Hasta el 20 de junio hay plazo para que el Congreso de la República agende el último debate de la ley que busca crear un sistema de trazabilidad para conocer el origen del ganado en Colombia. De no hacerlo, el proyecto deberá volverse a presentar en la próxima legislatura y arrancar su trámite desde cero.
La iniciativa, que es de autoría de Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal, busca que las grandes empresas, el Instituto Colombiano Agropecuario y el Ministerio de Ambiente se pongan de acuerdo para hacer seguimiento a las prácticas de crianza, transporte y sacrificio de ganado, para garantizar que su origen no fomente la deforestación.
“La idea de este proyecto de ley es obligar a las autoridades a tener un sistema de información que logre identificar individualmente el ganado, así como los predios en los que ha estado y cruzarla con la información satelital de monitoreo de bosques ya disponible. Este sistema podría garantizar si una vaca ha estado o no, en algún momento de su vida, en áreas deforestadas”, explicaba Losada en 2023, tras la aprobación en segundo debate del proyecto.
Para la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sotenible (FCDS), se trata de una “oportunidad única” para actuar sobre uno de los motores de la deforestación en la Amazonía. De acuerdo con esta organización, otras problemáticas, como los cultivos de uso ilícito y la construcción de carreteras ilegales, cuentan con políticas públicas para mitigarlas, algo que no ocurre con la ganadería.
“En Colombia existen altos índices de informalidad en la cadena de producción de carne, desde la propiedad de la tierra hasta la movilidad del ganado y las transacciones de venta. No hay un trabajo coordinado, ni capacidad para compartir información y datos, entre los diferentes actores involucrados (lo que se conoce como interoperabilidad). Esto impide tener información clara sobre la identificación del animal, su origen, cría, transporte y destino”, explica la FCDS en un comunicado.
El proyecto, además, ha tenido resistencia por considerarse que puede afectar a la industria ganadera del país y que la ganadería que ocasiona este problema es de origen ilegal. Sin embargo, la FCDS dice que se trata de mitos alrededor de esta ley que no son ciertos.
En cuanto a las afectaciones a la industria, el proyecto “busca proteger y fortalecer al sector productivo que cumple con buenas prácticas en temas de conservación de los bosques”, explica la FCDS.
Mientras que sobre la legalidad del ganado que ocasiona la deforestación en el país, la FCDS asegura que “por medio de los programas de vacunación contra la fiebre aftosa, el ICA lleva un registro semestral y anual del hato bovino y su ubicación. Además, uno de los requisitos para la movilización del ganado es la vacunación y, para autorizar esas vacunas, el responsable debe tener el predio registrado ante el ICA. Es decir, el Estado tiene registro de la existencia de ese ganado y permite que se realicen procedimientos legales con él”.
El proyecto está a un debate de convertirse en ley de la República, pero, por cumplirse su segundo período legislativo en discusión, deberá agendarse antes del 20 de junio. Si no ocurre esto, el proyecto se archivará y perderá su avance, por lo que la próxima legislatura debería iniciar nuevamente el trámite y completar cuatro debates.
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