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En una tarima en medio del parque General Santander en Mocoa, Putumayo, se celebra la inauguración del tercer “Festival por el agua, la montaña y la vida”. Una misa, conciertos e intervenciones culturales hacen parte del evento que logró reunir a unas 150 personas. El objetivo es promover “la defensa de la Amazonia y del territorio frente a los intereses extractivistas”, según dice uno de los presentadores.
Se refiere a un proyecto de exploración minera que se adelanta en el municipio desde hace más de 50 años, pero que cobró gran visibilidad en Colombia desde 2018. Libero Copper, una multinacional canadiense, acababa de adquirir cuatro títulos mineros que suman 7.800 hectáreas, el 6 % del área total de Mocoa, en las que podrían construir una mina para extraer cobre, uno de los minerales estratégicos para la transición energética en Colombia.
Al cabo de dos horas del evento, aunque la música podía escucharse a un par de cuadras del parque, quedaba un grupo más reducido de personas frente a la tarima. “Esto ya no es lo que fue en 2018″, sentencia Manuel Ramos, concejal del municipio. Ese año hubo “manifestaciones masivas” en rechazo a la llegada de la empresa en busca de cobre y pidiendo la firma de un acuerdo municipal para prohibir la minería a mediana y gran escala en Mocoa. Aunque los tres días del evento siguen reuniendo a decenas de personas en diferentes puntos de la ciudad, Ramos siente que la oposición al proyecto ha perdido fuerza.
Durante seis años, el proyecto estuvo formalmente suspendido, aunque Libero Copper adelantaba actividades de preparación para la fase de exploración y para hacer una consulta previa en la vereda El Montclar, a 10 kilómetros de Mocoa, en donde se encuentra el resguardo indígena Inga de Condagua y parte del cobre. La gobernadora del cabildo indígena que lleva el mismo nombre participó en las manifestaciones de 2018, pero ahora apoya el proyecto.
“La gente está indecisa. Les preocupa el medio ambiente, porque escuchamos lo que ha pasado en otras partes del país. Pero, en Putumayo estamos muy abandonados y muchos necesitan trabajar”, dice Manuel Bonilla, habitante de Mocoa.
El municipio es el punto de encuentro entre la Amazonia y los Andes, un ecosistema único. Además, es una zona geológicamente inestable, con tendencia a los movimientos de tierra y las inundaciones, como las ocurridas durante la avalancha de 2017 en la que murieron más de 300 personas.
Quienes siguen oponiéndose al proyecto, temen que la actividad minera deteriore los ecosistemas, las fuentes de agua y que incremente las probabilidades de una nueva avalancha. Hay algo que los tiene particularmente inquietos: el pasado 31 de julio, el Consejo de Estado declaró nulo el acuerdo que prohibía la minería en Mocoa.
Tras esa decisión, la empresa está lista para iniciar la exploración y está a la espera de que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) le dé luz verde. La pregunta que tienen todos en este momento es si la nueva directora encargada, Vilma Zambrano, la respaldará, pues la que estaba al frente de la Corporación (Argenis Lasso) tuvo que dejar el cargo. ¿La razón? El Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección, pues, en una demanda, otro candidato a la dirección argumentó que no habían revisado su hoja de vida de manera adecuada.
Por otra parte, la Alcaldía y el Concejo municipal, que se oponen al proyecto, están considerando revivir el acuerdo que prohíbe la minería, y un conjunto de organizaciones sociales siguen invitando a la población a oponerse. Mientras tanto, en el despacho del Ministerio de Ambiente se encuentra una solicitud para declarar a Mocoa como una reserva temporal de recursos naturales, algo que obligaría a detener la exploración hasta saber si la zona es apta para la minería o no.
Las tensiones que se viven en el municipio también están llegando al Gobierno Nacional, que ha tenido como banderas la protección de la Amazonia y el impulso de la transición energética, para la cual se requiere cobre.
El cobre para la transición energética
Los primeros estudios que se hicieron en el “depósito de Mocoa” arrancaron en 1973. Durante 10 años, el INGEOMINAS (hoy Servicio Geológico Colombiano – SGC) hizo perforaciones para comprobar que había cobre en el lugar y que podría ser rentable extraerlo. Pero, el interés por explotarlo tardó casi 50 años en aparecer.
Después de que dos grandes multinacionales buscaran sin éxito un yacimiento de oro, vendieron sus títulos mineros a Libero Copper, una empresa que se dedica a explorar y licenciar proyectos de cobre. Esto quiere decir que su interés no es explotarlo, sino tener un proyecto con todos los permisos necesarios para sacar cobre, la garantía de que será rentable, y venderlo a otra empresa.
Sin embargo, como ya había contado meses atrás el periodista Andrés Bermúdez, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), el área en la que hay cobre se traslapa con la Reserva Forestal Protectora de la cuenca alta del río Mocoa, en donde también se encuentra el río Putumayo, uno de los dos más importantes de la región. En un informe técnico de 2022, la empresa aseguró que solicitaría la sustracción del área de la reserva en la que hay cobre, para hacerla parte del proyecto. Además, solicitó 30 títulos mineros más para explorar en Putumayo y parte de Cauca.
Actualmente, ninguno de los dos planes sigue en pie. La Agencia Nacional de Minería (ANM) le confirmó a El Espectador que los cuatro títulos mineros del “depósito de Mocoa” fueron recortados para eliminar el área que compone la reserva de la concesión minera. Además, ninguna de las 30 solicitudes para ampliar el área de exploración ha sido aprobada pues “no cuentan con la certificación ambiental que se requiere”, asegura Álvaro Pardo, presidente de la ANM.
Eso ha llevado a que Libero Copper cambie sus planes: en lugar de una mina a cielo abierto, ahora busca un proyecto subterráneo y más pequeño. “Somos conscientes de la sensibilidad ecosistémica del área donde estamos ubicados y los estudios dicen que el proyecto es viable financieramente de esta manera”, asegura Thyana Álvarez, gerente de país de Libero Cobre, la filial colombiana de la multinacional canadiense. Álvarez reconoce que este es un planteamiento inicial y que estudiarán en profundidad si podrán llevarlo a cabo.
Para eso, firmaron un acuerdo con la Facultad de Minas de la Universidad Nacional para hacer estudios del suelo, los ríos y las quebradas que se encuentran dentro del área del proyecto. Esto les permitirá conocer el estado de los ecosistemas que hay en la región para definir el plan de manejo ambiental que tendría la mina y un plan de gestión del agua para Mocoa. “Esa información también le servirá al municipio para mejorar sus sistemas de gestión del riesgo, porque nuestros estudios nos van a dar un mayor detalle del que se tiene hasta ahora de las condiciones geológicas del territorio”, señala Álvarez.
Dentro de sus planes también está “apoyar la construcción de un plan de manejo ambiental para la Reserva Forestal Protectora de la cuenca alta del río Mocoa (la que fue recortada de los títulos mineros), porque hoy no lo tiene”, según la gerente de Libero Cobre. Para ella, la importancia del proyecto no está solo en que se trate de un mineral estratégico para la transición energética, sino en “la posibilidad de poder transformar ese mineral en el territorio, pensando no solamente en extractivismo, sino en esa reindustrialización de la que habla el Gobierno”.
Lo que preocupa a quienes se oponen al proyecto es que, en nombre de la transición energética, se termine degradando un ecosistema clave para la conexión entre la Amazonia y los Andes. Aunque aún no hay un estudio que indique directamente los impactos que tendría la minería en Mocoa, Manuel Delgado, una de las personas que no está de acuerdo con la exploración, cree que ya hay varias advertencias y “eso es suficiente para pensar en que no es buena idea”.
“Una herida abierta”
Los alrededores de Mocoa están cubiertos por bosques verdes y espesos que se interrumpen cada tanto por enormes parches del color de la arcilla y que parecen una grieta en medio de las montañas. “Esa de allá se vino hace un par de semanas”, señala Constanza Carvajal, una lideresa ambiental del municipio, mirando hacia una montaña cerca de la Reserva Forestal Protectora de la cuenca alta del río Mocoa. Es un deslizamiento de tierra que ocurrió luego de varios días de lluvia, algo que es usual en esta región del país.
“Esta zona se conoce como el Monzogranito de Mocoa y está compuesta por rocas que durante su proceso de formación han acumulado muchos sedimentos en el suelo”, explica Manuel Delgado, geólogo de la Universidad de Caldas y habitante del municipio. Cada vez que llueve, el agua que se infiltra en la tierra remueve los sedimentos, llevándolos hacia ríos y quebradas. Allí se acumulan hasta que, con una creciente, son arrastrados en un fenómeno conocido como avenida fluviotorrencial o avalancha. Una como la que ocurrió en 2017.
Aunque se trata de un fenómeno natural, científicos le han explicado a El Espectador en anteriores oportunidades que la frecuencia con la que ocurren y el impacto que tienen está influenciado por la actividad humana. Por ejemplo, la deforestación causa que haya menos raíces y materia orgánica para absorber la lluvia que se infiltra bajo la tierra, permitiendo que pasen más sedimentos hacia los cuerpos de agua. Todo esto hace más probable que se presente una avalancha.
Para Carvajal, lo que ocurrió hace siete años es “una herida abierta” en Mocoa y cada deslizamiento que se avista en las montañas de la andinoamazonia es un recordatorio de “la fragilidad del territorio en el que nos encontramos”.
La preocupación por los impactos que pueda tener la minería en la zona la comparte con otros actores. “El proyecto se traslapa con ecosistemas estratégicos que surten de agua al departamento y a todo el macizo colombiano, y con territorios de pueblos indígenas”, argumenta Andrés Cancimance, representante a la Cámara por Putumayo.
Aunque la Reserva Forestal Protectora de la cuenca alta del río Mocoa ya fue recortada del área titulada para la exploración minera, el representante cree que hay otros puntos clave que deben ser considerados.
Por ejemplo, en una caracterización realizada por el Instituto Geológico Agustín Codazzi en 2020, se lee que en Mocoa “el 70% del territorio aún comprende ecosistemas naturales (...) [haciéndolo] un municipio privilegiado por su cobertura de páramos, bosques húmedos andinos y bosques inundables. No obstante, las intervenciones humanas por urbanización, actividades petroleras y mineras y la ampliación de la frontera agrícola, derivan en la degradación del medio, principalmente para las estribaciones centrales del territorio”.
Algo similar dice el Plan de Ordenación y Manejo del río Mocoa (POMCA), publicado por Corpoamazonia en 2022. Allí la autoridad ambiental asegura que hay una coincidencia del 100 % entre el área dispuesta para explotación minera y “los ecosistemas estratégicos para la protección del recurso hídrico de las áreas forestales protectoras y áreas de recarga de acuíferos, así como en las zonas con condición de amenaza alta y media por movimientos en masa y avenidas fluvio torrenciales”.
La conclusión del documento es tajante: sin que haya un plan de manejo ambiental “es incompatible el desarrollo minero en los sectores solicitados y otorgados para la explotación de metales”. En la ley colombiana, las empresas no deben presentar un estudio de impacto ambiental ni un plan de manejo para la etapa de exploración, que es en la que se encuentra el proyecto de Libero Cobre.
Esos fueron los argumentos con los que Cancimance, en abril pasado, presentó una solicitud formal al Ministerio de Ambiente para declarar a Mocoa como una reserva temporal de recursos naturales. Esta es una figura que surgió después de que el Consejo de Estado le ordenara al Minambiente y al Ministerio de Minas y Energía que establecieran las áreas del país en las que no se puede hacer minería, priorizando la protección de las fuentes de agua. Si se aprueba, el municipio podría convertirse en reserva por hasta 10 años, mientras se estudia la compatibilidad de sus ecosistemas con esta actividad.
Sin embargo, el decreto 044 de 2024, que reglamenta estas zonas, no cayó muy bien en el gremio minero. Algunos actores del sector interpusieron tres tutelas que buscaban tumbar la regulación, pero fueron desestimadas por el Consejo de Estado. Además, la Asociación Colombiana de Minería interpuso una demanda que aún está en revisión. Mientras tanto, el decreto sigue en pie.
Desde El Espectador consultamos al Minambiente para conocer por qué no ha dado respuesta a la solicitud de Cancimance después de casi seis meses, pero al cierre de esta edición, no habían contestado a nuestra solicitud.
Álvarez, la gerente de Libero Cobre, tiene la certeza de que esta solicitud “no va a prosperar. Por lo menos, no en este Gobierno, porque no les va a alcanzar el tiempo para hacer las consultas previas que se requieren”. Para ella, además, la oposición a la minería por motivos ambientales “es producto de la desinformación”, pues asegura que los procedimientos para explorar el suelo son de “bajo impacto”.
Como ejemplo pone al cabildo Inga de Condagua, con quien están adelantando un proceso de consulta previa para hacer la exploración en su territorio. Ernestina Garreta Chindoy, gobernadora de ese cabildo, emitió un comunicado el pasado 12 de septiembre pidiendo a Corpoamazonia que levante las medidas preventivas que hay sobre el proyecto, aunque en 2018 se oponía a su desarrollo.
El apoyo de esta y otras personas, dice Cancimance, habría llegado “porque la multinacional está llegando a resolver necesidades que debería resolver el Estado”. En Pueblo Viejo, una vereda cercana a Montclar, la empresa invirtió en la remodelación del centro de salud y en la construcción de un puente que comunica a las dos veredas. Con estas obras, responde Álvarez, “no queremos reemplazar al Estado, sino convertirnos en un aliado de las comunidades”.
Tanto el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), como el Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de la Universidad Nacional han dicho que en la región hay un conflicto socioambiental alrededor de este proyecto, por las tensiones que se generan entre quienes apoyan y se oponen. Álvarez dice que se trata de una “oposición que es normal en este tipo de proyectos” y asegura tener “las puertas abiertas para dialogar con esos sectores”.
Hasta que se resuelva la solicitud para declarar a Mocoa como una reserva temporal de recursos naturales, la exploración podrá seguir adelante.
*Parte de la reportería para este artículo se hizo durante un viaje a Mocoa para cubrir el Tercer Festival por el Agua, la Montaña y la Vida, al que El Espectador fue invitado por la Asociación Minga, una de las organizaciones que apoya el evento.
