Al fin indemnizarán a damnificados por contaminación del río Anchicayá

Casi 15 años tuvieron que esperar las comunidades negras que viven en la cuenca del río Anchicayá (nace en Cali y desemboca en Buenaventura) para que la justicia les diera la razón. Todo este tiempo han esperado una indemnización por el desastre ambiental que en junio de 2001 provocó la Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA), luego de abrir las compuertas de su embalse y descargar 500.000 metros cúbicos de sedimentos en el afluente, matando todos los peces y cultivos a su alrededor.

La espera parece haber terminado y la noticia llegó por donde menos esperaban: el extenso documento a través del cual los magistrados de la Corte Constitucional respondieron las preguntas a los ciudadanos, tras su rendición de cuentas. En la página 32, de manera escueta, el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez anunció que la Sala Plena había declarado nula la sentencia que en 2012 frenó el pago de la multimillonaria indemnización.

Detrás de esta victoria hay una larga batalla judicial, que respaldaron la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales, que pidieron prelación del proceso por tener “evidente trascendencia social”.

El caso

La historia de la comunidad de la cuenca del río Anchicayá cuenta que hasta el 22 de junio de 2001 derivaron su sustento de la riqueza del afluente, a través de la pesca y la agricultura. Al día siguiente, la Empresa de Energía del Pacífico abrió las compuertas de la represa ubicadas en el bajo Anchicayá y liberó sedimentos que llevaban 50 años represados en el embalse. El afluente se convirtió en una colada de lodo y todos los peces murieron y los cultivos, afectando a 6.000 personas (asociadas en 11 consejos comunitarios y 9 títulos colectivos), que quedaron en la ruina.

Justo después del desastre, la Corporación Autónoma del Valle (CVC), autoridad ambiental del departamento a la que le correspondía investigar el caso, se declaró impedida, porque era dueña del 16% de la empresa eléctrica. El caso pasó a manos del Ministerio del Medio Ambiente, que luego de corroborar el daño sancionó a EPSA y a la CVC a pagar una multa de $200 millones, a repoblar las especies de peces afectadas y a suministrar alimentación diaria a los afectados.

La comunidad no se conformó e inició una guerra jurídica por un resarcimiento económico, a través de una acción de grupo. La evidencia fue tan clara que en 2009, tanto en primera como en segunda instancia, la justicia falló a favor de las comunidades negras y ordenó su indemnización.

Aunque la empresa de energía se defendió diciendo que no causaron perjuicios y fue apenas una simple turbiedad y una mortandad de peces, para los jueces hubo un gran desastre que “expuso a los habitantes al deterioro de su calidad de vida y a serias dificultades de supervivencia… Aunque hoy (2009) los cultivos muestran indicios de querer recuperarse, su productividad no es rentable”, dice la sentencia.

La decisión parecía tan sólida que, incluso, superó el examen del Consejo de Estado, que la ratificó al resolver en primera y segunda instancia una tutela que radicó EPSA.

Retraso

Para la justicia estaba probado que la empresa eléctrica había causado grave daño ambiental. Sin embargo, cuando todo estaba listo para que esta comunidad recibiera la indemnización por casi $160.000 millones (322.000 salarios mínimos en 2009), en abril de 2012 un fallo de la Corte Constitucional echó para atrás 10 años de lucha de esta comunidad.

A pesar de que al menos 10 jueces coincidieron en mantener firme la sanción, el proceso fue seleccionada por la sala tercera de revisión del máximo tribunal, conformada por los magistrados Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Iván Palacio y Martha Victoria Sáchica, quienes concluyeron que todos los que se habían pronunciado antes se habían equivocado.

Los magistrados, a través de la sentencia T-274, declararon ilegales los estudios que tasaban los perjuicios de las comunidades y revocaron el fallo que ordenaba la indemnización. Además, ordenaron repetir la prueba reina que se recaudó en 2002. Se trataba nada menos que de los estudios que hizo la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Valle, justo después de ocurrido el desastre ambiental, y que establecía cuánto se les debía pagar a los afectados. Esa decisión generó la reacción de la Procuraduría, la Defensoría, ONG internacionales y hasta la ONU, a través de seis de sus relatores especiales, que se pronunciaron frente a la injusticia del fallo.

El abogado Germán Ospina, apoderado de las comunidades, radicó ese mismo año un recurso de nulidad ante la propia Corte Constitucional, que fue aceptado por una sala integrada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt y Mauricio González Cuervo. El caso llegó a Sala Plena y ahora, tres años después, ratifica que el error lo cometieron los otros. La decisión ahora apunta a reactivar el pago de la indemnización a las comunidades negras del Anchicayá.

“A pesar de lo que está ocurriendo, para nosotros la decisión representa que se puede creer en la justicia. Para las comunidades, una recompensa a su paciencia, a su perseverancia y, sobre todo, es una reivindicación para una comunidad que ha sido oprimida históricamente”, dice Germán Ospina, apoderado de las comunidades.

Si bien este fallo confirma que se les debe pagar a los afectados, el caso no termina. Aún está pendiente una decisión del Consejo de Estado sobre los perjuicios inmateriales, en la que la justicia tasará los daños morales que sufrieron con la tragedia ambiental.

La acción de grupo

Al menos 6.000 personas forman parte de las comunidades que presentaron la acción de grupo contra la Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA) y la Corporación Autónoma del Valle (CVC). Cumplen casi 15 años esperando una indemnización por el desastre ambiental.

Se trata del Consejo Mayor de la Comunidad Negra del Río Anchicayá, representado por Benjamín Mosquera; el Consejo Comunitario de Tapara y Humane, por Luis Antonio Valencia, y el Consejo Comunitario de Bracito y Amazonas, por Luis Venito Valencia González. 

También los habitantes del corregimiento El Danubio, representado por Eleuterio Saa; la Corporación Mar Pacífico, por Otoniel Zamora; la Asociación Civil Pescomertil, por Cruz Elodia Aragón; la Asociación de Plataneras Las Tintoreras, por Rafael Hurtado Colorado, y el Consejo Comunitario de Sabaletas, por Caicedo Angulo y Stella Hinestroza.

Casi 15 años tuvieron que esperar las comunidades negras que viven en la cuenca del río Anchicayá (nace en Cali y desemboca en Buenaventura) para que la justicia les diera la razón. Todo este tiempo han esperado una indemnización por el desastre ambiental que en junio de 2001 provocó la Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA), luego de abrir las compuertas de su embalse y descargar 500.000 metros cúbicos de sedimentos en el afluente, matando todos los peces y cultivos a su alrededor.

La espera parece haber terminado y la noticia llegó por donde menos esperaban: el extenso documento a través del cual los magistrados de la Corte Constitucional respondieron las preguntas a los ciudadanos, tras su rendición de cuentas. En la página 32, de manera escueta, el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez anunció que la Sala Plena había declarado nula la sentencia que en 2012 frenó el pago de la multimillonaria indemnización.

Detrás de esta victoria hay una larga batalla judicial, que respaldaron la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales, que pidieron prelación del proceso por tener “evidente trascendencia social”.

El caso

La historia de la comunidad de la cuenca del río Anchicayá cuenta que hasta el 22 de junio de 2001 derivaron su sustento de la riqueza del afluente, a través de la pesca y la agricultura. Al día siguiente, la Empresa de Energía del Pacífico abrió las compuertas de la represa ubicadas en el bajo Anchicayá y liberó sedimentos que llevaban 50 años represados en el embalse. El afluente se convirtió en una colada de lodo y todos los peces murieron y los cultivos, afectando a 6.000 personas (asociadas en 11 consejos comunitarios y 9 títulos colectivos), que quedaron en la ruina.

Justo después del desastre, la Corporación Autónoma del Valle (CVC), autoridad ambiental del departamento a la que le correspondía investigar el caso, se declaró impedida, porque era dueña del 16% de la empresa eléctrica. El caso pasó a manos del Ministerio del Medio Ambiente, que luego de corroborar el daño sancionó a EPSA y a la CVC a pagar una multa de $200 millones, a repoblar las especies de peces afectadas y a suministrar alimentación diaria a los afectados.

La comunidad no se conformó e inició una guerra jurídica por un resarcimiento económico, a través de una acción de grupo. La evidencia fue tan clara que en 2009, tanto en primera como en segunda instancia, la justicia falló a favor de las comunidades negras y ordenó su indemnización.

Aunque la empresa de energía se defendió diciendo que no causaron perjuicios y fue apenas una simple turbiedad y una mortandad de peces, para los jueces hubo un gran desastre que “expuso a los habitantes al deterioro de su calidad de vida y a serias dificultades de supervivencia… Aunque hoy (2009) los cultivos muestran indicios de querer recuperarse, su productividad no es rentable”, dice la sentencia.

La decisión parecía tan sólida que, incluso, superó el examen del Consejo de Estado, que la ratificó al resolver en primera y segunda instancia una tutela que radicó EPSA.

Retraso

Para la justicia estaba probado que la empresa eléctrica había causado grave daño ambiental. Sin embargo, cuando todo estaba listo para que esta comunidad recibiera la indemnización por casi $160.000 millones (322.000 salarios mínimos en 2009), en abril de 2012 un fallo de la Corte Constitucional echó para atrás 10 años de lucha de esta comunidad.

A pesar de que al menos 10 jueces coincidieron en mantener firme la sanción, el proceso fue seleccionada por la sala tercera de revisión del máximo tribunal, conformada por los magistrados Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Iván Palacio y Martha Victoria Sáchica, quienes concluyeron que todos los que se habían pronunciado antes se habían equivocado.

Los magistrados, a través de la sentencia T-274, declararon ilegales los estudios que tasaban los perjuicios de las comunidades y revocaron el fallo que ordenaba la indemnización. Además, ordenaron repetir la prueba reina que se recaudó en 2002. Se trataba nada menos que de los estudios que hizo la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Valle, justo después de ocurrido el desastre ambiental, y que establecía cuánto se les debía pagar a los afectados. Esa decisión generó la reacción de la Procuraduría, la Defensoría, ONG internacionales y hasta la ONU, a través de seis de sus relatores especiales, que se pronunciaron frente a la injusticia del fallo.

El abogado Germán Ospina, apoderado de las comunidades, radicó ese mismo año un recurso de nulidad ante la propia Corte Constitucional, que fue aceptado por una sala integrada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt y Mauricio González Cuervo. El caso llegó a Sala Plena y ahora, tres años después, ratifica que el error lo cometieron los otros. La decisión ahora apunta a reactivar el pago de la indemnización a las comunidades negras del Anchicayá.

“A pesar de lo que está ocurriendo, para nosotros la decisión representa que se puede creer en la justicia. Para las comunidades, una recompensa a su paciencia, a su perseverancia y, sobre todo, es una reivindicación para una comunidad que ha sido oprimida históricamente”, dice Germán Ospina, apoderado de las comunidades.

Si bien este fallo confirma que se les debe pagar a los afectados, el caso no termina. Aún está pendiente una decisión del Consejo de Estado sobre los perjuicios inmateriales, en la que la justicia tasará los daños morales que sufrieron con la tragedia ambiental.

La acción de grupo

Al menos 6.000 personas forman parte de las comunidades que presentaron la acción de grupo contra la Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA) y la Corporación Autónoma del Valle (CVC). Cumplen casi 15 años esperando una indemnización por el desastre ambiental.

Se trata del Consejo Mayor de la Comunidad Negra del Río Anchicayá, representado por Benjamín Mosquera; el Consejo Comunitario de Tapara y Humane, por Luis Antonio Valencia, y el Consejo Comunitario de Bracito y Amazonas, por Luis Venito Valencia González. 

También los habitantes del corregimiento El Danubio, representado por Eleuterio Saa; la Corporación Mar Pacífico, por Otoniel Zamora; la Asociación Civil Pescomertil, por Cruz Elodia Aragón; la Asociación de Plataneras Las Tintoreras, por Rafael Hurtado Colorado, y el Consejo Comunitario de Sabaletas, por Caicedo Angulo y Stella Hinestroza.