A pagar por investigar la fauna

Uno de los métodos más usuales que tienen los científicos para investigar la biodiversidad es la recolección de especies. Seleccionan un territorio determinado y durante varios días tratan de capturar ejemplares para saber con precisión qué tipo de animales hay. Algunos los liberan y otros los llevan a colecciones biológicas, donde los analizan con más detalle. Lo hacen, por ejemplo, con insectos, anfibios, peces, reptiles y aves. Eso les permite, entre muchas otras cosas, calcular el número de una población, saber si está en riesgo de amenaza y, con mayor suerte, descubrir una nueva especie. En últimas, capturar ejemplares les permite hacerse una idea sobre el estado de un ecosistema, para después sugerir rutas de protección o gestión. Lo han hecho tanto en el Chiribiquete, en la Amazonia, como en la reserva Van der Hammen, en la sabana de Bogotá..

Por eso, por ser un procedimiento tan esencial para estudiar la fauna, a muchos investigadores les incomoda el decreto que firmó a principios de este mes el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Bajo el número 1272 del 3 de agosto, esa entidad dejó claro que, de ahora en adelante, cualquier persona que quiera recolectar una especie deberá pagar por ella. No importa si se trata de cazadores con propósitos deportivos, investigadores con intenciones comerciales o académicos con fines científicos. Todos deberán pagar un monto por cada individuo. “Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre”, lo llama el Ministerio.

Pero justamente eso es lo que tiene disgustados a varios científicos: que los incluyan en una reglamentación que, a sus ojos, no debería aplicar para ellos. ¿Por qué? “Porque es un obstáculo para hacer investigación en Colombia. Tras de que el presupuesto para estudiar la biodiversidad es limitado, ahora nos toca destinar recursos para hacer ese pago”, responde Gonzalo Andrade, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. “Nos están poniendo un título de cazadores, cuando no lo somos. Lo que hacemos es intentar obtener la mayor cantidad de información posible para que luego el mismo Gobierno incorpore elementos de gestión”, complementa Luz Fernanda Jiménez, profesora del Instituto de Biología de la U. de Antioquia.

Tanto Andrade como Jiménez, experta en ictiofauna, creen que la medida es inadmisible. Entre sus razones está el hecho de que se pretenda cobrar por cada ejemplar recolectado, así sea devuelto a su hábitat. Eso pondría en aprietos a varios biólogos que hacen muestreos amplios y a investigadores que no saben con certeza qué pueden encontrar en una salida de campo, como sucede la mayoría de las ocasiones. En el caso de Andrade, que usualmente captura entre 100 y 300 mariposas, tendría que pagar entre $140 y $770 por cada una de ellas. Es decir, que en el peor de los casos debería sumarle a su presupuesto $231.000.

La cifra, a los ojos del Ministerio, de no es tan alta y es mucho menor que la que deberán pagar quienes hagan cacería con fines comerciales. “La investigación científica tiene la menor tarifa”, explica Marcela García, técnica en análisis e instrumentos económicos del Minambiente. “Después de hacer un estudio de impacto económico y un análisis jurídico, encontramos que es menor al 1 % del valor del presupuesto que destinan para un proyecto. Deben pagar por cada individuo recolectado y hay una base de $26.000, pero es una cifra menor que quien captura especies con fines comerciales”. La razón que los llevó a tomar esa decisión, dice, era que no podían excluir a los científicos de una reglamentación que les exigió el Consejo de Estado. A raíz del caso de Manuel Elkin Patarroyo y la polémica por el uso de ejemplares de monos Aotus para sus experimentos, ese organismo emitió un fallo donde le ordenaba al Ministerio dejar las reglas claras. “Además son los recursos naturales son bienes públicos y su aprovechamiento debe estar sujeto al pago de una tasa como el agua o el tema forestal”.

“Es un tema básico de ley. La medida está enfocada a la preservación de especies y a generar recursos que irán destinados a su protección”, explica Mauricio Mira, director de la oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio. Él no entiende por qué tanto alboroto, si el decreto se concretó luego de varias discusiones con diferentes actores, entre los que estaban académicos como Andrade. “Fue un proceso donde hubo consenso”.

Pero Gonzalo Andrade, sin embargo, cuenta otra versión. Después de una reunión con el anterior viceministro a mitad del 2015, dice, no lo volvieron a consultar y solo tuvo noticias sobre la medida hace un par de semanas. “El proyecto no pasó ni siquiera por el consejo técnico asesor de política y normatividad ambiental, del cual hago parte como representante de las universidades públicas”. Algo similar opina la profesora Jiménez que ha liderado al interior del Instituto de Biología de la U. de Antioquia todos los trámites jurídicos para poder obtener permisos de investigación. Ella se siente totalmente excluida de este proceso.

Y aunque posiblemente las sumas para hacer ciencia no sean tan altas, Andrade insiste en que es ilógico tener que pagar por estudiar la biodiversidad, cuando a quien se ve beneficiado es el mismo Estado. A sus ojos, eso puede torpedear los proyectos para investigar nuevas áreas sobre las que Colombia aún no tiene conocimiento. Debido al largo conflicto armado, en el país hay muchas zonas a las que no han podido entrar los científicos y los vientos de paz parecen ser una puerta para averiguar qué especies esconden.

Luego de dejar claro que el precio depende de cada especie, del lugar donde se capture y de otros factores que se cruzan en unas fórmulas matemáticas, Mira explica que la idea es que el dinero que se recolecte vaya dirigido a investigación, aunque aún no haya claridad sobre el manejo de esos recursos. Sin embargo, para el herpetólogo Andrés Acosta (experto en anfibios y reptiles), la pregunta de fondo que habría que responder es “qué es lo que se quiere compensar, porque hasta ahora estamos describiendo nuestras especies. ¿Van a cobrar por algo que no conocemos?”, cuestiona. “Eso es devolvernos 20 o 30 años en temas de investigación. Y los más afectados serán los pequeños grupos que no tienen suficiente dinero para financiar sus estudios. Parece que no hubieran escuchado a la academia”.

Pese a que el Ministerio asegura haber hecho un juicioso análisis jurídico y económico y un estudio de la reglamentación de otros países, para Acosta los cálculos varían dependiendo de cada nación. Por ejemplo, afirma, la medida podría ser útil en Inglaterra donde solo hay seis especies de anfibios que fueron descubiertas hace muchos años. “Pero en Colombia el conteo va en 803. Por ahora”.

Uno de los métodos más usuales que tienen los científicos para investigar la biodiversidad es la recolección de especies. Seleccionan un territorio determinado y durante varios días tratan de capturar ejemplares para saber con precisión qué tipo de animales hay. Algunos los liberan y otros los llevan a colecciones biológicas, donde los analizan con más detalle. Lo hacen, por ejemplo, con insectos, anfibios, peces, reptiles y aves. Eso les permite, entre muchas otras cosas, calcular el número de una población, saber si está en riesgo de amenaza y, con mayor suerte, descubrir una nueva especie. En últimas, capturar ejemplares les permite hacerse una idea sobre el estado de un ecosistema, para después sugerir rutas de protección o gestión. Lo han hecho tanto en el Chiribiquete, en la Amazonia, como en la reserva Van der Hammen, en la sabana de Bogotá..

Por eso, por ser un procedimiento tan esencial para estudiar la fauna, a muchos investigadores les incomoda el decreto que firmó a principios de este mes el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Bajo el número 1272 del 3 de agosto, esa entidad dejó claro que, de ahora en adelante, cualquier persona que quiera recolectar una especie deberá pagar por ella. No importa si se trata de cazadores con propósitos deportivos, investigadores con intenciones comerciales o académicos con fines científicos. Todos deberán pagar un monto por cada individuo. “Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre”, lo llama el Ministerio.

Pero justamente eso es lo que tiene disgustados a varios científicos: que los incluyan en una reglamentación que, a sus ojos, no debería aplicar para ellos. ¿Por qué? “Porque es un obstáculo para hacer investigación en Colombia. Tras de que el presupuesto para estudiar la biodiversidad es limitado, ahora nos toca destinar recursos para hacer ese pago”, responde Gonzalo Andrade, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. “Nos están poniendo un título de cazadores, cuando no lo somos. Lo que hacemos es intentar obtener la mayor cantidad de información posible para que luego el mismo Gobierno incorpore elementos de gestión”, complementa Luz Fernanda Jiménez, profesora del Instituto de Biología de la U. de Antioquia.

Tanto Andrade como Jiménez, experta en ictiofauna, creen que la medida es inadmisible. Entre sus razones está el hecho de que se pretenda cobrar por cada ejemplar recolectado, así sea devuelto a su hábitat. Eso pondría en aprietos a varios biólogos que hacen muestreos amplios y a investigadores que no saben con certeza qué pueden encontrar en una salida de campo, como sucede la mayoría de las ocasiones. En el caso de Andrade, que usualmente captura entre 100 y 300 mariposas, tendría que pagar entre $140 y $770 por cada una de ellas. Es decir, que en el peor de los casos debería sumarle a su presupuesto $231.000.

La cifra, a los ojos del Ministerio, de no es tan alta y es mucho menor que la que deberán pagar quienes hagan cacería con fines comerciales. “La investigación científica tiene la menor tarifa”, explica Marcela García, técnica en análisis e instrumentos económicos del Minambiente. “Después de hacer un estudio de impacto económico y un análisis jurídico, encontramos que es menor al 1 % del valor del presupuesto que destinan para un proyecto. Deben pagar por cada individuo recolectado y hay una base de $26.000, pero es una cifra menor que quien captura especies con fines comerciales”. La razón que los llevó a tomar esa decisión, dice, era que no podían excluir a los científicos de una reglamentación que les exigió el Consejo de Estado. A raíz del caso de Manuel Elkin Patarroyo y la polémica por el uso de ejemplares de monos Aotus para sus experimentos, ese organismo emitió un fallo donde le ordenaba al Ministerio dejar las reglas claras. “Además son los recursos naturales son bienes públicos y su aprovechamiento debe estar sujeto al pago de una tasa como el agua o el tema forestal”.

“Es un tema básico de ley. La medida está enfocada a la preservación de especies y a generar recursos que irán destinados a su protección”, explica Mauricio Mira, director de la oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio. Él no entiende por qué tanto alboroto, si el decreto se concretó luego de varias discusiones con diferentes actores, entre los que estaban académicos como Andrade. “Fue un proceso donde hubo consenso”.

Pero Gonzalo Andrade, sin embargo, cuenta otra versión. Después de una reunión con el anterior viceministro a mitad del 2015, dice, no lo volvieron a consultar y solo tuvo noticias sobre la medida hace un par de semanas. “El proyecto no pasó ni siquiera por el consejo técnico asesor de política y normatividad ambiental, del cual hago parte como representante de las universidades públicas”. Algo similar opina la profesora Jiménez que ha liderado al interior del Instituto de Biología de la U. de Antioquia todos los trámites jurídicos para poder obtener permisos de investigación. Ella se siente totalmente excluida de este proceso.

Y aunque posiblemente las sumas para hacer ciencia no sean tan altas, Andrade insiste en que es ilógico tener que pagar por estudiar la biodiversidad, cuando a quien se ve beneficiado es el mismo Estado. A sus ojos, eso puede torpedear los proyectos para investigar nuevas áreas sobre las que Colombia aún no tiene conocimiento. Debido al largo conflicto armado, en el país hay muchas zonas a las que no han podido entrar los científicos y los vientos de paz parecen ser una puerta para averiguar qué especies esconden.

Luego de dejar claro que el precio depende de cada especie, del lugar donde se capture y de otros factores que se cruzan en unas fórmulas matemáticas, Mira explica que la idea es que el dinero que se recolecte vaya dirigido a investigación, aunque aún no haya claridad sobre el manejo de esos recursos. Sin embargo, para el herpetólogo Andrés Acosta (experto en anfibios y reptiles), la pregunta de fondo que habría que responder es “qué es lo que se quiere compensar, porque hasta ahora estamos describiendo nuestras especies. ¿Van a cobrar por algo que no conocemos?”, cuestiona. “Eso es devolvernos 20 o 30 años en temas de investigación. Y los más afectados serán los pequeños grupos que no tienen suficiente dinero para financiar sus estudios. Parece que no hubieran escuchado a la academia”.

Pese a que el Ministerio asegura haber hecho un juicioso análisis jurídico y económico y un estudio de la reglamentación de otros países, para Acosta los cálculos varían dependiendo de cada nación. Por ejemplo, afirma, la medida podría ser útil en Inglaterra donde solo hay seis especies de anfibios que fueron descubiertas hace muchos años. “Pero en Colombia el conteo va en 803. Por ahora”.