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Brasil, Indonesia y República Democrática del Congo, los tres países con mayor superficie de selvas del mundo, lanzaron oficialmente una alianza climática para trabajar juntos contra la deforestación provocada por las talas y la agricultura.
“Representantes de Indonesia, Brasil y la RDc (...) firmaron un acuerdo de cooperación en selva forestal y acción climática en un evento paralelo de la COP27 de Egipto el 7 de noviembre y acordaron firmar un comunicado conjunto hoy”, indicó el ministro indonesio de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Pandjaitan.
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“Necesitamos cooperación con otros para alcanzar objetivos comunes. Solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho”, dijo el ministro indonesio, cuyo país acoge desde el martes la cumbre de líderes del G20. El acuerdo, pactado todavía con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, pide que los tres países se vean compensados por la comunidad internacional para reducir la deforestación.
El comunicado asegura que los tres países “tienen el objetivo común de colaborar en el incremento del valor de sus selvas tropicales y asegurar que estas selvas continúan beneficiando al clima y la población”.
Criticado por la insuficiencia de su política medioambiental, el brasileño Bolsonaro será reemplazado en enero por Luiz Inacio Lula da Silva, del que se espera que revierta las políticas de su antecesor y proteja la selva de la Amazonia.
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En su primer viaje internacional desde su victoria electoral el mes pasado, Lula participará el miércoles en la cumbre climática COP27 en Sharm el Sheij en Egipto. Fue en ese foro que Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo presentaron la semana pasada este acuerdo.
Los tres países suman el 64% de las superficies de bosques tropicales perdidas en las dos últimas décadas y Brasil lidera la lista, con más de 27 millones de hectáreas destruidas, según el informe global de bosques del World Resources Institute.
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El proyecto trilateral, que emergió el año pasado en la COP de Glasgow, no tiene presupuesto específico y en su diseño actual es más bien “un compromiso político”, consistente en un “intercambio de experiencias” en materia de mercados de carbono, pago por servicios ambientales y biodiversidad, explicó el secretario de Estado brasileño de Clima y Relaciones Internacionales, Marcus Paranaguá.