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Durante su discurso de posesión, Gustavo Petro habló en más de un momento de la emergencia climática. Se dirigió a la comunidad internacional pidiendo apoyo económico para la protección del ambiente en Colombia, teniendo en cuenta, especialmente, la necesidad de conservar la Amazonia por la posibilidad que tiene de absorber las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Le pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional para hacer una suerte de canje de la deuda externa a cambio de que el país adelante medidas para atender la crisis climática.
En su discurso, Petro apeló a que mientras hay países que emiten una gran cantidad de GEI, otros, como Colombia, tienen una “esponja” capaz de capturar emisiones. A lo que se refería es a que mientras naciones como Estados Unidos o Catar lanzan más de cuatro mil millones de toneladas de CO2 al año, Colombia emite 480 mil toneladas. Pero, ¿qué tan viable es su propuesta? ¿Se puede canjear la deuda externa por acciones climáticas?
Los antecedentes de esta propuesta
Antes de entrar en detalle hay que recapitular en qué va esta discusión en Colombia y en otros países de la región. Al parecer, todo empezó en la década de los ochenta, cuando el científico Thomas Lovejoy, llamado el “padre de la diversidad biológica”, escribió una columna en The New York Times, titulada “Ecología de las naciones deudoras de la ayuda”. Lovejoy acotó que cuando los acreedores recortan el gasto público, los recursos para la protección de los recursos naturales eran los primeros en desaparecer y propuso utilizar la crisis de las deudas de esa década en América Latina “para ayudar a resolver problemas ambientales”.
Un modelo realizado en Bolivia, en 1987, ha sido uno de los más relevantes, aunque para algunos expertos no fue tan exitoso. Ese año, la ONG Conservación Internacional adquirió el compromiso de comprar 650 mil dólares de la deuda boliviana y a cambio el gobierno debía establecer tres áreas de conservación en 15 millones de hectáreas de la Amazonia, en donde, para entonces, había unas 13 especies de animales en peligro de extinción. Sin embargo, la deuda externa de Bolivia rondaba los cuatro mil millones de dólares, por lo que el alivio no fue tan significativo y el gobierno boliviano incumplió con la asignación de los recursos.
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Otros casos son el de Costa Rica y Belice, que en la década de 1990 participaron en programas de canje de deuda, según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para 2003 lograron la mayor cantidad de fondos para la conservación con respecto a su deuda: 108% y 68%, respectivamente.
En Colombia, a principios de los noventa, ya se había hecho un canje con el que se disminuyeron los intereses de la deuda que iban a un Ecofondo, integrado por varias ONG ambientales, que tuvo un primer impulso de US$500 mil entregados por Estados Unidos. El acuerdo estableció que US$13 millones que el país le debía a Canadá irían a ese fondo. Luego, en el año 2000, se creó la organización Fondo Acción para administrar el primer canje de deuda por conservación firmado entre Estados Unidos y Colombia, y hacia 2004 encabezaría el Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales de Colombia, firmado también por ambos gobiernos.
Después de casi dos décadas, el año pasado, durante la COP26 en Glasgow, Duque volvió a mencionar la posibilidad de canjear la deuda externa del país para lograr objetivos frente al cambio climático. Y Alberto Fernández, presidente de Argentina, igual habló del mismo tema en la Cumbre del G-20 en Roma.
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Según el artículo “Canjes de deuda por clima para islas pequeñas”, publicado en 2021 en la revista Nature, en 2009 los países “desarrollados” se comprometieron “a movilizar conjuntamente US $ 100 mil millones por año para 2020 para ayudar a los países en desarrollo con la adaptación y la mitigación. Sin embargo, las normas contables poco claras de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) hacen que sea imposible evaluar si se cumplió o no el objetivo”
¿Cómo podría hacerse el canje en Colombia?
En octubre del año pasado, el Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE) ,de la Universidad de los Andes, hizo pública una investigación realizada por profesores de esa universidad y del Rosario, titulada “Con un poco de ayuda de mis amigos: renegociación de deuda y cambio climático”. El estudio parte de que la pandemia del covid-19 causó la “caída en los ingresos fiscales y un aumento en la necesidad de gasto público en la mayoría de las economías del mundo”.
Aunque el artículo tiene en cuenta que el acceso de los países de ingresos medianos a la financiación es limitado -lo que reduce la posibilidad de enfocar esfuerzos en acciones climáticas a corto o mediano plazo-, explica que las prácticas de producción insostenibles traerán un deterioro de las actividades productivas basadas en la naturaleza y señales negativas en cuanto a la sostenibilidad fiscal (finanzas públicas), debido a los riesgos o desastres naturales progresivos que puede causar el cambio climático.
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Hernando Zuleta, Ph.D. en economía por la Universidad Pompeu Fabra, profesor de los Andes y uno de los coautores del artículo, explicó en entrevista para El Espectador que su propuesta busca que los países endeudados tengan los incentivos para implementar políticas de prevención del cambio climático. El nivel de endeudamiento se puede calcular comparando su deuda con respecto al tamaño de su economía, es decir, con relación al PIB.
Según Zuleta, “para países de ingresos altos puede haber deuda/PIB cercana al 100 % sin problema”, mientras que para un país como Colombia, “niveles superiores al 50 % pueden ser problemáticos”, y en el caso de países altamente endeudados, suelen estar por encima del 100 % y llegar incluso al 180 %, como el caso de Eritrea (África), que tiene una deuda del 175 % del PIB. Actualmente, la deuda externa de Colombia es de US$175 mil millones, un 49,4 % del PIB.
La idea, dice Zuleta, es que los países endeudados tengan la posibilidad de cambiar sus prioridades, que generalmente consisten en “atender la distribución del ingreso, la pobreza, etcétera, y no el cambio climático’'. El escenario que plantean es que se logren atender esas prioridades, pero basándose en acciones climáticas que puedan aprovechar el mercado global. Pero para que esto se dé en Colombia, teniendo en cuenta que buena parte de su deuda es con acreedores privados, se necesitan, a su parecer, tres condiciones.
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Primero, la voluntad de países u organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, para que medien la negociación con los acreedores y rediseñen las condiciones de la deuda en políticas ambientales; segundo, una articulación entre países endeudados, por ejemplo, entre los países que comparten la Amazonia, pues al sumar sus ingresos habría mayores beneficios sobre la deuda y se aseguraría una mayor capacidad de absorción de GEI. Y tercero, se requieren incentivos a nivel global para los acreedores interesados en contribuir a acciones climáticas.
El éxito de este canje, según Zuleta, es que los países endeudados logren mostrar resultados relacionados a las emisiones, gracias a políticas ambientales enfocadas en la captura de emisiones de carbono. Según el profesor, una opción viable es tener un mercado nacional de bonos verdes o pago por servicios ambientales que garantizan la reducción de una tonelada de dióxido de carbono o su equivalente de GEI. Este mercado ya existe en Colombia, pero para Zuleta no es ágil ni eficiente.
Si se logra consolidar, “vamos a tener una mayor cantidad de bosques que capturan carbono y vamos a tener la forma de medirlo con más facilidad”, señala Zuleta. Con el canje, el fin no es vender bonos verdes en sí, sino reducir el costo de la deuda a cambio de estos bonos. En 2021, Colombia emitió sus primeros bonos verdes por un monto de 1,5 billones de pesos. Y en abril de este año, se creó una suerte de mapa que permite a los compradores de los bonos identificar actividades económicas que pueden contribuir a objetivos ambientales.
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Uno de los fines de este mercado de carbono, tal como lo mencionó la ONG Transforma en una columna publicada en este diario, es “facilitar la participación del sector privado para transformar la economía global en una que deje de depender de los combustibles fósiles y sea limpia, sustentable y renovable”. Algo en lo que coincide Zuleta.
Sin embargo, como le dijo la ministra Susana Muhamad a El Espectador hace un par de días, hay que ponerle una lupa a esto. “Hoy llegan unos intermediarios financieros a las comunidades indígenas a firmar contratos utilizando la especulación financiera, la propiedad ambiental del país y haciendo negocios privados con las comunidades y con bosques de la nación”, explicó Muhamad, quien además insiste en que es vital que otros sectores, como transporte, minas y energía, agricultura, entre otros, reduzcan sus emisiones.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.