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Hay una vieja discusión en el ámbito de la conservación que se ha retomado con fuerza en los últimos años en Colombia. Para explicarla, piense en cuál es la primera imagen que visualiza cuando le dicen: hay que proteger la selva amazónica. Seguramente, tras unos minutos, imaginará bosques vírgenes, deforestación cero, ríos serpenteantes y una aparente ausencia total del ser humano (considerado un peligro).
El debate es: ¿se puede conservar la selva, toda su riqueza en biodiversidad, asimilando que en ella viven personas? “Hay que tener mucho cuidado en no caer en el pensamiento de que la presencia de humanos significa per se una presión o un impacto ambiental”, dice Daniel Aristizábal, coordinador de Amazonas de la ONG Amazon Conservation Team (ACT). De hecho, parte de lo que se sabe sobre la formación de la Amazonia en los últimos 10.000 años es que su complejidad y riqueza “no serían lo que es si no hubiera humanos en ella”.
A lo que Aristizábal se refiere es, por ejemplo, a la formación de las denominadas terras pretas: capas de tierras negras y fértiles. Se cree que a lo largo de miles de años los basureros orgánicos de las anteriores poblaciones humanas que habitaron la Amazonia permitieron la acumulación de nutrientes esenciales y carbón vegetal que han propiciado la biodiversidad y la productividad de la selva de la región durante mucho tiempo. “Yo me atrevería a decir que casi todos los pueblos indígenas desde hace 10.000 años lo que han hecho es dispersar semillas”, dice el experto de ACT.
Por eso, agrega, “se habla de una selva humanizada, una selva cultivada. El humano es tan intrínseco a la selva como lo es el mico, el pez y como lo son todas las especies. Si hay una sobreabundancia o un mal manejo, pues es ahí donde se afecta el balance”. La gran pregunta, entonces, es en qué condiciones deberían permanecer las personas que viven en los Parques Nacionales Naturales y cómo esto podría ayudar a tener un mayor control de la conservación, en un momento cuando la selva y las áreas protegidas enfrentan graves amenazas.
La difícil tarea de conservar
Para entender el problema, ayuda saber algunas cifras. Solo entre 2019 y 2022 se perdieron más de 46.000 hectáreas (ha) de Parques Nacionales Naturales (PNN) por cuenta de la deforestación, según el último informe, presentado en diciembre de 2023, de Parques Nacionales Cómo Vamos, una iniciativa de diez organizaciones que incluyen a la Universidad Javeriana, Uniandes, la Fundación Natura, WWF y WCS, entre otras. Ese número de hectáreas equivale, por ejemplo, casi al tamaño de Popayán o a más de 90.000 canchas de fútbol. Si bien el documento dice que la tendencia de deforestación en estas áreas se ha reducido, advierte que, en el caso de la Amazonia, los parques en medio de la conectividad entre esa región y los Andes siguen preocupando.
Es lo que los expertos han denominado el Arco de deforestación amazónico. Compuesto por municipios de Putumayo, Guaviare, Caquetá y el sur de Meta, son las áreas protegidas que tienen mayor superficie deforestada del país. Allí están los parques La Paya, Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, Alto Fragua - Indi Wasi, Cordillera de los Picachos, Serranía de Chiribiquete, Reserva Nacional Natural Nukak, Sierra de la Macarena y Tinigua. ¿Qué ocurre en estos parques que, junto a otros de otras regiones, lideran las listas de los más afectados por deforestación, acaparamiento de tierras y cultivos ilícitos?
Aristizábal explica que la situación se debe a que los parques ubicados en el Arco de deforestación amazónico están en medio de la frontera agrícola y la frontera “de desarrollo, donde llega la infraestructura, el Estado, la garantía de derechos”, por lo que son zonas “marcadas por la informalidad”, en donde se dan dinámicas como apropiación de bienes sin permiso, acaparamiento de tierras, carreteras informales, conflicto armado, inseguridad jurídica y desplazamiento. “La gran deforestación está relacionada con actividades delictivas asociadas a la apertura de trochas y, sobre todo, al acaparamiento de tierras, que luego se disfraza de actividad ganadera”, agrega Carlos Mauricio Herrera, director de Conservación y Gobernanza de WWF.
La entidad responsable de mantener el control sobre esas áreas protegidas es Parques Nacionales. Según Aristizábal, esa entidad enfrenta un problema estructural: si bien en la última década el Sistema de Parques fue creciendo con la declaración de nuevas áreas protegidas, la planta de personal y el presupuesto no crecía a la escala que se requería. “Hoy millones de hectáreas se encuentran sin presencia de funcionarios. Partiendo de ahí, estamos mal”, dice como ejemplo, refiriéndose a los ocho parques, dos reservas y un santuario que se han declarado en la Amazonia, que cubren casi diez millones de hectáreas. Parques Cómo Vamos muestra que en 2022 se asignaron 53 funcionarios y 126 contratistas para cubrir esas áreas. Sin embargo, desde la pandemia, los guardaparques no han podido regresar al campo por amenazas y problemas de orden público. Chiribiquete, el parque más grande del país (cuatro millones de hectáreas), tenía ese año apenas siete funcionarios y 26 contratistas.
Según el mismo informe, entre 2021 y 2022 hubo un aumento del 28 % en el presupuesto del Sistema, llegando a $209.000 millones; pero en 2022 hubo una disminución del 7 % para la Amazonia frente a 2021, y entre las áreas a las que más se les redujo están Alto Fragua - Indi Wasi, con una reducción del 65 %, y la Reserva Nacional Natural Puinawai, con una reducción del 60 %. Esas variaciones tan grandes en el presupuesto de un año a otro (puede disminuir hasta un 80 % o crecer hasta 1.000 % más) son un problema, advierte el documento, pues afectan la planeación.
Ante este panorama, Aristizábal se pregunta si el Sistema está desfinanciado. El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 4050 de 2021 advertía, por ejemplo, que el presupuesto del Sistema de PNN se encontraba casi $170.000 millones por debajo del presupuesto básico requerido para su funcionamiento. Lo paradójico, dice el coordinador de Amazonas de ACT, es que esta situación ocurre en un momento histórico en el que la conservación de la selva está recibiendo millonarios recursos. “¿Cómo es posible que haya recursos de cooperación internacional, se pactara un acuerdo en la Cumbre Amazónica, y que los parques de la Amazonia se desfinancien en ese 7 %?”, se pregunta.
De acuerdo con la página web de Parques Nacionales, su presupuesto para 2023, con corte a agosto, fue de $306.000 millones, de los cuales $56.000 millones se destinaron a funcionamiento, incluyendo el gasto de personal. Al revisar el Presupuesto General de la Nación de 2024 no aparece mencionado el Sistema de Parques, y aunque El Espectador le preguntó a la entidad por ese dato, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
No obstante, más allá de la plata que hay y la que falta, los que llevan estudiando la conservación de la Amazonia durante décadas preguntan: ¿cómo se está usando el dinero que hay? “Hay recursos de cooperación y de presupuesto para temas ambientales que no necesariamente se están traduciendo en un fortalecimiento institucional”, opina José Luis Quiroga, director de Ordenamiento social de la propiedad rural del Ministerio de Agricultura, quien se ha especializado en temas socioambientales.
Ese fortalecimiento, agrega Quiroga, incluiría aspectos como el pago por servicios ambientales y el pago por reforestación. Pero también por otras cosas tan básicas como las herramientas con las que debe contar Parques Nacionales para funcionar. “Sin guardaparques, sin gasolina, sin lanchas, sin motores, sin las adecuadas herramientas para permanecer en el territorio, no pueden hacer su tarea”, dice Julia Miranda, quien estuvo al frente del Sistema de Parques entre 2004 y 2020 y hoy es representante a la Cámara por Bogotá en el Nuevo Liberalismo.
El Espectador contactó al Ministerio de Ambiente a propósito de los recursos para conservación y control de deforestación en la región, así como la necesidad que los expertos advierten de fortalecer PNN. Sin embargo, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
Es en este contexto en donde lo que Aristizábal llamaba al inicio “una selva humanizada” puede ser clave en la conservación de la Amazonia. Para Catalina Gutiérrez, directora de Wildlife Conservation Society (WCS) Colombia, se requiere no solamente que haya un fortalecimiento institucional de PNN, sino que desde el mismo Estado se adelanten esfuerzos por impulsar bioeconomías en estas áreas protegidas, en las que habría unos actores claves muy específicos: los indígenas y los campesinos.
Habitar y ayudar a la selva
En 2007 surgió una idea interesante en los parques que conforman el Arco de deforestación amazónico. Se trata de los llamados Acuerdos de Uso, Ocupación y Tenencia (AUOT), también conocidos como acuerdos de conservación, suscritos entre el Estado y los campesinos que vivían y viven en estas áreas de protección o en las zonas circundantes. Básicamente, son instrumentos mediante los cuales el Estado busca regular y reconocer la presencia de comunidades locales, especialmente campesinas, en áreas protegidas, incluyendo Parques Nacionales. Allí se establecen compromisos para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales en estas áreas.
Estamos hablando, por ejemplo, de la implementación de proyectos productivos sostenibles para generar alternativas económicas para las comunidades. Quiroga lo explica de manera más simple: “Si yo suscribo un acuerdo de conservación con una familia que hoy en día simplemente está tomando el bosque para alquilar pasto para vacas, pues yo le debo generar una alternativa de economía familiar y comunitaria básica: cultivos de pancoger, generar la posibilidad de que reforesten, de que puedan tener cultivos y salir al centro urbano más próximo”. Lo que sugiere es que se cambie el enfoque de la protección de los parques: que la conservación ya no se haga solo desde la perspectiva ambiental, sino desde la agricultura, con la presencia de familias campesinas.
Hace unos meses, Parques Cómo Vamos analizó los datos de las áreas en las que se implementaron estos acuerdos entre 2012 y 2022 y las contrastó con la pérdida de bosque reportada en la zona por el Instituto de Investigaciones Amazónicas (Sinchi), como lo muestra la infografía que acompaña este artículo. Los resultados mostraron cosas muy interesantes.
En primer lugar, el área total de deforestación en los ocho parques del Arco de deforestación amazónica para 2022 fue de 197.653 ha. De estos, Tinigua, Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete han sido los más afectados de la región: Tinigua tiene más del 35 % de su área deforestada. El informe muestra que en estos parques se han aplicado acuerdos de conservación sobre 24.625 ha, los cuales han incidido en una reducción del 0,2 % de la deforestación total de los parques analizados.
Esta asociación tiene varios peros que reconocen los investigadores. En el documento se puede leer que hay otras variables que no se tuvieron en cuenta para el análisis y pudieron haber incidido en esa reducción de área deforestada, como el conflicto armado, la asignación de otros incentivos económicos para la conservación y las medidas punitivas del Estado, entre otras.
Sin embargo, “el análisis de los datos permite inferir que el aumento en el número y áreas de acuerdos podría fortalecer la incidencia en la contención de la tala del bosque dentro de los PNN”, agregan los autores. Esto podría ser así, según Quiroga, “porque cuando hay reconocimiento o regularización de la presencia campesina, hay una corresponsabilidad en la protección de esos ecosistemas estratégicos”.
Hay dos grandes ejemplos de cómo las comunidades campesinas que habitan los parques pueden ser grandes aliadas de la conservación. Los expertos hablan de los efectos de estos acuerdos en parques como Alto Fragua - Indi Wasi y Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, en los que se ha contenido la deforestación de forma progresiva y se ha incrementado el área de bosque recuperado. De hecho, solo en 2021, el primero fue el Parque con más acuerdos, firmando 101, y en 2022, al cumplirse veinte años de su declaratoria, a las más de 70.000 ha del Parque se sumaron 719 ha al resguardo indígena Inga Yurayaco, que hace parte de su zona de amortiguamiento. Como lo muestra el mapa de la infografía, la correspondencia entre la deforestación y el área bajo acuerdos en ambos parques es muy alta: del 100 %.
Esto se suma a otros estudios, como los de la Red Amazónica de Información Socioambiental Goerreferenciada, que demuestran que las zonas mejor conservadas de la Amazonia son los territorios en donde habitan las comunidades indígenas, lo que sería otro indicador de los resultados ambientales por las buenas prácticas y la presencia de humanos, dice Aristizábal.
Para Quiroga, los acuerdos actuales tienen el enfoque de incluir la agricultura en la conservación, “pero debe ser masivo, pues se aplica en muy pocos casos comparando con el fenómeno” de la deforestación. En noviembre del año pasado, el Ministerio de Ambiente anunció que aumentarían los incentivos “para quienes cuiden la selva amazónica”, a través del programa Conservar Paga.
“Quiero hacerles un llamado a todos los campesinos y los habitantes de la región que si conservan las áreas de bosque que tienen todavía en su predio y se unen a su Junta de Acción Comunal y contactan al Ministerio de Ambiente, podemos hacer un acuerdo de conservación con ustedes. Hemos multiplicado de forma importante el incentivo y queremos hacerlo con aquellas comunidades comprometidas”, afirmó en ese entonces la ministra Susana Muhamad.
A ese anuncio se sumó, a finales de 2023, la creación del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que varios investigadores y organizaciones han celebrado, con el que el Gobierno dice que buscará fortalecer el programa de Pagos por Servicios Ambientales y el Plan Integral de Contención de la Deforestación en esta región.
Aunque pareciera que el panorama de los Parques en la Amazonia no es tan amable, los expertos resaltan los casos que, aunque mínimos, pero no menores, demuestran que mientras se resuelven problemáticas estructurales, como el conflicto armado y el desfinanciamiento, se puede ir haciendo camino con las comunidades que habitan esta región.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.