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Hace tres meses, la organización internacional Crisis Group alertó sobre el núcleo de criminalidad que se ha formado en la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil, donde los grupos delincuenciales han tomado ventaja de la profundidad de la selva para fortalecerse. Allí desempeñan actividades como el cultivo para procesamiento de cocaína, la tala de árboles, el dragado en busca de oro y la pesca en áreas protegidas, con el fin de financiarse.
Ahora, Crisis Group ha publicado un nuevo informe sobre los peligros que implica este creciente control por parte de los actores armados, específicamente en la Amazonia colombiana. Algunas zonas remotas de la selva en el país se encuentran bajo el poder del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), el mayor grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022, el EMC estableció estrictos límites a la tala y praderización de tierras, amenazando con multas y trabajos comunitarios a quienes desobedecieran la orden. Para 2023, en las zonas de la Amazonia controladas por esta disidencia, la deforestación se había reducido en un 51%.
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Sin embargo, la Fundación CORE publicó este año dos informes sobre las disidencias de las Farc en el que cuenta que, entre julio y agosto 2023, la tasa de deforestación aumentó en más de 4.600 hectáreas en comparación con el trimestre inmediatamente anterior, según las alertas tempranas de deforestación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Esto, debido a que terminó el cese del Gobierno con el EMC.
“El fracaso de estas negociaciones ha disparado de nuevo las tasas de deforestación”, agrega Crisis Group. Juanita Vélez, politóloga y periodista de la Universidad Javeriana, e investigadora y cofundadora de la Fundación Conflict Responses (CORE), dijo hace seis meses a El Espectador que es probable que el EMC utilice los ceses y las crisis en la mesa de negociación para presionar al gobierno a través de la deforestación.
Los antecedentes
Este papel de autoridad que define el ritmo de la deforestación no es nuevo, según Crisis Group. Las antiguas Farc ya lo ejercían como una labor de autopreservación, pues los frondosos bosques no solo les servían de refugio, sino que también impedían que se les vigilara desde el aire. Por causa de la desmovilización, muchas zonas de Colombia quedaron a la deriva y expuestas a las imposiciones y/o intereses de otros actores.
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“Los ganaderos, madereros e inversores en tierras comenzaron a talar bosques a una escala mucho mayor de la que las Farc habrían permitido. La deforestación empezó a aumentar, sobre todo en los departamentos amazónicos de Caquetá, Guaviare y Meta. Al recordar este período, los residentes dijeron que los organismos estatales no lograron establecer el nivel de control que la guerrilla había mantenido anteriormente”, indica el informe.
Ante la situación, en 2018, la Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonia como sujeto de derechos y determinó que se debían implementar medidas para su protección. El entonces recién electo presidente, Iván Duque, respondió con la llamada “Operación Artemisa”, en la cual participaron alrededor de 22.000 agentes de seguridad y se detuvo a más de 200 personas, presuntos infractores ambientales, a quienes la Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones.
Sin embargo Crisis Group cuenta que, a ojos de las comunidades locales, esta misión persiguió principalmente al eslabón más débil de la cadena de deforestación, es decir a campesinos, entre ellos mujeres y adultos mayores, en vez de “enfocarse en los grandes financiadores de actividades ambientalmente devastadoras”. En todo caso, durante el Gobierno Duque, la tala de árboles se mantuvo a un ritmo acelerado. Al final de su administración, alrededor de 700.000 hectáreas del territorio nacional fueron deforestadas.
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El informe agrega que, como consecuencia de la baja popularidad de Artemisa, Gentil Duarte, difunto líder del EMC, reclutó a decenas de personas y contactó a excombatientes para terminar de consolidar esta facción guerrillera. Entre 2019 y 2023, el número de municipios con presencia del grupo armado aumentó casi al doble, y allí, actualmente, ejercen un control territorial que va desde la imposición de normas sociales hasta la emisión de documentos de identidad. Su intención, plantea Crisis Group, es limitar la figura del Estado cuanto más sea posible.
Es por ello que el EMC ha prohibido que funcionarios del Ministerio de Ambiente y de Parques Nacionales Naturales (PNN) ingresen a las áreas protegidas de la Amazonía que actualmente están bajo su control, de acuerdo con el reporte de Crisis Group. Un miembro de PNN dijo a la organización internacional que Artemisa generó un gran rechazo hacia él y sus colegas, pues la disidencia habría asumido que los funcionarios de Parques eran los informantes para organizar operaciones militares, lo cual, según el testimonio, no es cierto.
Desde 2019, estas autoridades ambientales no han podido ingresar a la Amazonia en el Guaviare, excepto por algunas visitas cortas y ocasionales, según relataron a la oenegé. Además, las restricciones se extienden a quienes trabajan en proyectos de agencias de cooperación extranjeras, así como las iniciativas locales que reciben donaciones de fuera del país. Un trabajador de un proyecto financiado con fondos europeos aseguró a Crisis Group que “todas las entidades ambientales son objetivos militares”.
Control sobre el territorio
Hoy en día, los líderes del EMC toman las decisiones sobre los territorios y lo comunican a la población a través de panfletos físicos o en línea, explica el documento. También aseguran que el grupo armado genera “manuales de convivencia”, en los que define las reglas para el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. No obstante, los habitantes de estas zonas rurales señalan que las normas pueden variar constantemente, en parte debido a las tensiones internas de la guerrilla.
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En Guaviare, señala Crisis Group, hay un régimen de multas para las personas que cometan infracciones, como talar una hectárea adicional o dejar un área deforestada sin utilizar. El pago se realiza por medio de un sistema de carnets de identificación que se expiden cada seis meses. Para recibirlo, se debe estar al día con las cuotas de las extorsiones. “Cualquiera que entre o salga de una zona sin carnet de identidad puede ser castigado con multas o trabajos comunitarios forzados”.
La economía de la deforestación
Otro de los aspectos que resalta Crisis Group es que la deforestación genera ingresos al EMC de, al menos, tres maneras. A los habitantes de la región les cobran un impuesto por praderizar pequeñas parcelas de tierra de las cuales sacarán provecho. “Aún más alarmante es que políticos y élites locales pagan a la organización altas sumas de dinero para talar los bosques”, advierte el informe. “El EMC también ha arrasado tierras para su propio uso a gran escala”.
Uno de los negocios que puede ser más rentable es la cría de ganado. En los últimos 30 años, esta práctica se ha expandido a lo largo de la Amazonia, en donde se han dedicado más de tres millones de hectáreas que solían ser bosque para desarrollar esta actividad. La oenegé revela que, en Colombia, en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Meta, parte del denominado arco de deforestación, la población de ganado aumentó en más de un millón de individuos entre 2016 y 2023, lo que equivale a un crecimiento de alrededor del 30%.
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Para talar y plantar pasto para ganadería, son necesarios equipos y manos de obra que pueden ascender a US$570 por hectárea, es decir, más de dos millones de pesos colombianos. A menudo, dice el reporte, los habitantes locales son contratados como jornaleros para trabajar, pero quienes verdaderamente se benefician, son los actores comerciales a gran escala. “Son los ricos y los políticos de este país los que promueven la invasión de tierras forestales”, dijo un funcionario de seguridad de la zona a Crisis Group.
Con frecuencia, estos campos de pastoreo se encuentran en áreas protegidas del bosque. Aunque el Estado no puede intervenir, pues su acceso es limitado, grupos ambientalistas citados por la organización internacional instan a que se implementen medidas más contundentes, como mantener la carne de res fuera del suministro cuando el ganado ha estado en áreas deforestadas de manera ilegal.
Para ello, por ejemplo, el Instituto Colombiano Agropecuario podría dejar de ofrecer vacunación para dichas reses, lo cual es requisito para su venta. Sin embargo, lo que dificulta esta propuesta es que los grupos ilegales han ideado métodos para registrar que los animales han sido criados en fincas legales, ya que los rotan entre parcelas que han sido deforestadas de manera ilícita y entre otras que no.
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En el Congreso de la República se presentó un proyecto de ley, de autoría del representante a la Cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, que buscaba crear un sistema de trazabilidad para el ganado en Colombia. La propuesta consistía en que el ICA, de la mano del Ministerio de Ambiente, hicieran seguimiento a las prácticas de crianza, transporte y sacrificio de las reses para garantizar que su origen no fomentara la deforestación. Sin embargo, el pasado 19 de junio se archivó por el cierre de la legislatura.
El EMC también se financia de la ganadería porque puede acceder a títulos de propiedad que, posteriormente, le permiten vender las tierras a un alto costo, según el informe. Al carecer de un catastro detallado, el Estado colombiano otorga estos títulos en zonas periféricas a quienes demuestren que están usando de manera activa la tierra. “Las facciones del EMC se aprovechan de esta práctica: talan el bosque, introducen ganado, utilizan esa actividad como evidencia de uso productivo de la tierra para obtener títulos y posteriormente venden la parcela a un tercero a un precio más alto del que obtendrían sin un título de propiedad”, dice Crisis Group.
Esta dinámica de ganadería en la selva no sería posible sin la construcción de carreteras ilegales. Investigadores estiman que hay hasta 25.000 km de estas vías en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, de los cuales casi 4.000 km fueron construidos entre 2018 y 2022. Uno de los lugares afectados por esto es el Parque Nacional Chiribiquete, declarado Patrimonio natural y cultural de la Humanidad por la Unesco. Además de ser un corredor biológico fundamental entre los Andes, la Orinoquia y la Amazonia, allí habitan algunos pueblos indígenas en aislamiento.
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Grupos como el EMC han coaccionado a las comunidades para la construcción de estas vías, por ejemplo, obligando a los habitantes a trabajar gratis o a las Juntas de Acción Comunal a aportar recursos o equipos, de acuerdo con el reporte. Si bien los habitantes de la Amazonia se pueden ver beneficiados por las carreteras, en su mayoría, estas responden a los intereses de los actores armados. A través de ellas pueden establecer nuevos asentamientos y expandir otras de sus actividades financieras como las plantaciones de coca, la tala ilegal, la minería y el tráfico de vida silvestre.
La necesidad de “combinar estrategias”
Crisis Group plantea que, aunque sus acciones responden a un interés propio, la reducción en las tasas de deforestación entre 2022 y 2023 demuestran el poder que tiene el EMC para frenar el deterioro ambiental. Por esa razón, subraya el informe, el Gobierno debe implementar una serie de estrategias para “trabajar productivamente” con este y otros grupos armados en pro de la protección del medio ambiente.
Por lo pronto, es crucial el diálogo con los líderes guerrilleros para que a corto plazo se pacte la eliminación de la deforestación en zonas selváticas que están bajo su control. “Pero el objetivo final debe ser un acuerdo que establezca los límites geográficos precisos de las tierras agrícolas en la región de la Amazonía controlada por el EMC, lo que en Colombia se conoce como la frontera agrícola”, sugiere Crisis Group.
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Este esquema de negociación, en el que la disidencia se comprometería a reducir la violencia y a evitar que estas economías sigan invadiendo la selva, podría intercambiarse por iniciativas de desarrollo financiadas por el Estado, como la construcción de escuelas o carreteras en donde hay presencia del EMC. Sin embargo, esto representa varios riesgos, como responder de más a las exigencias del grupo y, sobre todo, de sus líderes con intereses personales, según la oenegé.
“Tal vez el ejemplo más alarmante se encuentre en la pretensión del EMC de que se le otorguen títulos de propiedad sobre las áreas forestales que han sido praderizadas ilegalmente para su uso en ganadería y otras actividades lucrativas, incluidas las ubicadas al interior de parques nacionales y otras áreas protegidas”, expone el documento.
En este caso, se podría enfocar la discusión en las praderas ubicadas en reservas forestales, donde se pueden llevar a cabo actividades económicas sostenibles, bajo determinadas condiciones. Algunos expertos ya han planteado la alternativa de transformar las prácticas de la ganadería hacia modelos más amigables con el medio ambiente, pues su total erradicación parece casi imposible. Para Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea (UE), el arco amazónico tiene un gran potencial agrícola, “el tema es cómo construir esa dinámica para explorarlo de manera sostenible”.
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Una segunda estrategia a ejecutar a corto plazo tiene que ver con la seguridad. Mientras que la Operación Artemisa no tuvo mucho éxito a nivel social, Crisis Group señala que la actual falta de acción por parte de la fuerza pública también puede traer consecuencias negativas. La administración de Gustavo Petro ha alcanzado un extremo opuesto a la de Iván Duque en la que policías y militares afirman que han tenido “las manos atadas contra la deforestación” durante los últimos dos años.
El Gobierno, entonces, podría recuperar y fortalecer sus capacidades para obtener información de inteligencia sobre la deforestación y a su vez, proteger a las comunidades que viven bajo la autoridad de los grupos armados. Debe recuperar su capacidad para recopilar información de inteligencia y llevar a cabo investigaciones sobre la deforestación a gran escala, al tiempo que protege a las comunidades que se ven obligadas a vivir bajo el control de los grupos armados. “Los fiscales deben ahora aprovechar la evidencia recaudada y utilizarla para perseguir a los grandes financiadores de la deforestación masiva”.
Finalmente, Crisis Group recomienda unificar el Estado, pues por desacuerdos, por ejemplo, entre los ministerios de Ambiente y de Defensa se han suspendido algunas operaciones en contra de la deforestación. Esta falta de coordinación entre entidades estatales, fuerzas de seguridad y negociadores de paz es algo que se viene presentando desde hace varios gobiernos colombianos.
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Con el objetivo de mejorar este panorama, se lee en el reporte, el presidente Petro tiene la opción de designar “una autoridad de alto nivel que guíe las intervenciones estatales destinadas a la protección ambiental”, como la figura de “gerente de frontera”, que se estableció por primera vez durante la administración de Juan Manuel Santos para gestionar la situación de refugiados venezolanos en el país.
De acuerdo con Crisis Group, “este alto funcionario podría no sólo mejorar la coordinación y aliviar las fricciones interministeriales, sino asumir un papel de liderazgo en el diseño de estrategias ambientales integrales y de consolidación de la paz en la Amazonía”.
A ojos de Bertrand esa paz está ligada a la presencia estatal y un trabajo territorial, de la mano de las comunidades, para hacerles llegar el derecho a la salud, a la educación y a la justicia. Bertrand asegura que desde la UE se ha apoyado el trabajo en el Caguán con los integrantes del EMC que han mantenido las negociaciones.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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