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En febrero de 2020 hubo una reunión en el Parque Cahuinarí (Amazonas) entre hombres que se identificaron como miembros de las nuevas Farc-Ep —incluido el “comandante” Alonso— y algunos funcionarios de varios Parques Nacionales Naturales (PNN) del Amazonas. La orden fue clara: debido a que integrantes de PNN supuestamente tenían malos tratos con campesinos, estaban “feriando” Caño Cristales a los turistas e impedían los cultivos de coca en estas zonas, los guardaparques no podrían volver a hacer sus labores en campo, únicamente podrían circular allí los funcionarios indígenas y sin portar camiseta ni prenda alusiva a PNN. (Le puede interesar: Periodista británico y experto indigenista fueron asesinados a tiros en Brasil)
Esa vez, luego de la reunión, los hombres armados les quitaron las balsas, los motores, la gasolina, los GPS, los computadores y los radios que llevaban los funcionarios. La situación no es exclusiva de ese departamento: de los once parques que hay en la Amazonia colombiana, que comprenden más de diez millones de hectáreas aproximadamente, en todos, salvo Orito (Putumayo) y Amacayacu (Amazonas), es imposible el acceso.
Un funcionario de Parques Nacionales Naturales, que prefiere mantener en reserva su nombre, menciona que aunque una de las principales amenazas vienen por motivos como acaparamiento de tierras y deforestación, en los últimos meses las amenazas se han acentuado más debido a una directiva emitida por la Procuraduría, en abril de este año, dirigida a varias entidades —como los ministerios de Ambiente y Agricultura, departamentos y municipios, corporaciones autónomas regionales, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Fiscalía y las Fuerzas Militares— dándoles instrucciones para hacer una trazabilidad del ganado en áreas protegidas, de modo que se evite la comercialización de productos provenientes de allí. “Al 8 de agosto hay que sacar toda la ganadería de los Parques”, dice el funcionario, por lo que las persistentes amenazas a los guardaparques estarían relacionadas con esta determinación.
Según explica, el trabajo de los guardaparques es malinterpretado: “Como la función de nosotros es la protección del tema ambiental, nos culpan de que somos los que estamos hablando. La gente que está haciendo las actividades ilegales nos tilda de sapos”, y comenta que las amenazas siguen llegando, por ejemplo, por medio de panfletos. Además de que esto pone en riesgo la vida de los guardaparques, hay un tema clave que es el abandono ambiental de las áreas. “Lo grave es que no puedes cumplir las funciones porque es un trabajo netamente en campo con comunidades, no puedes acceder a las áreas. Al no estar en contacto con las comunidades y hacer control y vigilancia, no estás haciendo nada”. Actualmente, en toda la territorial de Amazonia de PNN trabajan cerca de 180 personas entre funcionarios y contratistas. (Le sugerimos: El acueducto de más de $2 mil millones que les embolataron a los indígenas del Amazonas)
El Colectivo de Guardaparques, integrado por indígenas, campesinos, afrodescendientes, habitantes urbanos que son funcionarios, contratistas, exfuncionarios de Parques e incluso algunos que tuvieron que exiliarse, señala que otra posible razón por la que se han agudizado las amenazas es la operación Artemisa. Por la presentación del Gobierno de esta operación ante la OTAN como una supuesta referencia en la lucha por la protección del medio ambiente, el resultado de esta operación ha sido “que los guardaparques, y no solo de la Amazonia, estén amenazados y no puedan ingresar a las áreas. Esto también ha judicializado a los más débiles de la cadena: los campesinos y comunidades locales”.
Según una ONG que trabaja en la región —que también prefiere mantenerse en el anonimato—, esta situación no solo tiene un impacto en la pérdida de cobertura boscosa y recursos naturales, sino que afecta la función que venía desarrollando Parques Naturales, “que es un referente para la región porque tiene un enfoque muy importante de gobernanza local y acuerdos”. Para la ONG, Parques se ha construido como una entidad que dialoga, no que impone, “y esto es un referente en el mundo, pero está muy enflaquecido porque en su ausencia ya no se construye la gobernanza conjunta: el diálogo, esa construcción de la Amazonia no solo como un sujeto biológico y de conservación, sino como un mundo de diferentes confluencias, conocimientos, pensamientos, epistemologías… Es terrible que son la única presencia estatal en esas zonas y ya no pueden estar”. (Lea también: La primera área protegida monitoreada de la Amazonia)
Otro funcionario de uno de los Parques del Amazonas —quien también pidió que no se mencionara su nombre— añade que cada vez es más tensa la convivencia en el departamento por causa de la minería ilegal y el narcotráfico. “No tiene que ser uno muy brillante para darse cuenta de que las intervenciones aquí [en el Amazonas] no deben ser para la restauración, sino para evitar que estos bosques silvestres que están en pie se vuelvan un peladero”. Para el funcionario, esto se debe coordinar entre PNN y las comunidades indígenas, pero “la ausencia de Parques debilita este ejercicio que durante años este departamento ha venido haciendo por mantener el bosque en pie”.
Desde la orden dada en 2020, los integrantes de Parques se las han arreglado para intentar cumplir sus planes de manejo. Han empleado sobrevuelos con recursos de PNN y recursos de aliados, como varias ONG y fundaciones, para establecer diagnósticos de las áreas protegidas; también han implementado sensores remotos e imágenes satelitales. Otra estrategia ha sido la asistencia exclusiva de los guardaparques indígenas a campo en coordinación a distancia con investigadores de las instituciones aliadas. “Yo debería estar en Pedrera, Tarapacá o cualquier otro lado, y estoy hablando contigo por celular desde una capital”, dice el funcionario.
Por su lado, la ONG invita a que se fortalezcan las estrategias de comanejo con los pueblos indígenas en estas áreas, “sin menoscabo de la garantía de seguridad en los territorios”. E insiste en que el voz a voz es otra forma en la que persisten las amenazas: “Son grupos que se mueven, que a veces van armados, a veces no. Es común escuchar que por aquí pasaron y dijeron que no pueden estar los de Parques”.
Parques Naturales y el nuevo Gobierno
En 2019 fue publicado un informe elaborado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), titulado “Áreas protegidas amazónicas y sus funcionarios como víctimas del conflicto armado”, donde se hace un recuento histórico de cómo muchos procesos de poblamiento y acciones ilegales en los parques de la Amazonia fueron impulsados por las dinámicas del conflicto: “Estas economías ilegales, que en un principio estaban solo asociadas al narcotráfico, se han ido ampliando a varios sectores: minería (oro y coltán principalmente), acumulación de tierras, ganadería y extracción de maderas, entre otras”, señala el informe.
Estas mismas actividades se estarían llevando a cabo ahora ante la ausencia de la autoridad ambiental en las áreas protegidas. En palabras de Rodrigo Botero, director de FCDS, “esta situación crítica, en la que cualquier actor armado es generalmente más fuerte que el Estado en sus funciones básicas”, seguirá perpetuando que sea “aún más compleja la gestión de los funcionarios de Parques”.
Solo en 2020, el 63 % de la deforestación del país se concentró en la Amazonia, con 109.000 hectáreas de bosque perdidas, lo que significó un aumento de casi 11.000 hectáreas con respecto a 2019. Actividades como la minería de oro ilegal también aumentaron durante la pandemia y estarían generando otra preocupación no menor: el acercamiento de los mineros a pueblos indígenas en aislamiento voluntario, por ejemplo, en el río Puré (Amazonas). Según estimaciones de la ONG consultada, antes de la pandemia las balsas mineras se encontraban a cien kilómetros de estos y ahora estarían a diez.
En noviembre de 2020, el Colectivo de Guardaparques entregó a la Comisión de la Verdad el primer capítulo del informe “Los derechos de la naturaleza, el territorio y el colectivo de guardaparques a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición” —que comprende al Colectivo de Guardaparques y las áreas protegidas de Parques Naturales como “víctima colectiva del conflicto armado interno en Colombia”—, y el siguiente mes, la JEP recibió el documento completo. En entrevista con El Espectador, el colectivo señaló que una pregunta clave del informe es “cómo el próximo gobierno reparará los daños a la naturaleza, el Colectivo de Guardaparques y a otros defensores del ambiente”. En mayo, el Colectivo presentó el informe en el reciente simposio de Seguridad y Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en Estocolmo y considera que “no se puede seguir pensando que la conservación es un bloqueo al desarrollo; eso es algo que nos ha estigmatizado”.
Por su parte, en un llamado del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) al próximo gobierno, la ONG advierte que la protección de las áreas protegidas de los Parques Nacionales Naturales dependerá, casi exclusivamente, de una mayor financiación para el manejo de las zonas pensada a largo plazo. Mientras que en 2020 el presupuesto asignado a PNN fue de $137.000 millones, en 2021 aumentó en menos de $30.000 millones y en 2022 la cifra permaneció casi igual.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.