión y consolidación de la infraestructura vial no planificada o informal, que incluye carreteables que se internan [dentro de Chiribiquete]”, respondió el IDEAM.
Además, un reciente informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) advierte que Chiribiquete perdió más de 1000 hectáreas entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, en seis distintas zonas. “Gran parte de esta deforestación parece estar asociada con la conversión de bosque primario a pasto para la ganadería ilegal”, advierte. Además, entre enero y junio de 2020, los investigadores de MAAP estimaron una deforestación de 76 000 hectáreas de bosque primario en la Amazonía colombiana. Y en los últimos cuatro años, tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el grupo guerrillero de las FARC, la cifra asciende a 444 000 hectáreas.
Para nadie es un secreto este flagelo. De hecho, la ‘Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques’ menciona que la ganadería bovina es responsable del 50 % del total de nuevas tierras colonizadas entre 2005 y 2012 en Colombia, siendo la Amazonía la región en donde se registró el 44 % de los pastizales.
También se menciona que para sostener la población bovina nacional (28,2 millones de cabezas), se usan aproximadamente 39,2 millones de hectáreas de suelo. En promedio hay 0,6 cabezas de ganado en cada hectárea, “lo que hace a este sector poco productivo y competitivo”.
Ese mismo documento detalla que las estrategias de conservación no han logrado reducir la colonización ni el desarrollo de actividades no permitidas, entre varias razones, “por la baja articulación entre las directrices nacionales y las realidades locales en materia de ordenamiento ambiental territorial, la informalidad en la ocupación del territorio y una producción agropecuaria que no contempla la vocación, ni la aptitud de los suelos, propiciando daños ambientales e inequidad social”.
Por otro lado, de acuerdo con datos del Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) entregados a Mongabay Latam, desde abril de 2019 y hasta febrero de 2021, se han realizado nueve operativos en el marco de la Campaña Artemisa. De ellos, cuatro se hicieron en el parque Serranía de Chiribiquete y dejaron más de 5800 hectáreas “controladas y recuperadas”. Solo en el primer operativo se gastaron 700 millones de pesos (cerca de 200 000 dólares) en horas vuelo de los helicópteros.
En total, el CGFM indica que “se han logrado recuperar 12 358 hectáreas de parques naturales, la incautación de 27 883 metros cúbicos de madera y 31 139 kilos de pesca ilegal, más de 509 077 galones de insumos líquidos y 357 047 kilos de insumos sólidos para el procesamiento de estupefacientes”. Actualmente hay 22 300 miembros de la Fuerza Pública —entre el Ejército, la Policía y la Armada— dedicados a la “protección del agua, la biodiversidad y el medioambiente” en todo el país.
A pesar de todo esto, durante el trabajo encubierto realizado por la EIA, encontraron falsificación en las guías de movilización del ICA, venta de madera fina que sale de áreas protegidas, escasa coordinación entre entidades, entre otros asuntos. En esta punta del iceberg la EIA recomienda “una reforma estructural para atender muchas de estas problemáticas; empezando por declarar de interés público el principio de transparencia y trazabilidad en el sector ganadero”.
*Este texto fue elaborado originalmente para Mongabay Latam