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En Colombia pasa de todo, pero a la vez no pasa nada y para la esfera climática, que va mucho más allá de lo que se concibe como clima y es transversal a todos los sectores de la cotidianidad, esta frase encaja como anillo al dedo.
Hablemos sobre la acción climática en el país en medio de sus aciertos, desaciertos y una que otra promesa, pero antes, ¿qué comprende el objetivo número 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Por definición, la acción por el clima consiste en la adopción de medidas urgentes para mitigar y adaptarse al cambio climático, “logrando la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sentando las bases de una economía neutra en emisiones y acompañando a los colectivos más vulnerables en el proceso de transición (…), haciendo partícipes a todos los actores de la sociedad civil y del mundo académico y científico” (Agenda 2030). Lo anterior desde la elaboración de política pública, educación en torno a la crisis, cooperación internacional y movilización de recursos con este fin. La crisis climática es el reto más grande que tiene la humanidad y, al no ser una problemática que se pueda tratar de manera aislada, demanda una acción interseccional. ¿Cómo va nuestro país?
Colombia es un país megadiverso sin duda alguna; no obstante, detrás de esta narrativa se olvidan las realidades sociales que integran la crisis climática, que manchan por completo la narrativa macondiana del país biodiverso. Los asesinatos indiscriminados de líderes y lideresas ambientales, la desmedida deforestación producto de monocultivos y ganadería extensiva, el desplazamiento forzado, la profundización de las inequidades y violencias existentes, el riesgo en la seguridad alimentaria y la destrucción de ecosistemas fundamentales como selvas y páramos son parte del abanico colombiano en términos de ambiente. El punto crítico es que día a día este escenario se agrava y las intenciones por hacer algo al respecto no son muy visibles, ya que para la clase política, en general, es un tema más, nunca prioritario, en la extensa agenda pública. Este escenario, como joven, es frustrante de presenciar, pues no se está hablando únicamente de un futuro lejano para próximas generaciones, sino de un abrumador presente.
Durante los últimos años (2019-2020), Colombia se ha posicionado como el país más peligroso para ser un líder ambiental, según los datos revelados por la ONG Global Witness. Infortunadamente, no sería sorpresa alguna que nuestro país mantenga ese podio. El riesgo para los defensores ambientales es tal que este año un niño ambientalista de catorce años, Breiner David Cucuñame (q.e.p.d) fue asesinado por ejercer su labor y Yuvelis Natalia Morales, consejera de Juventud de Puerto Wilches, tuvo que huir al exilio tras recibir amenazas por oponerse a los pilotos de fracking en la zona. Como ellos hay cientos de defensores más que han perdido la vida o se han visto violentados por defender causas ambientales. ¿Por qué en el país defender la vida cuesta la misma? Es insólito saber que la voz no es un derecho, sino un privilegio y que ser un joven, ambientalista, profesor, páramo, una mujer o una selva es un acto de rebeldía.
El Gobierno colombiano llevó a la COP26 una narrativa líder en acción climática, con unos grandes logros y promesas, donde no aparece el factor social: ¿qué pasa con quienes dedican su vida a proteger aquello por lo que sacan pecho? ¿Qué garantías tendrán para seguir con su labor fundamental para la justicia climática y la paz?
Claro que la protección de los mares y la reforestación son elementos fundamentales para hacer frente al cambio climático como país, y en ello, los compromisos realizados por el Gobierno son prometedores, pero hay que ir más allá de lo semántico.
Una herramienta clave para garantizar la protección a los líderes ambientales es el Acuerdo de Escazú, el cual les garantizaría el acceso a la información, justicia y participación; sin embargo, la nula voluntad política para ratificarlo deja mucho que pensar. A su vez, las estrategias frente a los incendios, productos de una deforestación sistemática, están dejando al descubierto la fallida concepción de la problemática, pues militarizar y plantar árboles indiscriminadamente, sin tener en cuenta los factores ecosistémicos y a las comunidades que debido a los órdenes de poder en dichas regiones viven de la deforestación, no es la solución.
Aun así es importante reconocer que el país ha tenido algunos buenos avances —otros a medias (como la Ley de Acción Climática)— en materia medioambiental, como el plan realizado por Minenergía en cuanto a transición energética; la implementación del Catastro multipropósito, que permite la gobernanza en territorios rurales, conocimiento sobre la tierra y un ordenamiento territorial aterrizado que valdría la pena fuese articulado a lo largo de todo el territorio nacional; la incursión de Colombia en los impuestos del carbono, en la que sin duda alguna Colombia debe tomar un mayor liderazgo, al ser uno de los países más afectados por el cambio climático en el mundo; y finalmente leyes como aquella que tipifica y sanciona los delitos ambientales.
Como en todo el mundo, con aciertos y desaciertos, a Colombia le queda un arduo trabajo en implementar estos mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático de manera interseccional en el territorio nacional, empezando por un mayor involucramiento de la sociedad civil mediante garantías de libre acceso a la información. Es fundamental que nos escuchen como jóvenes y mujeres, pero también que escuchen a las comunidades históricamente marginadas. El pensamiento de acción climática tiene que salirse de su esfera eurocentrista y paternalista y comprender que, sin justicia social, de género, racial y étnica no será posible hacer frente a la crisis y mucho menos, construir un país justo, sostenible y resiliente.
*Activista de Fridays4Future en Colombia
Este texto hace parte del gran especial de aniversario de los 135 años de El Espectador, que analiza cómo podemos tener un futuro más sostenible. Encuentre aquí el especial completo.