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El Senado brasileño aprobó una medida que debilita los poderes de los ministerios de Medio Ambiente y Pueblos Indígenas, un gran revés para el gobierno de Lula da Silva, que se ha comprometido a priorizar la preservación de la Amazonia ante la comunidad internacional.
Aprobado con 51 votos a favor y 9 en contra en la Cámara Alta, el texto que modifica la estructura del gobierno queda confirmado definitivamente, tras la luz verde de la Cámara de Diputados la víspera.
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Pese a las pérdidas, la iniciativa aprobada, un decreto presidencial modificado por los parlamentarios, permite al gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva mantener sus 37 ministerios.
Ayer era la fecha límite para que el Congreso decidiera sobre el tema. De no haberlo hecho, se podría haber instalado un caos administrativo, con el regreso a la estructura heredada del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, con solo 23 ministerios, sin uno dedicado a los pueblos indígenas o al medio ambiente, por ejemplo.
Las tensiones en torno a esta votación en el último momento expusieron las dificultades del gobierno para negociar con un Congreso mayoritariamente conservador, donde Lula no ha conformado una base de apoyo sólida.
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Entre los cambios promovidos por los diputados, el Ministerio de Medio Ambiente perdió sus competencias en materia de catastro de tierras rurales -fundamental para el seguimiento y combate a la deforestación ilegal-, y la gestión de los recursos hídricos.
Y el Ministerio de los Pueblos Indígenas fue despojado de la responsabilidad de demarcar nuevas tierras indígenas, que pasará al Ministerio de Justicia.
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La demarcación habilita a los pueblos originarios a ocupar sus tierras ancestrales y el uso exclusivo de sus recursos naturales para preservar su modo de vida tradicional. Esa medida no solo protege a esas comunidades, sino que también representa una barrera para frenar el avance de la deforestación.
Es el segundo revés que el gobierno de Lula sufre en pocos días en materia de derechos indígenas: el martes, los diputados dieron media sanción a un controvertido proyecto de ley que establece que los pueblos originarios sólo tienen derecho a las tierras que ocupaban en el momento de la promulgación de la Constitución en 1988. Los indígenas rechazan esta tesis, argumentando que muchas comunidades no se encontraban en sus tierras en 1988 porque fueron expulsadas a lo largo de los siglos, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985).
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