Acuerdo de Escazú supera un nuevo debate y pasa a plenaria de Cámara
El Acuerdo de Escazú queda a un debate de ratificarse en Colombia. La propuesta pasó con 14 votos por el ‘si’ y tres votos por el ‘no’.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró la mañana de este miércoles la aprobación en tercer debate (de cuatro que son en total) del Acuerdo de Escazú en la Comisión Segunda de Cámara de Representantes. Con 14 votos por el ‘si’ y tres votos por el ‘no’, el pacto ambiental va rumbo a ser aprobado. Resta un debate en la plenaria de la Cámara y la revisión final de la Corte Constitucional.
“Ratificamos nuestro compromiso con la Democracia Ambiental, el acceso a la información y la protección de defensoras ambientales”, celebró Muhamad. En el recinto estaba también el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura y la Cancillería, todos acompañando la votación. Hay que recordar que el Gobierno de Gustavo Petro le apostó a este pacto desde que el hoy presidente era candidato.
Puede ver: Acuerdo de Escazú supera un nuevo debate y pasa a plenaria de Cámara
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, entró en vigor el 22 de abril de 2021, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Tierra. De los 24 países que firmaron el acuerdo, solo 12 lo han ratificado.
Esos Estados son: Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador, y Santa Lucía. Mientras tanto, países firmantes como Colombia, Brasil y Perú, lo firmaron, pero no lo han ratificado.
Escazú busca garantizar acceso a la Información, participación Pública, acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, promoviendo la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.
“En Colombia, más que un asunto de voluntad política, esto es una obligación estatal. El no reconocimiento de los derechos de las personas defensoras del ambiente en un país como Colombia es una forma de violencia estatal”, apuntó Mauricio Madrigal, profesor y director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, otras de las entidades que hacen parte de la Alianza.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró la mañana de este miércoles la aprobación en tercer debate (de cuatro que son en total) del Acuerdo de Escazú en la Comisión Segunda de Cámara de Representantes. Con 14 votos por el ‘si’ y tres votos por el ‘no’, el pacto ambiental va rumbo a ser aprobado. Resta un debate en la plenaria de la Cámara y la revisión final de la Corte Constitucional.
“Ratificamos nuestro compromiso con la Democracia Ambiental, el acceso a la información y la protección de defensoras ambientales”, celebró Muhamad. En el recinto estaba también el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura y la Cancillería, todos acompañando la votación. Hay que recordar que el Gobierno de Gustavo Petro le apostó a este pacto desde que el hoy presidente era candidato.
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El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, entró en vigor el 22 de abril de 2021, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Tierra. De los 24 países que firmaron el acuerdo, solo 12 lo han ratificado.
Esos Estados son: Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador, y Santa Lucía. Mientras tanto, países firmantes como Colombia, Brasil y Perú, lo firmaron, pero no lo han ratificado.
Escazú busca garantizar acceso a la Información, participación Pública, acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, promoviendo la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.
“En Colombia, más que un asunto de voluntad política, esto es una obligación estatal. El no reconocimiento de los derechos de las personas defensoras del ambiente en un país como Colombia es una forma de violencia estatal”, apuntó Mauricio Madrigal, profesor y director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, otras de las entidades que hacen parte de la Alianza.