El acueducto de más de $2 mil millones que les embolataron a los indígenas del Amazonas
En 2012 inició la construcción de un megaproyecto que llevaría agua potable a tres resguardos del Amazonas. La obra está inconclusa desde 2017 y los indígenas siguen dependiendo de las aguas lluvia. La Procuraduría tiene en juicio a un exgobernador.
María Paula Lizarazo
Jhoan Sebastian Cote
En tres resguardos indígenas de Leticia permanecen abandonados unos monumentos a la falta de gestión administrativa de las últimas gobernaciones del Amazonas. En 2012, se les prometió a alrededor de dos mil habitantes, ubicados a pocos kilómetros de la capital, que contarían con las garantías mínimas en agua potable. Sin embargo, 10 años después, de los $2.114 millones invertidos solo quedan los esqueletos de lo que pudo ser el acueducto de los resguardos del 11 km de Leticia; San José, a 6 km; y San Antonio de los Lagos. Tal habría sido la omisión en la ejecución del contrato n.° 1158 de 2012, que la Procuraduría tiene en juicio disciplinario al exgobernador Carlos Arturo Rodríguez Celis.
En los tres resguardos viven miles de indígenas de las comunidades magüta (tikuna), kocama, yaguas y murui (uitoto). Para tener agua, históricamente han dependido de la recolección de la lluvia. Según Romelio Pinto, representante del departamento en la Mesa Regional Amazónica, en el caso específico de San Antonio, en época de verano usan una motobomba que hay en un colegio del resguardo. “Cuando no llueve todo el mundo corre a sacar agua de ahí. Eso es lo que nos defiende. Todos allá padecemos por el agua”, dijo.
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Cuando usted llega al resguardo San José encuentra las bases de una gran estructura gris que no sirve para nada. Se supone que, desde hace 10 años, ahí debería funcionar uno de los tanques que llevaría agua potable a decenas de viviendas. Lo mismo sucede en San Sebastián, en donde, según Pinto, quedó pendiente “subir los tanques y adecuar las máquinas que iban a purificar el agua”. Jhon Jairo Chota, exgobernador indígena del resguardo de San Sebastián entre 2018 y 2020, atribuye la no materialización del contrato a la administración de Rodríguez Celis, electo por el Partido Verde para el período 2012-2015.
Chota denuncia que esa administración no cumplió con hacerle un “seguimiento real a las obras”. Para la autoridad indígena, esta situación “no ha tenido un doliente real”, pues las comunidades se han quejado, pero “en Amazonas es como si no tuvieran voz”. Añade que con el fracaso del contrato, que se llamó Plan Maestro de Acueducto, las comunidades han tenido que seguir reinventándose para gestionar el agua. “El Estado dejó eso botado. Todos los tanques están ahí botados, se les debe a los trabajadores de las comunidades que estaban en su respectiva labor y no hay ningún pronunciamiento”, dijo.
¿Qué pasó con la plata invertida?
Esta historia comenzó en julio de 2011, cuando la administración anterior a Rodríguez Celis radicó ante el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el proyecto de acueducto para los indígenas de los tres resguardos. Pinto fue una de las autoridades que intervino para que el proyecto también incluyera al resguardo San Antonio de los Lagos, que nunca ha tenido agua potable. En octubre de 2011, el Viceministerio de Agua dio luz verde a los planes, los cuales recibieron la inyección económica del Plan Departamental de Aguas: una estrategia financiada en toda Colombia desde el Gobierno central, que entre 2010 y 2017, según el Ministerio de Vivienda, aportó $16.000 millones al departamento del Amazonas.
Rodríguez Celis quedó a cargo del Amazonas desde enero de 2012. En septiembre, con el dinero aprobado, suscribió el contrato que hoy lo tiene en juicio. Escogió al consorcio Los Lagos, cuyo representante legal era Henry Alberto Suelta. Quedó por escrito que el plan del acueducto para las comunidades costaría $2.114 millones y tendría un plazo de ejecución de cinco meses y 15 días. Según conoció la Procuraduría, no hubo forma de cumplir esos acuerdos, pues pasaron cinco años de suspensiones, reformulaciones del proyecto y presuntas irregularidades que desembocaron en la terminación unilateral del contrato de obra, el 15 de junio de 2017, por parte de la siguiente gobernación.
Según el llamado a juicio disciplinario contra Rodríguez Celis, cuando se dio por terminado el contrato, la Gobernación había desembolsado el 93 % de los recursos al consorcio Los Lagos y su avance final de obra quedó en un 86 %. La resolución final fue clara en concluir que “el sistema de acueducto no ha sido funcional. Presenta muchas deficiencias en la comunidad por la falta de cantidad de agua y oferta de servicio, y el sistema no beneficia a toda la población en cuanto a cobertura, demanda de servicio y no suministra agua potable”. La Procuraduría le recrimina a Rodríguez no haber adelantado proceso sancionatorio alguno contra el consorcio, a pesar de las deficiencias halladas.
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La interventoría, encargada de vigilar la ejecución del contrato, entregó datos cruciales a la Procuraduría. En el informe n.° 4, de mayo y julio de 2013, encontró que la Gobernación ya le había entregado $1.959 millones al contratista, el 93 % del total del negocio, a pesar de que los tres frentes de obra tenían retrasos. Al que mejor le estaba yendo, el punto en el km 6, tenía un avance del 70 %. En el informe final de la interventoría, de noviembre y diciembre de 2013, se constató un avance total de apenas el 69 % e incumplimientos administrativos. Había problemas con la presencia de hojas de vida del personal calificado, soportes de pago de seguridad social y diferencias con el cronograma fijado.
El Espectador conoció el Informe n.° 4 de la interventoría. Según el texto, el alcance del proyecto contemplaba la construcción de zonas de captación y conducción de aguas presentes en pozos, así como una planta de tratamiento, un tanque de almacenamiento y una red de distribución. Para mediados de 2013, la interventoría identificó que los atrasos tenían su origen en la cantidad de trabajo por hacer y el presupuesto oficial contratado. La empresa Contelac Ltda. fue la encargada de entregar los diseños iniciales, proyecciones que, aunque se ajustaban a la zona selvática, al parecer, no se pudieron concretar por gestiones administrativas.
Entre otras diferencias, los ingenieros a cargo de la obra encontraron que algunas redes de distribución se proyectaron justo en antejardines de viviendas, lo cual obligó a la Alcaldía de Leticia a solicitar permisos a los indígenas. Por otro lado, el presupuesto contratado (más de $2.000 millones) no contempló la construcción de viaductos para el paso de la tubería sobre caños y fuentes superficiales de agua. Contelac ubicó la torre para tanques elevados de la comunidad del km 6 dentro de una cancha de fútbol activa. Además, dos pozos profundos que abastecerían el agua potable estaban bajo una vivienda y otra cancha para el balompié leticiano.
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“Los diseños, al parecer, entregan un error en las especificaciones del ladrillo a emplear. Según Contelac, se debe utilizar el ladrillo Santafé. Tales características no existen en la región, por lo que se debe considerar ampliar un ítem no previsto, para adquirir y utilizar los ladrillos de la región. Los recursos adicionales necesarios para la ejecución de los proyectos de referencia obedecen a desfases en el presupuesto oficial contratado, el cual no contempló ciertas actividades que hacen parte de la documentación técnica de diseño, pero que presupuestalmente no se tuvieron en cuenta”, concluyó la interventoría, en julio de 2013.
Según el expediente de la Procuraduría, el exgobernador Rodríguez habría iniciado un proceso sancionatorio contra el consorcio Los Lagos. Sin embargo, no hay prueba que indique que se le hizo seguimiento a la actuación administrativa o que se le haya impuesto multa alguna al contratista. Al contrario, el 20 de marzo de 2015 firmó un acta de reinicio de obra con la misma empresa, “dándole más largas a la situación irregular detectada, lo que en últimas finalizó con la liquidación unilateral del negocio jurídico bilateral”. El órgano de control, 10 años después de la firma del acuerdo, podría sancionarlo e inhabilitarlo para ejercer funciones públicas por no buscar “cabal cumplimiento del contrato”.
La Procuraduría alerta que la Gobernación no le impuso una sanción firme al consorcio, cuando estuvo en juego dinero público del que hoy no se tiene respuesta. “Frente al contrato analizado, se observó un valor de obras no ejecutadas y pagadas al contratista por $393 millones. Esto representaría un presunto detrimento patrimonial en dicha cuantía”, señaló la Procuraduría, tras conocer un informe fiscal de la seccional Amazonas de la Contraloría. Esa misma entidad imputó a Rodríguez el año pasado por la presunta pérdida de $19.800 millones por un contrato para abastecimiento de energía eléctrica, en 2015, que siete años después tendría sus obras suspendidas y en deterioro.
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Las comunidades siguen dependiendo de la recolección de aguas lluvias. El exgobernador indígena Chota agrega que “se tenía pensado realizar un estudio para crear pozos para el manejo de aguas residuales, cosa que tampoco se ha visto”. Según un informe de la OMS, se calcula que por año mueren más de 800.000 personas “de diarrea como consecuencia de la insalubridad del agua, de un saneamiento insuficiente o de una mala higiene de manos”. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud (INS) señala que en Latinoamérica la atribución de factores de riesgo asociados con agua potable contribuyen en más del 40 % de los casos de diarrea aguda en población menor de cinco años.
Según el centro Así Vamos en Salud, la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de cinco años en el Amazonas en 2013 fue del 20,1 por cada 100.000 habitantes. Para ese año, se supone, el acueducto ya debía estar en funcionamiento. En 2021, la cifra llegó a 41,9 por cada 100.000 habitantes, mientras que según el Observatorio SaluData, para el primer semestre de 2021 la tasa en Bogotá fue de cero. Mauricio Barbosa, secretario de Salud del Amazonas, afirmó a El Espectador que la entidad realiza un “monitoreo con respecto a la calidad del agua que distribuye la red prestadora del municipio en puntos específicos” y que las secretarías carecen de competencias para ir más allá de la vigilancia. Chota y Pinto aseguran que el acompañamiento es tan escaso como el agua y que solo apoyan el clorado —proceso de desinfección con cloro— del recurso vital para la manipulación de alimentos.
Nuevas promesas
La actual Gobernación está en manos de Jesús Galdino, quien ya fue llamado a juicio por la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratación. En su administración, la entidad apersonada del Plan Departamental de Aguas es la Secretaría de Agricultura. Jhon Valencia, actual secretario, dijo que la Gobernación quiere dejar un acueducto funcional, luego de diez años de una promesa incumplida. Al recibir el proyecto dado por terminado, dice Valencia, se “estableció un compromiso con el Ministerio de Vivienda en el que se comprometía con recursos propios para poder llevar a cabo a feliz término las obras”. Por el momento, se habrían adelantado acercamientos con los cabildos para dialogar sobre la continuidad del proyecto.
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Valencia aseguró que la obra se podría retomar entre agosto y septiembre de este año: “En este momento, el proceso se encuentra en trámite de viabilidad para poder iniciar el proceso precontractual. Proyectamos que en un término de cuatro a seis meses estarían listos los tres sistemas totalmente funcionales en las tres comunidades”.
Contrario a las expectativas del secretario, Romelio Pinto y Jhon Jairo Chota afirman no confiar mucho en el éxito de esta obra y señalan que algunos, en las comunidades, son partidarios de que el acueducto quede a cargo de las mismas gobernabilidades indígenas. Se preguntan si deberían seguir el ejemplo del resguardo amazónico de San Juan de los Parentes, que construyó su propio acueducto asociado con la ONG Fundación Entropika.
Si entre los planes de la nueva Gobernación está explorar la región para hallar nuevos pozos, la regional Amazonas de Corpoamazonia, la autoridad ambiental, autorizará la actividad en terreno para su avance. El director Luis Cueva comenta que, por ejemplo, vigilarán que “los sitios establecidos como puntos de captación (los pozos) no sean puntos donde exista alguna filtración de aguas residuales domésticas de algunas viviendas que estén cercanas”. Incluso, velarán porque no haya problemas de coordinación, como ubicar puntos cruciales de la obra en campos deportivos. Cueva advierte que la Corporación interviene cuando se reconoce “un impacto negativo contra el medio ambiente”, pero, como todavía no hay nada en concreto, no hay evaluaciones.
El exgobernador Rodríguez Celis tendrá un espacio para aportar sus pruebas y demostrar que no fue omisivo durante el desarrollo del contrato, como lo señala la Procuraduría. Si resulta suspendido o inhabilitado para ejercer cargos públicos, podrá llevar el expediente a segunda instancia. Entre tanto, lo que quedó de su firma fue el esqueleto de lo que pretendía ser una obra para más de dos mil indígenas, en cuyas comunidades quedó construido solo el 86 % de la promesa. Por ahora, en cercanías a la cuenca hidrográfica más grande del mundo, el agua potable aún no llega y la lluvia sigue siendo casi la única fuente del recurso.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
En tres resguardos indígenas de Leticia permanecen abandonados unos monumentos a la falta de gestión administrativa de las últimas gobernaciones del Amazonas. En 2012, se les prometió a alrededor de dos mil habitantes, ubicados a pocos kilómetros de la capital, que contarían con las garantías mínimas en agua potable. Sin embargo, 10 años después, de los $2.114 millones invertidos solo quedan los esqueletos de lo que pudo ser el acueducto de los resguardos del 11 km de Leticia; San José, a 6 km; y San Antonio de los Lagos. Tal habría sido la omisión en la ejecución del contrato n.° 1158 de 2012, que la Procuraduría tiene en juicio disciplinario al exgobernador Carlos Arturo Rodríguez Celis.
En los tres resguardos viven miles de indígenas de las comunidades magüta (tikuna), kocama, yaguas y murui (uitoto). Para tener agua, históricamente han dependido de la recolección de la lluvia. Según Romelio Pinto, representante del departamento en la Mesa Regional Amazónica, en el caso específico de San Antonio, en época de verano usan una motobomba que hay en un colegio del resguardo. “Cuando no llueve todo el mundo corre a sacar agua de ahí. Eso es lo que nos defiende. Todos allá padecemos por el agua”, dijo.
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Cuando usted llega al resguardo San José encuentra las bases de una gran estructura gris que no sirve para nada. Se supone que, desde hace 10 años, ahí debería funcionar uno de los tanques que llevaría agua potable a decenas de viviendas. Lo mismo sucede en San Sebastián, en donde, según Pinto, quedó pendiente “subir los tanques y adecuar las máquinas que iban a purificar el agua”. Jhon Jairo Chota, exgobernador indígena del resguardo de San Sebastián entre 2018 y 2020, atribuye la no materialización del contrato a la administración de Rodríguez Celis, electo por el Partido Verde para el período 2012-2015.
Chota denuncia que esa administración no cumplió con hacerle un “seguimiento real a las obras”. Para la autoridad indígena, esta situación “no ha tenido un doliente real”, pues las comunidades se han quejado, pero “en Amazonas es como si no tuvieran voz”. Añade que con el fracaso del contrato, que se llamó Plan Maestro de Acueducto, las comunidades han tenido que seguir reinventándose para gestionar el agua. “El Estado dejó eso botado. Todos los tanques están ahí botados, se les debe a los trabajadores de las comunidades que estaban en su respectiva labor y no hay ningún pronunciamiento”, dijo.
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Esta historia comenzó en julio de 2011, cuando la administración anterior a Rodríguez Celis radicó ante el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el proyecto de acueducto para los indígenas de los tres resguardos. Pinto fue una de las autoridades que intervino para que el proyecto también incluyera al resguardo San Antonio de los Lagos, que nunca ha tenido agua potable. En octubre de 2011, el Viceministerio de Agua dio luz verde a los planes, los cuales recibieron la inyección económica del Plan Departamental de Aguas: una estrategia financiada en toda Colombia desde el Gobierno central, que entre 2010 y 2017, según el Ministerio de Vivienda, aportó $16.000 millones al departamento del Amazonas.
Rodríguez Celis quedó a cargo del Amazonas desde enero de 2012. En septiembre, con el dinero aprobado, suscribió el contrato que hoy lo tiene en juicio. Escogió al consorcio Los Lagos, cuyo representante legal era Henry Alberto Suelta. Quedó por escrito que el plan del acueducto para las comunidades costaría $2.114 millones y tendría un plazo de ejecución de cinco meses y 15 días. Según conoció la Procuraduría, no hubo forma de cumplir esos acuerdos, pues pasaron cinco años de suspensiones, reformulaciones del proyecto y presuntas irregularidades que desembocaron en la terminación unilateral del contrato de obra, el 15 de junio de 2017, por parte de la siguiente gobernación.
Según el llamado a juicio disciplinario contra Rodríguez Celis, cuando se dio por terminado el contrato, la Gobernación había desembolsado el 93 % de los recursos al consorcio Los Lagos y su avance final de obra quedó en un 86 %. La resolución final fue clara en concluir que “el sistema de acueducto no ha sido funcional. Presenta muchas deficiencias en la comunidad por la falta de cantidad de agua y oferta de servicio, y el sistema no beneficia a toda la población en cuanto a cobertura, demanda de servicio y no suministra agua potable”. La Procuraduría le recrimina a Rodríguez no haber adelantado proceso sancionatorio alguno contra el consorcio, a pesar de las deficiencias halladas.
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La interventoría, encargada de vigilar la ejecución del contrato, entregó datos cruciales a la Procuraduría. En el informe n.° 4, de mayo y julio de 2013, encontró que la Gobernación ya le había entregado $1.959 millones al contratista, el 93 % del total del negocio, a pesar de que los tres frentes de obra tenían retrasos. Al que mejor le estaba yendo, el punto en el km 6, tenía un avance del 70 %. En el informe final de la interventoría, de noviembre y diciembre de 2013, se constató un avance total de apenas el 69 % e incumplimientos administrativos. Había problemas con la presencia de hojas de vida del personal calificado, soportes de pago de seguridad social y diferencias con el cronograma fijado.
El Espectador conoció el Informe n.° 4 de la interventoría. Según el texto, el alcance del proyecto contemplaba la construcción de zonas de captación y conducción de aguas presentes en pozos, así como una planta de tratamiento, un tanque de almacenamiento y una red de distribución. Para mediados de 2013, la interventoría identificó que los atrasos tenían su origen en la cantidad de trabajo por hacer y el presupuesto oficial contratado. La empresa Contelac Ltda. fue la encargada de entregar los diseños iniciales, proyecciones que, aunque se ajustaban a la zona selvática, al parecer, no se pudieron concretar por gestiones administrativas.
Entre otras diferencias, los ingenieros a cargo de la obra encontraron que algunas redes de distribución se proyectaron justo en antejardines de viviendas, lo cual obligó a la Alcaldía de Leticia a solicitar permisos a los indígenas. Por otro lado, el presupuesto contratado (más de $2.000 millones) no contempló la construcción de viaductos para el paso de la tubería sobre caños y fuentes superficiales de agua. Contelac ubicó la torre para tanques elevados de la comunidad del km 6 dentro de una cancha de fútbol activa. Además, dos pozos profundos que abastecerían el agua potable estaban bajo una vivienda y otra cancha para el balompié leticiano.
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“Los diseños, al parecer, entregan un error en las especificaciones del ladrillo a emplear. Según Contelac, se debe utilizar el ladrillo Santafé. Tales características no existen en la región, por lo que se debe considerar ampliar un ítem no previsto, para adquirir y utilizar los ladrillos de la región. Los recursos adicionales necesarios para la ejecución de los proyectos de referencia obedecen a desfases en el presupuesto oficial contratado, el cual no contempló ciertas actividades que hacen parte de la documentación técnica de diseño, pero que presupuestalmente no se tuvieron en cuenta”, concluyó la interventoría, en julio de 2013.
Según el expediente de la Procuraduría, el exgobernador Rodríguez habría iniciado un proceso sancionatorio contra el consorcio Los Lagos. Sin embargo, no hay prueba que indique que se le hizo seguimiento a la actuación administrativa o que se le haya impuesto multa alguna al contratista. Al contrario, el 20 de marzo de 2015 firmó un acta de reinicio de obra con la misma empresa, “dándole más largas a la situación irregular detectada, lo que en últimas finalizó con la liquidación unilateral del negocio jurídico bilateral”. El órgano de control, 10 años después de la firma del acuerdo, podría sancionarlo e inhabilitarlo para ejercer funciones públicas por no buscar “cabal cumplimiento del contrato”.
La Procuraduría alerta que la Gobernación no le impuso una sanción firme al consorcio, cuando estuvo en juego dinero público del que hoy no se tiene respuesta. “Frente al contrato analizado, se observó un valor de obras no ejecutadas y pagadas al contratista por $393 millones. Esto representaría un presunto detrimento patrimonial en dicha cuantía”, señaló la Procuraduría, tras conocer un informe fiscal de la seccional Amazonas de la Contraloría. Esa misma entidad imputó a Rodríguez el año pasado por la presunta pérdida de $19.800 millones por un contrato para abastecimiento de energía eléctrica, en 2015, que siete años después tendría sus obras suspendidas y en deterioro.
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Las comunidades siguen dependiendo de la recolección de aguas lluvias. El exgobernador indígena Chota agrega que “se tenía pensado realizar un estudio para crear pozos para el manejo de aguas residuales, cosa que tampoco se ha visto”. Según un informe de la OMS, se calcula que por año mueren más de 800.000 personas “de diarrea como consecuencia de la insalubridad del agua, de un saneamiento insuficiente o de una mala higiene de manos”. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud (INS) señala que en Latinoamérica la atribución de factores de riesgo asociados con agua potable contribuyen en más del 40 % de los casos de diarrea aguda en población menor de cinco años.
Según el centro Así Vamos en Salud, la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de cinco años en el Amazonas en 2013 fue del 20,1 por cada 100.000 habitantes. Para ese año, se supone, el acueducto ya debía estar en funcionamiento. En 2021, la cifra llegó a 41,9 por cada 100.000 habitantes, mientras que según el Observatorio SaluData, para el primer semestre de 2021 la tasa en Bogotá fue de cero. Mauricio Barbosa, secretario de Salud del Amazonas, afirmó a El Espectador que la entidad realiza un “monitoreo con respecto a la calidad del agua que distribuye la red prestadora del municipio en puntos específicos” y que las secretarías carecen de competencias para ir más allá de la vigilancia. Chota y Pinto aseguran que el acompañamiento es tan escaso como el agua y que solo apoyan el clorado —proceso de desinfección con cloro— del recurso vital para la manipulación de alimentos.
Nuevas promesas
La actual Gobernación está en manos de Jesús Galdino, quien ya fue llamado a juicio por la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratación. En su administración, la entidad apersonada del Plan Departamental de Aguas es la Secretaría de Agricultura. Jhon Valencia, actual secretario, dijo que la Gobernación quiere dejar un acueducto funcional, luego de diez años de una promesa incumplida. Al recibir el proyecto dado por terminado, dice Valencia, se “estableció un compromiso con el Ministerio de Vivienda en el que se comprometía con recursos propios para poder llevar a cabo a feliz término las obras”. Por el momento, se habrían adelantado acercamientos con los cabildos para dialogar sobre la continuidad del proyecto.
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Valencia aseguró que la obra se podría retomar entre agosto y septiembre de este año: “En este momento, el proceso se encuentra en trámite de viabilidad para poder iniciar el proceso precontractual. Proyectamos que en un término de cuatro a seis meses estarían listos los tres sistemas totalmente funcionales en las tres comunidades”.
Contrario a las expectativas del secretario, Romelio Pinto y Jhon Jairo Chota afirman no confiar mucho en el éxito de esta obra y señalan que algunos, en las comunidades, son partidarios de que el acueducto quede a cargo de las mismas gobernabilidades indígenas. Se preguntan si deberían seguir el ejemplo del resguardo amazónico de San Juan de los Parentes, que construyó su propio acueducto asociado con la ONG Fundación Entropika.
Si entre los planes de la nueva Gobernación está explorar la región para hallar nuevos pozos, la regional Amazonas de Corpoamazonia, la autoridad ambiental, autorizará la actividad en terreno para su avance. El director Luis Cueva comenta que, por ejemplo, vigilarán que “los sitios establecidos como puntos de captación (los pozos) no sean puntos donde exista alguna filtración de aguas residuales domésticas de algunas viviendas que estén cercanas”. Incluso, velarán porque no haya problemas de coordinación, como ubicar puntos cruciales de la obra en campos deportivos. Cueva advierte que la Corporación interviene cuando se reconoce “un impacto negativo contra el medio ambiente”, pero, como todavía no hay nada en concreto, no hay evaluaciones.
El exgobernador Rodríguez Celis tendrá un espacio para aportar sus pruebas y demostrar que no fue omisivo durante el desarrollo del contrato, como lo señala la Procuraduría. Si resulta suspendido o inhabilitado para ejercer cargos públicos, podrá llevar el expediente a segunda instancia. Entre tanto, lo que quedó de su firma fue el esqueleto de lo que pretendía ser una obra para más de dos mil indígenas, en cuyas comunidades quedó construido solo el 86 % de la promesa. Por ahora, en cercanías a la cuenca hidrográfica más grande del mundo, el agua potable aún no llega y la lluvia sigue siendo casi la única fuente del recurso.
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