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La tragedia que ha vivido la Amazonía en las últimas semanas motivó a más de 180 académicos y expertos en temas ambientales a redactar una carta para el presidente Iván Duque y para el ministro de Ambiente, Carlos Correa, en la que les piden detener la deforestación en la Amazonía. (Lea Colombia está perdiendo un Parque Nacional Natural)
Luego de recordarles que en las últimas semanas el norte del bioma amazónico colombiano ha sufrido quemas e incendios “asociados al acaparamiento de tierras sobre grandes extensiones de bosques en los departamentos de Caquetá” y que en Guaviare declararon alerta roja en todo el departamento, les piden que tomen “medidas inmediatas para frenar esta alarmante situación”.
“Es urgente diseñar e implementar una hoja de ruta que movilice articuladamente al Ejército Nacional, los bomberos de todo el país, la defensa civil y las Fuerzas Aéreas Colombianas para que con su intervención se detenga esta tragedia ambiental que supone enormes costos sociales y ecológicos. Es inadmisible que en territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Tinigua, la Serranía de la Macarena y la Serranía de la Lindosa, los Bomberos dependan de voluntarios para apagar el fuego y no cuenten con agua ni sistemas aerotransportados para sofocar los incendios”, escriben.
Quienes firman piden a Duque y a Correa que tomen acciones preventivas, no reactivas. “Esta es una tragedia anunciada y año tras año en temporada seca vemos, con impotencia y dolor, al Amazonas arder. En los meses de noviembre y diciembre de 2021 se generaron las condiciones para los peores incendios que hemos visto en los últimos 15 años. Grandes cantidades de madera acumulada, una temporada particularmente seca (más de 40 días sin lluvias), dinámicas fortalecidas de apropiación de tierras, impunidad frente a los grandes deforestadores, y falta de una respuesta oportuna y efectiva del Estado, están llevando el norte del Amazonas a un punto de quiebre irreparable”, añaden.
Entre quienes firman se encuentran, entre otros, la profesora Sandra Vilardy, de la Universidad de los Andes; Maritza Duque, profesora de la Universidad del Norte; Ernesto Guhl, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales; Paola Andrea Arias, profesora de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia; Juan Camilo Cárdenas, profesor de University of Massachusetts Amherst y de la Universidad de los Andes; Carlos Daniel Cadena, decano de la Facultad de Ciencias de la U. de los Andes; Angela M Maldonado, directora Fundación Entropika y presidente de la Red Departamental de Veedurías del Amazonas; María Constanza Meza, del Grupo de Investigación en Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas de la Universidad Nacional de Colombia (en la parte final está la lista completa)
Para estos profesores y profesoras, “lo que está en juego es la pérdida de biodiversidad de la que depende la vida en el planeta y el agudizamiento de la crisis climática”.
Un poco más adelante lo explican con más detalle: “El bioma Amazónico tiene un papel vital en la disponibilidad de agua para el consumo humano a través de los ‘ríos voladores’, la capacidad de retención de agua, y la evapotranspiración. Por cuenta de los incendios estamos emitiendo monóxido de carbono y dióxido de azufre, que son gases de efecto invernadero en unas magnitudes que afectan inclusive a otros países, lo que nos hace responsables internacionalmente en caso de no actuar de inmediato”.
Según los investigadores, “los niveles de emisión actuales son tan alarmantes que son comparables solamente con algunas zonas industriales en China, lo que va completamente en contravía con el Acuerdo de París, la COP26 y la declaratoria de Glasgow sobre deforestación de la cual Colombia es firmante, más cuando sabemos que en esta época siempre se generan incendios”.
Lo que piden es que “se despliegue una estrategia integral de choque para sofocar los incendios junto con la judicialización de los financiadores de las quemas y el acaparamiento, y una mayor presencia del estado en zonas tradicionalmente marginadas. Las herramientas legales ya existen y el mismo Gobierno actual plasmó el delito de la deforestación en la ley 2111 de 2021 de delitos ambientales. Es necesario fortalecer la detección de incendios con mecanismos satelitales, implementar sanciones ejemplares sobre quienes determinan estos hechos y excluir del catastro agropecuario bosques que han sido quemados para su apropiación”.
“La falta de acción inmediata puede llevar a una catástrofe sin precedentes en el país, con implicaciones locales y globales, además de irreversibles. Es más, el 5 de febrero Bogotá declaró alerta ambiental y emergencia hospitalaria, en parte, por cuenta de la contaminación del aire resultado de los incendios en Guaviare y la Orinoquía”, añaden.
Tras recordarles que los PNN son fundamentales no solo para Colombia sino para el planeta, le solicitan la “movilización inmediata del Ejército Nacional, con apoyo de los bomberos de todo el país, la defensa civil y la FAC, con sistemas aerotransportados para agua y herramientas que mitiguen esta tragedia para que trabajen articuladamente con la Unidad Unificada de Mando. Igualmente solicitamos que se activen los canales internacionales para solicitar ayuda inmediata a otros países para afrontar la crisis que no fuimos capaces de prevenir”.
“Los firmantes llamamos a la acción inmediata del gobierno nacional para que fortalezca el monitoreo para la prevención y sanción del delito de deforestación. Estamos abiertos a sumar a la construcción colaborativa y participativa de soluciones de fondo y sostenibles (...) Solicitamos al gobierno nacional que fortalezca el monitoreo para la prevención y sanción del delito de deforestación: actúe YA”, concluyen.
Esta es la carta completa:
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e Infoamazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.