Algunas de las razones por las que no avanzan proyectos de energía eólica en La Guajira
Varios proyectos de energía eólica en La Guajira, claves para la transición energética que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro, están retrasados o en pausa debido a dificultades en los procesos de negociación con las comunidades. La poca presencia del Estado y algunas barreras de institucionales harían parte de los problemas.
Andrés Mauricio Díaz Páez
En La Guajira, tal como está planeado, durante 2024 deberían entrar en funcionamiento 12 proyectos de energía eólica que aportarían más de 6.990 megavatios (MW) al sistema energético del país. Esto, ante la intensificación del fenómeno de El Niño, que causaría una disminución en la capacidad de las hidroeléctricas, podría ser un insumo clave para satisfacer la demanda de hogares, empresas e industria. (Le puede interesar: El multimillonario negocio detrás de la madera del Parque Natural Paramillo)
Sin embargo, como ha venido pasando en los últimos meses, lo más probable es que varios de esos proyectos se retrasen. Por ejemplo, la compañía EDP Renewables (EDPR), de Portugal, hizo un llamado a finales de 2023 al Gobierno, pues consideran que dos de sus proyectos de energía eólica en esta región están en riesgo de ser inviables por dificultades en el licenciamiento ambiental y otras “dificultades imprevistas”. Alpha, uno de los proyectos sobre los que advirtió EDPR, tenía dentro de sus planes entrar en funcionamiento en 2023. Mientras que Beta, el otro proyecto, estaría agendado para 2024.
A esto se suma, además, la suspensión de la construcción del parque eólico Windpeshi, en Maicao, por parte de la empresa Enel Green Power en mayo de 2023. La decisión, dijo entonces la empresa en un comunicado, “se tomó ante la imposibilidad de garantizar los ritmos constructivos del proyecto, debido a las constantes vías de hecho y altas expectativas que superan el marco de actuación de la organización”.
Detrás de las demoras o suspensiones de estos proyectos, lejos de poder señalar a un culpable, hay varios factores como las barreras institucionales, la complejidad de negociar con las comunidades Wayuu y la falta de claridad en el marco normativo. Un informe publicado recientemente por el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI, por sus siglas en inglés) explica parte de estos problemas y plantea algunas posibilidades de solución. (Le recomendamos: Azerbaiyán no nombró a ninguna mujer en el comité climático de la COP29)
Negociar con las comunidades Wayuu
En La Guajira viven más de 480.000 indígenas Wayuu, de acuerdo con las proyecciones de población del DANE para 2024, y componen más del 46 % de la población de ese departamento. Este pueblo se divide en clanes o castas, de las que se estima que hay 30. Y estos a su vez se dividen en Apushi (familias), cada una de las cuales tiene una autoridad ancestral, que es elegida y reconocida por las familias, y una autoridad tradicional, designada por el Estado y reconocida en los procesos asministrativos.
“No hay una única voz o un único liderazgo que represente a todo el pueblo”, apunta José Vega, investigador del SEI y uno de los autores del estudio. Esta particularidad lleva a que, por ejemplo, el proyecto Colectora, que busca convertirse en la línea de conexión entre los proyectos de energía eólica en La Guajira y el Sistema Interconectado Nacional (SIN) para trasladarla al resto del país, tenga que surtir un proceso de consulta previa con más de 220 autoridades indígenas. Allí surgen varias dificultades.
La primera es lograr establecer acuerdos para poner en marcha la construcción de los proyectos con tantas comunidades. En algunos casos, explica Vega, algunas familias acuerdan que una misma autoridad las representa, pero se trata generalmente de tres o cuatro familias que asisten bajo una misma autoridad a la negociación y “no es algo tan común”. (También puede leer: Conservar los parques de la Amazonia con ayuda de los campesinos: una ruta por explorar)
Además, en algunos procesos, participan las autoridades tradicionales, una figura “creada por el Estado colombiano, reconocida por la alcaldía y registrada ante el Ministerio del Interior, con un papel netamente administrativo para la gestión de recursos, programas y proyectos ante las Alcaldías, el Gobierno Nacional y las organizaciones no gubernamentales”, según se lee en el informe del SEI. Esa autoridad suele tener conflictos con la autoridad ancestral.
Pero, el rol de las comunidades no es el único que plantea barreras en el proceso de negociación.
La debilidad del Estado y otras barreras para La Guajira
Durante los procesos de consulta previa, las comunidades indígenas tienen derecho a contar con un asesor técnico que tenga conocimientos sobre proyectos de energías renovables, con el fin de garantizar un acceso adecuado a la información y las implicaciones de la obra que se realizará en sus territorios.
Pero, para Vega, hay un problema de imparcialidad en el rol de este asesor, porque “lo escoge la comunidad, pero lo paga la empresa. Ese detalle es clave”. Muchas veces, añade, la comunidad no sabe quién puede brindarle esta asesoría, por lo que eligen a personas recomendadas por la misma empresa, o que llegan a La Guajira desde otros territorios, como los Llanos Orientales, con experiencia en procesos de consulta previa para proyectos de hidrocarburos.
Otro aspecto problemático es la falta de capacidades por parte del Estado para atender al proceso de consulta. Allí están involucradas entidades como la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), la Secretarías de Ambiente del municipio en el que tiene lugar el proyecto (o de minas y energía, en el caso de los que cuentan con una) y de la Gobernación de La Guajira.
“A veces solo hay dos personas (en Corpoguajira) encargadas de la evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto. Pueden ser cientos, incluso miles de páginas, información en memorias USB, CD, imágenes”, asegura Vega. Además, por temas de presupuesto, no se tiene acceso a transporte para dirigirse hacia el punto del proyecto que, por las características del departamento, puede tratarse de un desplazamiento de más de cuatro horas.
“Quien pone el transporte para que los funcionarios se movilicen es la empresa. Cuando ven que el funcionario llega con la empresa, se genera una barrera de confianza entre el Estado y las comunidades”, añade el investigador.
Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero Energética, la entidad encargada de la planeación y el seguimiento a la operación de estos proyectos, reconoce que estos problemas tienen que resolverse con “una presencia efectiva del Estado en La Guajira”. Sin embargo, considera que se trata de dificultades “apenas naturales” por tratarse de un país que apenas empieza a hacer una transición hacia energías renovable y está entendiendo como ejecutar este tipo de proyectos.
“Creo que se han cometido errores desde la perspectiva social, la manera en la que nos hemos acercado a los territorios para el desarrollo de estos proyectos. También hace parte del aprendizaje. Yo creo que es para ajustar lo que se tenga que ajustar, que es lo que se está haciendo actualmente, pero tampoco es como para sorprenderse enormemente, porque es lo normal cuando uno inicia con una apuesta tan importante y tan nueva en nuestro país”, apunta Correa.
En el estudio, explica Vega, se plantean ocho posibles soluciones para las barreras que se presentan actualmente, que tienen que ver justamente con mejorar la presencia del Estado, revisar los procesos de Consulta Previa y que las empresas garanticen un acceso transparente a la información por parte de las comunidades. “No se trata de señalar un culpable, sino de entender cuáles son las tareas que tiene cada actor para mejorar los procesos de negociación”, dice Vega.
Uno de los aspectos, señala el informe, es crear una delimitación clara para el rol de los asesores, para evitar los posibles conflictos de interés que puedan presentarse. Además, el SEI recomienda que la legislación tenga en cuenta la dualidad que existe entre las autoridades ancestrales y las autoridades tradicionales, para evitar la falta de legitimidad en los procesos de consulta previa.
También, el Estado tiene la tarea de regular la forma en la que se distribuyen los beneficios de los proyectos de energías renovables entre las comunidades y las empresas, para que los actores tengan expectativas claras sobre lo que se está negociando con la construcción del proyecto.
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En La Guajira, tal como está planeado, durante 2024 deberían entrar en funcionamiento 12 proyectos de energía eólica que aportarían más de 6.990 megavatios (MW) al sistema energético del país. Esto, ante la intensificación del fenómeno de El Niño, que causaría una disminución en la capacidad de las hidroeléctricas, podría ser un insumo clave para satisfacer la demanda de hogares, empresas e industria. (Le puede interesar: El multimillonario negocio detrás de la madera del Parque Natural Paramillo)
Sin embargo, como ha venido pasando en los últimos meses, lo más probable es que varios de esos proyectos se retrasen. Por ejemplo, la compañía EDP Renewables (EDPR), de Portugal, hizo un llamado a finales de 2023 al Gobierno, pues consideran que dos de sus proyectos de energía eólica en esta región están en riesgo de ser inviables por dificultades en el licenciamiento ambiental y otras “dificultades imprevistas”. Alpha, uno de los proyectos sobre los que advirtió EDPR, tenía dentro de sus planes entrar en funcionamiento en 2023. Mientras que Beta, el otro proyecto, estaría agendado para 2024.
A esto se suma, además, la suspensión de la construcción del parque eólico Windpeshi, en Maicao, por parte de la empresa Enel Green Power en mayo de 2023. La decisión, dijo entonces la empresa en un comunicado, “se tomó ante la imposibilidad de garantizar los ritmos constructivos del proyecto, debido a las constantes vías de hecho y altas expectativas que superan el marco de actuación de la organización”.
Detrás de las demoras o suspensiones de estos proyectos, lejos de poder señalar a un culpable, hay varios factores como las barreras institucionales, la complejidad de negociar con las comunidades Wayuu y la falta de claridad en el marco normativo. Un informe publicado recientemente por el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI, por sus siglas en inglés) explica parte de estos problemas y plantea algunas posibilidades de solución. (Le recomendamos: Azerbaiyán no nombró a ninguna mujer en el comité climático de la COP29)
Negociar con las comunidades Wayuu
En La Guajira viven más de 480.000 indígenas Wayuu, de acuerdo con las proyecciones de población del DANE para 2024, y componen más del 46 % de la población de ese departamento. Este pueblo se divide en clanes o castas, de las que se estima que hay 30. Y estos a su vez se dividen en Apushi (familias), cada una de las cuales tiene una autoridad ancestral, que es elegida y reconocida por las familias, y una autoridad tradicional, designada por el Estado y reconocida en los procesos asministrativos.
“No hay una única voz o un único liderazgo que represente a todo el pueblo”, apunta José Vega, investigador del SEI y uno de los autores del estudio. Esta particularidad lleva a que, por ejemplo, el proyecto Colectora, que busca convertirse en la línea de conexión entre los proyectos de energía eólica en La Guajira y el Sistema Interconectado Nacional (SIN) para trasladarla al resto del país, tenga que surtir un proceso de consulta previa con más de 220 autoridades indígenas. Allí surgen varias dificultades.
La primera es lograr establecer acuerdos para poner en marcha la construcción de los proyectos con tantas comunidades. En algunos casos, explica Vega, algunas familias acuerdan que una misma autoridad las representa, pero se trata generalmente de tres o cuatro familias que asisten bajo una misma autoridad a la negociación y “no es algo tan común”. (También puede leer: Conservar los parques de la Amazonia con ayuda de los campesinos: una ruta por explorar)
Además, en algunos procesos, participan las autoridades tradicionales, una figura “creada por el Estado colombiano, reconocida por la alcaldía y registrada ante el Ministerio del Interior, con un papel netamente administrativo para la gestión de recursos, programas y proyectos ante las Alcaldías, el Gobierno Nacional y las organizaciones no gubernamentales”, según se lee en el informe del SEI. Esa autoridad suele tener conflictos con la autoridad ancestral.
Pero, el rol de las comunidades no es el único que plantea barreras en el proceso de negociación.
La debilidad del Estado y otras barreras para La Guajira
Durante los procesos de consulta previa, las comunidades indígenas tienen derecho a contar con un asesor técnico que tenga conocimientos sobre proyectos de energías renovables, con el fin de garantizar un acceso adecuado a la información y las implicaciones de la obra que se realizará en sus territorios.
Pero, para Vega, hay un problema de imparcialidad en el rol de este asesor, porque “lo escoge la comunidad, pero lo paga la empresa. Ese detalle es clave”. Muchas veces, añade, la comunidad no sabe quién puede brindarle esta asesoría, por lo que eligen a personas recomendadas por la misma empresa, o que llegan a La Guajira desde otros territorios, como los Llanos Orientales, con experiencia en procesos de consulta previa para proyectos de hidrocarburos.
Otro aspecto problemático es la falta de capacidades por parte del Estado para atender al proceso de consulta. Allí están involucradas entidades como la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), la Secretarías de Ambiente del municipio en el que tiene lugar el proyecto (o de minas y energía, en el caso de los que cuentan con una) y de la Gobernación de La Guajira.
“A veces solo hay dos personas (en Corpoguajira) encargadas de la evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto. Pueden ser cientos, incluso miles de páginas, información en memorias USB, CD, imágenes”, asegura Vega. Además, por temas de presupuesto, no se tiene acceso a transporte para dirigirse hacia el punto del proyecto que, por las características del departamento, puede tratarse de un desplazamiento de más de cuatro horas.
“Quien pone el transporte para que los funcionarios se movilicen es la empresa. Cuando ven que el funcionario llega con la empresa, se genera una barrera de confianza entre el Estado y las comunidades”, añade el investigador.
Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero Energética, la entidad encargada de la planeación y el seguimiento a la operación de estos proyectos, reconoce que estos problemas tienen que resolverse con “una presencia efectiva del Estado en La Guajira”. Sin embargo, considera que se trata de dificultades “apenas naturales” por tratarse de un país que apenas empieza a hacer una transición hacia energías renovable y está entendiendo como ejecutar este tipo de proyectos.
“Creo que se han cometido errores desde la perspectiva social, la manera en la que nos hemos acercado a los territorios para el desarrollo de estos proyectos. También hace parte del aprendizaje. Yo creo que es para ajustar lo que se tenga que ajustar, que es lo que se está haciendo actualmente, pero tampoco es como para sorprenderse enormemente, porque es lo normal cuando uno inicia con una apuesta tan importante y tan nueva en nuestro país”, apunta Correa.
En el estudio, explica Vega, se plantean ocho posibles soluciones para las barreras que se presentan actualmente, que tienen que ver justamente con mejorar la presencia del Estado, revisar los procesos de Consulta Previa y que las empresas garanticen un acceso transparente a la información por parte de las comunidades. “No se trata de señalar un culpable, sino de entender cuáles son las tareas que tiene cada actor para mejorar los procesos de negociación”, dice Vega.
Uno de los aspectos, señala el informe, es crear una delimitación clara para el rol de los asesores, para evitar los posibles conflictos de interés que puedan presentarse. Además, el SEI recomienda que la legislación tenga en cuenta la dualidad que existe entre las autoridades ancestrales y las autoridades tradicionales, para evitar la falta de legitimidad en los procesos de consulta previa.
También, el Estado tiene la tarea de regular la forma en la que se distribuyen los beneficios de los proyectos de energías renovables entre las comunidades y las empresas, para que los actores tengan expectativas claras sobre lo que se está negociando con la construcción del proyecto.
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