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En el marco de la Conferencia de las Partes (COP16), el evento de biodiversidad más importante del mundo, varios departamentos sentaron bases clave para preservar los bosques en la Amazonia.
De manera más específica, las gobernaciones de Cundinamarca, Caquetá, Guainía, Guaviare y Putumayo, junto a sus respectivas autoridades ambientales, se unieron para crear una iniciativa en la que articularían sus políticas públicas para gestionar de manera sostenible los bosques amazónicos.
Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, explicó que el principal propósito del acuerdo es detener la deforestación, “cuyas consecuencias ya se sienten en Bogotá y los municipios cercanos”. También, se pretende garantizar la trazabilidad de la economía maderera, e incentivar un comercio justo y legal de esta.
Al respecto, y como lo hemos mencionado en estas páginas, la venta de madera ilegal es un problema grave que afecta grandes porciones de la Amazonia. Según cálculos del Ministerio de Ambiente, alrededor del 47 % de la madera que se vende en el país es ilegal. Así, cada año se comercializan aproximadamente 1,5 millones de metros cúbicos de madera de origen ilícito, acorde a cifras del Pacto Intersectorial por la Madera Legal. Si lo ponemos en perspectiva, esa cantidad equivale a llenar al tope más de 100 mil volquetas o 600 piscinas olímpicas.
Cientos de árboles de roble (Tabebuia rosea), cedro (Cedrela odorata), popa (Couma macrocarpa) y otras especies de gran valor comercial son talados diariamente sin permisos de aprovechamiento, en zonas de alta biodiversidad como la Amazonia y el Pacífico, afectando a estos ecosistemas, sus servicios naturales y a las comunidades locales que dependen de los bosques para subsistir.
Además, y como también lo mencionamos hace días en estas páginas, la Amazonia se está extinguiendo de manera acelerada y Colombia es un ejemplo de ello. Entre 1985 y 2023 se redujo casi un 7% este bosque natural en el país, según datos de la plataforma Mapbiomas. Esa pérdida de vegetación se asocia con la expansión de la ganadería, los cultivos agroindustriales, la construcción de vías y otras prácticas de cambios en el uso del suelo.
Es por ello que, respecto a la reciente iniciativa, el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, afirmó que “marca un punto de inflexión al considerar que, por primera vez, varios departamentos, con el liderazgo de Cundinamarca, unen esfuerzos para proteger la Amazonia y enfrentar la deforestación, pero también para trabajar por la restauración de zonas degradadas e incentivar la innovación y la tecnología”.
Por la misma línea, Roberto León Gómez, director del programa Amazonia Mía de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), dijo que esta iniciativa sería un paso importante para cambiar un paradigma y garantizar la conservación de los bosques, pero, a su vez, “darle un aprovechamiento sostenible a los mismos, porque las comunidades requieren oportunidades económicas que sustituyan o complementen la ganadería y eviten la deforestación”.
Otras alianzas fueron firmadas entre la gobernación de Cundinamarca y autoridades ambientales, como el Consejo Colombiano de la Producción Sostenible y Fedemaderas, para formalizar acuerdos con algunos actores institucionales de la cadena, “para así facilitar y garantizar el comercio legal y sostenible de madera amazónica e impulsar su consumo en los grandes centros de población del país”, se lee en un comunicado de la Gobernación de Cundinamarca.
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