A la espera (otra vez) de la delimitación del Páramo de Santurbán
Hace una semana el Gobierno anunció que, por el momento, se suspenderían los procesos de delimitación de este ecosistema, para revisar solicitudes y sugerencias hechas por la comunidad. Aún se desconocen las fechas de las nuevas audiendiencias.
Colombia cuenta con el 50% de los páramos que hay en el mundo. Estos ecosistemas proveen el 70% de agua potable del país. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el territorio nacional hay 37 complejos biogeográficos de páramo. Uno de estos es el Páramo Santurbán, ubicado en Santander y Norte de Santander, y que cinco años después sigue a la espera de su delimitación. (Lea Balance fenómeno de La Niña: 665 municipios afectados en todo el país)
Pese a que la sentencia T 361 de 2017 de la Corte Constitucional ordenó que este ecosistema de alta montaña debía delimitarse en un plazo máximo de un año, a la fecha solo tres municipios (Vetas, Matanza y El Playón), de los 40 que lo componen, han llegado a un acuerdo con el gobierno nacional. Los motivos de las demoras son varios, entre ellos la pandemia del covid-19 que impidió la realización de los encuentros con las comunidades para la concertación. (Lea Tras 80 años de hundirse, barco de la Segunda Guerra Mundial filtra químicos al mar=
El pasado 6 de octubre el Ministerio de Ambiente, en cabeza de la ministra Susana Muhamad, realizó la audiencia pública en Bucaramanga, convocada por la Cámara de Representantes, para socializar las propuestas que se han venido presentando desde gobiernos anteriores, con campesinos, mineros, ambientalistas, líderes cívicos y autoridades locales, con el fin de definir la hoja de ruta que finalmente dé cumplimiento a la sentencia, teniendo en cuentas las voces de los diferentes sectores.
“No me interesa la concertación con la gran minería. Me interesa primero, como autoridad ambiental del país, ordenar el territorio alrededor del agua con las comunidades que lo habitan. Ya estamos preparando los actos administrativos para tomar decisiones de fondo sobre la gran minería y los ecosistemas estratégicos del país”, dijo Muhamad en la audiencia pública.
Aunque la postura del Gobierno Nacional es clara frente a la explotación de hidrocarburos y minerales en los páramos, el 18 de octubre, el ministerio informó que, por el momento, se suspendieron los procesos de delimitación de este ecosistema, “con el objetivo de revisar las solicitudes y sugerencias expuestas a este ministerio durante la audiencia pública realizada en Bucaramanga, de esta forma dar nuevas orientaciones y ajustes al proceso de delimitación”.
Si bien aún no se conocen las nuevas fechas para las audiencias, las opiniones sobre la delimitación son divididas. Por un lado, están quienes defienden el ecosistema que abastece de agua a más 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander; y, por otro lado, están los sectores conformados por mineros ancestrales. Cabe resaltar que las principales actividades económicas de la zona son la agricultura, principalmente de papa, cebolla y mora; la ganadería y minería, que en municipios santandereanos como Vetas y California, representa la principal ocupación.
“El ministerio no puede seguir haciendo oídos sordos y hablando sobre el páramo con quienes no habitan en el páramo, trayendo personas ajenas de Bucaramanga y de otras partes del país, cuando no están reuniéndose realmente con la gente afectada”, manifestó Fredy Alonso Maldonado Vera, líder campesino de Silos, Norte de Santander.
¿Qué pasó con la anterior delimitación?
A través de la resolución 2090 de 2014, el Ministerio de Ambiente, en cabeza del entonces ministro Gabriel Vallejo López, presentó la delimitación del Páramo de Santurbán. Sin embargo, la Corte Constitucional dejó sin efecto este documento, ya que, “violó los derechos a la participación y acceso a información, debido a que la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga no fue convocada apropiadamente, ni sus opiniones e insumos fueron tenidos en cuenta”, según manifestaron los accionantes de la tutela.
Esa es la razón por la que se está trabajando en una nueva delimitación. Sin embargo, para los colectivos ambientalistas esta figura no garantiza del todo la protección del ecosistema. “Lo que manifestamos es que la delimitación saca a las comunidades campesinas del territorio; y no garantiza realmente la protección de las fuentes hídricas, porque genera una línea, pero solamente en una parte de la montaña, que es la parte de arriba, de ahí para abajo permiten que lleguen empresas que ponen en riesgo el agua. Por eso exigimos que se tomen medidas de protección sobre las fuentes y cuencas hídricas. Que se prohíba la gran minería”, sostiene Juan Camilo Sarmiento, vocero del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.
Para los ambientalistas es clave que la nueva delimitación permita desarrollar las actividades de las comunidades que habitan las zonas de páramo, siempre y cuando haya un acompañamiento por parte de las autoridades ambientales que ayude a disminuir el impacto negativo sobre las fuentes hídricas y el ecosistema en general.
Teniendo en cuenta esto, el Ministerio de Ambiente actualmente adelanta el empalme y está revisando cómo se va a redireccionar la delimitación, teniendo en cuenta las exigencias de las comunidades, especialmente de los campesinos y mineros ancestrales, que reclaman condiciones dignas para permanecer en el territorio.
“La delimitación no debe responder a una línea, sino que debe proteger la cuenca y el ciclo hídrico. Esa tiene que ser una prioridad. Así mismo, esa protección no puede desconocer a las comunidades tradicionales, a las comunidades que llevan años ahí, no a las personas que han llegado aprovechándose de esta problemática socio ambiental a sacar oro de manera ilegal, lo cual nos ha traído la problemática de los altos niveles de mercurio”, dice Mayerly López, defensora del Páramo de Santurbán.
Mientras que entidades como la Procuraduría General de la Nación piden al Gobiernoque se agilice la delimitación, las comunidades esperan que con la ratificación del Acuerdo de Escazú este tipo de procesos, o proyectos de megaminería, tengan realmente en cuenta las voces de las comunidades, y que, además, el acceso a la información no sea una barrera.
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Colombia cuenta con el 50% de los páramos que hay en el mundo. Estos ecosistemas proveen el 70% de agua potable del país. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el territorio nacional hay 37 complejos biogeográficos de páramo. Uno de estos es el Páramo Santurbán, ubicado en Santander y Norte de Santander, y que cinco años después sigue a la espera de su delimitación. (Lea Balance fenómeno de La Niña: 665 municipios afectados en todo el país)
Pese a que la sentencia T 361 de 2017 de la Corte Constitucional ordenó que este ecosistema de alta montaña debía delimitarse en un plazo máximo de un año, a la fecha solo tres municipios (Vetas, Matanza y El Playón), de los 40 que lo componen, han llegado a un acuerdo con el gobierno nacional. Los motivos de las demoras son varios, entre ellos la pandemia del covid-19 que impidió la realización de los encuentros con las comunidades para la concertación. (Lea Tras 80 años de hundirse, barco de la Segunda Guerra Mundial filtra químicos al mar=
El pasado 6 de octubre el Ministerio de Ambiente, en cabeza de la ministra Susana Muhamad, realizó la audiencia pública en Bucaramanga, convocada por la Cámara de Representantes, para socializar las propuestas que se han venido presentando desde gobiernos anteriores, con campesinos, mineros, ambientalistas, líderes cívicos y autoridades locales, con el fin de definir la hoja de ruta que finalmente dé cumplimiento a la sentencia, teniendo en cuentas las voces de los diferentes sectores.
“No me interesa la concertación con la gran minería. Me interesa primero, como autoridad ambiental del país, ordenar el territorio alrededor del agua con las comunidades que lo habitan. Ya estamos preparando los actos administrativos para tomar decisiones de fondo sobre la gran minería y los ecosistemas estratégicos del país”, dijo Muhamad en la audiencia pública.
Aunque la postura del Gobierno Nacional es clara frente a la explotación de hidrocarburos y minerales en los páramos, el 18 de octubre, el ministerio informó que, por el momento, se suspendieron los procesos de delimitación de este ecosistema, “con el objetivo de revisar las solicitudes y sugerencias expuestas a este ministerio durante la audiencia pública realizada en Bucaramanga, de esta forma dar nuevas orientaciones y ajustes al proceso de delimitación”.
Si bien aún no se conocen las nuevas fechas para las audiencias, las opiniones sobre la delimitación son divididas. Por un lado, están quienes defienden el ecosistema que abastece de agua a más 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander; y, por otro lado, están los sectores conformados por mineros ancestrales. Cabe resaltar que las principales actividades económicas de la zona son la agricultura, principalmente de papa, cebolla y mora; la ganadería y minería, que en municipios santandereanos como Vetas y California, representa la principal ocupación.
“El ministerio no puede seguir haciendo oídos sordos y hablando sobre el páramo con quienes no habitan en el páramo, trayendo personas ajenas de Bucaramanga y de otras partes del país, cuando no están reuniéndose realmente con la gente afectada”, manifestó Fredy Alonso Maldonado Vera, líder campesino de Silos, Norte de Santander.
¿Qué pasó con la anterior delimitación?
A través de la resolución 2090 de 2014, el Ministerio de Ambiente, en cabeza del entonces ministro Gabriel Vallejo López, presentó la delimitación del Páramo de Santurbán. Sin embargo, la Corte Constitucional dejó sin efecto este documento, ya que, “violó los derechos a la participación y acceso a información, debido a que la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga no fue convocada apropiadamente, ni sus opiniones e insumos fueron tenidos en cuenta”, según manifestaron los accionantes de la tutela.
Esa es la razón por la que se está trabajando en una nueva delimitación. Sin embargo, para los colectivos ambientalistas esta figura no garantiza del todo la protección del ecosistema. “Lo que manifestamos es que la delimitación saca a las comunidades campesinas del territorio; y no garantiza realmente la protección de las fuentes hídricas, porque genera una línea, pero solamente en una parte de la montaña, que es la parte de arriba, de ahí para abajo permiten que lleguen empresas que ponen en riesgo el agua. Por eso exigimos que se tomen medidas de protección sobre las fuentes y cuencas hídricas. Que se prohíba la gran minería”, sostiene Juan Camilo Sarmiento, vocero del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.
Para los ambientalistas es clave que la nueva delimitación permita desarrollar las actividades de las comunidades que habitan las zonas de páramo, siempre y cuando haya un acompañamiento por parte de las autoridades ambientales que ayude a disminuir el impacto negativo sobre las fuentes hídricas y el ecosistema en general.
Teniendo en cuenta esto, el Ministerio de Ambiente actualmente adelanta el empalme y está revisando cómo se va a redireccionar la delimitación, teniendo en cuenta las exigencias de las comunidades, especialmente de los campesinos y mineros ancestrales, que reclaman condiciones dignas para permanecer en el territorio.
“La delimitación no debe responder a una línea, sino que debe proteger la cuenca y el ciclo hídrico. Esa tiene que ser una prioridad. Así mismo, esa protección no puede desconocer a las comunidades tradicionales, a las comunidades que llevan años ahí, no a las personas que han llegado aprovechándose de esta problemática socio ambiental a sacar oro de manera ilegal, lo cual nos ha traído la problemática de los altos niveles de mercurio”, dice Mayerly López, defensora del Páramo de Santurbán.
Mientras que entidades como la Procuraduría General de la Nación piden al Gobiernoque se agilice la delimitación, las comunidades esperan que con la ratificación del Acuerdo de Escazú este tipo de procesos, o proyectos de megaminería, tengan realmente en cuenta las voces de las comunidades, y que, además, el acceso a la información no sea una barrera.
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