Economía sostenible en la Amazonía: el desafío de integrar a las comunidades indígenas

El papel de los pueblos indígenas frente a la conservación de la Amazonía es fundamental, en particular, en el contexto en el que se realizan esfuerzos para protegerla. En Colombia, 18 áreas del Sistema Nacional de Parques Naturales se superponen con más de 40 resguardos indígenas, cuyos habitantes se encargan de custodiarlas. Del área amazónica ocupada por las comunidades indígenas del país, 75% corresponde a bosques y, de estos, 83,6% son áreas prioritarias para la conservación. Un estudio de WWF en conjunto con las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) encontró que el 91% de los territorios habitados por comunidades étnicas está en buen estado de conservación y que, en su totalidad, ocupan al menos un 36 % de las Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB) a nivel global.

Esto evidencia la capacidad que tienen las comunidades indígenas para cuidar su entorno natural mientras desarrollan sus actividades. Sin embargo, la mezcla con el “mundo moderno” y la limitación al uso del suelo, sea por la ocupación del territorio por otras culturas o porque la planeación nacional ha clasificado estas áreas como de conservación o protección, restringiendo las actividades que se pueden ejercer; ha dificultado el ingreso de los pueblos indígenas al sistema económico de manera que les sea sostenible. Algunas opciones que se les han presentado para generar ingresos económicos son su integración al sistema comercial como empleados o a través de mercados de carbono, alternativas que aún tienen aún varios aspectos a mejorar.

Los mercados de carbono son una estrategia que busca preservar la biodiversidad frenando la deforestación, esto, al cuantificar la capacidad de captura de carbono de un área protegida. De acuerdo con esta capacidad, se le paga a quien habita para que cambie prácticas o siga protegiendo el ecosistema, en este caso, a las comunidades indígenas. Sin embargo, los créditos de carbono, de acuerdo con una investigación reciente publicada en Science, están presentando falencias que pueden causar inequidad e injusticia climática. Entre otras razones, debido a que hay inconvenientes para calcular la medida de las áreas que no se deforestaron por la ejecución de los proyectos, por lo que se pueden inflar las cifras para recibir una mayor remuneración. Además, existe el riesgo de que la compensación en realidad aumente las emisiones, porque las empresas podrían “sentirse más cómodas” emitiendo carbono si creen que pueden reparar cualquier daño simplemente comprando dichos créditos.

También, las comunidades indígenas han tenido dificultades en las negociaciones de los mercados de carbono por la falta de socialización de los proyectos e información disponible sobre el valor de sus territorios. Esta situación ha abierto la oportunidad para que las mismas organizaciones indígenas investiguen para poder realizar negociaciones más justas. Es así como la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), desarrolló un análisis sobre el valor de los servicios ecosistémicos en sus territorios, lo que les ha permitido entender y estimar el valor económico de los bosques, y adquirir herramientas para negociar frente a amenazas como los proyectos extractivos. La misma organización indicó posterior al análisis, que para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 lograron incrementar de un 5 % a un 15 % los recursos provenientes del impuesto al carbono para las áreas de conservación estratégicas de Colombia.

Integrar a los pueblos indígenas al sistema económico formal tampoco ha sido fácil. Esto se evidencia con el estado de ocupación de los jóvenes, que comprenden el 27% de la población.. Este grupo poblacional presenta tasas de inactividad de casi el 63% mientras que los ocupados consolidan 30%; de estos, 54% trabaja por cuenta propia, es decir, sin un empleo formal, y 17% trabaja sin remuneración. Adicionalmente, se encuentran varios casos en que las condiciones de trabajo son precarias e incluso son vulnerables a abusos de diverso tipo.

Entonces, parece que la oportunidad para desarrollar economías estables en entidades territoriales indígenas por parte de sus habitantes, se encuentra en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en sectores que hacen parte de la bioeconomía como son: el agrícola, el pecuario, la silvicultura, la acuicultura, el de caucho y plástico, el alimentario, el químico y el farmacéutico, entre otros. Sin embargo, y dado que más de 90 % del área que habitan está destinada a conservación, mientras que menos de 5 % está destinada a la producción, la escala de aprovechamiento para una producción grande no es viable, añadiendo el hecho de que las cosmovisiones indígenas no apuntan a esto.

Por lo expuesto anteriormente se considera que desde el enfoque de la bioeconomía se debe trabajar en que los productos generados en territorios indígenas tengan un valor agregado alto. Y es que al venir de zonas conservadas y añadirle un conocimiento ancestral, se incrementa este valor. Pero hace falta imprimir una mayor diversidad de opciones que se complementen con la ciencia al generar cadenas de valor de productos especializados y transformados que tengan usos, en por ejemplo, la medicina y la cosmética, siempre respetando la cosmovisión de las comunidades étnicas. En particular, fortalecer en ciencia y tecnología a las comunidades indígenas ofrece muchas ventajas para ellas, el país y el planeta, e impulsa la creación de empleos verdes enfocados en este grupo poblacional.

Según la OIT, estos empleos verdes se pueden generar en la población joven indígena y en territorios donde las comunidades étnicas habitan, en actividades como la explotación de maderas, policultivos alimentarios, educación ambiental, pesca, artesanía, construcción biosustentable, y energías limpias, entre otros. Para esto, las organizaciones indígenas deben fortalecerse y ser partícipes de la creación de políticas públicas para su protección social y la generación de empleo, pero, además, deben tener la posibilidad de acceder a recursos financieros para el desarrollo de actividades productivas.

Debe ser también responsabilidad de los gobiernos, nacionales y locales, fortalecer las capacidades en creación y gestión de proyectos de las comunidades indígenas con un enfoque en sostenibilidad y trabajo decente, puesto que, o los recursos económicos no llegan a los territorios, ya que se quedan en las organizaciones de segundo nivel cuyos integrantes sí tienen las capacidades técnicas o, aunque puedan llegar a los territorios, no siempre los habitantes de los resguardos tienen el conocimiento técnico para la creación de propuestas, perdiendo en muchos casos los recursos disponibles para generar emprendimientos o sostener cadenas productivas.

En sintonía con la OIT y su estudio de empleos verdes para jóvenes indígenas, se considera que es posible conservar a la vez que se generan ingresos en estos territorios, pero para eso, es fundamental impulsar liderazgos en los grupos de jóvenes para promover la sostenibilidad e innovación en iniciativas productivas que además generen resiliencia, ya que uno de los principales retos que tienen estas comunidades es lograr que los proyectos se mantengan más allá de las intervenciones de los gobiernos de turno o de las organizaciones de cooperación.

En conclusión, ver a las poblaciones indígenas como un grupo activo, e involucrarlas en los procesos de toma de decisión y creación de política pública, las hace protagonistas de los cambios que se esperan de la economía hacia la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad.

*July Criado, consultora del proyecto Recuperación Sostenible en el marco de la Alianza Latinoamérica Sostenible (ALAS).

El papel de los pueblos indígenas frente a la conservación de la Amazonía es fundamental, en particular, en el contexto en el que se realizan esfuerzos para protegerla. En Colombia, 18 áreas del Sistema Nacional de Parques Naturales se superponen con más de 40 resguardos indígenas, cuyos habitantes se encargan de custodiarlas. Del área amazónica ocupada por las comunidades indígenas del país, 75% corresponde a bosques y, de estos, 83,6% son áreas prioritarias para la conservación. Un estudio de WWF en conjunto con las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) encontró que el 91% de los territorios habitados por comunidades étnicas está en buen estado de conservación y que, en su totalidad, ocupan al menos un 36 % de las Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB) a nivel global.

Esto evidencia la capacidad que tienen las comunidades indígenas para cuidar su entorno natural mientras desarrollan sus actividades. Sin embargo, la mezcla con el “mundo moderno” y la limitación al uso del suelo, sea por la ocupación del territorio por otras culturas o porque la planeación nacional ha clasificado estas áreas como de conservación o protección, restringiendo las actividades que se pueden ejercer; ha dificultado el ingreso de los pueblos indígenas al sistema económico de manera que les sea sostenible. Algunas opciones que se les han presentado para generar ingresos económicos son su integración al sistema comercial como empleados o a través de mercados de carbono, alternativas que aún tienen aún varios aspectos a mejorar.

Los mercados de carbono son una estrategia que busca preservar la biodiversidad frenando la deforestación, esto, al cuantificar la capacidad de captura de carbono de un área protegida. De acuerdo con esta capacidad, se le paga a quien habita para que cambie prácticas o siga protegiendo el ecosistema, en este caso, a las comunidades indígenas. Sin embargo, los créditos de carbono, de acuerdo con una investigación reciente publicada en Science, están presentando falencias que pueden causar inequidad e injusticia climática. Entre otras razones, debido a que hay inconvenientes para calcular la medida de las áreas que no se deforestaron por la ejecución de los proyectos, por lo que se pueden inflar las cifras para recibir una mayor remuneración. Además, existe el riesgo de que la compensación en realidad aumente las emisiones, porque las empresas podrían “sentirse más cómodas” emitiendo carbono si creen que pueden reparar cualquier daño simplemente comprando dichos créditos.

También, las comunidades indígenas han tenido dificultades en las negociaciones de los mercados de carbono por la falta de socialización de los proyectos e información disponible sobre el valor de sus territorios. Esta situación ha abierto la oportunidad para que las mismas organizaciones indígenas investiguen para poder realizar negociaciones más justas. Es así como la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), desarrolló un análisis sobre el valor de los servicios ecosistémicos en sus territorios, lo que les ha permitido entender y estimar el valor económico de los bosques, y adquirir herramientas para negociar frente a amenazas como los proyectos extractivos. La misma organización indicó posterior al análisis, que para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 lograron incrementar de un 5 % a un 15 % los recursos provenientes del impuesto al carbono para las áreas de conservación estratégicas de Colombia.

Integrar a los pueblos indígenas al sistema económico formal tampoco ha sido fácil. Esto se evidencia con el estado de ocupación de los jóvenes, que comprenden el 27% de la población.. Este grupo poblacional presenta tasas de inactividad de casi el 63% mientras que los ocupados consolidan 30%; de estos, 54% trabaja por cuenta propia, es decir, sin un empleo formal, y 17% trabaja sin remuneración. Adicionalmente, se encuentran varios casos en que las condiciones de trabajo son precarias e incluso son vulnerables a abusos de diverso tipo.

Entonces, parece que la oportunidad para desarrollar economías estables en entidades territoriales indígenas por parte de sus habitantes, se encuentra en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en sectores que hacen parte de la bioeconomía como son: el agrícola, el pecuario, la silvicultura, la acuicultura, el de caucho y plástico, el alimentario, el químico y el farmacéutico, entre otros. Sin embargo, y dado que más de 90 % del área que habitan está destinada a conservación, mientras que menos de 5 % está destinada a la producción, la escala de aprovechamiento para una producción grande no es viable, añadiendo el hecho de que las cosmovisiones indígenas no apuntan a esto.

Por lo expuesto anteriormente se considera que desde el enfoque de la bioeconomía se debe trabajar en que los productos generados en territorios indígenas tengan un valor agregado alto. Y es que al venir de zonas conservadas y añadirle un conocimiento ancestral, se incrementa este valor. Pero hace falta imprimir una mayor diversidad de opciones que se complementen con la ciencia al generar cadenas de valor de productos especializados y transformados que tengan usos, en por ejemplo, la medicina y la cosmética, siempre respetando la cosmovisión de las comunidades étnicas. En particular, fortalecer en ciencia y tecnología a las comunidades indígenas ofrece muchas ventajas para ellas, el país y el planeta, e impulsa la creación de empleos verdes enfocados en este grupo poblacional.

Según la OIT, estos empleos verdes se pueden generar en la población joven indígena y en territorios donde las comunidades étnicas habitan, en actividades como la explotación de maderas, policultivos alimentarios, educación ambiental, pesca, artesanía, construcción biosustentable, y energías limpias, entre otros. Para esto, las organizaciones indígenas deben fortalecerse y ser partícipes de la creación de políticas públicas para su protección social y la generación de empleo, pero, además, deben tener la posibilidad de acceder a recursos financieros para el desarrollo de actividades productivas.

Debe ser también responsabilidad de los gobiernos, nacionales y locales, fortalecer las capacidades en creación y gestión de proyectos de las comunidades indígenas con un enfoque en sostenibilidad y trabajo decente, puesto que, o los recursos económicos no llegan a los territorios, ya que se quedan en las organizaciones de segundo nivel cuyos integrantes sí tienen las capacidades técnicas o, aunque puedan llegar a los territorios, no siempre los habitantes de los resguardos tienen el conocimiento técnico para la creación de propuestas, perdiendo en muchos casos los recursos disponibles para generar emprendimientos o sostener cadenas productivas.

En sintonía con la OIT y su estudio de empleos verdes para jóvenes indígenas, se considera que es posible conservar a la vez que se generan ingresos en estos territorios, pero para eso, es fundamental impulsar liderazgos en los grupos de jóvenes para promover la sostenibilidad e innovación en iniciativas productivas que además generen resiliencia, ya que uno de los principales retos que tienen estas comunidades es lograr que los proyectos se mantengan más allá de las intervenciones de los gobiernos de turno o de las organizaciones de cooperación.

En conclusión, ver a las poblaciones indígenas como un grupo activo, e involucrarlas en los procesos de toma de decisión y creación de política pública, las hace protagonistas de los cambios que se esperan de la economía hacia la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad.

*July Criado, consultora del proyecto Recuperación Sostenible en el marco de la Alianza Latinoamérica Sostenible (ALAS).