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Este martes la Cámara de Diputados de Brasil aprobó, con 283 votos contra 115, un proyecto de ley que establece que las tierras demarcadas para comunidades indígenas deben corresponder a aquellas ocupadas por indígenas en 1988, cuando se promulgó la Constitución vigente. Según cita la Agencia AFP, el proyecto habría sido impulsado por diputados afines al agronegocio y a otros grupos opositores.
Recientemente el presidente Lula da Silva reconoció seis territorios después de que el proceso de demarcación se detuviera durante el gobierno de Jair Bolsonaro, sin embargo, en el país hay 764 territorios de pueblos indígenas, de los cuales un tercio no ha sido demarcado.
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Diferentes comunidades indígenas y activistas que han estado protestando desde Manaos (Amazonas), Sao Paulo, entre otras ciudades, en contra del “marco temporal” del proyecto, señalan que algunas comunidades no ocupaban sus territorios en ese año porque habían sido expulsadas desde la época de la dictadura militar, entre 1964 y 1985.
El proyecto fue presentado por primera vez en 2007 en el congreso, volvió a tener protagonismo durante el gobierno de Bolsonaro, y hace unos días 324 diputados, contra 131, lograron que esta semana fuera votado bajo una figura de “urgencia”.
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Sonia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil, manifestó por Twitter que “la mayoría del Congreso votó contra los pueblos indígenas y la naturaleza. No vamos a detenernos. Tenemos el Senado por delante y muchos diálogos para garantizar la preservación de nuestras vidas y territorios”.
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La coalición de organizaciones Observatório do Clima expresó en un comunicado que “la Cámara de Diputados dio un recado al país y al mundo: Bolsonaro se fue, pero el exterminio continúa. (..) El Senado tiene la obligación de revertir los absurdos aprobados”. Incluso, el actor Mark Ruffalo trinó que “hay una guerra contra los pueblos indígenas y las selvas. Nuestro planeta está en riesgo”.
Además de este proyecto, en el Congreso se debatirán algunas modificaciones que afectarían el poder de los ministerios de Medio Ambiente y de Pueblos indígenas. En el caso de la cartera de Ambiente, esta podría perder competencias sobre el registro de tierras, algo clave para, por ejemplo, monitorear la deforestación y la gestión de registros hídricos.
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