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El texto, aprobado por 337 votos a favor y 125 en contra y que será votado el jueves en el Senado, altera las atribuciones de varios ministerios y representa una nueva derrota para el gobierno en el Congreso, de mayoría conservadora.
Con los cambios aprobados, el ministerio de Pueblos Indígenas perderá una de sus principales atribuciones: la responsabilidad de la demarcación de nuevas tierras indígenas, que pasará al Ministerio de Justicia. Y la cartera de Medio Ambiente perderá sus competencias sobre el registro de tierras rurales -clave en el monitoramiento y el combate a la deforestación ilegal- y sobre la gestión de los recursos acuíferos.
Fue una jornada agónica para el oficialismo, que pese a haber sufrido el segundo revés legislativo en 24 horas en materia medioambiental, evitó una derrota inclusive mayor.
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El gobierno intentó desde la mañana evitar un rechazo completo de la norma que valida la composición de los 37 ministerios determinados por Lula en enero, y caduca el 1 de junio.
La no votación de la norma o su rechazo hubiera significado automáticamente un encogimiento drástico del gobierno en 14 carteras para quedar en 23, con la desaparición completa de ministerios como el de Pueblos Originarios, volviendo a la conformación que heredó del expresidente Jair Bolsonaro (2018-2022).
Lula conversó telefónicamente con el presidente de Diputados, Arthur Lira, para intentar que el proyecto, clave para la composición del gobierno, fuera tratado el miércoles.
Lira dijo a la prensa que existe “un problema en el gobierno”, que explica las recientes derrotas en el legislativo debido a una “falta o ausencia de articulación política”. Aseguró que le transmitió a Lula el malestar de los parlamentarios con el gobierno. “Existe es una insatisfacción generalizada de los diputados y senadores”, manifestó.
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La votación del miércoles marcó la segunda derrota legislativa para la agenda ambiental del gobierno, después de que los diputados aprobaran el martes un proyecto de ley que limita la demarcación de tierras indígenas, relanzada por Lula tras varios años de paralización.
La iniciativa, que debe obtener el visto bueno del Senado, establece que las tierras reservadas a las comunidades originarias deben restringirse a aquellas ocupadas por indígenas al momento de la promulgación de la Constitución vigente, en 1988.
Este “marco temporal” compromete los derechos de los pueblos originarios, cuyos territorios actúan como barreras contra la deforestación, según ambientalistas.
Falta de gobernabilidad
Al llegar al poder en enero, Lula designó al frente de Medio Ambiente a Marina Silva, figura emblemática de la lucha contra el cambio climático en Brasil, y dio a la dirigente indígena Sonia Guajajara las riendas del nuevo ministerio de Pueblos Indígenas.
Pero el optimismo internacional generado por esos nombramientos chocó con la realidad política de Lula, quien pese haber cedido algunos ministerios y altos cargos a partidos de centro-derecha, no pudo garantizar una mayoría legislativa en varios asuntos.
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“No es que su base de apoyo está desarticulada, es que Lula no tiene base alguna en el Congreso” más allá de los partidos de izquierda y centro-izquierda que apoyaron su candidatura, sostuvo el analista político Leandro Gabiati, director de la consultora Dominium.
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