Los 16 alcaldes de los municipios que componen el departamento de Caquetá se comprometieron en las últimas horas a reconocer la alta biodiversidad de sus territorios, la importancia de su cuidado y a consolidar “la transición hacia mejores prácticas ambientales y productivas para revitalizar la naturaleza perdida, y así dignificar la vida”. Todos ellos firmaron una declaración, en la que además aparecen las rúbricas de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y del gobernador electo de ese departamento, Luis Francisco Ruiz Aguilar, además de otros funcionarios como el director de Parques Nacionales Naturales.
“Reconocemos que existe una oportunidad histórica para ayudar a proteger la selva y revertir los daños que se han ocasionado por la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y el cambio climático”, escriben.
Caquetá está ubicado en el sur del país y es conocido por ser una región con una gran biodiversidad.
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Esta zona es parte de la Amazonía colombiana, lo que la convierte en una de las áreas más ricas en términos de diversidad biológica en el país. La región alberga una variedad de ecosistemas que incluyen bosques tropicales húmedos, sabanas, ríos y una amplia gama de hábitats acuáticos. Estos entornos son el hogar de una gran cantidad de especies de plantas, animales y microorganismos, muchos de los cuales son endémicos de la región. Aquí se encuentran algunas especies emblemáticas como jaguares, pumas, delfines rosados, monos, guacamayas, entre otros mamíferos, aves, reptiles y peces.
Sin embargo, debido a la deforestación, la expansión de la agricultura, la minería ilegal y otras actividades humanas, la biodiversidad de Caquetá enfrenta amenazas. Precisamente, estas parecen ser reconocidas por los alcaldes cuando en el punto 4 de la declaración se comprometen “a mantener la reducción de la deforestación mediante procesos de gobernanza ambiental que se materialicen con acuerdos sociales entre los diferentes actores del territorio, fortaleciendo los instrumentos de planeación y gestión”.
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La declaración consta de cinco puntos en total, en donde, además de poner freno a la deforestación, los alcaldes prometen impulsar la economía de la biodiversidad, avanzar en el ordenamiento territorial alrededor del agua y en la especial protección y permanencia de las comunidades étnicas y campesinas que viven en esta región: “La participación comunitaria será el eje central en la transformación de este departamento, brindando soluciones de los conflictos socioambientales y el cierre de brechas sociales”.